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Atualizado: 13 minutos 6 segundos atrás

Trump fuerza a países centroamericanos a ser sus muros migratorios

qui, 10/10/2019 - 15:44

Migrantes centroamericanos atraviesan en medio de la noche uno de los ríos que deben sortear para alcanzar su meta de llegar a Estados Unidos, en un azaroso recorrido de miles de kilómetros. Crédito: Cortesía de Fonamih

Por Edgardo Ayala y Claudia Marroquín
SAN SALVADOR, Oct 10 2019 (IPS)

La política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump ha pasado a forzar a los gobiernos al sur de su frontera a que sean ellos los que detengan a sus propios ciudadanos pobres y desesperanzados, en su intento de ingresar sin documentos a la nación del norte.

Para ello ha establecido acuerdos bilaterales de “terceros países seguros” con las naciones del llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) para que funcionen como muros de contención a los migrantes.

“La firma de este tipo de acuerdos bilaterales refleja una marcada intención de retención y detención de migrantes, lo que convierte a los países del Triángulo Norte en centros de contención de población”, dijo a IPS, desde Tegucigalpa, la activista Karen Valladares, del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih).

Esa categoría de tercer país seguro aplica a aquellas naciones que brindan asilo o protección a personas que huyen de sus países de origen.

Esa protección está vigente desde 1951, a partir de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y establece que cuando una persona deja su país para solicitar asilo en otro, pero este se lo niega, lo puede remitir a un tercero que ofrezca las mismas condiciones de protección.

“No contamos con la infraestructura para poder ser un tercer país seguro”, añadió Valladares, una opinión generalizada en toda el área centroamericana.

Ante las críticas de organizaciones de derechos humanos, sobre la inviabilidad de esos convenios, los firmantes eluden denominarlos acuerdos de terceros países seguros para llamarlos pactos bilaterales en el tema migratorio.

En Honduras, el acuerdo fue suscrito el 26 de agosto entre el presidente Juan Hernández y el secretario interino del departamento estadounidense de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, el mismo funcionario que aseguró un arreglo similar con Guatemala, un mes antes, el 26 de julio.

La Administración Trump presionó fuertemente a Guatemala para que fuera la primera nación del Triángulo de Norte en convertirse en tercer país seguro.

“Guatemala tiene tasas de impunidad muy altas y una institucionalidad muy débil”, dijo entonces a IPS desde Ciudad de México, Adeline Neau, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional.

Por su parte, la organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) advirtió el 26 de septiembre que El Salvador, dado sus altos niveles de criminalidad, tampoco ofrece las condiciones para convertirse en un país que reciba a solicitantes de asilo.

“Los niveles de violencia en El Salvador, de los que son testigos nuestros equipos, deberían impedir que este Estado pueda ser considerado un país para acoger con garantías suficientes a solicitantes de asilo o migrantes deportados”, señaló MSF.

El Salvador enfrenta una ola de criminalidad que ha llevado al país centroamericano a ser considerado uno de los más violentos del mundo, de acuerdo con informes nacionales e internacionales.

Guatemala y Honduras sufren también el mismo fenómeno de violencia, causada en su mayor parte por la actividad criminal de las pandillas.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Triángulo Norte sufre altos niveles de violencia proveniente de grupos delictivos organizados, incluyendo un aumento en los índices de homicidios, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado en las pandillas y extorsión.

La ministra salvadoreña de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, primera a la derecha, durante una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, donde el 7 de octubre debió explicar el polémico acuerdo migratorio con Estados Unidos, que le obliga a contener el flujo de salvadoreños a ese país, con una nueva patrulla de 1.000 agentes. Crédito: RREE

El gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele suscribió el 20 de septiembre con Estados Unidos un acuerdo similar a los pactados con Guatemala y Honduras, y aunque no lo llama directamente tercer país seguro, en la práctica lo es, insisten especialistas en derecho y organizaciones humanitarias.

El Salvador también desplegó unos 1.000 agentes de una nueva patrulla fronteriza financiada por Estados Unidos para frenar la migración irregular.

En contrapartida, Trump ha otorgado a las tres naciones visas temporales para trabajadores agrícolas, y la esperanza de ampliar el programa a otros sectores de la economía.

A El Salvador también le rebajó el 28 de septiembre la alerta de viaje que el Departamento de Estado mantenía en el “nivel 3”, el que supone que se pide a sus ciudadanos que reconsideren viajar al país por estar abatido por la criminalidad.

Ahora situó a esta nación centroamericana en el “nivel 2”, donde se recomienda que los viajeros tomen medidas de precaución al visitarla.

A México Trump también le dobló el brazo, amenazándolo con imponerle aranceles a las importaciones mexicanas, si no actuaba también como otro anillo de seguridad para detener a los migrantes.

El gobierno de Andrés López Obrador envió en junio un contingente de unos 6.000 miembros de la nueva y militar Guardia Nacional a vigilar su frontera sur con Guatemala, como parte de su compromiso para frenar la migración irregular.

Eso después que ya desde enero México había suscrito con Washington el Protocolo de Protección al Migrante (PPM), mejor conocido como “Permanezcan en México”.

Ese mecanismo permite devolver hacia México a aquellos indocumentados que llegan a la frontera estadounidense a solicitar asilo para que esperen en territorio mexicano, mientras que se resuelve su caso.

En septiembre, la mexicana Secretaria (ministerio) de Relaciones Exteriores informó que producto del acuerdo se redujo en 56 por ciento el flujo migratorio a partir de junio.

Esa cancillería pronosticó entonces que, de seguir la tendencia, el flujo migratorio a Estados Unidos desde México, país, tanto de tránsito como de origen de migrantes, retornaría a sus niveles históricos, antes de que se produjera la crisis de las caravanas de centroamericanos en 2018.

En total, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estableció en un informe que en 2018 había en Estados Unidos unos tres millones de ciudadanos de los tres países del Triángulo Norte, en su mayoría en condición irregular y la mayor parte procedentes de El Salvador, seguidos de Honduras y de Guatemala.

La visión de los migrantes

“Estados Unidos lo que más tiene es dinero y con dinero se arreglan las cosas”, dijo a IPS el salvadoreño Luis Méndez, desde Nueva York, donde vive desde hace 37 años.

Con su poder y dinero, la administración estadounidense puede arreglar pactos “con estos tres países y ponerle la presión a México”, acotó Méndez.

Este migrante llegó como indocumentado en 1983, ya entrada de la guerra civil que asolaba al país desde 1980, y que perduró hasta que en 1992 se alcanzó un acuerdo de paz.

Por su parte, Omar Henríquez, otro salvadoreño radicado en Estados Unidos, consideró que las presiones por parte de Trump obedecen a no haber conseguido la construcción del muro en la frontera con México.

Ello lo ha llevado a tomar medidas más extremas, amenazando a sus vecinos del sur para que se conviertan ellos en muros.

Las actitudes de Trump “obedecen a su política migratoria racista y de supremacía blanca de él y de su base”, recalcó Henríquez.

El 7 de octubre, la ministra salvadoreña de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, afirmó que el gobierno no firmaría algo que no sea de beneficio para la población, y negó que lo suscrito con Estados Unidos sea un acuerdo de tercer país seguro.

Según Hill, la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos se ha reducido en  60 por ciento en los últimos meses.

“Pero esa disminución no quiere decir que los problemas estructurales que provocan la migración están solucionados: el desempleo, la inseguridad, la reunificación familiar, entre otros”, dijo a IPS el especialista salvadoreño en temas migratorios César Ríos.

Recalcó que la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la estadounidense Cámara de Representantes que visitó en septiembre El Salvador y Guatemala, enfatizó que la solución a la migración no es la instauración de “terceros países seguros”.

Sin embargo, especialistas en política exterior concuerdan en que los países del Triángulo Norte, e incluso México, no han tenido otra opción que ceder a las presiones políticas de la administración Trump y lo que parece la última adaptación del “gran garrote”, la doctrina de Washington hacia los países latinoamericanos, nacida a comienzos del siglo XX.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Nueva crisis humanitaria en el horizonte por ofensiva turca en Siria

qui, 10/10/2019 - 13:41

El Consejo de Seguridad de la ONU analizó esta semana la nueva situación en Siria, mientras organizaciones internacionales de ayuda que actúan en el noreste de Siria extremaban su alarma sobre las bajas civiles y la crisis humanitaria que provocaría la ofensiva militar de Turquía contra milicias turcas en la zona. Crédito: Manuel Elias/ONU

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Oct 10 2019 (IPS)

Las organizaciones de asistencia internacional que actúan en el noreste de Siria alertan con gran alarma sobre las bajas civiles y una inminente crisis humanitaria que provocaría la ofensiva militar de Turquía contra fuerzas kurdas que operan al otro lado de su frontera.

Médicos sin Fronteras (MSF), Human Rights Watch (HRW) y otros grupos humanitarios  advirtieron que los ataques aéreos y terrestres turcos podrían provocar desde nuevos flujos masivos de refugiados hasta un recrudecimiento de la larga y caótica guerra civil siria.

Fuerzas turcas comenzaron el miércoles 9 una ofensiva en el noreste de Siria para despejar de la zona a las milicias kurdas y devolver allí a refugiados sirios, pocos días después de la controvertida decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las tropas estadounidenses de ese turbulento territorio sirio.

Los equipos de MSF “permanecen listos para brindar atención médica después de que el ejército turco comenzó las operaciones” y “se están preparando para un posible aumento de pacientes vinculados al conflicto”, dijo el grupo el mismo miércoles.

“Hemos visto personas desplazadas de diferentes localidades a lo largo de la frontera debido al conflicto y estamos extremadamente preocupados de que la intervención militar amenace la seguridad y el bienestar del pueblo sirio”, dijo la organización en un comunicado.

Las operaciones militares contra las milicias kurdas se iniciaron con ataques aéreos que sacudieron la ciudad fronteriza siria de Ras al Ain con grandes explosiones, mientras Turquía movía tanques, artillería y obuses en preparación para ampliar la ofensiva.

El portavoz de las Naciones Unidas, Farhan Haq, dijo que los grupos de ayuda habrían “aumentado en un momento de crisis” e instó a las fuerzas armadas de la región a mantener abierta la frontera entre Turquía y Siria para que los vehículos de ayuda puedan transportar  alimentos, medicamentos y otros equipos a los afectados por los combates.

Ankara busca argumenta que su objetivo es crear una “zona segura” para devolver a millones de refugiados a suelo sirio y poner fin a un “corredor del terror” en la frontera sur de Turquía.

Para el gobierno turco, las milicias kurdas de las llamadas Unidades de Protección Popular (YPG, en kurdo) que operan en el noreste de Siria, son terroristas debido a sus vínculos con los grupos kurdos que operan dentro de su territorio.

Turquía se había estado preparando para avanzar hacia el noreste de Siria desde que las tropas estadounidenses comenzaron a retirarse del área, en una medida adoptada por Trump que ha sido ampliamente condenada en Washington, por considerarse como una traición a los aliados armados kurdos de Estados Unidos en la guerra siria.

Eric Schwartz, presidente de Refugees International,  criticó tanto el cambio de política de Trump, como el ataque “sorprendentemente irresponsable” del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que “pondrá en riesgo muchas vidas”.

“La decisión de Trump de dar luz verde a Turquía para lanzar una incursión en el noreste de Siria podría tener importantes consecuencias humanitarias”, insistió el responsable de la organización humanitaria, quien fue en el pasado funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Podría abrir nuevos frentes en el conflicto y desplazar  a cientos de miles de civiles, en un área que ya se encuentra bajo una crisis humanitaria”, planteó Schwartz en un comunicado, quien añadió que la ofensiva turca, además, obligará a los grupos de ayuda internacional a evacuar a sus activistas en el terreno “justo cuando más se necesitan”.

Doz, una organización de ayuda juvenil, dijo que el objetivo declarado de Ankara de reasentar a unos dos millones de refugiados sirios desde Turquía a su tierra natal equivalía a una operación  de “ingeniería demográfica y limpieza étnica”.

En un comunicado, Doz instó a la Unión Europea, las Naciones Unidas y Estados Unidos a tratar de “prevenir esta guerra” que la ofensiva turca podría provocar y que tendría “consecuencias dramáticas como una nueva migración forzada en masa y que afectaría directamente la vida de seis millones de civiles”.

Doz alertó con alarma que los combates en el noreste sirio podrían “revivir” las acciones del fundamentalista grupo Estado Islámico (EI) y “provocar la liberación” de unos 12.000 de sus militantes más radicales, actualmente detenidos por las milicias  kurdas en al-Hol y otros campos en el noreste de Siria.

HRW, la organización humanitaria con base en Nueva York,  dijo que los militantes del EI detenidos por los kurdos en siete centros en el noreste incluyen a  4.000 combatientes extranjeros que deberían ser repatriados a sus países de origen.

“Miles de personas, incluidos los niños, están atrapados en lo que equivale a cárceles sorprendentemente superpobladas bajo sospecha de ser del EI, pero nadie acepta responsabilizarse por ellos”, dijo Letta Tayler, investigadora de crisis de HRW.

Para la activista, “cualquier autoridad que controle efectivamente estas cárceles informales está legalmente obligada a mejorar urgentemente las condiciones y garantizar que todos y cada uno de los detenidos sean retenidos legalmente”.

T: MF

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Maltrato durante el parto es un abuso común en países de bajos ingresos

qua, 09/10/2019 - 18:01

Sanitarios ayudan a una mujer embarazada en el centro de maternidad del campo de refugiados de Nayapara, en Bangladesh. Crédito: Allison Joyce/UNFPA

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Oct 9 2019 (IPS)

Un nuevo estudio médico dado a conocer este miércoles 9 concluye que más de un tercio de las mujeres en cuatro países de bajos ingresos sufrieron maltratos durante el parto en centros sanitarios.

La investigación, liderada por la Organización Mundial de la Salud y publicada en la prestigiosa revista médica The Lancet, determina que fueron las mujeres más jóvenes y con menos educación las que corrieron un mayor riesgo de padecer atropellos como “abusos físicos y verbales, estigmatización y discriminación, procedimientos médicos realizados sin su consentimiento, uso de la fuerza durante los procedimientos y el abandono o la desatención de los trabajadores sanitarios durante el alumbramiento”.

La pesquisa tuvo lugar en Ghana, Guinea, Myanmar y Nigeria y reveló que 42% de las más de 2.000 mujeres que fueron parte del estudio sufrieron malos tratos físicos o verbales, estigmatización y discriminación.

Un 14% fueron víctimas de abusos físicos -como ser abofeteadas o golpeadas- y también se realizaron cesáreas no consentidas, episiotomías (cortes quirúrgicos realizados en la abertura de la vagina durante el parto) y exámenes vaginales sin conformidad.

Todos estos atropellos van en contra de las pautas de la OMS que fomenta un cuidado respetuoso de la maternidad que mantenga “la dignidad, la intimidad y la confidencialidad, garantice la ausencia de daños y malos tratos, y permita una elección informada y un apoyo continuo durante el parto y el alumbramiento”.

Alta incidencia de abuso físico y verbal

Aparte de los físicos, un 38% de las 2016 mujeres sufrieron altos niveles de abuso verbal – la mayoría de las veces sufrieron gritos o burlas y fueron regañadas. Además, once mujeres experimentaron estigma o discriminación relacionada con su raza o etnia.

Ante esta coyuntura, la Organización considera que los programas de salud “deben rendir cuentas y deben disponer de recursos suficientes para proporcionar una atención maternal de calidad y accesible, así como políticas claras sobre los derechos de la mujer. Los encargados de prestar servicios sanitarios también necesitan apoyo y capacitación para garantizar un trato compasivo y digno a las mujeres”.

Estrategias recomendadas por la OMS:

  • Reestructurar las dependencias laborales para satisfacer las necesidades de las mujeres, incluyendo la privacidad y el compañerismo laboral
  • Mejorar el sistema de consentimiento informado en todas las operaciones médicas
  • Proporcionar la orientación y el apoyo necesarios a los trabajadores para ayudarles a prestar una atención de mejor calidad
  • Permitir que todas las mujeres que lo deseen tengan un acompañante elegido por ellas durante todas las tareas del parto y el alumbramiento
  • Aumentar la presión pública de prestación de servicios de maternidad de primera calidad que proporcionen atención centrada en la mujer y que no toleren ninguna forma de maltrato

Del mismo modo, se llama a las asociaciones profesionales también a desempeñar “un papel crucial en la defensa y el apoyo de una atención respetuosa” entre las parteras, obstetras y otros proveedores de servicios maternales.

Igualmente, les insta a colaborar en la identificación y denuncia sistemática de los malos tratos durante el parto y que se apliquen las medidas apropiadas a nivel nacional.”

Los resultados del estudio deberían utilizarse para orientar las políticas y los programas con el objetivo de garantizar que todas las mujeres tengan experiencias positivas en el embarazo y el parto, con el apoyo de personal sanitario capacitado dentro de un marco de sistemas sanitarios que funcionen correctamente”, concluye la OMS.

Este artículo fue publicado originalmente por  ONU Noticias.

RV: EG

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Más embajadoras ante ONU que nunca, pero paridad de género sigue lejos

qua, 09/10/2019 - 15:31

El Círculo de Mujeres Embajadoras ante la ONU en Nueva York alcanzó la cifra récord de integrantes, con 50 representantes permanente ante el foro mundial. Pero la paridad de género sigue muy lejos, porque sus colegas varones son 140. Crédito: CWA

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Oct 9 2019 (IPS)

Al comenzar octubre, la comunidad diplomática de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York contaba con un número récord de mujeres como representantes permanentes (PRUN), 50 en total, frente a solo entre 15 y 20 en los años 80 y comienzos de los 90. Pero aunque sea un récord, es una cifra muy distante a los 140 varones en similar cargo.

En total, son 193 los países miembros representados en la Asamblea General, el máximo órgano en la formulación de políticas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), pero los tres restantes si bien son mujeres están como encargadas interinas en sus misiones, por lo que no tienen rango de PRUN, la sigla en inglés para los representantes permanentes.

El medio centenar de PRUN femeninas son integrantes también de una asociación exclusiva: el Círculo de Embajadoras de Mujeres, un colectivo en ampliación permanente.

Solo una vez dentro de la ONU se rompió el techo de cristal que obstaculiza la paridad de género. Fue el septiembre de 2014, cuando seis de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU estaban encabezados por mujeres, en un órgano monopolizado secularmente por varones.

“Es un poco extraño que nos haya tomado tanto tiempo”, dijo entonces la embajadora Sylvie Lucas de Luxemburgo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó a comienzos de octubre ante delegados en el organismo que “ningún país del mundo está en camino de alcanzar la igualdad de género para 2030, y las mujeres continúan siendo obstaculizadas por leyes discriminatorias, acceso desigual a oportunidades y protecciones, altos niveles de violencia y normas y actitudes perjudiciales”.

Por lo tanto, el logro de la paridad de género entre los embajadores hombres y mujeres puede estar muy lejos, al ser un reflejo de las políticas nacionales a favor de esta meta incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que componen la Agenda de Desarrollo 2030.

Anwarul K. Chowdhury, ex representante permanente de Bangladesh y ex secretario general adjunto de la ONU,  dijo a IPS que cualquier progreso hacia la igualdad “es bienvenido” y así debe verse el histórico número de embajadoras ante el organismo en Nueva York.

“Sin embargo, tenemos un largo camino por recorrer incluso para alcanzar la igualdad numérica entre 193 Estados miembros”, dijo quien impulsase la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, cuando era su presidente en 2000. Esa resolución subraya el determinante papel de la mujer en la prevención y solución de conflictos, así como en las negociaciones de paz y en la construcción de la paz.

El diplomático también recordó “el llamado a la acción de la sociedad civil” en que se instó a los gobernantes que concurrieron el 25 de septiembre de 2013 a la Asamblea General de ese año y a reuniones de alto nivel, “a tomar medidas para la igualdad de la participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en cuatro áreas”.

Esas áreas eran:

  1. Nombramiento de una mujer como la próxima Secretaria General de la ONU. La realidad es que los nueve secretarios generales del organismo en sus 74 años han sido todos hombres.
  2. Nombramiento de mujeres como futuras presidentas de la Asamblea General por los Grupos Regionales. La realidad es que solo cuatro de sus 74 presidentes han sido mujeres.
  3. Elección de más mujeres como jefas de varios órganos de gobierno de la ONU. La realidad es que las mujeres están abrumadoramente subrrepresentadas en esas instancias.
  4. Nombramiento por parte de los Estados miembros de más mujeres como embajadoras ante la ONU en Nueva York y Ginebra. La realidad es que hay una enorme subrrepresentación de mujeres, pese a los avances.

En los cuatro puntos, la comunidad de la ONU necesita hacer mucho más “para poder llamarlo hacer historia”, dijo Chowdhury.

Kshenuka Senewiratne, la primera PRUN mujer de Sri Lanka en más de 63 años, dijo a IPS que el empoderamiento de género ha seguido avanzando en su país y que actualmente las mujeres  superan en número a los hombres en varios ámbitos de la vida, y particularmente en la educación superior.

A su juicio, esto también se refleja en la diplomacia esrilanquesa,  donde las mujeres han vencido a los hombres en los exámenes para el servicio exterior.

“Y es posible que las mismas tendencias continúen en muchos países en desarrollo, incluso cuando la ONU intenta avanzar en su Agenda de Desarrollo 2030, donde el empoderamiento de género sigue siendo una de las prioridades”.

Pero aun así, “todavía tengo que escuchar a mis colegas aquí decir que fue una decisión concertada a favor del equilibrio de género” la que ha impulsado a más mujeres embajadoras ante la ONU en Nueva York, disminuyendo el factor de su valía profesional, criticó.

La veterana periodista Barbara Crossette, ex jefa de la Oficina de la ONU de The New York Times, dijo a IPS que “este fenómeno de más mujeres poderosas en la diplomacia no es diferente a las mujeres que se elevan por su cuenta en la política y no solo por heredar el liderazgo como viudas, hijas u otros parentescos con hombres, como Indira Gandhi, Sirimavo Bandaranaike, Benazir Bhutto, Chandrika Kumaratunga o Cristina Fernández de Kirchner”.

En ese sentido, subrayó que ahora “hay más Angelas Merkel, Michelles Bachelet o Elizabeths Warren”, por nombrar solo algunas mujeres con reconocidos liderazgos políticos y diplomáticos.

“Las mujeres también están aumentando en agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil, ganando experiencia en asuntos mundiales, geopolítica y conflictos armados, a menudo en uniforme y usando una boina de mantenimiento de la paz”, dijo Crossette, editora jefe de PassBlue y corresponsal en la ONU de The Nation.

La periodista puntualizó que “no necesariamente” más mujeres al frente de las representaciones ante la ONU ayudarán a la causa de una mayor y mejor igualdad de género. A su juicio, eso dependerá de que la Secretaría General y las misiones en el terreno se enfrenten contra los denigradores y abusadores de mujeres dentro del sistema.

Parafraseando a una antigua subsecretaria general, Crossette dijo que “solo si los Estados miembros eligen a las mujeres más competentes y destacadas al hacer sus designaciones para cargos en el sistema de la ONU”, se contribuirá a impulsar la paridad de género.

“Deben ser modelos” las mujeres que ocupen cargos destacados dentro de la ONU, sentenció.

El bangladesí Chowdhury, por su parte, consideró que la importancia política de contar con más mujeres como embajadoras ante la ONU se reforzaría si ellas llamaran la atención con sus acciones conjuntas, más allá de que cada representante actúa en general con base en instrucciones de sus gobiernos.

“Su coalición puede unir esfuerzos para enfocarse particularmente en aquellos temas directamente relacionados con el empoderamiento y la igualdad de las mujeres, como el Objetivo 5 de los ODS”, el de la igualdad de género, dijo.

También pueden solicitar mayor participación de liderazgo en la implementación de la Resolución sobre la mujer y la paz y la seguridad o adoptar iniciativas conjuntas a favor de la paridad de género en los altos cargos de la ONU, tanto en sus sedes como en el terreno.

“Las mujeres embajadoras podrían crear estrategias para convertir esta mejora numérica recién obtenida en una coalición efectiva para alcanzar los objetivos globales de igualdad y empoderamiento de las mujeres”, argumentó.

Además del aumento en el número de embajadoras, otro acontecimiento alentador fue que tres embajadoras consecutivas fueron elegidas como presidentas del Consejo Económico y Social (Ecosoc). En 2017 lo fue una representante de la República Checa, en 2018, de San Vicente y las Granadinas, y 2019 desde Noruega.

Esto ha mejorado un poco el triste historial de Ecosoc, quien desde 1946 tuvo solo hombres al frente, hasta que en 2003 fue elegida como su presidenta la embajadora finlandesa Marjatta Rassi. En total, hasta ahora ese trascendente Consejo ha tenido cinco presidentas.

Mientras tanto, en un almuerzo de trabajo en abril del Círculo de Mujeres Embajadoras, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien fue presidenta de la  Asamblea General en 2018 instó a que la ONU actúe con el ejemplo, al recordar que solo una cuarta parte de representantes permanentes eran mujeres en ese momento y que solo una de las comisiones principales de la Asamblea General tiene presidencia femenina.

En su informe anual sobre “El mundo de la organización”,  publicado a comienzos de este mes, Guterres aseguró, no obstante, que la ONU continúa progresando significativamente hacia la paridad de género.

Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, “hemos logrado la paridad de género en el Grupo de Alta Dirección y entre los coordinadores Residentes, y estamos casi a la paridad entre los altos cargos de liderazgo en toda la Organización, mucho antes de mi fecha objetivo de 2021 “, aseguró.

T: MF

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Jóvenes cubanos multiplican ambientalismo con una mejor Internet

qua, 09/10/2019 - 10:15

Residentes de la capital cubana durante una Bicicletada por el Clima, una de las actividades que se repiten en La Habana para promover el uso de la bicicleta con fines recreativos y de transporte sostenible. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Luis Brizuela
LA HABANA, Oct 9 2019 (IPS)

Los primeros domingos de cada mes, la joven cubana Viviana Díaz se suma a las decenas de ciclistas que al atardecer recorren céntricas calles de La Habana para promover el uso del recreativo, saludable y ecológico medio de transporte.

Desde septiembre de 2017, esta periodista de 26 años se integró a Bicicletear La Habana, una iniciativa ciudadana nacida dos años antes y que busca aumentar el uso de la bicicleta en este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes.

Ese medio se popularizó en Cuba como alternativa de transporte durante los años más duros de la crisis económica iniciada en 1991, por la desaparición de la Unión Soviética, entonces su principal socio económico. La leve mejoría de años posteriores y su asociación con la precariedad, volvió a sacarla casi por completo de las calles.

El 11 de septiembre, el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció medidas especiales de ahorro debido a la interrupción en la llegada al país de tanqueros con diésel y otros combustibles. Calificada de “coyuntural”, la situación evidenció la necesidad de políticas para incentivar el empleo masivo, seguro y con precios económicos de las bicicletas.

Si tales razones no fueran suficientes para animarse a bicicletear, “está la posibilidad de socializar y disfrutar del paisaje citadino”, señaló a IPS la periodista Díaz, una integrante más del creciente activismo ambiental cubano, liderado en su mayoría por jóvenes y con convocatorias más masivas gracias a la mejora de la conectividad a Internet en Cuba.

“El liderazgo de la mayoría de estos proyectos ambientales se concentra principalmente en muchachas y muchachos de 20 a 35 años, incentivados por la capacidad de interacción y convocatoria de las redes sociales”, dijo a IPS la activista Patricia Díaz, sin vinculación con la periodista.

Aclaró, no obstante, que los movimientos ciudadanos ambientalistas en Cuba lo integran “personas de todas las edades, tanto adolescentes como mayores de 40 años, algunos incluso en cargos políticos y administrativos, quienes participan, ayudan, son aliados”.

En 2018, en Cuba vivían 2.236.232 personas con edades de 20 a 34 años, casi 20 por ciento de los residentes en el país, precisa el más reciente Anuario Demográfico de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Patricia Díaz, una historiadora del Arte de 26 años, es una de las coordinadoras en Cuba de Embajada Rebirth/Tercer Paraíso , una plataforma artística promovida por el artista italiano Michelangelo Pistoletto para una Transformación Social Responsable, mediante acciones colectivas y enfocadas en el desarrollo sostenible.

Activistas del proyecto Protección Animales de Ciudad participan de la segunda edición del Festival de Arte e Innovación Social, celebrado el 31 de agosto en el barrio de Los Pocitos de La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Desde su nacimiento en 2014, el proyecto fomenta alianzas entre proyectos, instituciones, personas, oenegés y emprendimientos económicos que quieren transformar la sociedad a través del arte para lograr un equilibrio entre naturaleza, sociedad y tecnología.

Claudia González, otra de las coordinadoras de Embajada Rebirth/Tercer Paraíso, subrayó el crecimiento del voluntariado y la iniciativa individual en Cuba durante la última década.

“Muchos jóvenes se suman a estos proyectos sin cobrar un salario ni recibir beneficios económicos. En nuestro caso, resulta esencial el apoyo de grupos de voluntarios para la logística de muchas acciones”, dijo a IPS la también historiadora del Arte, de 32 años.

Puso como ejemplo la movilización ciudadana sin convocatoria oficial tras el paso de un tornado que afectó cinco de los 15 municipios de La Habana, la noche del 27 de enero. Cientos de personas acudieron a los lugares más afectados para entregar ayuda y colaborar en la recuperación y reconstrucción.

Igualmente, en lo que va de año, sucedieron diversas experiencias de saneamiento de costas y desembocaduras de ríos en La Habana, y de playas en las cercanías de la patrimonial ciudad de Trinidad, a unos 287 kilómetros al sureste de la capital cubana.

En todos esos casos, la convocatoria a través de redes sociales animó a voluntarios, oenegés, emprendedores privados e instituciones a sumarse a la campaña mundial #Trashchallenge, un desafío mundial contra la basura promovido por jóvenes.

No obstante, voces ciudadanas critican que tras el rescate de esos espacios públicos, en poco tiempo todo regresa al mismo estado deplorable. “Aprecio en Cuba un retroceso grande en la conciencia ambiental. Hay más contaminación de todo tipo”, reconoció González.

Entre los múltiples factores de esta situación, se señala desde la poca exigencia en el cumplimiento de las normas ambientales, hasta deficientes estrategias para fomentar una conciencia cívica en las familias, centros educativos y a través de los medios de comunicación.

Artistas cubanos convocados por el proyecto de arte Tercer Paraíso/Embajada Rebirth decoran fachadas de viviendas en Los Pocitos, en el municipio de Marianao, uno de los que conforman La Habana, durante la segunda edición del Festival de Arte e Innovación Social. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

González y Patricia Díaz coincidieron en la urgencia de que las autoridades dejen a un lado las sospechas hacia la iniciativa social independiente. A juicio de González, el Estado cubano debería facilitar la creación y legalización de más oenegés que respalden la protección ambiental.

Disímiles proyectos autónomos, incluidos los ambientales, aguardan por la modernización de la desactualizada Ley de Asociaciones (No.54/1985), a fin de regularizar su actividad. Al no tener personalidad jurídica, no suelen ser reconocidos como legítimos por parte de instituciones estatales y gubernamentales, y se les prohíbe el acceso a fondos de la cooperación internacional, entre otros impedimentos.

Con la realización de exitosas acciones masivas a favor del ambiente este año, contrastan hechos que muestran la persistencia de incomprensiones a las iniciativas ciudadanas.

En abril, las autoridades negaron al joven ambientalista de 21 años y estudiante de Derecho, Javier Larrea, el permiso para efectuar una marcha contra el maltrato animal en la ciudad de Santa Clara, en el centro cubano, luego de que fuera realizada una en la capital a inicios de ese mes.

El 20 de septiembre, el grupo Friday for Future (Viernes por el Futuro, también llamado Juventud por el Clima) tuvo que cancelar e Cuba una caminata en la capital, al no recibir respuesta de las autoridades al permiso solicitado el 18 de julio para que el país se sumara a los más de 150 donde se celebró, con diferentes actividades, la Semana Mundial del Clima, del 20 al 27 de septiembre.

“Mi generación ha crecido con una realidad diferente a las anteriores, y esto influye mucho en cómo los jóvenes del siglo XXI interactuamos con el problema ambiental a través de las redes sociales”, planteó a IPS el activista Rubén Darío Herrera, coordinador del capítulo cubano de Juventud por el Clima.

El movimiento que comenzó con la protesta cada viernes de la adolescente sueca Greta Thunberg, que comenzó solitariamente en agosto de 2018, cuenta con decenas de miles de seguidores en diversas naciones, entre ellas Cuba, con más de una decena de integrantes en La Habana y Santa Clara.

En un mundo urgido de políticas para frenar el deterioro ambiental y donde activistas como Thunberg ganan cada vez más seguidores y relevancia mediática, “es necesario adoptar cambios mucho más audaces, acorde con la realidad climática actual”, razonó Herrera, estudiante de 22 años.

En el marco del 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se realizó en Nueva York el 21 de septiembre una Cumbre de la Juventud por el Clima, que precedió a la intergubernamental Cumbre sobre la Acción Climática, dos días después.

En ambas citas Thunberg y su Movimiento por el Clima o del Viernes por el Futuro tuvieron un papel protagónico.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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Trece nuevos compromisos para combatir al discurso del odio

seg, 07/10/2019 - 18:08

Una niña se manifiesta con un cartel que reza, en inglés, “todos somos humanos”. Crédito: Epa/Acnudh

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, Oct 7 2019 (IPS)

En junio, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre el discurso del odio, en la que el respeto de los derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación, es uno de los pilares fundamentales de esta estrategia.

En una entrevista que concedió la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), el asesor especial de las Naciones Unidas sobre la prevención del genocidio, Adama Dieng, examinó la manera de combatir el discurso del odio, un problema que va en aumento.

Acnudh: Usted dirige la nueva estrategia de las Naciones Unidas orientada a combatir el discurso del odio. ¿Qué medidas específicas podemos tomar para “abordar todo el ciclo vital del discurso del odio, desde sus causas profundas hasta su repercusión social?”

Adama Dieng: En la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas para abordar el discurso del odio se fijaron 13 compromisos, que tendrán que ejecutarse a escala mundial, pero también en el plano nacional. Estos compromisos abarcan una amplia gama de medidas, entre otras:

  • Aumentar la comprensión y el monitoreo del discurso del odio y de su repercusión sobre la sociedad.
  • Definir y elaborar programas para abordar los vectores y las causas profundas del discurso del odio.
  • Apoyar los relatos alternativos y positivos que permitan contrarrestar el discurso del odio.

Se trata de un programa enorme, que exigirá la participación de los Estados Miembros, la sociedad civil, los medios de comunicación, las empresas tecnológicas y otros interesados competentes. También es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.

Acnudh: Hoy se pone en tela de juicio, de manera radical, el concepto mismo de discurso del odio. ¿Acaso el discurso del odio es algo tan subjetivo que no permite una definición precisa? ¿Puede usted definirlo? ¿O es imposible hacerlo sin poner en peligro la libertad de expresión, que ya recibe ataques en el mundo entero? 

AD: Primero, debo decir que no existe una definición jurídica internacional del discurso de odio. La definición del odio es polémica y controvertida. Pero las Naciones Unidas han elaborado una definición de trabajo, que no es una definición jurídica internacional.

En las Naciones Unidas, entendemos que el término “discurso del odio” se aplica a cualquier tipo de expresión, tanto si es oral o escrita como si se refleja en un comportamiento, que ataca o emplea un lenguaje peyorativo o discriminatorio contra cualquier persona o grupo, por ser estos lo que son, dicho de otro modo, por motivo de su religión, condición étnica, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género o cualquier otro factor de identidad. Estas expresiones suelen basarse en el odio y la intolerancia, y al mismo tiempo generan ambos fenómenos, y en determinados contextos pueden resultar humillantes y causar división.

En las Naciones Unidas también creemos que la libertad de opinión y expresión es sagrada y que la lucha contra el discurso del odio no debe confundirse nunca con la supresión de estas libertades. El combate contra el discurso del odio no significa la limitación o prohibición de la libertad de opinión y expresión. Significa acotar el discurso del odio y evitar que degenere en algo más peligroso, especialmente, en incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, lo que está prohibido por el derecho internacional, mediante la aplicación de los compromisos estipulados en la Estrategia y Plan de Acción.

Acnudh: ¿Cuáles son las formas de movilización social más eficaces y poderosas contra el discurso del odio? ¿Qué podemos aprender de esas modalidades?

AD: Las sociedades disponen de múltiples maneras de contrarrestar el discurso del odio y sus repercusiones. El modo más importante es asegurarse de que la población sea capaz de resistir el discurso del odio y las divisiones que éste trata de provocar. Los Estados también son responsables de velar por que las políticas y los programas de no discriminación, integración y derechos humanos se aplican correctamente. Otros agentes, tales como los medios de comunicación, los dirigentes religiosos y cada ciudadano particular tienen una función que desempeñar y una responsabilidad que cumplir para contribuir a la consolidación de sociedades pacíficas e inclusivas. Es preciso movilizar a los jóvenes e invertir en educación.

Debemos insistir en que la diversidad es una riqueza, no una amenaza. En la década de 1930, cuando el discurso del odio estaba en auge en Europa, no se tomaron medidas para atajarlo. El resultado fue el Holocausto, en el que seis millones de judíos fueron asesinados. Otro tanto vimos en Ruanda, donde en solo 100 días casi un millón de personas fueron ejecutadas debido a su condición étnica, porque eran tutsis. Y lo vemos otra vez en Myanmar, donde más de 700.000 rohinyás han tenido que huir de su país y buscar refugio en Bangladesh para escapar de la violencia. Estas situaciones de extrema violencia fueron precedidas del uso del lenguaje del odio.

Acnudh: ¿Qué puede hacer cada persona para luchar contra el discurso del odio? ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a quienes lo combaten?

AD: Todos tenemos una función que desempeñar en la lucha contra el discurso del odio. Hoy en día, muchos estamos conectados mediante Internet. E incluso si no somos destinatarios del discurso del odio, tenemos que participar en el esfuerzo para contrarrestarlo, simplemente por solidaridad con sus víctimas. Debemos asegurarnos de que cualquier persona que se vea sometida al discurso del odio recibe nuestro apoyo. Es preciso que aunemos fuerzas para empoderar a las víctimas.

Asimismo, debemos incorporar a los planes de estudios de diversas escuelas del mundo la insistencia en los derechos humanos y las labores de prevención. Uno de los compromisos de la Estrategia y Plan de Acción sobre el discurso del odio es que las Naciones Unidas convocarán una conferencia internacional sobre educación para la prevención, a la que asistirán Ministros de Educación del mundo entero y en la que se prestará especial atención a cómo abordar y contrarrestar el discurso del odio.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

RV: EG

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Breve reflexión sobre el impeachment a Trump

seg, 07/10/2019 - 11:41

Un grupo de manifestantes estadounidenses en favor del proceso de destitución del presidente Donald Trump, abierto el 24 de septiembre por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nanci Pelosi. Crédito: Pfaw.org

Por Roberto Savio
ROMA, Oct 7 2019 (IPS)

Es muy probable que la idea del impeachment a Donald Trump sea un bumerán. Los fans de Trump están escuchando una campaña rabiosa, en que se habla de golpe de Estado, y se califica a sus acusadores de ser traidores, que merecerían ir a la cárcel.

En las primeras tres horas después del anuncio de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de que se iba a abrir un proceso de impeachment (proceso de destitución), Trump recibió un millón de dólares, cinco millones en 24 horas, y 8,5 en dos días. Su campaña recibió 50.000 nuevos donantes.

En noviembre de 2016, Trump ganó por poco menos de 80.000 votos electorales. Hay que recordar que el sistema electoral estadounidense no elige el presidente por la mayoría de los votos de sus ciudadanos, sino por delegados que cada estado elige para votar el presidente. Por razones históricas de cómo se realizó la Unión, los estados menos poblados y menos desarrollados, tienen proporcionalmente más delegados que los estados grandes y ricos.

Trump hizo su campaña en los estados menos desarrollados y con menor población, e ignoró en la práctica las grandes ciudades y los estados más poblados, como California. En la votación popular, o sea de los ciudadanos, la candidata demócrata Hilary Clinton ganó por casi tres millones de votos.

Creo que los demócratas le han hecho un gran favor a Trump. Y de todas maneras, aunque el impeachment pase por la Cámara Baja, (donde los demócratas tienen mayoría), tiene muy escasas probabilidades que pase en el Senado, donde, siempre por las razones históricas de cómo se crearon los Estados Unidos de América, cada estado tiene dos senadores, prescindiendo de su población.  Wyoming, con 578.000 habitantes, cuenta con dos senadores, al igual que California, el estado más poblado del país,  con 37,2 millones de personas.

El autor, Roberto Savio

Y precisamente los estados menos desarrollados y de menor población son los que permiten que los republicanos puedan contar con la mayoría del senado. Para que el impeachment resulte, se necesitaría una mayoría de dos terceras parte de los senadores, cosa sumamente improbable.

La única posibilidad es que aumente el número de electores que concurran a las urnas, que no pasan de 50 por ciento de los que tienen derecho a votar. ¿Pero, va a tener el impeachment este impacto? ¿Van los ciudadanos de los estados menos desarrollados a subir su participación electoral, en protesta por las acciones de Trump? No hay ninguna evidencia, y mucho va a depender de quien sea el candidato o la candidata demócrata en las elecciones de noviembre de 2020.

La campaña de demonización de Joe Biden va a tener algún impacto. Y los candidatos progresistas, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, son el tipo de políticos que parecen demasiado elitistas en los estados que votan a Trump. Son regiones muy conservadoras, y Trump tiene el apoyo incondicional de la Iglesia evangélica, que se calcula en 40 millones de feligreses y con la muy conservadora Iglesia católica.

Obviamente, si hay una crisis económica, ya que los estadounidenses tradicionalmente votan con el bolsillo, esto puede tener un impacto trasversal. Pero, por el momento, 90 por ciento de los electores republicanos siguen fieles a Trump, así como sus legisladores.

Aquí reside la fragilidad de la democracia, cuando se basa en reglas no democráticas.

Boris Johnson no ha sido elegido primer ministro británico por el pueblo inglés, sino por los 100.000 militantes del Partido Conservador. La diferencia es que Johnson ha tenido que expulsar a 21 miembros de su partido, todos parlamentarios de gran perfil. Ha sido bloqueado en su camino personalista y autoritario, por la Corte Suprema, que ha anulado su decisión de cerrar el Parlamento.

En Estados Unidos, ningún legislador afín ha hecho la mínima crítica a Trump, y la Corte Suprema tiene una mayoría republicana, que va a cambiar considerablemente el sistema jurídico estadounidense.

La lección que emerge de todo esto, es que la democracia funciona si tiene leyes que garanticen el equilibrio de poderes y existe una ciudadanía consciente e interesada en el bien común,  no  dividida de manera partisana, donde el otro es considerado un enemigo y no uno que tiene ideas diferentes.

El caso del Brexit y de Trump, son buenos ejemplos.

Pero no olvidemos el caso de Hungría, donde Viktor Orbán, tras ser elegido democráticamente en 2010, desarrolló una política xenófoba contra los migrantes,  llevó a cabo un control férreo de  la prensa, de la Comisión Electoral Nacional y del Poder Judicial,  enriqueció a sus fieles con fondos provenientes de la Unión Europea (UE),  cambió todo el sistema electoral acomodándolo a su partido  y luego se declaró seguidor de  una “democracia iliberal”.

Ante la posibilidad de que la oposición unida gane en Budapest las elecciones municipales del domingo 13 de octubre, el ministro Gergely Gulyas, jefe de gabinete de Orban advirtió que en tal caso, el gobierno cortaría  financiamientos a la capital.

El estilo, ha sido similar al de Adolf Hitler y Benito Mussolini, que llegaron por vía democrática al poder, para después eliminar la democracia, mediante la identificación de un enemigo del pueblo, en cuyo nombre decían hablar: el poder judío.

Hoy el principal blanco de la derecha populista y xenófoba para subir sus porcentajes electorales, son los inmigrantes.

El Brexit en buena medida se dio por la anunciada llegada de millones de turcos, que ni estaban en la UE. Trump hizo de la “invasión” mexicana y de centroamericanos, el punto fuerte de su defensa del pueblo estadounidense, junto con la amenaza China. Si el elector se traga estas mitologías, la democracia esta ciertamente en peligro.

Trump y Johnson son la punta del iceberg.

Periodista italo-argentino, Roberto Savio  fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”. 

RV: EG

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Refugiados en México cuentan sus casos a jefe de Acnur

sex, 04/10/2019 - 15:02

El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, escucha a un grupo de refugiados hondureños en un albergue en Tapachula, en el sur de México. Crédito: Acnur

Por Corresponsal Fao
TAPACHULA, México, Oct 4 2019 (IPS)

Apenas horas después de recibir una llamada amenazante de una pandilla que lo había acosado y extorsionado años antes por ser gay, Edgar* puso algo de ropa en una mochila y salió de El Salvador.

Cuando miembros de la familia Martínez fueron atacados por las fuerzas de seguridad en Nicaragua en respuesta por haber participado en las protestas masivas contra el gobierno en 2018, dejaron su pequeño negocio, su hogar y otras propiedades y huyeron.

Josué, Edgar y los Martínez se encuentran entre el número creciente de personas que buscan asilo en México.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, subrayó durante una visita al país de cuatro días que concluyó el 30 de septiembre, que sus experiencias —de amenazas concretas, extorsión y persecución política— son típicas de las fuerzas que están haciendo que México emerja como destino de asilo.

“Las historias son terribles: violencia, extorsión, violencia de género y violencia contra la comunidad LGTBI”, dijo Grandi durante una conferencia de prensa en Tapachula, una ciudad en el estado sureño de Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Chiapas, el estado más pobre del país, es el punto de entrada para la mayoría de los solicitantes de asilo que llegan a México.

“Agradezco a México por brindar la protección urgente que necesitan estas personas”, dijo Grandi.

México tiene una larga tradición como destino para los solicitantes de asilo, tras haber recibido a los españoles que huían de la guerra civil de su país (1936-1939).

También de a quienes huyeron en los años 60 y 70 de las dictaduras en países sudamericanos como Chile, Argentina y Brasil; y, en los años 80 y 90, a quienes huían de los conflictos en América Central.

Mientras Estados Unidos promulga políticas más restrictivas en materia de asilo, un repunte reciente en el número de solicitudes ha devuelto a México a su condición de destino para aquellos que huyen del conflicto y de la persecución, en particular las personas de El Salvador, Honduras y Guatemala, que se encuentran entre los países más violentos del mundo.

Con más de 48.000 solicitudes de asilo presentadas este año hasta la fecha, México vio un aumento de 231% en el número de solicitudes de asilo en comparación con el año pasado.

Tan solo en 2014, el país recibió apenas 2.137 solicitudes, y desde entonces su número ha venido aumentando de manera constante de año en año.

Grandi elogió el trabajo de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero subrayó que su presupuesto debe aumentar, de la misma forma en que están aumentando las solicitudes de asilo.

“Si la Comar tuviera más recursos, podría hacer su trabajo de manera más eficiente y reducir el tiempo que los solicitantes de asilo deben esperar para que se decida sobre su condición”, dijo en la conferencia de prensa del sábado.

El sábado 28, Grandi asistió a la inauguración del nuevo centro de registro de la Comar en Tapachula, que será fundamental para ayudar a reducir los tiempos de espera, brindándoles a quienes se les reconoce el asilo la oportunidad de volver a empezar rápidamente con sus vidas.

Durante su visita de un día a Tapachula, Grandi se reunió con Josué, el hondureño de 31 años que huyó de las amenazas por su activismo político, y con Édgar, salvadoreño gay de 44 años, que fue intimidado por una de las mortíferas pandillas callejeras que controlan grandes franjas de territorio en todo el país. Ambos están en Tapachula a la espera de decisiones sobre sus solicitudes de asilo.

“Cuando llegué acá, me sentí seguro por primera vez en mucho tiempo”, dijo Josué.

Durante su visita a México, del 27 al 30 de septiembre, su segunda visita al país como alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Grandi también viajó a la ciudad industrial de Saltillo, en el extremo norte, cerca de la frontera con el estado estadounidense deTexas.

Allá, recorrió las instalaciones del fabricante de electrodomésticos Mabe, que fue fundada en 1946 por inmigrantes españoles y actualmente emplea a docenas de refugiados.

Grandi también se reunió con unas familias que participaron en un programa de integración de Acnur, gracias al cual personas refugiadas en los estados del sur de México, donde son menores las perspectivas de trabajo, como Chiapas, se reubican en el próspero norte industrial del país.

Grandi calificó la iniciativa de “fenomenal” y añadió que “no había visto proyectos como estos en muchos otros países”.

Édgar, Josué y la familia Martínez se mostraron interesados en participar en el programa, confiando que les permitiría reiniciar sus vidas de forma segura, en ciudades donde podrían encontrar trabajo para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

“Soñamos con que nuestra solicitud de asilo se apruebe y que consigamos empleos para poder ahorrar dinero y comenzar nuevamente con nuestro negocio”, dijo Carla Martínez, de 28 años.

Esta mujer nicaragüense se vio obligada a abandonar el exitoso negocio que tenía con su esposo después de que ambos tomaran parte en las protestas masivas que en 2018 sacudieron su país.

“No queremos ser una carga. Queremos contribuir a México”, dijo.

Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

RV: EG

 

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En la Amazonia boliviana, mujeres protegen el bosque y se empoderan

sex, 04/10/2019 - 12:35

En el norte de la Amazonía boliviana, un emprendimiento sostenible involucra a la comunidad local en el procesamiento de frutas silvestres de la selva amazónica y, al mismo tiempo, protege los bosques contra la tala de árboles y la contaminación. Crédito: Teófila Guarachi/ONU Mujeres

Por Corresponsal Fao
SAN CARLOS, Bolivia, Oct 4 2019 (IPS)

A medianoche, entre el canto de los grillos, Sandra Justiniano, de 35 años, llega a la pequeña planta de procesamiento de extracto y pulpa de asaí y majo para empezar su turno, junto a otras mujeres indígenas de la comunidad de Buen Retiro, en el municipio de San Carlos, en el norte amazónico de Bolivia.

“Gracias al proyecto… hemos podido mejorar nuestras vidas”, explica Justiniano, presidenta de la Asociación Agropecuaria de Productoras Amazónicas de Majo y Asaí de Riberalta. “Mejoramos nuestros conocimientos, nuestra economía y, con ello, nuestras vidas y la de nuestras hijas y nuestros hijos”, añade.

Con el financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), ONU Mujeres y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) han brindado asistencia técnica, tecnología y activos productivos para mejorar la producción de 10 emprendimientos liderados por mujeres en cuatro municipios.

Más de 240 mujeres ya están involucradas en el proyecto que se implementa desde mayo de 2018.

Sandra Justiniano cree que la selva amazónica es parte integral de la vida y la cultura de su gente. “Debemos cuidarlo, detener la tala de árboles, la quema…”, dice ella. Crédito: Teófila Guarachi/ONU Mujeres

El emprendimiento en Buen Retiro involucra a 24 mujeres y hombres que procesan el asaí, majo y copuazu, frutos silvestres del bosque amazónico.

Justiniano explica que el proyecto ha mejorado la gestión ambiental, así como las relaciones con las proveedoras y los proveedores, que suman más de 200 personas en comunidades cercanas que se encargan de recolectar estos frutos.

“Ahora las proveedoras y los proveedores se capacitan junto a sus familias sobre cómo cuidar el bosque, cómo proteger la madre tierra”, explica Justiniano.

“Las charlas, sesiones de aprendizaje y talleres que nos brinda ONU Mujeres también los beneficia a ellas y ellos…. Saben que, si cortan un árbol de asaí, éste sólo volverá a crecer en 20 años, y eso le generará perjuicios económicos a toda la comunidad. Entonces, les enseñamos a cuidar el bosque y no quemarlo en temporada seca”, detalla.

La comunidad donde vive Justiniano es mayoritariamente indígena, y el proyecto también incorpora sus conocimientos ancestrales en el cuido y manejo de los bosques.

“En el bosque nacimos, en él crecimos y ahora nos provee vida porque también nuestros hijos y nuestras hijas crecen aquí”, dice.

“Por eso debemos cuidarlo, evitando la tala de árboles, el chaqueo (quema) …. También debemos evitar botar basura, plásticos y pilas que generan contaminación. Por eso también tenemos la meta de socializar en todas las comunidades sobre cómo cuidar nuestro bosque, y dejar estos conocimientos a nuestros hijos y nuestras hijas…. El cuidado de bosque es nuestra responsabilidad”, argumenta.

La comunidad de Buen Retiro en el norte de la Amazonía boliviana. Crédito: Teófila Guarachi/ONU Mujeres

Violeta Domínguez, representante de ONU Mujeres en Bolivia, aseguró que estos primeros resultados del proyecto permiten el empoderamiento económico de las mujeres y de las familias encabezadas por mujeres, el fortalecimiento del territorio amazónico y la dinamización de la economía local.

Destacó que, en muchos casos, el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres también pueden contribuir a romper los círculos de violencia de género.

Todos los proyectos en la Amazonia incluyen capacitación especializada en manejo de maquinaria, habilidades financieras y de liderazgo, pero también sensibilización en temas de igualdad de género, masculinidades y las leyes y prevención de la violencia de género.

El gobierno de Bolivia es un socio clave del programa, y ha entregado activos productivos —incluyendo un generador y máquinas para procesar los frutos y etiquetar los productos— a los emprendimientos liderados por mujeres indígenas.

Varias de las mujeres que trabajan con Justiniano son madres solteras que no tenían posibilidades económicas.

“Mejoró nuestra economía, adquirimos nuevos conocimientos sobre empoderamiento, sobre nuestros derechos y finanzas, aprendimos a presentar proyectos, tenemos conocimientos sobre apertura de mercados”, dice Justiniano.

Una escena de las instalaciones de procesamiento del proyecto en Buen Retiro. El proyecto ha proporcionado tecnología y activos para mejorar la producción de 10 empresas dirigidas por mujeres en cuatro municipios. Crédito: Teófila Guarachi/ONU Mujeres

“Somos mujeres capaces de hablar en público, de tomar la palabra, de participar y de presentar nuestras propuestas económicas a las autoridades y negociarlas. Eso es empoderamiento”, asegura.

Antes de que el proyecto de ONU Mujeres iniciara, el emprendimiento de Buen Retiro solo vendía 200 litros de jugo de asaí al día, producidos de forma artesanal.

Ahora venden hasta 500 litros diarios y pueden sacar la pulpa para la venta. También son proveedoras del programa de desayuno escolar del gobierno municipal. Pronto presentarán sus productos en ferias nacionales en Santa Cruz y La Paz y están negociando con empresas para abastecer a otras regiones del país.

“Pero eso solo será posible si cuidamos el bosque”, recuerda Justiniana.

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres.

RV: EG

El artículo En la Amazonia boliviana, mujeres protegen el bosque y se empoderan fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Drogas baratas desbancan a la heroína mexicana en Estados Unidos

sex, 04/10/2019 - 11:37

Caleb Walton, mientras se inyectaba durante la entrevista. La dosis de heroína mezclada con metanfetamina le ocasionó un conato de sobredosis. Crédito: Heriberto Paredes/Pie de Página

Por Arthur Debruyne
PORTLAND, Estados Unidos / MÉXICO, Oct 4 2019 (IPS)

La heroína mexicana se queda sin “mercado” en Estados Unidos. La droga de bajo costo conquista el monopolio a la velocidad del rayo y detuvo la producción de heroína en México. Esto sucede en el contexto de la posible despenalización de algunas drogas y la ley de Amnistía que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La primera vez que Dan Epting, de 51 años, se inyectó heroína sintió como si Dios mismo lo estuviera empujando a un abrazo maravilloso. “Me tomaría 18 años deshacerme de él”, dice ahora, luego de diez años limpio.

“Mantener mi adicción se convirtió en un trabajo de tiempo completo: día y noche, siete días a la semana, 365 días al año, sin descansos, siempre más, más, más. Estaba seguro de que moriría por eso”. Su historia está profundamente entrelazada con la epidemia de adicción que, en 2018, cobró más de 49,000 muertes en Estados Unidos

Todo comenzó así, los estadounidenses como Dan Epting, lo saben. Portland,  su ciudad natal y la más poblada del estado de Oregón, ha sido uno de los principales escenarios de esta crisis. A inicios de los 90, el agresivo marketing por parte de las compañías farmacéuticas causaría un aumento exponencial en el uso de fuertes analgésicos como OxyContin y Percocet. Al mismo tiempo, los tribunales han dictaminado que desde entonces los fabricantes han ocultado los riesgos de adicción.

Innumerables estadounidenses desprevenidos se volvieron adictos después de recibir del médico un suministro de pastillas para el dolor, a veces por un esguince de tobillo o por inflamación de la garganta. Pronto floreció un mercado ilegal para las píldoras.

Para los adictos en Portland, un regalo envenenado cayó del cielo: jóvenes mexicanos, traficantes amigables y educados que entregaban heroína barata y fuerte en sus hogares. “Como si fuera pizza”.

Dan recuerda la red de traficantes provenientes de Nayarit, a menudo una red familiar, que ampliarían su sofisticado modelo de negocio (los usuarios obtenían descuentos por traer nuevos clientes), a por lo menos la mitad del territorio de Estados Unidos. Las pastillas para el dolor rápidamente se volvieron demasiado caras para la mayoría de los usuarios. Las intercambiaron por la abundante heroína.

Antes de que pudiera renunciar a la aguja, Dan estuvo en prisión innumerables veces, se quedó sin hogar y conoció instituciones y clínicas de rehabilitación, por dentro y por fuera. Apenas puede entender que esta experiencia ahora le sirve como consejo para los usuarios en recuperación en el Central City Concern (CCC), el mayor centro de rehabilitación en Portland.

Él es testigo de la «tercera ola» de la crisis de los opioides: la llegada del opiáceo sintético fentanilo, que es mucho más fuerte y mucho más barato que la heroína y, por lo tanto, es preferido por los traficantes.

El fentanilo se está mezclando con casi todas las drogas, a menudo sin el conocimiento de los usuarios o incluso de los vendedores a pequeña escala: es por eso que se ha convertido en la principal causa de sobredosis mortales en Estados Unidos, índice recientemente triplicado en Portland. En algunos lugares, la heroína se vuelve gradualmente imposible de rastrear, oculta por el fentanilo.

“Muchos de mis pacientes han muerto por una sobredosis”, suspira Dan. “Trabajo con alguien todos los días durante seis meses, dejan el centro, recaen y los encuentran muertos en la habitación de un motel. Es putamente difícil”, añade.

Dan Epting logró rehabilitarse y ahora trabaja en un centro de apoyo para la rehabilitación de personas de todas las edades. Crédito: Heriberto Paredes/Pie de Página

Contenedores de agujas

La heroína golpeó históricamente a los barrios negros, la crisis de los opioides en Estados Unidos primero se arraigó en las comunidades rurales, predominantemente blancas, en el medio oeste, las cuales sufrieron un declive económico tras la desaparición de industrias como la minería de carbón.

En la fresca y liberal Portland, la heroína siempre ha estado disponible, sin embargo, una avalancha de analgésicos ha reducido el umbral para que más usuarios jóvenes que nunca, accedan a ella. La epidemia también se suma a un visible problema de personas en situación de calle, lo que también es muy visible en los centros de ciudades como Los Ángeles o San Francisco. En buena parte de los baños públicos, un contenedor para agujas usadas cuelga de la pared.

En contrapunto, la comunidad de rehabilitación en Portland es particularmente fuerte, es difícil encontrar una esquina sin un hogar de rehabilitación para los usuarios en proceso. Allí aprenden a vivir nuevamente, o por primera vez: comprando cosas, pagando facturas, cuidándose a sí mismos. “Algunas personas sólo descubren eso cuando tienen 50 años”, dice Lydia Bartholow, directora médica de CCC y colega de Dan Epting.

Ella estima que la mitad de sus pacientes comenzaron a tomar pastillas para el dolor porque un médico se los recetó.

“Entre ellos, muchas personas que tenían una vida estable, por ejemplo, un profesor de literatura que recibió pastillas después de un accidente automovilístico, y se volvió adicto. Tan pronto como un médico deja de recetarles medicamentos, inmediatamente salen a la calle por heroína”, afirma.

“Fuman por un tiempo, eventualmente lo hacen por vía intravenosa, pierden a sus familias y todo lo demás, quedan sin hogar y pueden terminar en tratamiento 10 años después”, sigue describiendo.

Una cuarta parte de sus pacientes son adultos jóvenes que roban algunas pastillas del armario de la abuela: “Los adolescentes piensan: ¿son solo pastillas, verdad?”, se lamenta.

Infierno interior

Caleb Walton, de 29 años, experimentó una deliciosa intoxicación después de tomar demasiado jarabe para la tos con codeína, a la edad de trece años. Unos fuertes analgésicos de nombre parecido se encontraban en su casa después de que su padre se sometió a una cirugía y el adolescente se rindió ante eso.

Eventualmente se mudó del vecino estado de Idaho a Portland porque la heroína era más barata allí. Ahora vive en la calle. Únicamente come helado, dice, para enfriar un poco su infierno interior. Su mejor amigo murió recientemente de endocarditis, una inflamación de las válvulas cardíacas que afecta a los usuarios de drogas intravenosas. “De todos los demás que se rehabilitaron, fueron a la cárcel o murieron de una sobredosis, soy prácticamente el último en pie”, dice.

Nos encontramos con él en una esquina de la calle donde activistas anarquistas reparten agujas limpias, ligas y otras provisiones para el consumo de drogas, con el objetivo de reducir el contagio de VIH y hepatitis. Mientras hablamos, un ansioso Caleb se inyecta una bola de goofball, una mezcla de heroína y metanfetamina.

Gracias al aumento de la mezcla con este último producto, los usuarios se mantienen lo suficientemente despiertos como para poder juntar algo de dinero para su próxima dosis. Sin embargo, él se derrumba casi de inmediato y apenas reacciona.

Su amigo Brandon, de 32 años, le grita: “Oye Caleb, ¿estás bien?” Los labios de Caleb se ponen azules, una señal de sobredosis. “Tal vez deberíamos sacar el Narcan”, sugiere Brandon. Esta medicina previene la sobredosis y es distribuida, de igual manera, por activistas y por el gobierno local. Las patrullas policiales también lo tienen consigo. No será necesario esta vez.

Mientras tanto, Brandon, a su vez, prepara una inyección y con un ojo en Caleb, dice que perdió todo por la heroína, incluida su esposa y sus dos hijos. Brandon se balancea al límite: “Ya no tengo el coraje de vivir en la calle otro invierno”, dice desesperado.

Le habían robado los zapatos cuando se despertó aquella mañana. Los dos amigos, o mejor dicho, combatientes, no han probado la euforia despreocupada inherente a los opiáceos durante mucho tiempo: los usan para sobrevivir, para curarse de la abstinencia. Los otros en esta acera también habitan su propio infierno.

A la vuelta de la esquina está el ajetreo y el bullicio de una happy hour bajo la iluminación atmosférica de una acogedora terraza de café.

Al otro lado de la ciudad, la excéntrica Castle Steinway, de 25 años, vive en la parte trasera de una camioneta con su gato Merlín. “Hace unos años, en mi ciudad natal, Boulder, Colorado, todos los niños, de repente, fumaban heroína como si fuera hierba”, dice ella. Castle era una adolescente particular: después de dos años de permanencia forzada en una estricta institución juvenil, quería soltar las riendas.

“Menos de dos semanas después la usé por vía intravenosa”. Le gustaría dedicarse tiempo completo al arte, sus dibujos son prometedores, pero pasa todo el día recogiendo latas de aluminio que vende para pagar su droga.

Para evitar una sobredosis fatal, ella confía en una aplicación: si no apaga la alarma media hora después de la inyección, DopeSafe notifica automáticamente a los servicios de emergencia. Estuvo cerca algunas veces. “Traté de dejar el vicio 10 veces”, dice ella. “Nada ayuda”.

El padre de Jon Hill, de 30 años, le enseñó a pulverizar e inhalar OxyContins cuando tenía 12 años. “Yo era un niño, no tenía idea de que no eran seguros”, recuerda. Los oxies han sido extremadamente baratos y omnipresentes en el estado natal de Jon, Carolina del Norte, donde muchas fábricas y empresas han cerrado y se han trasladado a China, lugar con menor costo en la mano de obra.

John Hill, un veterano de la guerra contra las drogas. Crédito: Heriberto Paredes/Pie de Página

Cuando el titular de la patente, Purdue Pharma, rediseñó las pastillas e hizo más complicado su pulverización, tras una gran presión social en 2010, Jon y sus seres queridos cambiaron a la heroína. “Mi cerebro ha crecido casi, solo con opiáceos, no puedo vivir sin ellos”, dice con calmadamente.

Sin embargo, un decidido Jon ha creado estabilidad: durante la semana, cuando trabaja, usa buprenorfina, un sustituto libre de sedimentos, como la metadona. Ocasionalmente se recompensa con una inyección de heroína. “Probablemente será así el resto de mi vida”.

Emily Ruhl, de 28 años, también ha tenido muchos intentos de rehabilitación: según la experta médica Lydia Bartholow, se necesita un promedio de nueve para la recuperación permanente. Emily recurrió a los analgésicos a la edad de veinte años, junto con su novio en aquel momento. Ella recuerda como si fuera ayer, el día en que las pastillas fueron repentinamente imposibles de rastrear y consiguieron heroína juntos.

“El miedo a esa horrible abstinencia: es por eso que seguí usándola durante tanto tiempo”, dice ella. “Así que, rápidamente se fue todo para abajo”. Su novio, murió de una sobredosis, al igual que muchos ex compañeros de escuela y amigos de Emily.

Ella repitió un ciclo interminable de rehabilitación y recaída. Al momento de la entrevista, llevaba 45 días sin consumir con la ayuda de la buprenorfina, que, según algunas investigaciones, promete la mayor posibilidad de recuperación a largo plazo.

Sin embargo, Emily percibe una dificultad: cambia una droga por otra, acusan los Alcohólicos Anónimos, quienes predican la abstinencia completa, mismo que representa el modelo más común en los Estados Unidos. Las autoridades tampoco están interesadas en la buprenorfina. Muy irónico, si se considera el descuidado manejo de los analgésicos que la adicción causa constantemente.

El triángulo dorado

El lugar donde se consolidó el negocio mexicano de las drogas, una región que comprende el cruce de los estados norteños de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Desde la década de 1960, la economía agrícola familiar de esta zona, aislada y montañosa, se ha alineado perfectamente con los deseos de los consumidores de drogas estadounidenses. Si los gringos quieren heroína, los campesinos siembran plantas de amapola, mezcladas con las plantas de maíz y frijoles, y de la cual se extrae una resina blanca que es la base del opio. Los traficantes luego la convierten en heroína en laboratorios.

Hace seis años, Pascual cultivaba únicamente marihuana en su rancho en Chihuahua. Desde entonces, varios estados estadounidenses han legalizado el cultivo y la venta de cannabis y la demanda de heroína ha explotado. Es por eso que él, su hermano y muchos otros aquí y en otras partes de México han cambiado a la amapola.

“Durante mucho tiempo apenas pudimos seguir el ritmo de la demanda”, dice Pascual. Sin embargo, ahora también al sur del río Grande, el fentanilo está causando una crisis considerable.

Entre 2013 y 2017, el cultivo de amapola en México, el principal proveedor de heroína en toda América, se triplicó, según cifras de los gobiernos estadounidense y mexicano. En el Triángulo Dorado, el cártel de Sinaloa tocó la puerta de los agricultores: “Necesitaban opio y mucho”, dice Froylán Enciso, investigador de drogas del Centro de Investigación y Educación Económica de la Ciudad de México (CIDE).

La tasa de asesinatos continúa batiendo récords en todo México: en los primeros 8 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 20 mil 135 asesinatos dolosos, según cifras oficiales, un alza del 20% respecto a su antecesor Peña Nieto, en el mismo periodo, con 18 mil 432 personas asesinadas. Se estima que dos tercios de estos crímenes están relacionados con las drogas.

En el estado sureño de Guerrero, uno de los más pobres de México y destrozado por la violencia, se han sembrado muchos campos de amapola en los últimos años. “Pero hoy ya no se vende nuestro opio, nadie viene ya a comprarlo”, dice Mario Palacios. “El precio ha caído por completo, ya nadie lo quiere”. Estamos en medio de su campo de amapolas a las afueras del pueblo de Carrizal de Bravo, en las tierras altas centrales de Guerrero. Nadie en toda el área está cultivando amapola ya, dicen los pobladores: es imposible competir con la nueva droga química que los estadounidenses anhelan ahora.

Los cultivadores de adormidera como Pascual son personas marginadas, no ricos narcotraficantes. En sus comunidades olvidadas y marginadas, el opio es a menudo la única fuente confiable de ingresos. Sin embargo, desde hace aproximadamente un año, parece que se está secando.

Extracción de la goma de opio en un campo en la sierra de Chihuahua. Crédito: Arthur Debruyne/Pie de Página

Los expertos confirman que casi todas las regiones que producen opio en México son iguales. El fentanilo se importa de China a través de los puertos marítimos. El material no necesita tierra de cultivo ni mano de obra: es por eso que los márgenes de ganancia son mucho mayores. Una verdadera revolución se está gestando lentamente en el panorama de las drogas mexicanas.

“Durante tantos años todos tuvimos comida gracias a la planta de amapola, y nuestras familias pudieron avanzar en la vida: eso ya terminó”, suspira Palacios, padre de seis hijos. “Todos volveremos a la pobreza de los 50”. El hombre ahora está tratando de reemplazar la amapola con árboles de aguacate, pero estos darán fruto dentro de dos años.

“Necesitamos inversión para cambiar el producto, dinero que no tenemos”, concluye. “Estamos en el hoyo”. En otras palabras, el fentanilo tiene éxito donde fracasó una guerra contra las drogas que duró décadas: poner fin a la economía ilegal de la adormidera.

El uso limitado de heroína en México se reduce, en gran medida, a la frontera norte. La mayoría de los usuarios son inmigrantes indocumentados que han sido expulsados ​​por los Estados Unidos trayendo su adicción. Ellos también se enfrentan ahora a una creciente crisis mexicana de opioides, según algunas encuestas en esta región.

“Cuando el fentanilo cayó hace tres años, seis cabrones murieron en una semana”, dice Roberto Prado, de 51 años, un consumidor de drogas sin hogar. Se trata de un raquítico campamento debajo de un puente en Tijuana, el cual Prado comparte con unas pocas docenas de otros usuarios. Algunos de ellos están en malas condiciones.

No hace mucho tiempo, Roberto y sus colegas solo usaban heroína de lugares como Chihuahua, Guerrero o Nayarit. Hoy en día, las bandas de narcotraficantes del norte distribuyen, principalmente, fentanilo, que es más rentable. Eso va de la mano con un aumento significativo de las sobredosis fatales, dicen los usuarios y trabajadores de prevención en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

El final de la epidemia de opioides está lejos de ocurrir. Pero a diferencia de la estadounidense, esta crisis sigue siendo invisible: sin cifras, sin asistencia sólida o interés de los medios. “He visto morir a varios amigos por el fentanilo ante mis ojos”, dice Pedro León, con 72 años.

Amnistía

El presidente López Obrador declaró recientemente que la guerra contra las drogas había terminado. “Debe haber paz”, afirma. López Obrador está considerando presentar una amnistía para pequeños delincuentes de drogas, incluidos los productores de amapola como Carlos y Mario Palacios. Deben recibir becas o capacitación como alternativa a una vida en el crimen.

La cannabis y posiblemente el opio sean considerados para su despenalización, aunque todavía se está investigando, comunica el gabinete del presidente. El gobierno anterior, no avanzó en la reducción de la violencia de las drogas, por el contrario, mantuvo una tendencia a la alza.

¿Quizás la guerra contra las drogas siempre ha sido un mito? Eso parece claro en el pueblo de Batopilas, en Chihuahua, donde vive el agricultor de amapola Pascual. Justo en el centro de la aldea, jóvenes sicarios armados, soldados de a pie en el negocio de las drogas, custodian la casa del jefe local. Otros patrullan en vehículos todo terreno o vigilan las carreteras de acceso.

Por 5.000 pesos al mes (256 dólares), los adolescentes son enviados, fuertemente armados, a luchar contra el enemigo del próximo municipio. La policía local no interviene. Los aldeanos saben que los agentes brindan servicios manuales y de emergencia cuando es necesario. Se supone que el ejército destruye las plantaciones de drogas.

“Pero si sale bien, puedes sobornarlos”, dice Pascual.

Esta situación es representativa de todo México. El presidente promete sacar la corrupción de raíz dando un buen ejemplo, pero en aldeas como esta, el inframundo de la corrupción y la política se fusionan a la perfección.

El bien intencionado López Obrador tendrá que realizar un milagro. Pero ¿legalizar el opio? “Tengo serias dudas”, dice el investigador francés Romain Le Cour, quien recientemente publicó un estudio sobre el colapso del mercado del opio en México.

“Una objeción a la legalización fue durante mucho tiempo que las grandes ganancias del circuito ilegal eran demasiado tentadoras y el plan no funcionaría”. Debido a que el precio ahora ha caído, la situación podría ser distinta.

Pastillas en la escuela

Más de 400 ciudades, condados y estados estadounidenses ahora esperan obtener indemnizaciones, a través de demandas interpuestas en tribunales en contra de las compañías farmacéuticas que prendieron la mecha en el barril de pólvora de los opioides.

Portland y el condado circundante de Multnomah también hicieron fila. La comisionada del condado Sharon Meieran, toma la iniciativa en esto. En la década de 1990, la doctora de emergencias de 54 años, fue testigo del enorme cambio de mentalidad que los agentes farmacéuticos lograron entre los médicos.

“De repente, en la universidad nos inculcaron que el dolor era y debería tratarse más, porque no era lo suficientemente reconocido”, recuerda Meieran.

Nunca se detendrá: los niños de Meieran de 12 y 15 años le dicen que hay muchas pastillas para el dolor y medicamentos contra la ansiedad en la escuela. A menudo son falsificados y contienen fentanilo, según informes de fuentes policiacas.

Aunque la Casa Blanca habla de una “emergencia de salud pública”, según los críticos, la respuesta deja mucho que desear. Bajo la presión del presidente Donald Trump, China prohibió recientemente la venta de fentanilo, pero no los materiales precursores para hacerlo: los grupos criminales mexicanas probablemente se hacen o se harán cargo de la producción.

Mientras tanto, la policía local de Portland se enfoca en combatir las sobredosis: sea quien sea quien vendió la dosis será juzgado como asesino. Los distribuidores, sin embargo, a menudo son adictos. Y cada vez más trabajan a través del llamado Dark Net, donde son más difíciles de detectar.

Los clientes que hacen pedidos en línea reciben sus medicamentos por vía postal, tal y como se cuenta en la serie de Netflix, ‘How to sell drugs (fast)’. “Tratamos de estar un paso adelante, pero en realidad siempre estamos dos atrás”, dice Art Nakamura, comandante de la unidad de drogas de la policía local. “Sí, las drogas provienen directamente de México a través de la autopista I-95”.

¿Pero, resulta posible hacer frente a los carteles?

Un usuario de heroína disfruta una dosis recostado en uno de los tantos puntos que hay en la frontera de Tijuana. Crédito: Arthur Debruyne/Pie de Página

“Bueno, son extremadamente inteligentes y bien organizados. Los traficantes no circulan en un automóvil vistoso ni con un sombrero de vaquero: se mantienen callados, se integran a la sociedad y mantienen bajo perfil”, admitió el agente de la DEA, la agencia contra las drogas estadounidense, Cam Strahm al final de una entrevista.

“La guerra contra las drogas es como apretar un globo: el aire sólo se mueve a otro lugar”. Los ambiciosos planes de López Obrador, de repente, suenan bastante ingenuos.

El presidente Trump acusa a México de la adicción de Estados Unidos. Los mexicanos, por otro lado, culpan de la violencia en su país a sus vecinos decadentes del norte quienes están involucrados masivamente en el consumo de drogas. “Ninguno se responsabiliza”, dice el investigador de drogas Froylán Enciso.

Pascual también se lava las manos: “En Estados Unidos venden más armas que Maseca y todo eso cruza la frontera (hasta 90 por ciento de las armas de fuego incautadas en México provienen del vecino del norte) ¿Crees que a ellos les importa?”.

Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo Drogas baratas desbancan a la heroína mexicana en Estados Unidos fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Ocho obstáculos impiden desarrollo sostenible de América Latina

qui, 03/10/2019 - 18:49

Susana, de 14 años, baña a su pequeño sobrino detrás de su vivienda en un barrio pobre de una gran ciudad brasileña. La pobreza y la desigualdad obstaculizan el desarrollo social y sostenible en América Latina. Crédito: Versiani/Unicef

Por Corresponsal Fao
MÉXICO, Oct 3 2019 (IPS)

Hay ocho frenos que impiden el desarrollo social de la región y que van desde la enquistada pobreza a la desigualdad crónica, pasando por la falta de inversión y los impactos del cambio climático, identificó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Para superarlos, la organización propone crear políticas centradas en los derechos y la igualdad, siguiendo los pasos marcados por la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Los países de América Latina y el Caribe están ante el desafío de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo basado en la igualdad, la inclusión social y laboral, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico.

Hacer frente a este desafío implica impulsar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la ambiental y la económica.

La CEPAL señala que lo social no se juega en lo social exclusivamente, sino también en la economía, la política y el medioambiente.

Durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que concluye este jueves en la Ciudad de México, el organismo de la ONU presentó un estudio, de 70 páginas, en el que identifica ocho obstáculos que impiden el desarrollo social en la región:

  1. La persistencia de la pobreza

En 2017, el número de personas en situación de pobreza en América Latina llegó a los 184 millones, equivalente al 30,2% de la población, de los cuales 62 millones, un 10,2%, vivían en la pobreza extrema.

Además, en 2016, el 41,7% de las personas ocupadas en América Latina recibían ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales. Este porcentaje era especialmente elevado entre las mujeres jóvenes, un 60,3%.

Aunque, entre 2002 y 2014, la pobreza bajó del 44,5% al 27,8% y la pobreza extrema, del 11,2% al 7,8%; entre 2015 y 2016 se registraron aumentos sucesivos de ambos indicadores, lo que representó un retroceso significativo. Las cifras de 2017 revelaron un incremento adicional de la pobreza extrema y un estancamiento de la tasa de pobreza registrada en 2016.

A pesar de las diferencias que se observan de país en país, la pobreza presenta rasgos comunes en toda la región:

  • mayor incidencia entre las mujeres
  • mayor incidencia entre los menores
  • mayor incidencia entre las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y las personas con discapacidad
  1. Las desigualdades estructurales y la cultura del privilegio

“Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática”, asegura la CEPAL.

Y añade que “la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica”.

Entre 2002 y 2017, la desigualdad en la distribución del ingreso, expresada mediante el índice de Gini del Banco Mundial -que mide la desigualdad de ingresos de los ciudadanos en un país-, se redujo de 0,534 a 0,466, lo que es un resultado significativo.

Sin embargo, el ritmo de la disminución entre 2014 y 2017 se ha ralentizado y, a pesar de los avances, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo.

Más allá del apartado económico, las desigualdades abarcan la desigualdad en el ejercicio de los derechos, las capacidades y los niveles de autonomía. También incluye la desigualdad de género, la étnica y raciales, y la territorial, entre otras.

Esas desigualdades se ven acentuadas y bloqueadas por la llamada cultural del privilegio que naturaliza las jerarquías sociales y las profundas asimetrías de acceso a los frutos del progreso, la deliberación política y los activos productivos.

  1. Las brechas en educación, salud y de acceso a servicios básicos

La CEPAL observa que, en las últimas décadas, América Latina ha experimentado importantes avances en ámbitos como la salud y la educación, así como en el acceso a la vivienda, los servicios básicos tales como el agua potable, la electricidad y el saneamiento, e internet.

Sin embargo, persisten las brechas. A nivel regional, 6 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años concluyeron la educación secundaria, lo que muestra una mejora desde comienzos de la década de 2000, pero que aún debe ampliarse para universalizar la conclusión de este nivel educativo. En ese sentido, es necesario fortalecer las estrategias para prevenir la temprana deserción del sistema escolar.

 

Además, la educación superior sigue reservada para una proporción reducida de la población: en promedio, en 2016, mientras que más de un 40% de los jóvenes de entre 25 y 29 años del quintil de mayores ingresos concluyeron al menos cuatro años de educación terciaria, solo el 3,6% de quienes pertenecen al quintil de menores ingresos alcanzaron ese nivel.

Lo mismo ocurre con la salud, donde los indicadores generales han mejorado, pero donde la región aún enfrenta grandes desafíos, especialmente con respecto a ciertas poblaciones.

Como ejemplo, la CEPAL señala que, en algunos países, la mortalidad infantil entre los afrodescendientes llegaba a ser hasta 1,6 veces mayor que la registrada en el caso de los no afrodescendientes, mientras que la tasa de mortalidad entre los niños indígenas casi duplica las de los no indígenas.

  1. La falta de trabajo y la incertidumbre del mercado laboral

“El trabajo es la llave maestra para la igualdad, el desarrollo personal y el crecimiento económico”, asegura el documento.

Sin embargo, la estructura y las dinámicas de los mercados de trabajo en la región siguen caracterizándose por su incapacidad para generar empleos productivos y un trabajo decente, rasgo que nuevamente hunde sus raíces en las profundas desigualdades de género, raza y edad.

En América Latina, los ingresos de los ocupados en sectores de baja productividad no alcanzan a la mitad de los que perciben los ocupados en los sectores de productividad media y alta. Además, la tasa de pobreza entre las personas ocupadas en empleos de baja productividad (30,4%) triplica la de los ocupados en empleos de alta productividad.

El desempleo juvenil es motivo de especial preocupación, mientras el trabajo infantil “representa una de las antítesis más claras de la noción de trabajo decente y un fuerte obstáculo para el desarrollo social inclusivo”.

Al reto de proporcionar mejores empleos, se añade ahora la incertidumbre que crea el impacto de los cambios tecnológicos. No obstante, puede ser un momento de oportunidad a condición de que se combine con políticas dirigidas a la promoción del trabajo decente.

  1. Acceso parcial y desigual a la protección social

A pesar de que la protección social es un derecho y es clave para eliminar la pobreza, que evita la marginación; y a pesar de los grandes avances registrados, la capacidad efectiva de los Estados de América Latina para proveer garantías universales de protección social a lo largo del ciclo de vida sigue siendo limitada.

La CEPAL destaca que la protección social representa una de las funciones más relevantes del gasto público, a la que en 2016 se destinó un monto equivalente en promedio al 4,1% del PIB, según datos de un conjunto de 17 países de América Latina y el Caribe.

También se ha hecho un gran esfuerzo en la afiliación o cotización a sistemas de salud de los ocupados de más de 15 años, ya que entre 2002 y 2016, aumentó del 36,8% al 57,3% en 14 países.

No obstante, los avances, persisten las brechas de cobertura, sobre todo entre los trabajadores pertenecientes a los estratos de ingreso más bajos, aquellos que viven en zonas rurales y las mujeres.

Por ejemplo, en 2016, mientras que el 65,1% de los ocupados de 15 años y más del quintil de mayores ingresos estaban afiliados o cotizaban a un sistema de pensiones, solo el 19,4% de los ocupados del primer quintil de ingresos estaba en esa situación, proporción que se reducía al 16,3% en el caso de las mujeres de este grupo.

  1. La institucionalización de política social aún en construcción

Desde el punto de vista de la Agenda 2030, la institucionalidad es el marco en el que deberían expresarse los compromisos para su cumplimiento, a través de la implementación de políticas a largo plazo y con amplia legitimidad social.

Esto, sin embargo, está lejos de ser una realidad, y más bien constituye un proceso en curso en la mayoría de los países de la región.

“En muchos casos, las políticas y programas sociales en general, y la protección social en particular, descansan sobre bases institucionales frágiles y están sujetas a cambios abruptos de orientación, a una limitada capacidad de coordinación entre los actores gubernamentales relevantes y a poca claridad en sus objetivos y alcance”, explica la CEPAL.

  1. Una inversión social insuficiente

Financiar las políticas sociales es un factor clave para el logro del desarrollo social inclusivo, así como transformar la idea de gasto corriente en la de inversión social.

Un elemento clave para destinar recursos a políticas sociales es la carga tributaria. En 2017, los ingresos tributarios totales en América Latina y el Caribe ascendieron al 22,8% del PIB, en comparación con un promedio del 34,2% del PIB en el caso de los países de la OCDE.

Además de aumentar la tributación, parte del problema del financiamiento de las políticas sociales podría resolverse mejorando la efectividad de la recaudación.

Este es un gran desafío para la región, considerando que el nivel de evasión fiscal en América Latina ascendió a un total del 6,3% del PIB, el equivalente a un total de 335.000 millones de dólares en 2017.

“Si los países pudieran reducir una parte de este incumplimiento, esos ingresos adicionales podrían dar un ímpetu importante para lograr las metas sociales y económicas incorporadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, resalta la CEPAL.

  1. Obstáculos emergentes

A los obstáculos anteriores, la CEPAL añade cinco trabas emergentes para el de desarrollo social:

  1. La violencia: América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, algo inesperado dado su nivel de desarrollo económico, político y social. Por ejemplo, la tasa de homicidios de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial. La violencia no solo se refiere a homicidios, sino también a otras expresiones de violencia, como asaltos e incidentes de violencia sexual
  2. Los desastres naturales y el cambio climático: La mayor frecuencia con que ocurren desastres naturales y fenómenos extremos relacionados con el calentamiento global hace que sea indispensable diseñar estrategias para reducir la exposición de la población.
  3. La transición demográfica: Si bien existen grandes diferencias entre los países de la región respecto del descenso de la fecundidad, las tasas de fecundidad pasaron de un promedio de 5,5 hijos por mujer entre 1965 y 1970 a 2,05 hijos entre 2015 y 2020. Al proyectar estas tendencias, se espera que en el futuro las tasas de dependencia aumenten debido al incremento en la proporción de personas mayores.
  4. Las migraciones: Las nuevas presiones en el entorno mundial, comenzando por la actual política migratoria estadounidense, han imprimido mayor urgencia a esta temática. A su vez, la región no está exenta de flujos migratorios forzados por desastres naturales y climáticos poco predecibles, así como por crisis económicas e inestabilidad política.
  5. Los cambios tecnológicos: Las transformaciones tecnológicas están teniendo notables efectos en la educación y la formación. De no universalizar el acceso para aprovechar las nuevas herramientas, continuará reforzándose la desigualdad.

Al concluir la reunión de la Conferencia Regional en México, aprobaron una agenda regional encaminada a avanzar hacia la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señaló que “América Latina y el Caribe tiene que demostrarle al mundo que tiene un compromiso profundo con el desarrollo social, con el combate a la desigualdad, a la pobreza y a la pobreza extrema, a pesar de los problemas, obstáculos y dilemas económicos, políticos y sociales por los que atravesamos”.

Bárcena enfatizó que “no podemos bajar la guardia porque la economía nos está imponiendo restricciones muy severas. Los programas sociales deben seguir siendo prioridad para los países de nuestra región”.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de Naciones Unidas (ONU)

RV: EG

El artículo Ocho obstáculos impiden desarrollo sostenible de América Latina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Revancha militar contra la redemocratización de Brasil

qui, 03/10/2019 - 12:36

Con postura marcial, el presidente Jair Bolsonaro (segundo a la izquierda), rodeado de dos generales retirados con papel clave en su gobierno: el vicepresidente Hamilton Mourão (primero a la izquierda) y el ministro Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno Pereira. El militar uniformado es jefe de la guardia presidencial. Detrás, a la derecha, Gustavo Bebbiano, ex secretario general de la Presidencia, también con rango de ministro, destituido el 18 de febrero por discrepancias con un hijo de Bolsonaro. Crédito: Carolina Antunes/PR-Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 3 2019 (IPS)

A estas alturas es evidente que Jair Bolsonaro mantiene, como presidente, las convicciones antidemocráticas y retrógradas de las que hizo gala durante sus 30 años de vida parlamentaria y que ahora ponen a prueba el ciclo de redemocratización de Brasil.

Los brasileños, acostumbrados a su beligerante respaldo a la dictadura militar, que rigió el país entre 1964 y 1985, y a su represión sustentada en la tortura, poco se sorprenden por esos reiterados alegatos  que contradicen su promesa de “gobernar para todos” durante el discurso de posesión del pasado 1 de enero.

Para los extranjeros su discurso quizás suena más asustador al alabar la dictadura chilena del general Augusto Pinochet (1973-1990), y otros golpes militares que, a su juicio, habrían evitado el comunismo en América Latina, así como su calificación “de izquierda” al nazismo que exterminó millones de judíos en Alemania.Por sus pronunciamientos, Bolsonaro parece encarar su llegada al palacio presidencial de Planalto como una revancha, no solo contra los civiles que rescataron la democracia, tildados todos de izquierdistas o socialistas, sino también contra lo que ojos radicales del estamento castrense consideraron una rendición de los militares.

En su opinión, como la de otros militares que ocupan un tercio de los ministerios del gobierno de extrema derecha, no hubo dictadura en Brasil ni golpe militar en 1964, sino que lo que existió fue un movimiento que logró impedir el fin de la democracia.

“Vencimos aquella guerra y resguardamos nuestra libertad”, dijo Bolsonaro en su discurso inaugural en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de octubre, sin referirse claramente al golpe. Atribuyó a “agentes cubanos” el intento de diseminar dictaduras por el continente.

Esa guerra prosigue contra el “socialismo” que, en su opinión, era la ideología de todos sus antecesores en la presidencia y que “se instaló en el terreno de la cultura, de la educación y dominó los medios de comunicación, universidades y escuelas”, en busca  del “poder absoluto”.

Pretende revivir la Guerra Fría, en que todo vale contra el comunismo ahora referido como “socialismo”, “marxismo cultural” o “globalismo” para no parecer tan arcaico y justificar sus ataques contra el periodismo, las artes, la enseñanza pública y el feminismo.

El ascenso de Bolsonaro, quién dejó el Ejército en 1988 como capitán para convertirse en diputado municipal y luego nacional, sin alejarse nunca de los cuarteles, representó una redención de los militares, antes rechazados como dictatoriales y responsables de la crisis económica de la “década perdida” de los 80.

Marginados de la política de redemocratizar el país iniciada en 1985, los militares volvieron ahora al poder con siete ministros y centenares de oficiales en todos los sectores del gobierno, además de la vicepresidencia.

El triunfo electoral del excapitán obedeció en gran parte a la popularidad recuperada por las Fuerzas Armadas, ante las frustraciones entre los 210 millones de habitantes de este país por los siete gobiernos civiles, especialmente por la corrupción desnudada en los últimos cinco años, que ha involucrado a centenares de políticos.

Una coyuntura probablemente única le permitió a Bolsonaro combinar en su candidatura la nostalgia de un pasado militar de prosperidad, sin corrupción visible, la reacción conservadora en costumbres, una religiosidad agresiva encabezada por las iglesias evangélicas y el liberalismo económico.

El presidente Jair Bolsonaro, cuando abrió la lista de oradores en la 74 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre. Allí sorprendió a la audiencia al asegurar que la Amazonia está “prácticamente intacta” y negar el repunte de su deforestación en este año tras un gran esfuerzo para su reducción por los gobiernos anteriores, desde 2004. En su comitiva incluyó una indígena que presentó como lideresa, aunque carezca de legitimidad dentro de las organizaciones indígenas, en una maniobra que agrava los conflictos de su gobierno conlos pueblos originarios. Crédito: Alan Santos/PR-Agência Brasil

Por sus pronunciamientos, Bolsonaro parece encarar su llegada al palacio presidencial de Planalto como una revancha, no solo contra los civiles que rescataron la democracia, tildados todos de izquierdistas o socialistas, sino también contra lo que ojos radicales del estamento castrense consideraron una rendición de los militares.

La devolución del gobierno a los civiles fue un proceso de “apertura lenta, gradual y segura”, decidida y manejada por el grupo militar que ascendió al poder en 1974, bajo la presidencia del general Ernesto Geisel (1974-1979), y concluida por su sucesor, el general João Batista Figueiredo (1979-1985).

No fue una simple renuncia a la dictadura. En 1974, la oposición había logrado una aplastadora votación en las elecciones legislativas, permitidas con restricciones por el régimen militar. Además, la economía empezaba a sufrir efectos del primer brutal incremento de los precios petroleros en 1973.

Pero sectores que Geisel definió como “bolsones radicales pero sinceros” se opusieron a la redemocratización. La lucha interna entre los militares tuvo un desenlace en 1977 con la destitución del ministro del Ejército, el general Sylvio Frota, líder de los que pretendían seguir con la represión pura y dura contra sus opositores.

La muerte bajo tortura de dos presos políticos, el periodista Wladimir Herzog y el obrero Manoel Fiel Filho, en octubre de 1975 y enero de 1976, en el Centro de Operaciones de Defensa Interna (Codi), vinculado al Ejército en São Paulo, decidió a Geisel a extirpar el foco de resistencia a su apertura en 1977.

Las biografías y declaraciones de Bolsonaro y sus generales allegados dejan claro que pertenecen al grupo derrotado. Volver al poder ahora, de alguna manera, es saldar cuentas con el pasado, incluso en el ámbito interno castrense.

El general retirado Augusto Heleno Pereira, ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional y considerado en más cercano al presidente, fue edecán del general Frota cuando este era ministro del Ejército.

El presidente Jair Bolsonaro conversa con el general Eduardo Villas Bôas, que dejó el comando del Ejército el 11 de enero para convertirse en asesor del Gabinete de Seguridad Institucional, cuyo jefe es otro general retirado, Augusto Heleno Pereira. Villas Bôas sufre de esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa que le obliga a usar silla de ruedas. Tuvo un papel importante en la elección del presidente, como garantía de respaldo militar y de anticorrupción, un factor decisivo en el triunfo electoral del capitán retirado Bolsonaro. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Tanto Bolsonaro como su vicepresidente Hamilton Mourão, general retirado, celebran como “héroe” al coronel Carlos Brilhante Ustra, muerto en 2015, jefe del Codi de São Paulo donde murieron por lo menos 47 presos políticos, según la Comisión Nacional de la Verdad que, entre 2012 y 2014, investigó crímenes de la dictadura.

Diferentes Codi, creados en varias capitales brasileñas con una mezcla de militares y policías, constituían una fuerza irregular con licencia para torturar y matar “subversivos”. Operaban por encima de la jerarquía, con pequeños equipos comandados por capitanes.

De esos grupos salieron militares que pasaron a la criminalidad o cometieron atentados terroristas para sabotear la transición democrática. En uno de esos casos una bomba mató a una secretaria del Colegio de Abogados de Brasil. En otro resultó muerto un sargento y un capitán del Ejército fue herido, al estallar en su automóvil la bomba destinada a un espectáculo musical.

La contundente defensa de la dictadura, cuyo error “fue torturar en lugar de matar” unos 30.000 opositores, según dijo en el pasado, vincula a Bolsonaro con el espíritu de esos grupos irregulares que actualmente se repiten en las milicias parapoliciales.

Otras declaraciones suyas, ya como presidente confirman que sus creencias son profundas y persistentes, enraizadas en su formación como oficial del Ejército entre 1974 y 1977, en la Academia Militar das Agulhas Negras, en Resende, a 165 kilómetros de Río de Janeiro.

La mayoría de los generales que el presidente designó como ministros, al igual que el vicepresidente Mourão, se graduaron en la misma Academia entre 1969 y 1977, el período más brutal de la dictadura, en término de encarcelamientos, torturas, “desaparecidos” políticos y exilio forzado.

Según la Comisión de la Verdad, durante el régimen militar hubo al menos 434 muertos y desaparecidos políticos, además de decenas de miles de personas encarceladas y torturadas y unos 10.000 opositores exiliados.

Hay cierta comunión de opiniones entre esos altos oficiales que permanecen en altos cargos. Otros generales, todos ya retirados, que no comparten el extremismo, fueron siendo destituidos tras algunos meses en ministerios o funciones de alto rango en el gobierno.

Es muy reveladora, en ese sentido, una frase de Bolsonaro durante la campaña electoral a la presidencia.

Su meta es “un Brasil similar al que teníamos hace 40 o 50 años atrás”, dijo el 15 de octubre de 2018 en una entrevista en una radio de Barretos, una ciudad del estado de São Paulo.

Ese pasado utópico coincide con los años de prosperidad económica, pero también de la represión más violenta, la imposición de la familia tradicional y de la violencia brutal contra la diversidad sexual y la población afrobrasileña.

Los indígenas recién comenzaban entonces su afirmación étnica y cultural que Bolsonaro ahora quiere borrar, con el argumento, calificado de etnocida por especialistas, de que “somos todos iguales”.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Revancha militar contra la redemocratización de Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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