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Atualizado: 1 hora 28 minutos atrás

La importancia de las próximas elecciones de la FAO

ter, 18/06/2019 - 10:22

Kip Tom, embajador de Estados Unidos ante las Agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Roma

Por Kip Tom
ROMA, Jun 18 2019 (IPS)

Con cada día que pasa, el mundo se vuelve un poco más pequeño a medida que Internet y los teléfonos celulares unen a nuestras comunidades, revelan nuestros desafíos compartidos y ponen al descubierto nuestros fracasos. Como ciudadanos del mundo, a todos nos preocupa la creciente cantidad de personas que padecen hambre en todo el mundo y las amenazas a la seguridad alimentaria. 

El simple hecho es que más de 800 millones de personas pasan hambre todos los días, y si ese número los sorprende, sepan que los expertos predicen que el número se incrementará significativamente en los próximos diez años.

Estados Unidos es consciente de la situación y le preocupa el empeoramiento de la crisis. Nuestro país ha sido durante mucho tiempo el líder mundial en desarrollo agrícola gracias a nuestra innovación técnica, que nos ha permitido, durante muchas décadas, ser el principal donante de programas de asistencia agrícola en todos los rincones del mundo. Si bien esos esfuerzos han marcado una diferencia real, la necesidad es demasiado grande para que una nación, incluso la nuestra, pueda enfrentarla.

Como embajador de Estados Unidos ante las Agencias de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y participante de toda la vida en la industria agrícola, todos los días veo no solo la gran necesidad sino también la gran oportunidad para que la comunidad internacional tenga un impacto profundo en el hambre y la seguridad alimentaria.

Esa es una de las razones por las que Estados Unidos ha trabajado estrechamente con otras naciones durante los últimos 75 años en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En la FAO es donde las naciones del mundo se unen para identificar herramientas y prácticas para mejorar la producción agrícola, facilitar el comercio, mejorar la sostenibilidad y ampliar el conocimiento de manera que pueda mejorar la salud y el bienestar de las familias en todo el mundo.

Al igual que otros foros internacionales importantes, la FAO es tan fuerte como su membresía, y tan efectiva como sus líderes. A lo largo de su historia, la FAO ha disfrutado de períodos de excelencia en el liderazgo y también ha soportado eras de despilfarro, mala gestión y decepción.

En este punto de la historia, con el grado de necesidad mencionada anteriormente, la comunidad mundial necesita una FAO que sea eficaz, audaz y ágil. Este mes, los Estados miembros de la FAO se reunirán en Roma para elegir un nuevo director general, y al hacerlo establecerán la trayectoria de la organización para los próximos cuatro años críticos.

No los voy a distraer con una discusión sobre los detalles de las elecciones de la ONU, pero señalaré que hay tres candidatos para el puesto, de China, Francia y Georgia. Y si bien no es mi intención apoyar a ninguno de los tres, creo que es vital señalar los atributos que consideramos esenciales para el trabajo.

Cualquier nuevo director general debe comprometerse a mantener la reputación de la FAO como centro de conocimiento mundial sobre el desarrollo agrícola. Debe trabajar con una variedad de colaboradores, incluidos gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y el sector privado para respaldar las innovaciones basadas en la ciencia, las tecnologías emergentes y el valor indispensable de los mercados en funcionamiento.

El nuevo director general debe ser un administrador fuerte, dedicado a la transparencia, la responsabilidad, el empoderamiento de las mujeres y la neutralidad entre los miembros. Y, lo que es más importante, el nuevo director general debe representar a todos los estados miembros y no debe usar este puesto para promover los intereses de su propio gobierno nacional.

En el Consejo de la FAO en abril, los tres candidatos proporcionaron a los miembros declaraciones que describían sus habilidades y experiencias. Esas declaraciones se pueden encontrar en el sitio web de la FAO. Espero que todos los Estados miembros se tomen el tiempo de familiarizarse con estos candidatos antes de la elección del 23 de junio y presten especial atención al tema de la independencia. De esa manera, cada miembro puede ejercer un voto informado, protegido por el proceso de votación secreta que proporciona el anonimato para todos.

Solicito a los Estados miembros de la FAO que acudan a esta elección con un único objetivo: elegir como director general al candidato más capaz para dirigir esta institución vital de manera honesta, independiente, transparente y efectiva. El mundo necesita desesperadamente una FAO que refleje esos principios.

RV: EG

El artículo La importancia de las próximas elecciones de la FAO fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Por la dignidad de las mujeres migrantes venezolanas

seg, 17/06/2019 - 17:24

Una migrante venezolana con sus hijos. En su día a día, mujeres y adolescentes migrantes venezolanas encuentran a través de los programas del UNFPA, una respuesta humanitaria. Así mejora su calidad de vida en medio de la travesía que enfrentan en la frontera colombo-venezolana. Crédito: Tomer Urwicz/UNFPA

Por Tomer Urwicz y Liliana Arias Salgado
CÚCUTA, Colombia, Jun 17 2019 (IPS)

Nelsmar tiene 15 años y ya conoce la desesperación. Nadie está preparado para ello, menos a esa edad. Hace nada asistía a un colegio de clase media alta en Valencia, una ciudad en el centro de Venezuela, ahora duerme en un barrio de Cúcuta en una cama compartida con sus hermanos.

Antes soñaba con ser azafata de avión o psicóloga; hoy el afán por sobrevivir copa sus días.

En el desarraigo, Nelsmar ha tenido que ser fuerte y con coraje enfrenta cambios todos los días.

Se ha inscrito en un nuevo colegio, debe cuidar de sus hermanos mientras sus padres trabajan y ha tenido que aprender a cuidarse en una comuna que tiene problemas de seguridad.

Sin embargo ha aprendido a entender su condición e incluso se ha unido los sábados a un grupo voluntarios que  trabajan con temas juveniles.

Así lo confirma Dildar Salamanca, coordinadora en terreno del programa del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). “La mujer adolescente y migrante es un ser infinitamente resiliente, fuerte, capaz de sobreponerse a la hostilidad de la vida”, explica.

A diario se evidencian largas filas de personas que acceden a Colombia sin control migratorio y cruzan el río Táchira pensando que el Edén está del otro lado de la frontera.

La crisis en Venezuela  golpeó a Nelsmar, y a más de 1,2 millones de venezolanos que han migrado a Colombia, seún cifras registradas en la página web www.R4V.info, sitio  oficial que recopila información sobre la respuesta humanitaria que presta la Plataforma de Coordinación Interagencial de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

Nelsmar, migró hace menos de dos años desde Valencia, la capital del estado de Carabobo. Tras ocho días caminando y el resto en autobús, llegó a la frontera con Colombia.

Y aunque pensó que aquella travesía era lo peor, recién luego, ya en Cúcuta, tomó consciencia de los peligros de la migración no planificada. O simplemente sintió el peso de ser venezolana.

Un grupo familiar cruza el río Táchira, para ingresar desde Venezuela a Colombia. Crédito: Tomer Urwicz/UNFPA

Durante varias semanas de recorrido, durmió en la calle y en una pensión que sus padres pudieron pagar, tuvo dificultades para asearse, encontrar un baño, acceder a un champú,  a unas toallas sanitarias o a una linterna para las noches de caminata.

Es en ese momento de tránsito, donde los suministros sanitarios se vuelven  importantes para preservar la dignidad, el bienestar y la movilidad de las mujeres, y más si son migrantes o viven situaciones de emergencia que les impide acceder a sus necesidades cotidianas.

Sucede así cuando “no tienes los medios para asearte y cambiarte” o cuando el dinero no alcanza, “algo tan natural como la menstruación se convierte en una dificultad”.

Respuesta integral ante la emergencia

Para el caso de la migración venezolana, donde el éxodo masivo en condiciones irregulares conduce al aumento de la violencia sexual y los abusos domésticos, UNFPA brinda apoyo técnico para la integración de la prevención, la respuesta y la mitigación de la violencia de género en el Plan Regional de Respuesta a la Migración (RMRP) y lidera el grupo de trabajo sobre violencia de género en la oficina de la Plataforma Regional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.

En este contexto los “kits de dignidad” actúan como herramienta primaria de protección porque brindan condiciones dignas (de ahí su nombre) para el autocuidado de una población que, en la vorágine del desplazamiento, ha perdido lo esencial para sobrevivir.

Esos kits también son la primera puerta de entrada a la respuesta humanitaria integral que UNFPA dirige para resolver las necesidades de salud de las mujeres y adolescentes migrantes; desde las más inmediatas relativas a la higiene, hasta las de salud prenatal como complicaciones del embarazo y el parto, que pueden amenazar sus vidas.

Otras líneas de la respuesta humanitaria son la entrega de anticonceptivos que en las ciudades fronterizas de Cúcuta y Maicao, llegaron a más de 2.600 mujeres en 2018 y la realización de talleres de prevención de violencia basada en género, que también hacen parte de las acciones estratégicas de apoyo técnico que brinda UNFPA a la población migrante.

Se trata de promover enfoques integrados y transfronterizos dirigidos a mujeres y niñas no sólo en Colombia sino también en Ecuador, Brasil y Perú, donde se evidencian las consecuencias del éxodo masivo.

“El objetivo del trabajo de capacitación es proporcionar espacios para la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos, prevenir la violencia de género y la violencia sexual, y dejar en claro dónde están los lugares para recibir la atención si son víctimas de agresiones”, explica Salamanca.

Nelsmar no imaginaba que iría a compartir un aprendizaje así. Al menos no lo pensaba cuando tuvo que cambiar aquella maleta que pensaba usar cuando se convirtiera en azafata por un equipaje lleno de miedos, como el que acarrea hoy.

“La mujer migrante es elevadamente valiente, puede cargar las hieles de la migración y al mismo tiempo las mieles de tener su familia unida, no se rinde ante un ‘no’ y mucho menos ante un ‘tal vez’”, agrega Salamanca.

Nelsmar podría haberse rendido y sumergirse en la ilusión perdida de lo que una vez fue, o encerrarse en el porqué de la situación compleja que ha vivido. Pero prefirió abrir ese equipaje para contar su historia y volver a emprender vuelo. Ella misma lo deja en claro.

—¿Cómo te sientes?

—Bien, con los sueños intactos.

Este artículo fue publicado originalmente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la Organización de las Naciones Unidas para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo Por la dignidad de las mujeres migrantes venezolanas fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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El nuevo acuerdo de la ACP y la UE, ¿una oportunidad para Cuba?

seg, 17/06/2019 - 15:10

Banderas de Francia, La Unión Europea y Cuba decoran el estand francés en la 36 edición de la Feria Internacional de La Habana, celebrada en noviembre de 2018. Las relaciones entre el bloque europeo y Cuba se han intensificado gracias al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación suscrito en 2016 entre Bruselas y La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Jun 17 2019 (IPS)

El despegue de las relaciones con la Unión Europea (UE) ofrece a Cuba un mejor clima para decidir su ingreso al nuevo acuerdo de Cotonou, eje de la colaboración entre Bruselas y la Asociación de países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).

Ese convenio que en 2020 comienza una nueva etapa, enmarca el intercambio comercial y de asistencia al desarrollo, en especial en la reducción de la pobreza, entre la UE y 79 Estados de la ACP. Cuba pertenece a este grupo, pero desistió de participar en el acuerdo suscrito en 2000 tras la amenaza de la aplicación de una cláusula condicionante.

Por presiones del gobierno español de entonces, del derechista José María Aznar (1996-2004), la UE impuso en 1996 la llamada Posición Común que condicionaba la cooperación a cambios políticos en el gobierno socialista de la esta isla caribeña.“El nuevo convenio que esperamos firmar con los 79 países ACP es un acuerdo que va a singularizar a las tres regiones, África, Caribe y Pacífico, con una base que será común a todos, pero diferenciando mucho más que ahora entre las tres regiones”: embajador Alberto Navarro.

Esa cláusula fue eliminada en diciembre de 2016, como paso previo a la firma por Bruselas y La Habana del bilateral Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC).

“Este puede ser un buen momento para darle más consistencia a las relaciones de Cuba con la Unión Europea y una prioridad debería ser encontrar el camino para ingresar al Convenio de Cotonú”, dijo a IPS el analista político cubano Carlos Alzugaray.

En su opinión, ese acuerdo, también conocido por la grafía en francés del nombre de la ciudad de Benín donde se suscribió, Cotonou, ofrece indudables ventajas económicas y particularmente en la promoción de inversiones.

“No son ventajas decisivas, pero sí importantes en el difícil contexto que enfrentamos en materia de relaciones económicas internacionales”, agregó.

“La pertenencia a este acuerdo, que abarca a numerosos países de África, el Pacífico, y el Caribe, con los cuales Cuba tiene excelentes relaciones, puede fortalecer al grupo ACP y a la propia posición negociadora cubana”, señaló el politólogo y exembajador cubano ante la UE (1994-1996).

Este país insular caribeño se incorporó en 1998 al grupo ACP, creado en junio de 1975 en Georgetown, la capital de Guyana. Según fuentes oficiales, más de 190.00 cooperantes cubanos han prestado sus servicios en países de este conglomerado y se han formado profesionalmente 30.000 jóvenes de esos países.

La difícil situación económica cubana, junto con el recrudecimiento del embargo estadounidense con medidas dirigidas a frenar la entrada de inversiones extranjeras que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país, aconseja la apertura a nuevas opciones internacionales.

Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea ante La Habana, a su ingreso al encuentro de los embajadores de América Latina, el Caribe y el bloque europeo, celebrado en el Palacio del Segundo Cabo, en la capital de Cuba, donde se analizaron las relaciones entre la UE y la región. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“En mi opinión, una opinión muy personal que nunca he dejado de exponer, lo ideal sería que Cuba suscribiera el nuevo Acuerdo UE-ACP que sustituirá al vigente Acuerdo de Cotonú, a partir de marzo del 2020”, comentó, en entrevista con IPS, Alberto Navarro, embajador de la UE ante La Habana.

El diplomático consideró que las naciones caribeñas estarían “encantadas” de que la isla forme parte del nuevo Convenio porque la lectura correcta ya no es “Cuba nos viene a quitar fondos”, sino que el Caribe como región va a pesar más en el mundo ACP y en la cooperación con la UE.

Cuba, al ser una isla y al tener que hacer frente además a un embargo o bloqueo (de Estados Unidos), debería aprovechar este ámbito único de cooperación a nivel global como es la cooperación UE-ACP que agrupa a en total a 107 países, añadió.

El embajador del bloque europeo precisó que, en caso de que firmase el nuevo acuerdo, La Habana puede y debe pedir un Protocolo similar al que actualmente tiene África del Sur, que establezca que en caso de conflicto entre el Acuerdo Post-Cotonú y el vigente ADPC bilateral, primará siempre este último.

Las autoridades cubanas participan y siguen las negociaciones para la firma del convenio Post Cotonou, aunque sin trascendidos oficiales hasta el momento. “Como país caribeño e insular, Cuba tiene todo el derecho a ser parte de ese nuevo Convenio” y beneficiarse de sus ventajas, reiteró el diplomático europeo.

Explicó que el ADPC vigente entre Bruselas y La Habana “es un acuerdo no preferencial” en el que desde el punto de vista comercial, los productos cubanos deben competir en el mercado europeo con países que gozan de regímenes de libre comercio.

Entre los beneficios del acuerdo Cotonú, Navarro mencionó las preferencias comerciales, subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo, los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y la apertura del mercado europeo, el mayor del mundo con 500 millones de consumidores.

Exhibición de automóviles de una marca de lujo de Alemania, durante la 36 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV), celebrada en la capital cubana en noviembre de 2018. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Como ejemplo, comparó a Cuba con República Dominicana, que ingresó en 1989 en el Convenio de Lomé IV, el actual Convenio de Cotonú. “Ese país es hoy el mayor exportador del mundo de banano orgánico a Europa”, gracias a inversiones en su agricultura y entrada a un mercado sin aranceles ni cuotas, comentó.

En su opinión, es por ello importante comenzar a hablar de facilitación o liberalización comercial así como del fomento de la inversión extranjera en la economía cubana. “Apertura de una economía es sinónimo de prosperidad en todo el mundo. Los países más prósperos son los más abiertos”, insistió.

El 21 de este mes está previsto en La Habana un foro de negocios con participación de Neven Mimica, comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo y negociador principal de la UE para el Post Cotonú. Así que se da por hecho que el tema esté en la agenda.

En la cita se concretaría también la contribución de la UE a la creación de una “ventanilla única” para facilitar el comercio y las inversiones en la isla. “Los apoyamos con mucho gusto. Somos conscientes de la importancia que las inversiones extranjeras y el comercio tienen para el desarrollo en Cuba”, afirmó Navarro.

El Acuerdo de Cotonú, suscrito en Benín en 2000, enmarca el intercambio comercial y de asistencia al desarrollo, en especial en la reducción de la pobreza, entre la UE y 79 Estados de la ACP.

Reemplazó a la Convención de Lomé, vigente entre 1975 y 2000 entre Bruselas y las antiguas colonias anglófonas y francófonas en el Sur en desarrollo.

Este convenio expira en febrero de 2020. Las negociaciones políticas sobre una nueva Asociación ACP-UE se iniciaron en Nueva York el 28 de septiembre de 2018 y finalizan en septiembre venidero.

En la futura asociación, la UE y los países ACP buscarán una cooperación política más estrecha en el escenario mundial. Juntos, representan más de la mitad de los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y unen a más de 1.500 millones de personas.

“El nuevo convenio que esperamos firmar con los 79 países ACP es un acuerdo que va a singularizar a las tres regiones, África, Caribe y Pacífico, con una base que será común a todos, pero diferenciando mucho más que ahora entre las tres regiones”, concluyó el embajador Navarro en su diálogo con IPS.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Los glaciares se derriten y la contaminación del aire es una causa

sex, 14/06/2019 - 13:29

Lago Humantay, en Perú. Crédito: Giacomo Buzzao

Por Corresponsal Fao
PANAMÁ, Jun 14 2019 (IPS)

En las profundidades de las capas de hielo de la cordillera de los Andes en Perú hay evidencias de la contaminación del aire causada por el hombre.

Igualmente, en el núcleo del glaciar Quelccaya, de 1.200 años de antigüedad, los científicos encontraron rastros de plomo y mercurio, químicos utilizados después de la ocupación española en las minas de plata de Potosí, en Bolivia.

“Los glaciares reciben elementos traza exclusivamente de la atmósfera y, por lo tanto, pueden usarse para evaluar con precisión el posible impacto a gran escala de las actividades antropogénicas a través del tiempo”, dice el informe del Centro Byrd de Investigación Polar y del Clima de la estadounidense Universidad de Ohio.

“Hoy en día, no hay glaciares en la Tierra donde no se pueda detectar la deposición atmosférica de origen antropogénico”, añade.

Los glaciares han estado en retirada durante varias décadas, pero lo que los científicos están aprendiendo ahora es el factor importante que juega la contaminación del aire en su declive.

Según la investigación realizada por el Instituto Nacional de Investigación sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) en Perú, el carbono negro fomenta el derretimiento de la nieve o el hielo en los glaciares de la Cordillera Blanca, ya que intercepta y absorbe la luz solar, favorece el aumento de temperatura.

“El origen del carbono negro que se deposita sobre los glaciares es de diferente procedencia. Puede ser de los incendios forestales, la quema de pastos y residuos agrícolas, así como del parque automotor”, dijo Jesús Gómez, director de Investigación de Glaciares del Inaigem.

“Los resultados también evidencian que la concentración de carbono negro es mayor en los glaciares cercanos a las grandes ciudades, como es el caso de Huaraz, en comparación a los más lejanos, como es el caso del (glaciar) Yungay”, explicó.

A medida que los glaciares se derriten, las ciudades y pueblos cercanos tienen inicialmente más agua.

Pero con el tiempo, el suministro de agua de los glaciares disminuirá, y en algunos lugares pueden incluso experimentarse avalanchas e inundaciones.

Los efectos en Perú pudieran ser de más amplio alcance y amenazan los medios de vida de millones de personas, especialmente en lo que respecta a la agricultura peruana y el suministro de agua dulce de Lima, su capital.

En Colombia, los glaciares suministran solo entre cuatro y ocho por ciento del agua en las cuencas altoandinas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam).

Pero, como en el resto de los países andinos, además de sus aportes ecosistémicos, los glaciares tienen un valor cultural y turístico.

“En Colombia, para las comunidades indígenas los glaciares son sitios sagrados, para los deportistas de montañas son escenarios deportivos, para los investigadores son laboratorios, para la mayoría de los colombianos tienen un valor paisajístico”, dijo Jorge Luis Ceballos, encargado del monitoreo de los glaciares en el Ideam.

“Pero, sobre todo, el glaciar se considera un indicador de los cambios que se suceden en la alta montaña”, añadió.

Los investigadores de Ohio admiten que a pesar de que la contaminación del aire causada por el hombre en la región andina se remonta a la conquista española, las transformaciones que podemos encontrar en el siglo XX no tienen precedentes “en toda la historia de la humanidad”.

La mayoría de los glaciares del mundo se han reducido en las últimas décadas debido al aumento de la temperatura global, pero el fenómeno es especialmente rápido en los Andes tropicales desde la década de 1950, según el Atlas de Glaciares y Aguas Andinos, publicado recientemente por la UNESCO y GRID Arendal.

El único glaciar que todavía queda en Venezuela debería desaparecer de aquí a 2021, y en Colombia, es probable que para mediados del presente siglo solo resistan los glaciares más grandes situados en los picos más altos, indica el informe.

Gómez, al igual que otros científicos, cree que el derretimiento de los glaciares podría frenarse si, además de reducir las emisiones que causan el calentamiento global, tomáramos medidas para minimizar la contaminación del aire e invirtiéramos en la conservación de los ecosistemas de montañas con cabeceras glaciares.

“El solo hecho de evitar los incendios forestales, y la quema de pastos y rastrojos de la agricultura, y aumentar el control sobre la emisión de gases de los vehículos y la industria, se estaría reduciendo en gran medida la cantidad de partículas de carbono negro, entre otras, que se depositan en los glaciares”, afirmó.

Los gobiernos y las autoridades también pueden considerar mejorar la gestión de los recursos hídricos, con sistemas de riego más eficientes, aumentar la calidad del agua en ríos cercanos a las ciudades, y reforestar los ecosistemas de montaña con especies nativas que contribuyan a regular las funciones hídricas.

ONU Medio Ambiente trabaja en Perú y en otros países de la región para desarrollar y mejorar las políticas que benefician la salud de los ecosistemas. Estas incluyen programas para fomentar los estándares de los combustibles, la movilidad eléctrica, los sistemas de transporte público sostenibles y la gestión de la calidad del aire.

“A nivel nacional, un paso clave para controlar la contaminación del aire es poder medirla”, dijo Sean Khan, jefe de la Unidad del Sistema de Monitoreo Global del Medio Ambiente de ONU Medio Ambiente.

“Comprender sus fuentes, patrones y tendencias es importante para comprender si queremos reducir su impacto en las personas y los ecosistemas. Perú ya está explorando la idoneidad de la tecnología de sensores de bajo costo para medir gases traza y partículas finas en el aire e identificar puntos de contaminación”, añadió.

Este artículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe, con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo Los glaciares se derriten y la contaminación del aire es una causa fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Guatemala, un socio incierto de México para frenar la migración

sex, 14/06/2019 - 12:56

La propaganda de Erik Súñiga para su reelección como alcalde de Ayutla, una localidad fronteriza con el estado mexicano de Chiapas, domina sus paredes, pese a que el tribunal electoral anuló su candidatura para los comicios generales del domingo 16 en el país. Crédito: José Ignacio de Alba/En el Camino

Por José Ignacio De Alba
AYUTLA, Guatemala, Jun 14 2019 (IPS)

Raúl Morales dice que votará para alcalde por Erik Súñiga en este municipio de Guatemala, en la frontera con México, a pesar de que el candidato está acusado de narcotráfico y de que lo busca la DEA.

Como razón explica que Súñiga prometió que construirá un cine en la cabecera municipal de Ayutla y el joven de 24 años piensa que así ya no tendrá que cruzar ilegalmente a México, atravesando el fronterizo río Suchiate, cada vez que quiera ver una película.

El único cine al que Morales puede asistir en Guatemala está a tres horas de aquí, en el departamento de Retalhuleu. El muchacho se dedica a vender medicinas naturistas en la calle. Viste un chaleco negro, a pesar del calor, y es un entusiasta de la biblia, especialmente de la parte apocalíptica.

El cinéfilo Morales cuenta que la última película que vio en Tapachula fue Endgame de los Avengers; jura que fue en 3D. El domingo 16, piensa acudir a votar, pero solo lo hará por el candidato a la presidencia municipal (alcalde) de Ayutla, Erik Súñiga.

“Los demás, incluido el presidente, son lo mismo”, dice.

El joven aún no sabe que el Tribunal Supremo Electoral revocó la candidatura de Erik Súñiga. Las autoridades guatemaltecas también le quitaron la posibilidad de participar en las elecciones a Otoniel Lima, que contendía en otro municipio.

De todos modos es probable que Morales vote por Súñiga, pues a estas alturas sería imposible cambiar las boletas electorales. Además la publicidad del político sigue tapizando las calles con el lema de su campaña: La seguridad de Ayutla está en tus manos.

En abril, Súñiga fue acusado por la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) de tráfico de estupefacientes. Según el gobierno estadounidense, Súñiga trabajó para el Cártel de Sinaloa desde 2008. Incluso, las autoridades norteamericanas piden la extradición del candidato.

Y no solo los gobiernos locales tienen problemas serios con la infiltración del crimen organizado en Guatemala.

Desde la clandestinidad, Súñiga encabezaba las preferencias para reelegirse en esta región de Guatemala.

Una larga lista de exfuncionarios de primer nivel están encarcelados por corrupción y un repertorio de delitos en Guatema. Entre ellos, los expresidentes Otto Pérez Molina, Alfonso Portillo y Álvaro Colom. Crédito: José Ignacio de Alba/En el Camino

La historia de Ayutla, una localidad de 40.000 habitantes que está en la frontera con México, muestra muy bien las complicaciones que tiene el gobierno mexicano por estos días.

El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha negociado con Estados Unidos sentar las bases para un desarrollo económico en América Central que detenga el flujo migratorio que este año alcanzó récords históricos.

El gobierno mexicano tiene un límite de 45 días para demostrar que, al menos, es posible pensarlo, según lo acordado con Washington.

Pero el problema visto desde aquí es un poco más difícil. Guatemala, el principal país con el que Ebrard tiene que negociar las condiciones para detener el éxodo, celebra elecciones este domingo, en una jornada en que escogerá a al próximo presidente, vicepresidente, diputados y 360 alcaldes.

Y la corrupción tiene de cabeza a este país al sur de México.

También el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, es señalado por violaciones en el financiamiento de su campaña. El político bloqueó la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que investigaría a su hijo y a su hermano por fraude.

Guatemala es la puerta de entrada a México por la frontera sur. Por aquí tienen que pasar, forzosamente, salvadoreños y hondureños, entre muchas nacionalidades. El país se convierte en un embudo para el paso de personas, pero también de mercancías ilícitas.

El caso de Ayutla ejemplifica bien los problemas que tendrá el gobierno mexicano para aplicar, en lo local, su ambicioso plan de desarrollo para la región.

El gobierno mexicano busca intercambiar la militarización por el desarrollo, según ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo una premisa sencilla: detonar las economías de los países expulsores para que las personas no tengan necesidad de salir.

El plan, sin embargo, no parece tan sencillo visto desde el sur.

Súñiga, el alcalde que hasta el lunes 10 tenía más posibilidades de ganar las elecciones en el municipio colindante con la ciudad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas, buscaba reelegirse por cuarta ocasión.

Su administración ha durado 11 años, durante los cuales alcanzó una gran popularidad, al grado de que pudo formar su propio partido político: Crecer.

El círculo más cercano al ahora excandidato buscado por la DEA podría reemplazar la candidatura, incluso su hija, que fue Miss Guatemala en 2017. Durante el concurso de belleza Miss Universo, en el que participó a los 22 años, la modelo dijo que una de sus aspiraciones en la vida era ser política.

Gabriel de la Rosa, otro poblador de Ayutla, advierte: “como quiera gana don Erik”.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

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Ciudades de luz para refugiados contrarrestan política de Trump

sex, 14/06/2019 - 11:34

Una manifestación a favor de la acogida a los refugiados de las que se producen periódicamente en ciudades del estado de Nueva York. Crédito: Dominio público

Por Emily Thampoe
NUEVA YORK, Jun 14 2019 (IPS)

Mientras que el gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a los migrantes y endurece su política con los refugiados, en algunas de sus ciudades en el estado de Nueva York realizan esfuerzos para integrar en sus comunidades a los refugiados y solicitantes de asilo.

Específicamente, en las ciudades de Utica, Búfalo y Siracusa están dando la bienvenida a los refugiados para que vivan y trabajen en ellas. Son urbes que comparten la frontera con Canadá y que, por ello, se han habituado durante muchos años a facilitar a los solicitantes de asilo a que ingresen a sus comunidades.

En 2018, había en Búfalo 69.058 residentes inmigrantes en su área metropolitana, según un informe de la organización no gubernamental New American Economy, que monitorea los movimientos migratorios.

La apertura a migrantes y refugiados de la ciudad contrasta con las restrictivas medidas contra la migración de la administración de Donald Trump, desde que asumió la presidencia en enero de 2017, especialmente en la frontera sur, con México. Igual sucede con los refugiados, cuyas cuotas anuales se reducen cada vez más.

Eva Hassett, la directora ejecutiva del Instituto Internacional de Búfalo, dijo a IPS que “la  administración de Trump redujó drásticamente el límite de admisión para los refugiados que ingresan a Estados Unidos, así que hay un número mucho menor de refugiados que llegan a Búfalo,  en el estado de Nueva York. Son números históricamente bajos para un programa que el país comenzó en 1980″.

Eso incluye a Búfalo y las otras urbes del estado con políticas similares, que las incluye en la categoría de “ciudades de  luz”, un concepto acuñado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Así categoriza al número creciente de ciudades en el mundo que decidieron acoger a refugiados y hacerlo de una manera cálida y amigable, brindándoles oportunidades y recursos que serán beneficiosos tanto para las comunidades como para quienes llegan para integrarse a ellas.

Se trata de colaborar en que los refugiados pueden llevar vidas más seguras de las que tenían en su lugar de origen y que forzaron su huida.

Según Acnur, las soluciones comunes para los refugiados incluyen la repatriación voluntaria a su país de origen,  el reasentamiento en otra nación y la integración en la comunidad de acogida.

Liz Throssell, portavoz  de Acnur para Estados Unidos y Europa, dijo a IPS que “para los refugiados que no pueden volver a su hogar, la integración en su comunidad local puede proporcionar una solución duradera, lo que les brinda la oportunidad de construir una nueva vida. La integración suele ser una tarea compleja y proceso gradual, con dimensiones legales, económicas, sociales y culturales “.

“Establece demandas considerables tanto para el individuo como para la comunidad de acogida. Pero cuando los refugiados se integran, esto puede traer beneficios para todos, ya que la persona puede contribuir económica y socialmente a la comunidad”, declaró.

Una de las imágenes que forman parte de la campaña de la ciudad estadounidense de Búfalo para promoverse como tierra de acogida para las personas refugiadas. Crédito: Alcaldía de Búfalo

Las últimas cifras de Acnur sitúan el número de refugiados por desplazamiento forzoso de sus países en 20, 2 millones de personas, mientras que se calcula que aproximadamente 1,1 millones de los solicitantes de asilo se han convertido en ciudadanos de los países de acogida.

En ello cumplen un papel esencial las ciudades de luz, al hacer sentir a los refugiados seguros y bienvenidos a través de medidas y políticas especiales, que incluyen formas de mantener su identidad cultural mientras se les ayuda a adaptarse a un nuevo entorno.

Entre esas ciudades de luz conocidas mundialmente están Yakarta, Kigali (Ruanda), Viena, São Paulo, Erbil (Iraq), Altena (Alemania) y Gdansk (Polonia).

A nivel de los gobiernos centrales, no solo en Estados Unidos sino también en países europeos se imponen crecientes restricciones a la acogida de migrantes y refugiados.

Pero, en contraste,  “cada vez más ciudades están trabajando para empoderar a los refugiados y aprovechar las oportunidades que brindan”, se congratuló Throssell.

“Los alcaldes, las autoridades locales, las empresas sociales y los grupos de ciudadanos están en la primera línea de la respuesta mundial respecto a los refugiados, fomentando la cohesión social y protegiendo y ayudando a los desplazados por la fuerza”, afirmó.

En el caso de Búfalo, los beneficios han incluido “la accesibilidad, el papel acogedor de la comunidad,  la defensa de los derechos y la inclusión, además de una gran cantidad de infraestructura de apoyo, buenos empleos y ciudades  fáciles de recorrer”, destacó Hassett.

Similares medidas y positivos efectos sociales se han percibido en Utica, Siracusa y la propia ciudad de Nueva York.

Por esa razón, mientras el tope de refugiados para este año se redujo en Estados Unidos a 30.000 por imposición de la administración de Trump, el estado de Nueva York se mantiene como un foco de acogida para ellos y los migrantes en general.

Hassett recordó que el “refugiado es un estatus migratorio, otorgado a una persona por el Departamento de Estado”, así que “los refugiados llegan documentados y autorizados para trabajar”, después de ser evaluados y sometidos a diferentes verificaciones por distintos organismos de seguridad.

Parte de ellos “se naturalizarán para ser residentes permanentes legales”, concluyó.

El Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos, establecido en 1980y varias veces modificado, ofrece 90 días de respaldo y apoyo financiero quienes ingresen con ese estatus, pero sus alcances han sido reducidos drásticamente por Trump.

Pero en las urbes del estado de Nueva York esas medidas del gobierno federal se contrarrestan con la promoción de empleo, así como servicios para el aprendizaje de inglés o para la ubicación de viviendas para nuevos refugiados o aquellos que ya estaban en otras partes de Estados Unidos.

La publicidad sobre el estado como tierra de acogida se realiza en gran parte a través de campañas de video efectuadas por  agencias de reasentamiento, grupos de Facebook, charlas en WhatsApp y medios impresos y digitales dirigidos por refugiados.

La política de las ciudades de este estado da una oportunidad a los refugiados, pero también permite al estado ampliar su población y su desarrollo.

El hecho de que más personas se muden a ciudades como Búfalo, Siracusa y Utica ha convertido áreas inutilizadas e inseguras en centros llenos de vida, cultura y diversidad.

T: MF

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Escándalo debilita al “héroe” de la anticorrupción en Brasil

qui, 13/06/2019 - 16:08

Un muñeco inflable de 20 metros, con la imagen del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, como Superman, durante una manifestación en Brasilia, el 26 de mayo, parte de las concentraciones que se realizaron ese día a favor del gobierno en varias ciudades de Brasil. La imagen de súper héroe de Moro se desinfla por el escándalo sobre su indebida connivencia con los fiscales en las investigaciones sobre corrupción, que encabezó como juez. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 13 2019 (IPS)

Con un  gigantesco muñeco hinchable de Superman con su rostro, cientos de manifestantes reconocieron el 26 de mayo al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, como la fuerza moral del gobierno de Brasil. Pero un escándalo desinfló parcialmente ahora esa imagen de héroe y podría hacerlo del todo muy pronto.

Moro sostuvo diálogos indebidos con fiscales del Ministerio Público, cuando era el juez que ganó honores de héroe por condenar a centenares de políticos y empresarios acusados de corrupción en negocios de la empresa petrolera estatal Petrobras y otras grandes empresas locales, reveló el 9 de junio en su portal The Intercept Brasil, un grupo de periodismo de investigación.

Debería renunciar al ministerio, según algunos juristas y analistas políticos, considerando que actuó en complicidad con los acusadores y no como juez imparcial, cuando sus fallos fueron decisivos en las elecciones de 2018, en que triunfó el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que luego lo designó como ministro.

“No creo que Moro renuncie y veo difícil su destitución, ya que Bolsonaro gobierna para sus adeptos, no para el país”, evaluó a IPS el abogado y ex defensor público Lizst Vieira, en referencia a que el gobierno actual se concentra en la relación con sus fieles, conectados por las redes sociales.

Las revelaciones pueden traducirse, según los críticos a Bolsonaro, en la anulación del juicio que llevó a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), el 7 de abril de 2018, condenado por negociar favores de una constructora, en la forma de un departamento playero, en contraprestación a contratos de la Petrobras.

Otros juristas, incluido Moro, no identifican en las revelaciones nada que descalifique el juicio a Lula ni a la Fuerza Tarea de la operación Lava Jato o sobrepase los límites de diálogos normales entre juez y fiscales, especialmente en la tradición judicial brasileña.

Esas conversaciones provienen, según Intercept, de una fuente anónima que accedió a la memoria de los teléfonos celulares de Moro y los fiscales de la operación Lava Jato (autolavado de vehículos), que desde 2014 investiga la corrupción en Petrobras y otras grandes compañías de Brasil, como la constructora Odebrecht.

En esas conversaciones por la aplicación de mensajería Telegram, el juez orienta a Deltan Dalagnol, jefe del equipo operativo, indica un posible testigo para incriminar a Lula y sugiere caminos de la investigación, incluso mediante el uso de ardides.

Si se verifica la autenticidad de esos diálogos, en que el juez “aconseja” a los fiscales y toma partido en la acusación, habría razones para la nulidad del juicio a Lula, según juristas de variadas corrientes de pensamiento, principalmente abogados.

Moro habría violado las reglas judiciales, que imponen imparcialidad al juez. Los diálogos desnudan una complicidad entre el juzgador y los acusadores, además de la disposición previa en enjuiciar y condenar al expresidente.

Es como un árbitro de fútbol que aconseja a uno de los equipos como defenderse, que jugadores sustituir o, “en la peor hipótesis, inventando un penalti o un fuera de juego”, comparó el abogado Walfrido Warde, presidente del Instituto para Reformar Relaciones entre Estado y Empresa, en una entrevista con el diario Valor Económico.

Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista concedida en la cárcel de Curitiba, donde está preso desde abril de 2018. El expresidente podría lograr la libertad, al menos temporalmente, si se anula la sentencia que lo condenó a casi nueve años de cárcel, por la parcialidad evidenciada por Sergio Moro, que instruyó su caso y lo juzgó en primera instancia. Crédito: PT

Improbables consecuencias jurídicas

Pero es difícil que la revelación periodística por escandalosa que sea, conduzca a la anulación de juicios y sentencias. No son judicialmente válidas pruebas obtenidas ilegalmente, como la escucha no autorizada y las grabaciones obtenidas por Intercept.

La batalla entre Moro y Lula, eje político de la historia de corrupción destapada por Lava Jato, debe proseguir con nuevos vaivenes.

Dentro de algunas semanas, el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará un pedido de Lula, anterior al nuevo escándalo, para anular todo el proceso en que fue condenado, exactamente por “sospecha” inhibitoria o impedimento de Moro para juzgar el caso, ante su “parcialidad”.

Los diálogos revelados suman argumentos a la defensa de Lula, que siempre alegó inocencia y ausencia de pruebas en la acción judicial que lo condenó. Nunca fue propietario ni disfrutó el apartamento que le habría regalado la constructora OAS, arguye.

Pero testigos en contra de su afirmación, sus visitas al edificio y otros indicios fueron suficientes para la sentencia de Moro, ratificada por un tribunal de apelación y otro superior. La condena varió de nueve a 12 años entre la primera y segunda instancia, para quedar firme en ocho años y 10 meses.

“Es probable que el STF anule el proceso, es cuestión de tiempo”, vaticinó Vieira, basado en el Código del Proceso Penal brasileño que señala como “sospechoso” el juez que “haya aconsejado a cualquiera de las partes”.

“Pero buscarán alguna alternativa jurídica que no dañe la operación Lava Jato ni al exjuez”, matizó.

Moro “cometió un delito, por ello el juicio de Lula es nulo de pleno derecho y no hay dudas de que él es un preso político”, sostuvo el abogado, exfuncionario del sector ambiental en los gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), presididos por Lula y Dilma Rousseff de 2003 a 2016.

La anulación sería un triunfo pasajero. Lula responde a otras siete acciones judiciales, en una de las cuales fue ya condenado a 12 años de cárcel en primera instancia, también por haber recibido sobornos de constructoras por medio de obras en la finca de un amigo, usada por el expresidente.

A los 73 años, es poco probable que Lula vuelva a ser el candidato natural de la izquierda a la presidencia de Brasil, en las elecciones de 2022, pese a la gran popularidad que mantuvo aún después de ser condenado y encarcelado por  corrupción.

Las encuestas lo apuntaban como favorito en las elecciones de octubre de 2018. Por eso sus seguidores encaran la operación Lava Jato como una conspiración para  impedir el retorno de Lula al poder.

Varios deslices de Moro y de los fiscales en este gran caso alimentaron esa creencia, ahora fortalecida por las revelaciones de Intercept.

Los trascendidos debilitan a Moro entre políticos, medios jurídicos y observadores bien informados, incluso entre los que aplauden el exitoso combate a la corrupción, pero rechazan atropellos a las normas de la Justicia.

La población, sin embargo, permanece mayoritariamente indiferente a esas sutilezas legales e indignada con la corrupción, y difícilmente renegará de su héroe, exjuez y el ministro más popular del actual gobierno, más incluso que el presidente, según las encuestas.

“Si cae Moro, habrá crisis porque se trata de un sostén del gobierno”, según Alessandra Aldé, profesora de Comunicación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Todo apunta a mayor polarización de la política, entre el gobierno de extrema derecha y la oposición de izquierda, sin diálogo posible.

“Los bolsonaristas parecen vivir en un universo paralelo”, que se alimenta de informaciones e ideas que circulan entre ellos por redes sociales, principalmente por videos en YouTube, observó Aldé a IPS, basada en estudios de su grupo de investigación.

La izquierda también tiene sus narrativas propias que poco convive con ciertas realidades.

En ese cuadro, la difusión de los diálogos entre operadores de la Lava Jato seguirá intensificando los antagonismos en la política brasileña.

Glenn Greenwald, uno de los fundadores de The Intercept Brasil, anunció que su publicación recibió masivo material y solo difundió una pequeña parte. “Secretos explosivos” serán conocidos gradualmente, prometió.

El periodista estadounidense residenciado en Brasil es también abogado y conoce bien el periodismo local para decidir la mejor forma de divulgar lo que tiene en sus manos, evaluó Aldé.

Greenwald se hizo mundialmente conocido al publicar en el diario británico The Guardian, en 2013, secretos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, revelados por su exagente Edward Snowden.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Migrantes rurales e indígenas, los olvidados de América Central

qua, 12/06/2019 - 18:24

Adolescentes indígenas de Guatemala cursos de adiestramiento de la Organización Internacional para las Migraciones, en una de las iniciativas para promover que tengan oportunidades laborales en sus territorios y reducir así la emigración en el país centroamericano. Crédito: OIM

Por Caley Pigliucci
NACIONES UNIDAS, Jun 12 2019 (IPS)

Las poblaciones rurales e indígenas en países como El Salvador, Guatemala y Honduras están cada vez más en movimiento, ya sea desplazándose internamente o migrando hacia otros países.

Pero el foco mediático no se pone sobre estas poblaciones, que permanecen olvidadas, mientras los embates del cambio climático les fuerzan a abandonar sus lugares de origen, lo que se suma a otras causas expulsoras tradicionales en los espacios rurales centroamericanos.

La reducción de las tierras de cultivo y la falta de fiabilidad de las cosechas debido a sequías e inundaciones, llevan a las familias campesinas de los países centroamericanos a la inseguridad alimentaria y económica, que las fuerza a migrar.

“En general, podemos decir que la mayoría de los migrantes rurales son personas pobres, pero a menudo no son las más pobres, porque estas últimas no pueden pagar los costos significativos de estos viajes”, indicó a IPS Ricardo Rapallo, oficial sénior de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 2000 y 2010, la cantidad de migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras aumentó en un promedio del 59 por ciento y la cantidad de inmigrantes en situación irregular detenidos en Estados Unidos pasó de 50.000 en 2010 a más de 400.000 en 2016.

Elizabeth Kennedy, investigadora en Honduras de Human Rights Watch (HRW), dijo a IPS que  “cuando hablamos sobre el cambio climático, tenemos que pensar en los factores históricos y sociales que dejan a ciertos grupos más afectados que otros”.

Para la activista en temas humanitarios, son los productores de la agricultura de sobrevivencia y los dedicados a la pesca artesanal quienes resultan más maltratados por los eventos climáticos, porque son los que viven en las zonas más vulnerables.

“Comprender que los más afectados son indígenas es crítico”, porque hasta ahora ellos no han sido parte del debate sobre los impactos del recalentamiento planetario, “y debe serlo”, planteó Kennedy.

Hasta ahora, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no etiqueta a los forzados a emigrar debido al cambio climático como “refugiados climáticos”, aunque ya son muchas las organizaciones y comunidades afectadas que lo demandan.

Un cambio en esa dirección, que es mucho más que de lenguaje, requeriría un acuerdo entre los Estados miembros que altere la definición de refugiados, que actualmente se circunscribe en dentro de la ONU a “alguien que se ha visto obligado a huir de su país debido a la persecución, la guerra o la violencia”.

También se precisa que  un refugiado tiene un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.

Sin embargo, Kennedy enfatizó que la pertenencia a un pueblo indígena es un factor de protección especial dentro de la ONU, y “esa es una razón para solicitar asilo”. Pero advierte que en el caso de la migración desde centroamericana, “muchas personas en Estados Unidos, incluidos los abogados, no son conscientes de que necesitan considerar (el factor de)  la inclusión histórica y sistémica”.

Agregó que este olvido de los derechos específicos de los indígenas como migrantes “también sucede incluso en Guatemala y Honduras. Esto es de hecho demostrativo de que el Estado no se lo toma en serio”.

Los cientistas sociales como Kennedy se sienten frustrados porque ven poca información y pocos programas que ayuden específicamente a los migrantes pertenecientes a los pueblos indígenas y las poblaciones rurales cuyo origen es América Central, una región que aún se recupera de los conflictos armados de los años 80 y 90, en que esos grupos fueron las mayores víctimas.

Muchos migrantes climáticos también quedan fuera del ojo público porque solo se mueven dentro de su propio país y cuando lo hacen a otras naciones, sus orígenes rurales y las razones de su migración quedan diluidos.

“Es importante enfatizar que, incluso si la migración internacional es la que está atrayendo la atención pública y motivando las reacciones políticas, la migración interna es mucho más grande”, dijo Rapallo, de la FAO.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó la migración externa en 2015 en alrededor de 244 millones de personas, mientras que la migración interna hasta ese año y desde 2009 se estimó en 740 millones de personas.

Muchas familias que experimentan inseguridad alimentaria envían a un miembro a otro país, para que sea el sostén desde lejos, mientras el resto permanece en el lugar de origen, recordó Rapallo.

Estudios de la FAO evidencian que en el ámbito rural “lo que se ha observado es que los jóvenes representan una parte importante de los migrantes internacionales”.

Kennedy reconoció ese fenómeno, pero añadió que también se ha visto un incremento de unidades familiares completas que emigran desde Guatemala y Honduras, lo que a su juicio “muestra que está ocurriendo una migración que supera lo necesario para proporcionar estabilidad económica al hogar”.

Rapallo subrayó que “si queremos dar opciones a las personas y generar un impacto positivo en los movimientos de migración, deberíamos trabajar en las causas de esa migración”.

 

Mientras, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha tomado la primera iniciativa política específica para proteger a los migrantes climáticos: la Plataforma para el Desplazamiento de Desastres (PDD).

Un representante de Acnur dijo a IPS que el PDD “promueve desarrollos normativos y no normativos para abordar las brechas en la protección de las personas en riesgo de desplazamiento o que ya están desplazadas a través de las fronteras, dentro de un contexto del cambio climático y los desastres” que el fenómeno genera.

Acnur considera que los Estados miembros y las partes interesadas tendrán la oportunidad de “aportar promesas y contribuciones concretas que promuevan los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, y destacarán los logros clave y las buenas prácticas”, durante el foro mundial sobre el tema del 17 y 18 de diciembre.

Pero, hasta el momento, no está claro hasta qué punto el PDD ha tenido un efecto en la admisión o protección de los migrantes climáticos.

También podría ser abordado durante la Cumbre de Acción Climática de 2019, que se llevará a cabo en septiembre durante las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Luis Alfonso de Alba, enviado especial del secretario general de la ONU para esta cumbre, aseguró a IPS que “esta no es una reunión para realizar negociaciones… Entonces, creo que el tema del lenguaje seguirá siendo un problema para (tratar) los Estados miembros”.

“Obviamente estamos tomando en cuenta el impacto del cambio climático en la migración como un tema”,  pero “no estamos negociando sobre el lenguaje”, agregó.

A Kennedy le preocupa que no se está haciendo lo suficiente para atender las razones climáticas de la migración de los indígenas y pobladores rurales centroamericanos. “Necesitan programas específicos, necesitan estadísticas específicas y no se proporcionan”, dijo.

Rapallo consideró que “el derecho a migrar también implica el derecho a no migrar. La migración debería ser una opción, pero no la única opción para buscar una vida mejor, o incluso para sobrevivir”.

T: MF

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Futuro incierto para refugiados palestinos y su agencia en la ONU

qua, 12/06/2019 - 14:41

Funcionarios de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), en una de sus labores de asistencia. Crédito: UNRWA

Por Charlotte Munns
NACIONES UNIDAS, Jun 12 2019 (IPS)

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina ha comenzado a recibir ataques sobre su propia existencia, que anteceden al encuentro que se realizará  el 25 de este mes con los donantes,  para discutir sobre los fondos que requiere para desarrollar su labor.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, en inglés), el nombre histórico de la agencia creada en 1949, fue directamente atacado por Jason Greenblatt, el enviado especial de  Estados Unidos para las negociaciones internacionales, en una reunión del Consejo de Seguridad a fines de mayo.

Greenblatt confirmó entonces que el gobierno de Donald Trump mantiene el congelamiento a la realización de aportes a la Agencia, que estableció en 2018 y que es algo que ahonda su ya precaria situación financiera.

Para intentar controlar los daños provocados por las críticas y pronunciamientos de Greenblatt, la UNRWA alertó en a comienzos de este mes sobre los impactos que tendrían para la conflictiva región mediooriental los dramáticos recortes planteados por Estados Unidos.

La organización apoya a alrededor de 74 por ciento de la población de Gaza y también tiene operaciones importantes en Cisjordania y Jordania, donde residen millones de refugiados palestinos. La Agencia proporciona ayuda alimentaria, servicios sociales, educación e infraestructura.

La UNRWA requiere 1.200 millones de dólares para financiar todas sus operaciones en el próximo año y de no recibir nuevas contribuciones de inmediato, no podría mantener sus actividades en el terreno más allá de este mes, plantean en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Agencia requiere obtener al menos 60 millones de dólares para fines de este mes, para poder mantener su ayuda alimentaria a más de  un millón de refugiados palestinos, lo que parece muy incierto, tras la amenaza de Greenblatt de retirar el aporte estadounidense.

La Agencia se financia principalmente con fondos de los Estados miembros de la ONU, la Unión Europea y los gobiernos regionales, que aportan 93 por ciento del total. Además, están los aportes de fuentes privadas y no gubernamentales, que en 2018 contribuyeron con 17 millones de dólares.

Matthias Schmale, director de Operaciones de UNRWA en Gaza, señaló durante la conferencia de prensa del 4 de junio que “en este momento, estrictamente financieramente hablando, no tenemos el dinero para garantizar la apertura de escuelas en el otoño (boreal)”.

Estas preocupaciones financieras han surgido por la negativa de los Estados Unidos a continuar financiando a la organización, que Greenblatt justificó con que a juicio de Washington “el modelo de UNRWA le ha fallado al pueblo palestino”.

La Agencia, describió,  representa una “operación irremisiblemente defectuosa” y una solución de “curita (bandita)”.

Dos niñas reciben este mes sus certificados escolares, en un centro atendido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Si no obtiene fondos urgentes, el organismo no podrá iniciar el próximo curso escolar en sus centros en Palestina. Crédito: Mohammed Khalid Adwan/UNRWA

La alternativa estadounidense es que los servicios de la UNRWA se integren a las estructuras de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen tareas de apoyo a los refugiados palestinos.

Una razón que Greenblatt incluyó en sus argumentos contra la UNRWA es el apoyo de su país a Israel. “Estados Unidos siempre estará con Israel”, subrayó el representante estadounidense.

Para los críticos de la posición estadounidense, ese planteamiento confirma que detrás de su decisión de dejar de financiar a la Agencia hay razones políticas sectarias y las alegadas críticas a su funcionamiento son solo una disculpa.

Peter Mulrean, director de la Oficina de Representación de la Agencia en Nueva York, dijo en una entrevista con IPS que “UNRWA lamenta la decisión de Estados Unidos de dejar de financiar a UNRWA después de décadas de ser el mayor donante y socio fuerte de la Agencia”.

Pero el funcionario se negó a especular sobre los motivos detrás de esa decisión.

Greenblatt sostuvo que la UNRWA se ha politizado, pese a que mantenga que actúa con una “una pretendida neutralidad”.

“Año tras año, los palestinos en campos de refugiados no han tenido la oportunidad de construir ningún futuro; fueron engañados y utilizados como peones políticos y productos básicos en lugar de ser tratados como seres humanos”, aseguró el representante estadounidense.

Ante ese argumento, Mulrean replicó que “UNRWA es una agencia humanitaria de las Naciones Unidas que no tiene ningún rol político en Palestina ni en ningún otro lugar”.

Durante la conferencia de prensa, UNRWA ya escuchó preguntas sobre si algunos de sus funcionarios estaban vinculados con el movimiento islamista palestino Hamás, debido a que se encontraron armas almacenadas en una escuela que la Agencia regenta, al igual que la existencia de túneles debajo de edificios de sus centros educativos.

La Agencia recordó que sus funcionarios fueron los que informaron de todos los incidentes de ese tipo y quienes tomaron medidas  inmediatas para retirar las armas y cerrar los túneles.

Las críticas a la UNRWA por parte de Washington, no son secundadas, de hecho, por otros miembros del Consejo de Seguridad, aparte de Israel.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, recordó este mes que el máximo funcionario de la ONU ha recibido amplio apoyo sobre la actividad que cumple la UNRWA y que esa posición “no ha cambiado”.

La percepción mayoritaria recogida por Guterres, puntualizó Dujarric, es que UNRWA “es una fuerza estabilizadora en la región a través de los servicios educativos que proporciona, a través de los servicios de salud y a través de los servicios de apoyo “.

En la reunión del Consejo de Seguridad donde se trató la situación de UNRWA, Estados Unidos se quedó solo en sus críticas, porque los otros 14 miembros, permanentes y no permanentes, apoyaron a la Agencia y su papel con los refugiados palestinos.

“Eso es un reflejo del amplio apoyo que UNRWA tiene en la comunidad internacional”, analizó Mulrean a IPS.

A pesar de esto, la UNRWA ha luchado durante años para lograr un presupuesto que le permita cumplir con sus compromisos. El año pasado, alrededor de 42 países e instituciones aumentaron sus contribuciones para enjugar un déficit sin precedentes, de 446 millones de dólares.

Greenblatt señaló que a Estados Unidos se les pedía con frecuencia que llenase vacíos presupuestarios de la Agencia. Pero después de haber hecho contribuciones de unos 6.000 millones de dólares a lo largo de la existencia de UNRWA, reafirmó que Washington no seguirá haciendo estos aportes.

En contrapartida, Estados Unidos ha organizado una conferencia en Bahréin, el 25 y el 26 de junio, para un posible plan para discutir posibles soluciones a la crisis de refugiados palestinos, en lo que observadores internacionales se dividen entre los que ven como una compensación de Washington al retiro de fondos para la UNRWA y los que consideran que busca establecer una iniciativa paralela a la Agencia.

Mulrean se negó a pronunciarse sobre las intenciones de la próxima conferencia en Bahréin, pero sí afirmó que la UNRWA no ve esto como una competencia con su trabajo y funciones.

Mientras tanto, UNRWA lucha por contrarrestar las críticas de Greenblatt en distintos ámbitos, incluidos los medios de comunicación, en un contexto de una escalada de la violencia en Gaza, que algunos observadores sitúan como la peor desde 2014, y de un número cada vez mayor de refugiados palestinos.

Ello sin dejar de buscar financiamiento para solventar sus urgencias inmediatas y para poder mantener sus operaciones el año próximo.

“Esta es nuestra realidad”, resumió Mulrean, “tenemos escuelas para dirigir, clínicas para administrar, personas para alimentar y esas son nuestras prioridades”,  de una agencia que se centra en aportar alimentos, educación, salud, saneamiento y servicios sociales a la población palestina.

El oxígeno con que la UNRWA contará o no para su sobrevivencia se conocerá tras la reunión de donantes del 25 de junio en las Naciones Unidas en Nueva York.

A esa cita, Estados Unidos ha superpuesto la conferencia en Manama, la capital de Bahréin, que se celebrará los días 25 y 26, con el objetivo de implementar su polémico plan de paz para Gaza y Cisjordania, que requeriría miles de millones de dólares, y que tiene el boicot de las autoridades palestinas.

T: MF

 

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Guardia nacional aún no controla migración en el sur de México

ter, 11/06/2019 - 16:32

La vida continúa con normalidad en el río Suchiate, que sirve de frontera natural entre Guatemala y México. El flujo de personas y mercancías permanece sin presencia de la Guardia Nacional mexicana, que según el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, va a controlar el flujo de migrantes centroamericanos en el sur del país. Crédito: Isaac Guzmán/En el Camino

Por José Ignacio De Alba
SUCHIATE, México, Jun 11 2019 (IPS)

El guatemalteco Fernando Hernández fue a entregarse a la Estación Migratoria Siglo XXI, en el estado mexicano de Chiapas para que lo devolvieran a su país, pero las autoridades mexicanas no quisieron detenerlo. Así que el muchacho tuvo que ir al río Suchiate para deportarse solo.

Se embarcó en una balsa para cruzar la afluente que divide a México de Guatemala y desde allí el inmigrante gritó con coraje: “hijos de su pinche madre los de migración”.

El día en que Hernández se autodeportó el gobierno mexicano debía reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala con 6.000 efectivos de la Guardia Nacional.

En teoría los integrantes de la nueva policía militar se integrarían a personal de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración para ayudar a contener la migración que llega por la frontera sur de México con Guatemala, dentro del acuerdo con la administración de Estados Unidos.

Pero en Chiapas, en el suroeste de México, poco detuvo al vibrante paso de personas.

El río Suchiate, la frontera natural, amaneció cargado de lancheros que navegan por debajo del puente que une oficialmente a Guatemala con México.

Por el pase legal algunos se forman, pero en el agua cientos de personas cruzan ilegalmente de un país a otro. Comerciantes que traen al lado mexicano principalmente verduras frescas, mientras que a Guatemala llevan atículos comestibles y de uso doméstico.

Familias enteras, televisores, bicicletas, detergentes, perros, cerveza mexicana, ventiladores, colchones, todo cabe en las balsas. El Suchiate no divide nada, es más fácil ir por el río que por el pase legal, a los lancheros les importa un comino cómo se llamen o si portan papeles. Por 25 pesos (1,3 dólares) cualquiera llega a México.

El balsero Cristian Alvarado trabaja en el Paso del Coyote, en Ciudad Hidalgo, cruza gente y mercancías de forma ilegal por el río.

Se le pregunta si le preocupa que desde este lunes 10 se empiece a desplegar la Guardia Nacional en la frontera, pero el muchacho está más preocupado de que las lluvias torrenciales hayan crecido el río. Se queja porque tiene que remar más por la misma paga.

Sonia Eloina Hernández, la presidenta municipal del municipio de Suchiate, dice en entrevista sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, que “estamos esperando a la Guardia Nacional posiblemente hoy, mañana o pasado mañana”.

“No sabemos cómo va a estar, no sabemos a ciencia cierta sobre el despliegue. Lo único que reconozco al cien por ciento es la decisión del mi presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un hombre de corazón bueno, nosotros aquí en Suchiate lo amamos”, añade.

Un efectivo del Ejército toma nombres de los periodistas en el retén El Manguito, en el kilómetro 299 de la carretera de Ciudad Hidalgo, en Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, en el suroccidental estado de Chiapas. Crédito: Isaac Guzmán/En el Camino

Las preocupaciones de la presidenta municipal, perteneciente a Morena, el partido del presidente, giran en torno a un asunto: que la política del gobierno federal en la frontera no afecte a los almacenes de comestibles y productos domésticos que venden al mayoreo.

La funcionaria explica que el municipio de Suchiate vive esencialmente de vender productos a Guatemala, aunque algunos pasen de forma ilegal. Por eso, dice, la “Guardia Nacional debería enfocarse a tratar el tema de la migración, porque si no, se puede afectar a los comerciantes”.

Además de ser presidenta municipal, Hernández tiene una tienda de comestibles. Así que ella recomendará en reuniones que la Guardia Nacional se despliegue en las carreteras para detener migrantes y no en la orilla del Suchiate porque “seríamos afectados los comerciantes”.

El teniente de caballería del Ejército, Rogelio Bustos, encargado de la base de operaciones del municipio fronterizo Ciudad Hidalgo, rechaza ser entrevistado pero confía a los reporteros que “nosotros no sabemos nada de la Guardia Nacional”. Luego cuenta que hoy esta base opera de forma normal.

Uno de los militares encargados del apoyo a la Estación Migratoria Siglo XXI explica que no están seguros de cuándo les llegarán los brazaletes de la Guardia Nacional. Y a la pregunta de si recibirán capacitaciones, el militar responde: “nosotros ya estamos capacitados, en derechos humanos y en el uso de la fuerza”.

El lunes 10 se pudo constatar un retén donde elementos del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y el Ejército detuvieron migrantes que viajaban en transporte público en las carreteras cercanas a Tapachula. Pero estas tareas no son excepcionales y no atienden al despliegue anunciado.

El gobierno mexicano contempla que operen 23 coordinaciones de la Guardia Nacional en la frontera sur del país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró en días pasados que el lunes 10 se desplegarían 6.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera de México para contener la migración que llega del sur.

El anuncio se hizo mientras el gobierno mexicano terminaba de negociar el acuerdo con la administración de Donald Trump, que al menos por ahora evitó que Estados Unidos aplique su amenaza de establecer aranceles a productos mexicanos.

Pero esas negociaciones quedan muy lejos de las ocupaciones cotidianas de la gente que vive en esta frontera. Aquí, en el Suchiate, nadie parece entender de qué tratará la nueva política migratoria que se acordó allá en el norte. Y a nadie, tampoco, parece importarle.

Este articulo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

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Desarrollo de tecnologías para economías europeas de cero carbono

ter, 11/06/2019 - 14:00

Por Nils Røkke
TRONDHEIM, Noruega, Jun 11 2019 (IPS)

Nunca antes medio grado centígrado ha significado tanto para la humanidad. Nos estamos comportando como si tuviéramos tiempo para enfrentar el cambio climático. Y no es cierto. El principal problema es que creemos que debemos sacrificar el crecimiento y la prosperidad por el bien de la descarbonización. Y tampoco es verdad.

Aumentar las inversiones

Podemos descarbonizar la economía y crear al mismo tiempo empleos y crecimiento. En el caso de la Unión Europea (UE), esto requiere que los Estados miembros incrementen las inversiones en investigación de energía y tecnologías de energía renovable.

Europa puede tomar la iniciativa invirtiendo en investigación y revisando sus regulaciones para hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. El sector público y el privado deben trabajar juntos para crear prototipos de tecnologías rápidamente y luego transformarlos programas piloto.

Esto requiere incentivos de investigación e innovación. Para mostrar el efecto de estos enfoques, me gustaría señalar algunos ejemplos concretos.

Para aumentar las inversiones en investigación en Europa, los institutos de investigación, el sector público y el privado deben vincular la financiación nacional a los programas de la UE. Los fondos de investigación existentes deben gastarse más sabiamente.

Nils Røkke

Simultáneamente, el sector público y el privado deben planificar, trabajar y evaluar proyectos como socios reales. Estoy seguro de que esto incentivará y acelerará los negocios e ideas amigables con el clima y que funcionen en el mercado.

Un ejemplo de una asociación público-privada efectiva es el apoyo del gobierno noruego a las instalaciones de investigación para la captura y almacenamiento de carbono en múltiples ubicaciones para múltiples industrias. Esto incluye la planta de cemento Norcem, en  Breivik, y el reciclaje de energía de la planta incineradora Klementsrud, en Oslo.

Aprovechando las asociaciones público-privadas

El gobierno noruego ha entendido que para equilibrar su presupuesto nacional de carbono, el sector público necesita apoyar a la industria privada. La prueba de que este enfoque funciona es la primera solución a gran escala de captura y almacenamiento de carbono que se implementará en la planta cementera en Brevik, un suburbio de la sureña ciudad de Porsgrunn.

Los planes apoyados por el gobierno para el desarrollo de capacidades, investigación e innovación han respaldado este desarrollo planificado. Esto también ha incluido proyectos que operan bajo los programas marco de la UE para la investigación.

Necesitamos más soluciones que sean sostenibles, efectivas y realistas para el 2030. Lo que significa que también necesitamos una mayor asociación público-privada.

Cambio regulatorio

Al mismo tiempo, los países deben regular para garantizar que los proyectos y desarrollos  sostenibles se conviertan en una ventaja competitiva y que las tecnologías sostenibles se implementen y se adopten rápidamente. Un claro ejemplo positivo en el campo industrial es el mercado europeo de cuotas de carbono.

Requerir que las compañías paguen por sus emisiones los incentiva a encontrar las formas más innovadoras y efectivas de reducir sus emisiones. Las empresas que pueden reducir las emisiones de la manera más rentable serán a su vez más competitivas. Las empresas que cambien captarán cuota de mercado y crecerán.

Las regulaciones también son una forma increíblemente eficiente de impactar en el comportamiento del consumidor y del mercado y, por lo tanto, qué tecnologías se venden, son rentables y se mejoran. Un ejemplo común de esto es el enfoque del gobierno noruego para regular el mercado de vehículos particulares.

Los vehículos eléctricos están exentos de muchos impuestos y tarifas en Noruega, lo que los hace muy atractivos en comparación con los vehículos con motores de combustión interna. Todos estos incentivos han tenido un impacto significativo en los consumidores que adoptan vehículos eléctricos.

En marzo de 2019, Noruega se convirtió en el primer país del mundo en vender más vehículos eléctricos que vehículos de combustión interna.

Incentivando la investigación energética

El aumento de los fondos para la investigación energética y el cambio de los comportamientos mediante la regulación son importantes para el cambio, pero los proyectos piloto a gran escala solo se realizarán cuando se incentive la investigación energética en sí misma. Ninguna tecnología o sistema único puede generar aisladamente una sociedad de cero emisiones.

Por lo tanto, cada país debe considerar las herramientas a su disposición para incentivar la investigación en tecnologías para la energía renovable.

Este fue el telón de fondo para establecer la iniciativa de Misión Innovación, lanzada en la cumbre climática de París, de diciembre de 2015, donde se aprobó el Acuerdo de París, destinado a contener el incremento de la temperatura en el planeta.

¿Por qué solo 1,8% del financiamiento público para investigación y desarrollo se invierte en energía limpia cuando la energía limpia es una de las formas más importantes de lograr la neutralidad climática?

Misión Innovación apunta a duplicar la inversión en energía limpia para generar más inversión del sector privado. Después de todo, el dinero público no puede resolver este desafío por sí solo.

Los países necesitan trabajar juntos. En la Alianza Europea de Investigación en Energía (EERA) trabajamos arduamente para asegurarnos de facilitar la cooperación en la mayor medida posible. Un proyecto concreto al que me gustaría llamar la atención es el Programa Conjunto para Energía Solar de Concentración (JP-CSP).

El objetivo clave de la estrategia de cooperación internacional del programa es fomentar la transferencia de conocimiento y tecnología de la investigación europea avanzada a las áreas más prometedoras para la energía solar térmica.

En el marco del programa de investigación integrado STAGE-STE (Alianza científica y tecnológica para garantizar la excelencia y liderazgo europeos en energía termosolar), financiado con fondos de la UE, el JP-CSP ha integrado con éxito socios de cuatro continentes: desde Australia a Chile, Brasil, México, India, China, así como a países de Medio Oriente y Norte de África como Libia, Marruecos y Arabia Saudita.

Pero la UE siempre puede hacer más. Una recomendación concreta que me gustaría dar como vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad en el Instituto de Investigación Independiente SINTEF, uno de los mayores de Europa,  y presidente de EERA es aumentar el presupuesto para el próximo programa marco de investigación Horizonte Europa. La sugerencia inicial de 100.000 millones de euros debería ampliarse a 120.000 millones.

Necesitamos una sala de presupuesto para poder perseguir completamente las ideas que tienen más sentido. Además, debemos asegurarnos de que la investigación que hacemos impregne completamente la industria.

Por lo tanto, debe fortalecerse aún más el denominado “segundo pilar” de Horizonte Europa, la parte que conecta la investigación con las oportunidades industriales.

Hay muchas soluciones y tecnologías que se requieren para generar las tecnologías y técnicas para un futuro más sostenible. Todos los países y Estados miembros de la UE deben aumentar sus inversiones, regular para garantizar que la sostenibilidad se convierta en una ventaja competitiva e incentivar la investigación para realizar tantas soluciones como sea posible.

La tecnología puede mantenernos en la carrera por prevenir el calentamiento planetario, los empleos y el crecimiento económico. ¿Cómo podemos derrochar en esa inversión?

T: MF

 

El artículo Desarrollo de tecnologías para economías europeas de cero carbono fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Emigrantes pueden invertir en Cuba, pero necesitan incentivos

seg, 10/06/2019 - 14:48

En el oriental municipio de Palma Soriano, algunos obreros laboran en uno de los talleres de la estatal Empresa de Servicios Técnicos Industriales, destinada a dar soporte técnico y de servicios a la industria azucarera de Cuba, con el fin de sustituir las importaciones en el sector. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jun 10 2019 (IPS)

Sorpresa, escepticismo, moderada esperanza y, sobre todo, dudas y preguntas, provocó la aclaración oficial de que las personas emigrantes de Cuba pueden invertir en grandes proyectos estatales, acogiéndose a una ley de 2014, que no pone restricciones al origen del capital extranjero.

El tema lo trajo a colación el viernes 7 el estatal sitio de noticias Cubadebate, que comienza por citar un tuit del 31 de mayo del ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, en que tras invocar la Ley 118 de inversión Extranjera reitera que lo ciudadanos cubanos con residencia permanente en el exterior pueden invertir en la isla.

“No señala en ningún lugar la ciudadanía u origen, pero sí queda claro que el inversionista tiene el domicilio y capital fuera de Cuba”, añadió Déborah Rivas, directora general de Inversión Extranjera de ese ministerio, en una entrevista con el medio que brinda más detalles sobre el novedoso asunto.

Cientos de comentarios inundaron las páginas digitales informativas locales y las redes sociales sobre la que parece la primera gran medida de las autoridades para enfrentar la grave recaída económica, acentuada por el recrudecimiento del embargo y la política hostil del actual gobierno estadounidense.

La medida resulta controversial internamente porque los cubanos que viven en el país están impedidos de invertir en proyectos estatales, al contrario de lo que se ha precisado ahora que pueden hacer los que residen en el exterior.

De cualquier modo, especialistas cubanos que residen dentro y fuera del país consultados por IPS recomiendan el incremento de los incentivos para captar ese capital.

“En España y México hay una fuerte comunidad cubana con capitales dispuestos a invertir en Cuba”, dijo a IPS el economista Omar Everleny Pérez. “Pero no basta con una buena ley de inversión de 2014”, apuntó, para atraer a un segmento que sin reconocimiento ni protección específica ya tiene capital en el creciente sector no estatal.

“El entorno macroeconómico y la credibilidad del país, son elementos que no se pueden desechar para tomar una decisión inversionista”, continuó. “Y debe acabarse la discrecionalidad en la toma de decisiones y el excesivo tiempo que lleva la aprobación de un negocio”, reiteró, sobre obstáculos internos a las inversiones.

También lamentó que las autoridades cubanas no hayan aprovechado la etapa de mejores relaciones con Estados Unidos, en el bienio 2015-2016, para hacer esta aclaración.

“Interés por parte de la emigración cubana siempre ha existido, incluso en negocios grandes, como el azúcar, y nunca se dio una respuesta acertada después de 2015”, dijo, en referencia al año del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países.  “Muchas desavenencias han estado en ambas orillas”, balanceó.

Vista de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, en la occidental provincia de Artemisa, que surgió con la intención de convertirse en un polo de inversión externa y de logística en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

En un estudio difundido en abril, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contabiliza la diáspora en 1.558.312 de cubanas y cubanos que viven en 120 países y equivalen a 13,6 por ciento de los 11,2 millones de habitantes residentes en la isla.

El mayor número reside en Estados Unidos (1.252.037 personas), seguido por España (132.378). México, con 18.111, encabeza los países latinoamericanos que acogen migrantes de Cuba, por delante de Venezuela (11.601), Costa Rica (5.791), República Dominicana (3.927), Chile (3.173), Ecuador (3.083) y Panamá (2.917).

“Debe partirse de reconocer la realidad: desde hace tiempo los cubanos no residentes invierten en Cuba”, especificó por su parte el economista Pedro Monreal. “Una parte de las remesas se destinan a crear y ampliar actividades privadas y cooperativas que funcionan de manera legal”, añadió a IPS.

A su juicio, el reconocimiento a ese aporte que ya realiza la emigración cubana a la economía nacional, además de la legalización de las pequeñas y medianas empresas privadas, pueden ser señales que contribuyan a elevar la confianza y seguridad de la oferta del Estado cubano.

También sugirió a las autoridades revisar la actual carpeta de oportunidades, que está diseñada para empresarios con grandes montos financieros y que puedan enfrentar altos riesgos.

“Es poco probable que un inversionista cubano no residente -con capital pequeño o mediano- se decida a invertir legalmente, pero con un costo de transacción alto”, dijo Monreal sobre una característica de la mayoría de los actuales posibles negocios, que puede resultar desestimulante con respecto al sector privado.

La alicaída economía cubana requiere de altas sumas anuales de inversiones, que hasta el momento no se han logrado, para revertir la crisis casi crónica que soportan sus 11,2 millones de habitantes con altas y bajas desde 1991, cuando colapsó la Unión Soviética y el bloque socialista del este europeo, del que dependía la isla caribeña.

Personal técnico monitorea el proceso de producción de medicamentos, en un laboratorio perteneciente al estatal grupo empresarial Labiofam, en la occidental provincia Cienfuegos, en Cuba. El sector de la salud se considera uno de los que podría ser atractivo para la inversión externa. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Fuentes oficiales indican que desde 2014, se ha comprometido capital por 5.500 millones de dólares, cifra muy por debajo de los 2.500 millones de dólares anuales que las autoridades aspiraban a captar para salir de la crisis.  Más de 30 proyectos adicionales, por un monto que supera los 1.500 millones de dólares, están en fase de negociación.

Y la actual cartera de oportunidades para la inversión extranjera cuenta con 525 proyectos estructurados, aunque especialistas sugieren ampliar las áreas previstas de cara al nuevo escenario y a las y los emigrados como posibles inversores.

“La cartera debería marcar las prioridades estratégicas, pero no constituir una camisa de fuerza”, evaluó para IPS el economista y académico Mauricio de Miranda. “Las opciones son inmensas pero no siempre se reflejan la cartera de posibilidades ofrecidas por el gobierno”, lamentó.

Para el experto, la diáspora puede apoyar en áreas golpeadas en la actualidad por la crisis.

“Un rubro que podría ser rentable para el inversionista y beneficioso para el consumidor cubano podría ser el establecimiento de negocios relacionados con cadenas de supermercados”, propuso. “Eso solucionaría en gran medida el desabastecimiento que resulta de la escasa liquidez del gobierno”, explicó De Miranda.

También observa potencialidades en servicios de Internet y telefonía, sector inmobiliario, transporte, comercio minorista y mayorista, servicios profesionales y logísticos, banca y finanzas, turismo y recreación, consultoría de empresas, servicios jurídicos, contables y de auditoría; ensamblaje de equipos electrónicos, proyectos agrícolas y construcción.

“El anuncio, más que efectos jurídicos, demuestra un posible cambio de política ante la necesidad económica y una demostración de que lo importante en Cuba no es el marco legal, sino las políticas que por detrás definen su uso”, explicó a IPS el jurista Eloy Viera, sobre la viabilidad de la medida en la legislación vigente.

No obstante, lamentó que la ratificación “no alcanza a otorgarles, a los cubanos residentes en el exterior, un trato preferencial en su condición de inversores nacionales”.

Especialistas que han propuesto a las autoridades cubanas replicar las reformas económicas realizadas en China y Vietnam, dos países de gobiernos socialistas como Cuba, reiteran que el capital de sus ciudadanos en el exterior resultó clave para el despegue de las economías de ambas naciones asiáticas.

Apenas tres días después de su publicación,  el artículo de Cubadebate había suscitado ya 115 comentarios, muchos referidos al hecho de que al cabo de cinco años de aprobada la Ley de Inversiones no existan proyectos presentados por ciudadanos de la diáspora.

Al respecto, Rivas, la responsable de Inversión Extranjera,  aseguró que sí han existido varias propuestas, pero algunas no han prosperado por orientarse a actividades que no están comprendidas en las políticas sectoriales definidas para el capital foráneo.

“También hay algunas en proceso de negociación y en preparación para presentarse a aprobación”, dijo.

Con aportes de Patricia Grogg, desde La Habana.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Las madres en EEUU se están muriendo: ¿qué se hace para evitarlo?

sex, 07/06/2019 - 14:02

Por Juan Pablo Segura
WASHINGTON, Jun 7 2019 (IPS)

La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos es la más alta de todos los países industrializados, y está aumentando. Estados Unidos es actualmente el lugar más peligroso para dar a luz en el llamado mundo desarrollado.

Pocas o ninguna de esas muertes maternas obedecen a una mala gestión médica. En el centro de las elevadas tasas de mortalidad materna están los problemas de acceso y coordinación de la atención de salud, así como las desigualdades en los recursos para esa atención y en los servicios sociales de este país norteamericano.

Las mujeres pertenecientes a las minorías, particularmente aquellas que enfrentan desafíos socioeconómicos, son las principales víctimas detrás de estas estadísticas: a nivel nacional, las mujeres afroamericanas tienen tres o cuatro veces más probabilidades de morir a causa del parto que las mujeres blancas no hispanas.

Medios de comunicación con gran peso como The New York Times, USA Today, NPR y otros han resaltado el problema de la mortalidad materna y han llamado a la acción mientras que ciudades como Washington DC han respondido al llamado implementando grupos de trabajo sobre mortalidad materna.

Estos grupos de trabajo han llegado a la misma conclusión: las causas que afectan a las muertes relacionadas con el embarazo no son hilos separados, sino una red. Poe ello, estos factores sociales, económicos, de comportamiento y genéticos que se superponen no pueden ser abordados por compartimentos separados, para hacerlo de manera adecuada.

Hay muchos que han reconocido este problema desde hace tiempo, y algunos que han estado comprometiendo activamente recursos para crear soluciones. Han puesto la energía, el tiempo y el capital en la línea para interrumpir el estatus quo, abordando los problemas para lograr mejores resultados en la gestación, el parto y el postparto.

La organización Cradle Cincinnati es ejemplar en este proceso. Han formado una coalición que conecta a todas las partes interesadas importantes en el ámbito del embarazo para combatir las altas tasas de mortalidad infantil en el condado (municipio) de Hamilton Country, en el estado de Ohio, aglutinando a las familias de la comunidad con los entes pagadores y los sistemas de salud (incluidos los competidores tradicionales).

El modelo estratégico de Cradle ha dado pasos significativos en la mejora de los resultados: durante cinco años seguidos, el número de muertes infantiles vinculadas al sueño en el condado de Hamilton fue inferior a su promedio histórico, disminuyendo de 16 a 12 por año.

Pero 12 muertes anuales están todavía por encima del promedio nacional de nueve, y el promedio nacional también es demasiado alto. Mientras que una sola vida está en juego, debemos estar dando saltos, no pasos, para obtener mejores resultados.

Si bien son efectivos, modelos como Cradle y otros similares (cuidado prenatal grupal, por ejemplo) comparten una dependencia de la interacción humana, y este requisito físico es una gran limitación para escalar dichos programas.

Sin escalabilidad, los resultados continuarán mejorando al ritmo del caracol y eventualmente se estabilizarán. Se necesita poder escalar estas mejores prácticas en cada comunidad, ahora y no en el futuro.

Aquí es donde entra la tecnología. La tecnología puede cerrar la brecha creada por las limitaciones humanas de estos modelos e integrar flujos de trabajo y protocolos de atención probados en experiencias tecnológicas que permiten más intervenciones, como el monitoreo remoto de pacientes (RPM) a través de Internet de las cosas (IoT).

En este punto los dispositivos pueden ser la clave para escalar estos modelos de cuidado alternativos y más efectivos.

Las herramientas digitales proporcionan la conectividad que los modelos como Cradle brindan en el entorno físico, al tiempo que resuelven los problemas de costo, ineficiencias y escalabilidad que han frenado el progreso en el pasado.

Hace más de cuatro años, la Universidad George Washington y las Facultades Médicas Asociadas (GW-MFA) anticiparon esta visión. Fueron uno de los primeros proveedores en  Estados Unidos en reconocer el poder de la tecnología para superar los obsoletos e insuficientes estándares de atención en el ámbito del embarazo, que han fracasado estrepitosamente en su objetivo.

GW-MFA adoptó por primera vez un modelo novedoso que aborda directamente tres realidades problemáticas en el actual estatus quo: ausencia de educación, falta de acceso a la atención necesaria y falta de estratificación del riesgo.

Ese nuevo modelo se basó en una asociación para crear y desplegar una solución a las necesidades del embarazo basada en tecnología para impactar directamente el proceso de gestación y el parto.

Con esa base, se apoya a los pacientes y proveedores con un mayor número de puntos de contacto digitales, materiales educativos e intervenciones a través del monitoreo remoto y la participación digital.

Ahora, comenzando por la industria de la salud, se está incorporando la visión de conectar a todas las partes interesadas en el ámbito del embarazo, a través de una nueva asociación con AmeriHealth Caritas DC, una organización de atención administrada.

Esa organización se ha unido a GW-MFA para implementar una mejor y más amplia atención prenatal y posparto habilitada por la tecnología en la población que atiende el Medicaid, una población a menudo ignorada por la comunidad tecnológica.

Asociaciones como esta comienzan a resolver algunas de las dificultades estructurales en la coordinación de la atención entre las compañías de seguros y los médicos para los pacientes de Medicaid, el programa de cobertura médica del gobierno federal de Estados Unidos, administrado por cada estado y que respalda a la población con recursos limitados.

Se centrará en aumentar el acceso a la atención del embarazo habilitada por la tecnología que permite a todos los pacientes, independientemente de su estado socioeconómico, recibir los beneficios del control remoto y la atención virtual con la misma privacidad y seguridad que una interacción física en el consultorio del médico.

No hay excusa ni razón para las estadísticas actuales de muerte materna.

La industria de la salud ha tenido la tecnología para impactar positivamente en la atención a las mujeres gestantes, pero lo que ha faltado es la visión combinada para hacer que estas herramientas sean poderosos agentes de cambio.

Las madres y los bebés en nuestras comunidades tienen derecho a una vida segura y saludable, y las asociaciones como esta tienen el poder de hacer la diferencia.

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Refugiados y migrantes de Venezuela superan ya los cuatro millones

sex, 07/06/2019 - 12:51

Una madre venezolana con su hijo cuando cruzaban el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, en enero de este año. Crédito: Siegfried Modola/IPS

Por Corresponsal Fao
GINEBRA/PANAMÁ, Jun 7 2019 (IPS)

El número de venezolanos que abandonaron su país ha alcanzado los cuatro millones, anunciaron este viernes 7 la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los venezolanos desplazados fuera de su país son uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo.

El ritmo de la salida de Venezuela ha sido asombroso. Unos 695.000 a fines de 2015, la cantidad de refugiados y migrantes de Venezuela se ha disparado a más de 4 millones a mediados de 2019, según datos de las autoridades nacionales de inmigración y otras fuentes.

En solo siete meses, desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón.

Los países latinoamericanos acogen a la gran mayoría de venezolanos, con Colombia que recibe alrededor de 1,3 millones, seguido por Perú, con 768.000, Chile 288.000, Ecuador 263.000, Argentina 130.000 y Brasil 168.000.

México y los países de América Central y el Caribe también albergan un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela.

“Estas cifras alarmantes resaltan la necesidad urgente de apoyar a las comunidades de acogida en los países receptores”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de Acnur y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos.

“Los países de América Latina y el Caribe están haciendo su parte para responder a esta crisis sin precedentes, pero no se puede esperar que sigan haciéndolo sin ayuda internacional”, añadió el diplomático guatemalteco.

Los gobiernos de la región han establecido mecanismos para coordinar su respuesta y facilitar la inclusión legal, social y económica de los ciudadanos venezolanos.

El principal de ellos es el Proceso de Quito, que ha reunido a los países latinoamericanos afectados por el flujo de refugiados y migrantes venezolanos.

Para complementar estos esfuerzos, el pasado mes de diciembre se lanzó un Plan de Respuesta Regional Humanitario para Refugiados y Migrantes (RMRP), dirigido a 2,2 millones de venezolanos y 580.000 personas en comunidades de acogida en 16 países.

Hasta ahora, el RMRP está financiado solo en un 21 por ciento.

Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la Organización de las Naciones Unidas para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

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Crisis de desplazados empeoran por falta de fondos y de voluntad política

sex, 07/06/2019 - 11:05

El secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, durante su visita a Buea, capital de la región del Suroeste de Camerún, el 23 de abril. Allí se reunió con un grupo de mujeres que fueron desplazadas por el conflicto interno en las áreas anglófonas de Camerún. Crédito: NRC

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 7 2019 (IPS)

Un nuevo informe del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) resalta que las 10 mayores crisis de desplazados que hay en el mundo y que dejaron sin hogar a millones de personas, han empeorado debido a la negligencia política, la escasez de fondos y la falta de atención de los medios.

El secretario general de la organización no gubernamental, Jan Egeland, aseguró a IPS que la asistencia humanitaria debe brindarse en función de las necesidades, y solo de las necesidades. Sin embargo, cada día millones de personas desplazadas son desatendidas porque han sido golpeadas por una de las llamadas crisis olvidadas o los dólares necesarios se han agotado.

El Informe Global sobre Desplazamiento Interno, publicado en mayo por el observatorio sobre el tema del NRC, destaca que los países que sufrieron crisis de desplazamiento en 2018 se ubican en su mayoría en África, con Camerún a la cabeza de la lista, seguido por la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Burundi, Malí, Libia y Etiopía.

Los tres restantes, según la lista de NRC, fueron Ucrania, Venezuela y Palestina.

“Esta lista deprimente debe servir como una llamada de atención para todos nosotros. Solo atrayendo la atención a estas crisis, aprendiendo sobre ellas y ubicándolas en un lugar importante en la agenda internacional, podemos lograr el cambio tan necesario”, dijo Egeland, quien fue subsecretario general para Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Martin Scott, profesor en la británica Universidad de East Anglia y autor principal de un informe sobre “El estado del periodismo humanitario”, dijo a IPS que estudios como el del NRC deberían ser un primer paso para elevar la atención sobre las crisis olvidadas, pero ello no sucede por la falta de la cobertura que merecen de los medios de comunicación.

“Lo que se necesita es una evaluación clara de por qué estas crisis de desplazamiento reciben tan poca cobertura. En parte, es un reflejo de modelos de negocios que están rotos en la mayoría del periodismo internacional, lo que significa que los medios de comunicación a menudo tienen dificultades para proporcionar una cobertura consistente con el valor público real (de esas crisis)”, argumentó.

Pero también es un reflejo de las prioridades políticas y las agendas de los países más poderosos, que reflejan y siguen a menudo los medios, agregó Scott.

De hecho, estos informes, señaló, también llaman la atención sobre lo que no funciona, en general, dentro del periodismo internacional.

“Pero hay medios de comunicación que regularmente informan sobre crisis de desplazados como estas, tal como Devex, News Deeply, The New Humanitarian e Inter Press Service (IPS)”, señaló. “Es importante destacar su trabajo, para que las audiencias sepan que hay una cobertura de estas crisis que pueden seguir”, declaró.

Egland, por su parte puso como ejemplo lo que está sucediendo en Camerún sobre la desatención de las crisis de desplazados, en que a su juicio la comunidad internacional actúa como un conductor que va dormido al volante y responde con “un silencio ensordecedor” a los asesinatos brutales, las aldeas quemadas y el desplazamiento masivo de personas.

Recordó que hasta ahora el conflicto ha desarraigado a medio millón de personas en el suroeste y el noroeste de Camerún. Cientos de pueblos han sido incendiados. Los hospitales han sido atacados. Los trabajadores de salud temen ser secuestrados o asesinados.

Más de 780.000 niños han visto cerrar sus escuelas y miles de personas sobreviven actualmente escondidas entre los arbustos, sin haber recibido ayuda humanitaria alguna.

Tampoco se han realizado hasta ahora grandes esfuerzos de mediación, no hay grandes programas de ayuda, un mínimo interés de los medios y muy poca presión sobre las partes para que dejen de atacar a los civiles.

“Esta cultura de parálisis de la comunidad internacional tiene que terminar. Todos los días se permite que el conflicto continúe, la amargura se está acumulando y la región se acerca más a la guerra”, dijo Egeland, quien visitó en abril el país de África central.

El Consejo Noruego para los Refugiados está pidiendo que se preste mayor atención a todas las crisis olvidadas para evitar el sufrimiento de millones de personas vulnerables.

“Esta lista deprimente debe servir como una llamada de atención para todos nosotros. Solo atrayendo la atención a estas crisis, aprendiendo sobre ellas y ubicándolas en un lugar importante en la agenda internacional, podemos lograr un muy necesario cambio”, dijo Egeland.

Al preguntarle si la ONU y la comunidad internacional se estaban quedando atrás en su apoyo, Tiril Skarstein, también de NRC, dijo a IPS: “Creemos que la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para resolver estas crisis. La falta de voluntad política para encontrar soluciones a estas crisis es frecuentemente resultado de la falta de intereses geopolíticos en el área”.

Sin embargo, señaló, también hay algunos países en la lista de los que tienen crisis de desplazados donde varias potencias mundiales tienen intereses en el conflicto. Eso coloca la situación de los desplazados en un punto muerto y una falta de soluciones políticas, como es el caso de Palestina o Ucrania.

Sobre si la falta de fondos obedece a la negligencia por parte de los donantes occidentales o más bien a limitaciones financieras internas dentro de los países donadores, Skarstein dijo que la clave es que la asistencia humanitaria se dé solo en función de las necesidades.

Sin embargo, es más fácil destinar los fondos humanitarios a algunas crisis y no a otras. A menudo, “vemos un vínculo estrecho entre la cantidad de atención de los medios que recibe una crisis y la cantidad de fondos humanitarios. Algunas de las crisis en la lista de crisis olvidadas recibieron menos de 40 por ciento del financiamiento (promedio) el año pasado”, dijo.

“Pero también hay un déficit general de financiación, admitió.

El año pasado, solo se financió alrededor de 60 por ciento del total de los llamamientos humanitarios de la ONU y las organizaciones asociadas.

“Esto significa que necesitamos que todos los donantes aumenten su apoyo humanitario para poder satisfacer las necesidades humanitarias reales, y también necesitamos nuevos donantes, incluidas varias economías emergentes, para intensificar esa ayuda”, planteó.

Sobre la razón de que las crisis olvidadas correspondan principalmente a naciones africanas, en comparación con las asiáticas y latinoamericanas, Skarstein dijo que “desafortunadamente, las crisis en el continente africano rara vez aparecen en los titulares de los medios o llegan a las agendas de política exterior antes de que sea demasiado tarde”.

La falta de financiación y atención política tiene consecuencias devastadoras para los pobladores civiles, que no reciben protección contra los ataques, ni el alivio necesario cuando han tenido que huir de sus hogares en busca de seguridad, argumentó.

La mayoría de los que huyen se dirigen a los países vecinos o son desplazados dentro de su propio país. “Sin embargo, el hecho de que la mayoría de estas personas no se presente en nuestras puertas aquí en Europa, por ejemplo, no elimina nuestra responsabilidad de actuar”, señaló.

Según el NRC, la crisis en Camerún tiene su raíz en la conflictiva historia colonial del país. Después de la Primera Guerra Mundial, la antigua colonia alemana pasó a un dividido mandato francés y británico.

El país tiene ahora tanto el inglés como el francés como idiomas oficiales, pero las personas de habla inglesa se han sentido cada vez más marginadas, dijo el NRC.

Y en 2016, los civiles tomaron las calles y una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad llevó a la violencia generalizada y la formación de grupos armados opositores.

T: MF

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Los ataques se triplican contra indefensas escuelas de Afganistán

qui, 06/06/2019 - 16:58

Por Charlotte Munns
NACIONES UNIDAS, Jun 6 2019 (IPS)

Los ataques contra las escuelas en Afganistán se triplicaron entre 2017 y 2018, según un nuevo informe de Unicef, cuando pasaron de 68 a 192, y es probable que esa alarmante cifra suba este año porque el gobierno va a utilizar nuevamente para unos comicios las instalaciones educativas, esta vez  para las elecciones presidenciales. 

El informe se lanzó en paralelo a la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, realizada en la ciudad española de Palma de Mallorca, donde la comunidad internacional discutió el cumplimiento de la Declaración sobre Escuelas Seguras, destinada a proteger a estudiantes, profesores, profesoras e instituciones educativas en medio de conflictos armados.

Se trata de un compromiso intergubernamental adoptado en Oslo en 2015, nacido como instrumento para propiciar esa seguridad. Pero los participantes en la Conferencia de Palma de Mallorca, celebrada entre el 27 y el 29 de mayo, criticaron su efectividad y dudaron de la voluntad de los gobiernos involucrados y la comunidad internacional en cumplir lo acordado.

La directora ejecutiva de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Henrietta Fore, expresó su preocupación porque la educación esté “bajo fuego en Afganistán”, al presentar el informe el 27 de mayo.

“Los ataques sin sentido a las escuelas; los asesinatos, lesiones y secuestros de maestros; y las amenazas contra la educación están destruyendo las esperanzas y los sueños de toda una generación de niños”, dijo en un comunicado.

El martes 4, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que “debido al conflicto en Afganistán, más de 1.000 escuelas cerraron a fines del año pasado, dejando a medio millón de niños sin escuela”.

De hecho, la mitad de los escolares de entre siete y 17 años no asiste a las escuelas en ese país de Asia, lo que equivale a 3,7 millones de niños y adolescentes.

La oleada de ataques se produce cuando las escuelas están siendo arrastradas a convertirse otra vez en foco del conflicto en Afganistán al mantenerlas como centros de registro electoral y votación para las elecciones presidenciales del 28 de septiembre, pese a que el país suscribió la Declaración de Escuelas Seguras.

El uso de los centros escolares como colegios electorales es habitual en el mundo pero en el caso afgano coloca a las instalaciones como foco de ataques, al igual que sucedió en los comicios de 2014 y 2018.

La mayoría de las escuelas atacadas en 2018 habían sido utilizadas durante las elecciones legislativas de ese año.

Anthony Neal, gerente de Defensa del no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) y participante en el encuentro de Palma de Mallorca dijo a IPS que “de los 192 ataques a escuelas que se llevaron a cabo el año pasado en Afganistán, 92 fueron relacionados con las elecciones”.

“Usar las escuelas de esta manera las coloca directamente en la línea del frente “, planteó.

“En muchos países del mundo, las escuelas se utilizan como centros de votación, incluso recientemente en toda Europa para las elecciones legislativas europeas”, dijo Neal. “Lamentablemente no es el caso en Afganistán, donde las elecciones se consideran la expresión de una gran división entre los diferentes lados del conflicto”, planteó.

Patricia Gossman, investigadora principal en Afganistán de Human Rights Watch (HRW), coincidió a IPS en que “un lugar de votación será un objetivo desafortunadamente, dada la actitud de los talibanes hacia las elecciones”.

Organizaciones sociales como NCR y HRW y agencias de la ONU han pedido que las mesas electorales y los centros de registro de votantes se retiren de las escuelas.

“Muchas escuelas en todo Afganistán están siendo utilizadas actualmente por las fuerzas armadas”, dijo Neal, “para proteger la educación en Afganistán, las personas que apoyan las elecciones deben encontrar sitios alternativos de votación y registro de votantes”.

A pesar de este llamado para encontrar nuevos lugares para las actividades electorales, el gobierno afgano no parece haber avanzado en la búsqueda de esos locales  alternativos, y los informes indican que ya están preparando edificios escolares para las elecciones presidenciales.

“No han hecho preparativos para utilizar otro tipo de instalación”, dijo Gossman,  aunque ello “no está fuera del alcance” de los responsables de los procesos electorales.

La activista sugirió usar tiendas de campaña como cabinas de votación, que se han utilizado con éxito en otros países en el pasado, y son independientes, neutrales y baratas.

Con las próximas elecciones programadas para septiembre, Afganistán podría ver un empeoramiento en una situación educativa ya precaria.

Según el Banco Mundial, Afganistán tiene una tasa de alfabetización de solo 31 por ciento, una de las más bajas del mundo. Esto se debe en parte a la prohibición casi completa de la educación femenina bajo el régimen islamista talibán de 1996 a 2001.

Los ataques a centros educativo y al propio derecho a la educación en Afganistán son parte de un problema global que la comunidad internacional ha intentado abordar.

Durante la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, Mark Lowcock, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia dijo: “en los últimos cinco años, se reportaron más de 14.000 ataques a la educación en 34 países”.

Afirmó que la falta de adhesión a la Declaración de Escuelas Seguras, de la que Afganistán es signatario, es en parte culpable; “cuando los países se suscriben a la declaración, tienen que cumplir con las obligaciones en virtud de ella”, agregó, “estamos viendo demasiados ejemplos de fuerzas que ocupan las escuelas. Eso tiene que terminar”.

Sin embargo, en el caso específico de Afganistán, la efectividad de la Declaración de Escuelas Seguras parece cuestionable.

Al reflexionar sobre la intensidad de la violencia en Afganistán, Gossman señaló que “incluso las mejores intenciones parecen palabras al viento una vez que te enfrentas a este tipo de ritmo de conflicto”.

Agregó que “hay todo tipo de promesas en papel que se ven muy bien, pero que faltan severamente la implementación y el cumplimiento”.

Si bien la Declaración de Escuelas Seguras puede apuntar a proteger la educación en tiempos de conflicto, cuando se enfrenta a un contexto en el que la educación está siendo atacada violentamente, parece impotente para impulsar un cambio real, coincidieron los expertos consultados, en coincidencia con participantes en la Conferencia de Palma de Mallorca.

T: MF

 

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Gobierno destructivo fractura incluso a sus filas en Brasil

qui, 06/06/2019 - 15:00

El presidente Jair Bolsonaro introdujo personalmente en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reduce las normas de tráfico y los castigos para los conductores de vehículos, una medida criticada por especialistas, porque puede aumentar los accidentes y las muertes viales en Brasil, uno de los campeones en mortalidad vehicular. Bolsonaro también pretende disminuir los radares de control de velocidad, porque son “una industria de multas”. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 6 2019 (IPS)

La “estrategia de la destrucción” es como define la investigadora Sonia Corrêa al modo de gobernar del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, que se evidencia en acciones y medidas adoptadas desde que llegó al poder el primer día del año.

Recortes presupuestarios que amenazan asfixiar a universidades estatales e investigaciones científicas, decretos que facilitan la posesión y el porte de armas a civiles, vetos a la educación sexual y de género en las escuelas y el desmantelamiento del sistema de protección ambiental son ejemplos de retrocesos en marcha.

Además de actos y declaraciones que niegan la democracia, como cuando Bolsonaro llama a celebrar el golpe de Estado militar de 1964 y sus ministros de Educación orientan a los estudiantes a filmar y denunciar a profesores que hagan “predica ideológica” o “coaccionen” al alumnado a participar en protestas.“El estado de guerra permanente tiene sus límites, pero la destrucción avanza rápido, el Sistema Único de Salud pública ya sufrió una gran erosión y en las últimas semanas están bajo ataque intenso las tres mayores instituciones productoras de conocimiento”: Sonia Corrêa.

Las reacciones fueron inmediatas. Millones de estudiantes se manifestaron en las calles el 15 y el 30 de mayo. La aprobación del gobierno bajó a cerca de un tercio de los entrevistados en varias encuestas en abril, contra la mitad en enero.

Estallaron disensos entre grupos que componen el gobierno, mientras movimientos y líderes de derecha que contribuyeron al triunfo electoral de Bolsonaro en octubre de 2018, se apartan de las posiciones más extremas e irracionales del oficialismo.

“La gobernabilidad hace aguas, pero están haciendo lo que se proponen hacer, mantener activa su base electoral”, sostuvo Corrêa a IPS, quien ejerce de co-coordinadora del internacional Observatorio Sexualidad y Política.

Ella integra una corriente de analistas para quienes “hay método en el caos, o más exactamente el caos es el método” en este gobierno, como concluyó Marcos Nobre, profesor de Filosofía de la Universidad de Campinas, en un artículo para la revista Piauí, publicado en abril.

Se trata de “mantener el colapso institucional” que facilitó la elección de Bolsonaro y gobernar para una minoría de adeptos, “entre 30 y 40 por ciento del electorado”. Eso, sostiene Nobre, asegura su fidelidad para sostener el poder y servir de base en las próximas elecciones, a la hora de buscar nuevas adhesiones.

Solo un agravamiento de la crisis económica o de la popularidad del presidente por debajo del 30 por ciento podrían “socavar ese arreglo destructivo” y esas condiciones no aparecen en el horizonte, lamenta el profesor, quien además ve los grandes partidos impotentes y “radioactivos”, por su identificación con el sistema político ahora rechazado.

“No se puede hacer previsiones para más de 48 horas en el Brasil de hoy”, que no se puede analizar según los parámetros usuales, matizó Corrêa.

La investigadora Sonia Corrêa, una de las coordinadoras internacionales del Observatorio Sexualidad y Política. Crédito: OSP

“Hay tensiones y conflictos internos en el gobierno, de maduración inevitable” y puede que la situación se mantenga o estalle en cualquier momento, ya que además de “debilidades institucionales incluso en la derecha, tenemos al líder más errático y voluble” entre los ultraderechistas que ascendieron en el mundo, evaluó.

“El estado de guerra permanente tiene sus límites, pero la destrucción avanza rápido, el Sistema Único de Salud pública ya sufrió una gran erosión y en las últimas semanas están bajo ataque intenso las tres mayores instituciones productoras de conocimiento” en Brasil, lamentó la investigadora.

Hace referencia a los agudos recortes presupuestarios y descalificaciones por miembros del gobierno que afectan a la Fundación Oswaldo Cruz, centro de ciencia y tecnología médica; el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística; y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales que monitorea la deforestación amazónica. Las tres son instituciones autónomas estatales con alto prestigio.

La extrema derecha alcanzó el poder en Brasil con Bolsonaro, un excapitán del Ejército que fue un mediocre diputado entre 1990 a 2018, no por casualidad, sino tras un largo proceso de preparación, de construcción de alternativas y plataformas que es mundial, advirtió Correa quien es una estudiosa del tema desde hace años.

En Estados Unidos la derechización del Partido Republicano que desembocó en la presidencia de Donald Trump comenzó en los años 70.

En Brasil el proceso tomó cuerpo a comienzos de este siglo, con la expansión de movimientos religiosos de “restauración conservadora” y la acción del Instituto Liberal y del Instituto Millenium.

“El Partido Republicano sostiene institucionalmente a Trump y controla sus locuras si es necesario. La novedad brasileña es que no tiene un partido para ejercer esas funciones, ni algo parecido a la Liga Norte de Italia”, observó Corrêa.

El proceso más parecido al brasileño es el de Colombia, con el papel relevante de movimientos religiosos, la fragmentación partidista, la derecha extremista y la fuerte presencia de la violencia y la “parapolítica” armada en ambos países.

En América Latina la derecha ganó un gran argumento para sus varios triunfos electorales, recurriendo al espantajo de la “venezolanización”, ante la omisión de la izquierda en la crítica al autoritarismo y la corrupción, señaló la investigadora.

La presidenta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Susana Guerra, explica que el censo nacional de 2020 tendrá menos preguntas y datos, ante la reducción del presupuesto con que se contará para realizarlo, que involucra decenas de miles de entrevistadores en este país de dimensiones continentales y unos 209 millones de personas. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

En cambio, factores que favorecieron su ascenso al poder se volvieron dañinos a la hora de ejercer el gobierno, especialmente en Brasil.

Bolsonaro logró aglutinar militares, corrientes religiosas y otras fuerzas conservadoras en su campaña electoral. Ahora esos grupos aliados son fuente de conflictos, por intereses u objetivos discrepantes entre ellos.

Los numerosos generales en los ministerios, por ejemplo, viven en tensión permanente con los llamados sectores “ideológicos” del gobierno, que se orientan por moralismos y viejos nacionalismos y anticomunismo.

El uso permanente de las redes sociales, factor decisivo durante la campaña, ahora agrava las desavenencias entre los miembros del Ejecutivo. Provocó, por ejemplo, la destitución en febrero del ex secretario general de la Presidencia, Gustavo Bebianno, quien fue brazo derecho electoral de Bolsonaro.

Fue el primer ministro a caer, a causa de desentendimiento con Carlos Bolsonaro, hijo del presidente y encargado de su comunicación digital.

La guerra contra el supuesto marxismo cultural y la denominada ideología de género,  que la izquierda habría impuesto en las escuelas, una bandera electoral, desorienta la gestión educativa, defenestró al primer ministro de Educación nombrado por Bolsonaro, el teólogo Ricardo Vélez, y amenaza al segundo, el economista Abraham Weintraub.

El decreto que amplió el acceso a las armas de fuego a millones de brasileños, otra promesa electoral de Bolsonaro, debe restarle popularidad. Facilitar el porte de armas fue rechazado por 73 por ciento de los entrevistados en una encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública, realizada en marzo.

Se teme que la medida incremente los homicidios en Brasil, donde alcanzaron la cifra de 63.722  en 2017 y 57.117 en 2018, según datos del  Monitor de Violencia del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Esto ya coloca a este país de 209 millones de personas en el tope de las muertes violentas sin existencia de un conflicto armado.

Además el decreto podrá ser anulado por la Justicia o el parlamento. Es cuestionable su constitucionalidad por contrariar la Ley del Desarme, de 2003.

Otras medidas que el presidente juzga legitimadas por su triunfo electoral, porque responden a sus creencias, tienden a perjudicar su gobernabilidad.

El último ejemplo es un proyecto de ley que flexibiliza normas y castigos para los conductores, una iniciativa temeraria en un país que registra excesivos accidentes de tránsito, con el saldo de 38.281 muertos y 228.102 discapacitados permanentes en 2018, según la Aseguradora Lider, que administra el seguro obligatorio de los vehículos.

Si se aprueba, los conductores podrán cometer el doble de las infracciones permitidas hasta ahora antes de la suspensión del permiso. Además descarta multas para quienes transporten niños sin las sillas de seguridad propias y elimina pruebas toxicológicas para choferes profesionales.

Esas sillas reducen en 60 por ciento las muertes infantiles en los accidentes, según la Organización Mundial de Salud.

Edición: Estrella Gutiérrez

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“Cada día consideramos que vivimos un milagro”

qua, 05/06/2019 - 18:21

Francisco y Sofia, nombres ficticios, llegaron a pie procedentes de Venezuela. Vivieron un mes en la calle de Boa Vista y les robaron todas sus pertenencias. “La ropa se puede volver a comprar. Pero nuestros documentos, no”. Crédito: João Machado/Acnur

Por Victoria Hugueney
MANAOS, Brasil, Jun 5 2019 (IPS)

Ya había caído la noche cuando la amazonense Irajane Souza recibió una llamada de su hermano, que trabaja en el aeropuerto internacional de Manaos, en el norte de Brasil: una familia venezolana de 17 miembros acababa de descubrir que les habían engañado. Los billetes de avión que habían comprado eran falsos y no tenían forma de continuar su viaje. Su hermano quería ayudar a la familia, pero no sabía cómo.

Al igual que gran parte de los 3,7 millones de personas que han abandonado ya Venezuela en busca de protección y de una oportunidad para volver a empezar, la familia había vendido todo lo que tenía para comprar los billetes y solo llevaban consigo algunos objetos.

Cuando Irajane recibió aquella llamada, en agosto de 2017, se encontraba en el grupo de estudios bíblicos en el que participa con otros jóvenes manauaras. Al compartir la noticia con ellos, los amigos se movilizaron para acoger a la familia.

“En aquel momento nos miramos unos a otros y decidimos que íbamos a traerlos para acá”, afirma Caio Andrade, voluntario de Oásis, abogado e integrante del grupo de estudios.

Las 17 personas procedentes de Venezuela pasaron provisionalmente la noche en la oficina de uno de los integrantes del grupo, y la noche siguiente en un hotel que pagó otro de los miembros del grupo de estudios.

Además de dar cobijo a la familia, Irajane y sus amigos se movilizaron para suavizar su pérdida económica. En menos de 48 horas consiguieron comprar 17 nuevos pasajes de avión y la familia estaba lista para continuar con su viaje.

Irajane, que trabaja en el sector del turismo, encontró billetes baratos y movilizó a socios y conocidos que donaron dinero y millas aéreas para que la familia pudiera proseguir viaje.

Este fue el primero de otros casos de familias venezolanas que fueron engañadas en una trama de venta de billetes falsos, por lo que no pudieron realizar la conexión en el aeropuerto de Manaos, la capital del norteño estado brasileño de Amazonas.

“El personal del aeropuerto acabó conociéndonos, y cada vez que llegaba un grupo en estas condiciones nos llamaban”, cuenta Irajane. Hasta este momento, su red de amistades ha ayudado ya a más de 200 personas procedentes de Venezuela, cuyo sur es fronterizo con este y otros estados brasileños.

Desde que sucedió este episodio, Irajane y sus amistades empezaron a ofrecer comida, productos de higiene básica, ropa y acogida en sus casas a aquellas personas procedentes de Venezuela que se encontraban en situación de vulnerabilidad en la capital del Estado de Amazonas.

La implicación del grupo fue creciendo a medida que aumentaba el número de personas venezolanas que llegaban a la ciudad, y hoy coordinan la casa de acogida Oásis, en la región centro-sur de Manaos. “De ahí surgió nuestra motivación para tener un espacio de acogida”, nos cuenta Irajane.

Isabela, Irajane y Soraya dirige el albergue desde agosto de 2018. Todo, desde los alimento al mobiliario ha llegado por medio de donaciones. “Cada día consideramos que estamos viviendo un milagro”, aseguran. Crédito: João Machado/Acnur

Oásis

La casa de acogida se inauguró en agosto de 2018 y son Irajane, Soraya, Isabela, Magali, Jhonatan y Amália quienes llevan las riendas.

“Un día antes de conseguir la casa teníamos seis  platos, tres ollas y una nevera pequeña”, recuerda Irajane.

“A medida que fueron llegando los enseres, fuimos acogiendo familias. Y así, hasta hoy. Ahora tenemos la casa completa. Acaban de llegar el frigorífico, el congelador y los aparatos de aire acondicionado. Todo donaciones. Tenemos una zona para estudiar y alimentos para todas las comidas. Todos los días llega algo nuevo, y siempre es lo que estábamos echando de menos. Es verdad que cada día consideramos que estamos viviendo un milagro”, añade.

Según datos oficiales de la Policía Federal, en 2018, 10.500 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en el estado de Amazonas, lo que lo convirtió en el segundo estado de Brasil con mayor número de solicitudes, solo por detrás de Roraima, otro estado fronterizo con Venezuela.

Las iniciativas de organización de la sociedad civil forman una parte importante del proceso de acogida, albergue e integración social.

Desde su inauguración, el albergue se sostiene a través de donaciones voluntarias y Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, apoya la casa mediante la donación de productos necesarios y el acompañamiento de casos de protección.

Más de 90 personas han sido ya acogidas por este grupo desde que abrió sus puertas y, en la actualidad, unas 40 familias que están fuera del albergue siguen recibiendo el apoyo de Oásis. ´

Allí han recibido asistencia psicológica y orientación sobre la regularización de documentos y la inserción sociolaboral. Irajane, Soraya, Isabela y otros voluntarios trabajan a diario para construir un ambiente acogedor y seguro para niños, niñas y personas adultas que, poco a poco, consiguen superar las dificultades del camino hasta Brasil.

En la actualidad, 13 personas adultas y 7 niños y niñas procedentes de Venezuela viven en la casa, entre los que hay dos recién nacidos. Gran parte de las familias acogidas vivían en las calles, como Francisco, ingeniero de gas y petróleo de 27 años, y Sofía, estudiante de medicina de 20 años, ambos con nombres ficticios por su seguridad.

Durante el día, niños y niñas reciben clases de apoyo escolar y aprenden portugués. “Hablan mucho y mejor que nosotros”, afirma la madre de una de las niñas. Crédito: João Machado/Acnur

El equipo de Oásis los rescató de la estación de autobuses de Manaos en septiembre de 2018, donde llevaban durmiendo cinco días y sin apenas nada que comer. Llegaron a la ciudad después de un mes durmiendo en una chabola en la ciudad de Boa Vista y de que les robaran todas sus pertenencias.

“Conseguimos llegar aquí desde Boa Vista en un auto compartido. Nos fuimos de allí porque habíamos perdido todo lo que teníamos”, nos cuenta Francisco.

“Una noche, después de intentar conseguir algo de dinero vendiendo chicle en la calle, volvimos a la chabola y vimos que la puerta estaba abierta de par en par: se habían llevado todo lo que teníamos. La ropa se puede volver a comprar. Pero nuestros documentos, no. Nuestros pasaportes venezolanos, mi título de ingeniería, mis antecedentes penales en Venezuela y en Brasil… los documentos de asistencia prenatal de ella, su certificado de ingreso en la escuela de medicina… todo”, recuerda el joven sin consuelo.

Cuando llegó al albergue Oásis, Sofía estaba embarazada de seis meses y, desde ese momento, encontró las condiciones necesarias para cuidarse a sí misma y atender su embarazo, que fue diagnosticado como de riesgo.

“Anduve demasiado para llegar a Brasil. Mucho, muchísimo. Hasta que un día empecé a notar contracciones. Aquí en Manaos el médico me dijo que había sido por haber caminado tanto. Me mandó reposo absoluto, algo que pude conseguir gracias al albergue”, dice.

Tras concluir la estancia prevista de tres meses, Francisco consiguió un empleo formal y la familia se pudo mudar a su propia casa, en la que su hijo nació en condiciones de seguridad. Sofía nos cuenta que dejar a su familia en Venezuela fue lo más difícil.

“Vinimos solo nosotros dos pensando en nuestro hijo. Queríamos quedarnos, pero el dinero no alcanzaba ni para comer, así que imagine comprar pañales”, nos explica. Hace poco consiguieron financiar la venida de su madre y la de Francisco a Brasil en condiciones de seguridad.

En medio de tantas adversidades, la casa de acogida se convirtió en un verdadero oasis en Manaos para las duras y turbulentas jornadas de las personas procedentes de Venezuela que buscan un lugar seguro para vivir.

Además de los actuales 20 moradores, la casa recibe durante el día diversos visitantes venezolanos que participan en las comidas, preparadas colectivamente, y asisten a clases de portugués impartidas por una persona voluntaria distinta cada día de la semana.

Caio es uno de los voluntarios y entusiastas de este proyecto. Además de ceder una hora a la semana de su tiempo para las clases con adultos, apoya varias necesidades de la casa y ayuda a movilizar a nuevos voluntarios que se puedan adherir a la red de acogida.

“Hasta conseguí que mi madre se uniera al proyecto. Es profesora jubilada y estaba en casa sin hacer nada. Ahora, viene todos los lunes a dar clase. La gente dona muy poco, pero significa mucho para quien lo recibe”, afirma el abogado.

Los residentes se organizan a diario para cocinar y limpiar la casa. Todos se reparten las actividades domésticas. Crédito: João Machado/Acnur

El programa de clases de portugués fue elaborado por una pedagoga voluntaria y tiene como objetivo promover el intercambio cultural entre Venezuela y Brasil, así como ayudar a la integración sociolaboral de las personas acogidas.

“No se trata de un proceso de desapropiación de su cultura, sino de la incorporación de una nueva cultura”, afirma Caio. “Tenemos mucho cuidado de no quitarles Venezuela, porque Venezuela es suya. En vez de eso, se trata de incluir Brasil. Siempre decimos: ‘Si algún día pueden volver, ya tendrán este bagaje. Pero ahora, tienen la oportunidad de tener otro país que los apoya’”, asegura.

Con planes para el futuro, el grupo está aprovechando su creatividad y su unión para conseguir pagar gastos fijos como agua, electricidad y gas a finales de cada mes.

Con la donación de una cocina industrial y de un segundo frigorífico, una de las habitaciones de la casa se está convirtiendo en una cocina en la que personas acogidas y voluntarias pondrán en marcha un pequeño negocio de entrega de comida en tarteras en horario comercial de almuerzo.

“Queremos aprovechar que estamos en una zona muy comercial para incentivar la generación de ingresos y la autonomía de las familias”, concluye.

Para Irajane, lo más gratificante es ver que los habitantes del albergue consigan recuperar su autonomía y su autoestima.

“Dejan atrás mucho más que cosas materiales. Dejan a sus familias, sus sueños, una vida entera de trabajo… Las personas que acogemos aquí llegaron con la mirada perdida y desesperada… Y en el día a día se puede notar su transformación, ya que sienten que son recibidos y saben que tienen personas a quienes les importan”, afirma.

Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). IPS-Inter Press Service lo publica por un acuerdo general con la Organización de las Naciones Unidas para la redifusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo “Cada día consideramos que vivimos un milagro” fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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