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Atualizado: 1 hora 18 minutos atrás

Más allá de Arabia Saudita: el mundo le está fallando a los periodistas

sex, 28/06/2019 - 15:44

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, informó al Consejo de Derechos Humanos que su investigación determinó que Arabia Saudita es "responsable" del asesinato "extrajudicial" del columnista Jamal Khashoggi. Crédito: Manuel Elias/Acnudh

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 28 2019 (IPS)

El columnista saudí Jamal Khashoggi fue víctima de “una ejecución premeditada y deliberada perpetrada” por funcionarios de Arabia Saudita y los periodistas de todo el mundo sufren en forma creciente parecida suerte, determinó una alta funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas.

Después de una investigación de seis meses, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, concluyó que Arabia Saudita es “responsable” del asesinato “extrajudicial” de Khashoggi, columnista del Washington Post.

“Este asesinato fue el resultado de una misión planificada que involucró una amplia coordinación e importantes recursos humanos y financieros. Fue supervisada, planificada y respaldada por funcionarios de alto nivel y fue premeditada”, dijo el 26 de junio en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Se trató de “una ejecución premeditada y deliberada, un asesinato extrajudicial del cual es responsable el Estado de Arabia Saudita”, sentenció la alta funcionaria sobre el crimen del crítico del reino saudí que tuvo lugar en Estambul en octubre de 2018.

“El derecho a la vida es un derecho en el centro de la protección internacional de los derechos humanos. Si la comunidad internacional ignora los asesinatos selectivos diseñados para silenciar la expresión pacífica, pone en riesgo la protección de la que dependen todos los derechos humanos”, agregó Callamard.

Como ocurrió en un consulado en Turquía, el asesinato no puede considerarse un “asunto interno” y viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como la prohibición del uso extraterritorial de la fuerza en tiempos de paz, por lo que es un crimen internacional.

Callamard señaló la necesidad de establecer una investigación criminal dentro de la ONU para garantizar la administración de justicia, y señaló que la investigación realizada por las autoridades saudíes no fue la adecuada y dejó fuera a “altos mandos del país” y a “los autores intelectuales del crimen, de forma directa o indirecta”.

“La investigación llevada a cabo por las autoridades saudíes no ha abordado la cadena de mando. No es solo una cuestión de quién ordenó el asesinato: la responsabilidad penal se puede derivar de la incitación directa o indirecta o de la falta de prevención y protección”, dijo la relatora especial.

El gobierno de Arabia Saudita continúa negando su participación y rechazó el nuevo informe, afirmando que se basa en “prejuicios e ideas prefabricadas”.

Si bien el asesinato de Khashoggi fue brutal, su historia es solo uno de los muchos casos de ataques contra periodistas en todo el mundo.

“Esta ejecución es emblemática de un patrón global de asesinatos selectivos de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas políticos”, dijo Callamard.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), 80 periodistas fueron asesinados, 348 encarcelados y 60 secuestrados tan solo en 2018, lo que refleja un nivel sin precedentes de violencia contra los profesionales de la comunicación.

Javier Valdez, un periodista mexicano que investigó la actividad de los carteles de la droga, fue asesinado en mayo de 2017.

Pocos días después, los colegas y la viuda de Valdez comenzaron a recibir mensajes infectados con un programa espía conocido como Pegasus, que fue comprado por el gobierno mexicano a la compañía israelí de guerra cibernética NSO Group.

NSO Group solo vende ese programa espía a los gobiernos con el propósito de combatir el terror e investigar el crimen. Sin embargo, el regulador digital Citizen Lab encontró 24 objetivos cuestionables, incluidos algunos de los periodistas más destacados de México.

El programa también ha sido utilizado en otros lugares por gobiernos represores de la libertad de expresión, como los Emiratos Árabes Unidos, que atacaron y encarcelaron al defensor de los derechos humanos Ahmed Manor por sus publicaciones en las redes sociales.

En Canadá, un operador vinculado a Arabia Saudita también ha infectado con el programa espía al crítico del régimen saudí y amigo de Khashoggi, Omar Abdulaziz, según denuncias.

Si bien un sospechoso fue arrestado en 2018 por el asesinato de Valdez, no está claro si son los principales culpables de su muerte.

“El arresto de un sospechoso en el asesinato de Javier Valdez Cárdenas es un paso bienvenido, pero instamos a las autoridades mexicanas a identificar a todos los responsables del asesinato, incluido el autor intelectual”, dijo el representante de México en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Jean-Albert Hootsen.

“Con demasiada frecuencia, las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas mexicanos se estancan después de que los sospechosos de bajo nivel hayan sido arrestados, lo que permite que la impunidad prospere”, agregó.

El gobierno mexicano también inició una investigación sobre el uso indebido de la tecnología de vigilancia, pero hasta ahora nadie ha sido castigado.

Callamard instó a Arabia Saudita a liberar a los encarcelados por su opinión o creencia y a realizar una evaluación en profundidad de las instituciones “que posibilitaron el crimen contra Khashoggi”.

También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las leyes para proteger a las personas contra los asesinatos selectivos, incluido el intercambio de información si una persona está en riesgo.

“Hay signos claros de tácticas cada vez más agresivas por parte de los Estados y actores no estatales para silenciar de manera permanente a quienes los critican. La comunidad internacional debe evaluar estos entornos hostiles, debe hacer un balance de los hallazgos de mi investigación sobre el asesinato de Khashoggi”, dijo Callamard en el  Consejo de Derechos Humanos, en el que Arabia Saudita es uno de sus integrantes.

“Las denuncias son importantes, pero ya no son suficientes. La comunidad internacional debe exigir la rendición de cuentas y la no repetición. Debe fortalecer las protecciones y la prevención con urgencia. El silencio y la inacción solo causarán más injusticia e inestabilidad global”, agregó.

T: MF

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Ampliar el espacio fiscal es vital para financiar el desarrollo latinoamericano

sex, 28/06/2019 - 13:39

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación del informe sobre la Situación Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, en el Centro para el Desarrollo Global, en Washington. Crédito: Sardari Group Inc/ Cortesía del CGD

Por Corresponsal Fao
WASHINGTON, Jun 28 2019 (IPS)

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, reafirmó la importancia de fortalecer los ingresos públicos para tener mayor capacidad de movilizar recursos internos que permitan financiar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y los requerimientos de desarrollo de la región.

La máxima representante del organismo regional de las Naciones Unidas hizo este planteamiento durante la presentación del informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 realizada el jueves 27 de junio en el Centro para el Desarrollo Global, en Washington.

Bárcena propuso reforzar el espacio fiscal fortaleciendo los ingresos tributarios, para lo que resulta fundamental reducir el alto nivel de evasión y elusión tributaria – que alcanzó 6,3% del producto interno bruto (PIB) en 2017, lo que equivale a 335.000 millones de dólares-, hacer más progresiva la recaudación y explorar otras fuentes ingreso como la tributación de la economía digital, impuestos ambientales e impuestos para mejorar salud pública.

La secretaria ejecutiva de la Cepal hizo estas propuestas durante el encuentro titulado “Desafíos fiscales en América Latina: Medidas de políticas para un crecimiento sostenible e inclusivo”, que contó con la participación de reconocidos expertos del Centro para el Desarrollo Global, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el panel de discusión estuvieron presentes Sanjeev Gupta y Nancy Birdsall, del Centro para el Desarrollo Global; Marcello Estevão, director global de Macroeconomía, Comercio e Inversión del Banco Mundial; Eric Parrado, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID; y Jorge Roldos, director asistente para el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Bárcena presentó una serie de recomendaciones para ampliar el espacio fiscal de los países, promover el gasto y la inversión pública, y fortalecer las relaciones multilaterales y regionales para cerrar asimetrías en las políticas.

En su presentación, Bárcena detalló que para ampliar el espacio fiscal se debe reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos producto de la manipulación del comercio internacional de bienes -que llegaron a los 85.000 millones en 2016, es decir, 1,5% del PIB regional-; adoptar impuestos ambientales y de salud, así como en la economía digital;  repensar los gastos tributarios para alinearlos con los resultados de la inversión; y fortalecer la tributación sobre la renta y propiedad personal.

En el campo del gasto y la inversión pública, la secretaria ejecutiva de la Cepal dijo que se debe proteger la doble inclusión (social y laboral) de las personas sobre la base del gasto social; orientar las inversiones públicas hacia tecnologías innovadoras basadas en los recursos naturales; fomentar los acuerdos público-privados para impulsar la infraestructura y las energías renovables; y rediseñar los incentivos fiscales para las políticas industriales.

En el campo regional y multilateral, Bárcena indicó que es necesario forjar acuerdos regionales y globales para reducir la evasión, elusión y los flujos ilícitos; reducir la nociva competencia tributaria; revisar y alinear los incentivos tributarios para la inversión; y disminuir las asimetrías globales junto con fortalecer el diálogo con las empresas transnacionales.

“Uno de los mayores problemas de América Latina y el Caribe es la evasión: 335.000 millones de dólares. ¡Eso es mucho dinero! Debemos fortalecer el espacio fiscal robusteciendo los ingresos tributarios”, enfatizó.

“La deuda de la región ha aumentado pese de los esfuerzos de consolidación fiscal. En nuestra región no hay solo países de ingresos medios que deberían ser graduados (de la asistencia oficial para el desarrollo). Todavía tenemos muchas brechas por cerrar”, advirtió.

Junto con reconocer que las cifras de desigualdad en la región han mejorado entre 2002 y 2014 gracias a la aplicación de políticas públicas y reformas tributarias, Bárcena remarcó que es necesario prestar atención también a la evolución de los ingresos personales y la riqueza.

“Por ejemplo, en el triángulo norte de América Central existe una diferencia de salarios de diez veces con los Estados Unidos. ¡Diez veces! Además, el ingreso del 10% de las personas con mayores recursos en Centroamérica es 70 veces más alto que el ingreso del 10% con menores recursos. ¿Cómo decirle, entonces, a la gente de esos países que no migre? ¿Cómo se maneja este problema?”, dijo.

En este contexto, Bárcena hizo un llamado a los principales organismos multilaterales que operan en América Latina y el Caribe (como el FMI, Banco Mundial, BID y la Cepal) a generar un gran debate sobre estas cifras y a trabajar juntos para presentar estos problemas al más alto nivel político.

En el marco de su visita a Washington, Bárcena asistió además el jueves 27 a una reunión de la Junta de Directores del Diálogo Interamericano, en donde participaron también destacadas personalidades como los expresidentes de Brasil, Chile, Costa Rica, México y Panamá, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Laura Chinchilla, Ernesto Zedillo y Martín Torrijos, respectivamente.

Este artículo fue publicado originalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con la CEPAL.

RV: EG

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“Horrores inimaginables” en los centros de detención de migrantes de Libia

sex, 28/06/2019 - 12:06

El desolador estado de un centro de detención de migrantes en el norte de Libia. Crédito: ONU

Por Daniel Yang
NACIONES UNIDAS, Jun 28 2019 (IPS)

Para más de 10.000 migrantes que llegan a Libia huyendo de la guerra y de la violencia en sus países, su destino muy a menudo se reduce a obtener alguna indulgencia de los traficantes de personas o a una inhumana estancia en los centros de detención.

La costa norte de Libia, el mayor punto de partida para los migrantes africanos en su éxodo a Europa, es un caldo de cultivo para la esclavitud moderna. Capturados en tierra, interceptados en el mar, heridos y esposados por milicias y traficantes de personas, los migrantes son enviados a centros de detención y expuestos a todo tipo de abusos.

“Desde el momento en que (los migrantes) pisan suelo libio, se vuelven vulnerables a ser objeto de homicidio, torturas y otros malos tratos, detención arbitraria, privación ilegal de libertad y otras violaciones (de sus derechos)”, según un informe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, en inglés).

Sin embargo, las autoridades libias no han tomado medidas para abordar sistemáticamente el problema y tampoco ha ampliado su capacidad de detención de migrantes con la ayuda de los gobiernos europeos.

Amenaza grave de salud

Los centros de detención, controlados por el Ministerio del Interior de Libia y custodiados por las milicias del Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA, en inglés) respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a menudo alojan a cientos de migrantes en espacios súper hacinados, que carecen de ventilación  o agua potable.

“En algunas partes del centro, los inodoros están desbordados y necesitan reparaciones urgentes. Como resultado, los desechos sólidos y la basura se han acumulado dentro de la celda durante días y representan una grave amenaza para la salud”, describió la situación de una instalación un portavoz de la agencia de refugiados de la ONU (Acnur).

El saneamiento deficiente ha provocado un deterioro de las condiciones de salud dentro de los centros de detención, causando múltiples brotes de enfermedades.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó la situación como “un desastre”, y señaló que cientos de migrantes detenidos usan “cuatro inodoros que apenas funcionan, sin ducha y solo un acceso esporádico al agua”, según observaron algunos de sus miembros durante una visita al centro de detención de Zintan, la principal ciudad del noroeste de Libia.

Hussein Hassan, coordinador de emergencias de la oficina en Libia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo a IPS que “La tuberculosis con otras infecciones respiratorias, el VIH y las enfermedades de la piel son algunas de las afecciones que sufren los migrantes en más de 34 centros”.

En enero se realizó una campaña de detección de tuberculosis (TB) en el centro de Zintan, pero quienes dieron positivo de esta infección contagiosa permanecieron junto con el resto. Según Hassan, 16 migrantes contagiados con TB se agravaron por las interrupciones del tratamiento y la falta de un sistema de referencia adecuado.

Un informe interno de la ONU al que tuvo acceso  el diario irlandés The Irish Times indicó que más de 80 por ciento de los migrantes en el centro de detención de Zintan pueden haber sido infectados con TB.

Pero la tuberculosis no es la única enfermedad presente dentro de la crisis de salud de los centros, según MSF.

Un migrante de Eritrea muestra las enfermedades de la piel que contrajo en un centro de detención de Libia. Crédito: Alessio Romenzi/Unicef

“Muchos de ellos sufren de desnutrición, infecciones de la piel, diarrea aguda, infecciones del tracto respiratorio y otras enfermedades, así como tratamiento médico inadecuado”, destacó MSF en un comunicado. “Los niños son retenidos junto con los adultos en las mismas condiciones miserables”, añadió.

Sin embargo, la ayuda no está cerca. La ley libia prohíbe a los no ciudadanos el acceso a los servicios de salud pública y niega de hecho a los migrantes la atención médica adecuada. Además, las organizaciones humanitarias tienen acceso restringido a los centros, lo que crea retrasos en el tratamiento.

“Hemos sido abandonados aquí, no puedo regresar y nadie nos quiere en ninguna parte”, dijo un refugiado eritreo a MSF. “No sé dónde está mi lugar en la tierra”, añadió con total desaliento.

“Estamos muriendo”

Explotados por traficantes de seres humanos y comercializados como mercancías, los migrantes temen por su supervivencia diaria.

“Los migrantes retenidos en los centros libios son sometidos sistemáticamente a la hambruna y a severas golpizas, quemados con objetos metálicos calientes, electrocutados y sometidos a otras formas de maltrato con el objetivo de extorsionar a sus familias a través de un complejo sistema de transferencias de dinero”, indica el informe de la UNSMIL.

Después de la sangrienta guerra civil en 2011 que derrocó al régimen de Muammar Gadafi, Libia cayó en manos de facciones rivales y grupos islamistas. Dos fuerzas instaladas en el oeste y el norte libio se enfrentaron por el control de los campos petroleros del país.

La ilegalidad propició  el contrabando y el tráfico a lo largo de sus fronteras y costas.

La mayoría de los inmigrantes ingresan por la frontera sur del país. Pero la guerra entre las milicias del Ejército Nacional de Libia y el GNA respaldado por la ONU ha dejado al sur de Libia sin ley y sin fuerzas de seguridad.

Los traficantes de personas y las milicias bien armadas interceptan a los migrantes en su ruta a Trípoli, comprando a los funcionarios del gobierno para vender la mano de obra migrante por unos pocos cientos de dólares.

Los traficantes han creado un mercado en línea para armas ilegales a pesar del embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que agrega más caos e incertidumbre a la situación política.

“Al parecer, el suministro ilimitado de armas alimenta la creencia errónea de una solución militar al conflicto y contribuye a la falta de voluntad de los actores en el terreno para acordar un alto el fuego”, dijo Jürgen Schulz, representante permanente adjunto de Alemania ante la ONU en Nueva York.

En medio del caos, los migrantes se quedan indefensos.

El informe de UNSMIL detalla que “innumerables migrantes y refugiados perdieron la vida durante su cautiverio por los traficantes, después de recibir disparos, ser torturados hasta morir o simplemente morir por inanición o negligencia médica”.

“Por toda Libia, se hallan con frecuencia  cuerpos no identificados de migrantes y refugiados con heridas de bala, marcas de tortura y quemaduras, en contenedores de basura, lechos secos de los ríos, fincas agrícolas o el desierto”, describe el drama.

“Estamos muriendo”, dijeron detenidos en algunos de los centros al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “Vivimos como animales; nos ganan todos los días”, añadieron.

Algunas de las mujeres confinadas en un centro libio de detención de migrantes. Crédito: OIM

Peor para las mujeres

La abrumadora mayoría de mujeres y adolescentes que atraviesan Libia y caen en los centros de detención son violadas por milicianos, pandilleros o traficantes contaron a la  UNSML en sus entrevistas.

Además, en los 11 centros donde se detienen a mujeres migrantes o refugadas se registran maltratos y violaciones perpetrados por los propios guardias de seguridad.

La las detenidas, cuenta el informe a título de ejemplo, frecuentemente se las desnuda y se las somete a controles corporales ante la presencia de hombres. La falta de personal femenino entre la guardia de los centros incrementa el riesgo de agresión sexual y explotación.

La UE, cómplice de la tragedia

La ley libia agrupa a migrantes, refugiados políticos y solicitantes de asilo en la misma categoría bajo la supervisión del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal (DCIM, en inglés) del Ministerio del Interior.

Incluso si los migrantes logran escapar de los traficantes de personas y la búsqueda y captura del DCIM a lo largo de la costa norte, los barcos patrulla europeos los interceptan cuando intentan cruzar el mar Mediterráneo y devuelven sus embarcaciones a Libia.

La Unión Europea (UE) ha invertido millones de euros en la Guardia Costera de Libia bajo el argumento de una “gestión eficiente de las fronteras”, pese a conocer muy bien que los forzados al retorno a territorio libio solo les espera la esclavitud y los abusos sin tregua.

Decenas de organizaciones internacionales humanitarias, entre ellas Oxfam y Human Rights Watch (HRW), han condenado la actuación de la UE, calificando su política de “cómplice” en la tragedia humanitaria de los migrantes, en una carta abierta publicada en enero.

“Las acciones de los gobiernos europeos han hecho que sea extremadamente difícil para las organizaciones de búsqueda y rescate continuar con su labor de salvar vidas”, dijo la carta, que pidió poner fin a la devolución de migrantes a Libia.

Desde 2009, Italia, donde desembarcan la mayoría de migrantes procedentes de Libia cuando logran atravesar el Mediterráneo, trata de interceptar todas las embarcaciones de migrantes y de transferir a los migrantes de regreso a Libia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró en 2012 que esa actuación de Italia es una violación de los derechos de los migrantes, pero desde entonces el gobierno del país ha intensificado sus operativos para impedir que los migrantes africanos lleguen a sus costas.

En 2017, el parlamento italiano estableció una ley que permite el despliegue de su armada en aguas libias, con el objetivo de ayudar a la Guardia Costera del país del norte de África a “luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas”.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 10.000 personas han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo desde 2014.

Sin embargo, para los migrantes que huyen de lo insoportable, ese tramo marítimo sigue representando una esperanza, la única en sus manos.

T: MF

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¿Puede frenar el acoso laboral un convenio internacional no vinculante?

qui, 27/06/2019 - 20:36

Algunos delegados en la Conferencia Internacional del Trabajo celebran la adopción del histórico Convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Crédito: OIT

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 27 2019 (IPS)

Los países miembros de la OIT acordaron un nuevo convenio internacional para proteger a los trabajadores del acoso y la violencia en el ámbito laboral, que es calificado de histórico pero sobre el que  hay discrepancias en cuanto a su efectividad por el carácter voluntario de su implementación.

La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) concluyó su sesión anual en Ginebra, el 21 de junio, con la aprobación del nuevo Convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), cuya actuación emana de las CIT, precisó que la nueva norma internacional entrará en vigor 12 meses después de que al menos dos Estados miembros lo hayan ratificado, junto con las recomendaciones, que no son jurídicamente vinculantes, pero que proporcionan directrices sobre cómo aplicarlo.

Rothna Begum, investigadora principal de derechos de la mujer en la organización Human Rights Watch (HRW) en su oficina en Ginebra, puntualizó que otro requisito del Convenio 190 de la OIT es que cada Estado debe ratificarlo para que entre  en vigor dentro de su territorio.

A su juicio, eso es una debilidad porque muchos los Estados firman convenciones internacionales y luego no las ratifican, así que las de carácter obligatorio con tan solo la firma facultan en que el organismo responsable, en este caso la OIT, cuente con instrumentos para su cumplimiento.

Un caso diferente, adujo, es el de las de las recomendaciones, que “proporcionan la orientación necesaria para comprender las obligaciones establecidas en el Convenio”.

La especialista de HRW señaló que también hay una resolución que, una vez adoptada, ordenará a la OIT tener una estrategia para llevar a cabo una campaña de ratificación y ayudar a los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores a implementarla.

Paula Donovan, activista por los derechos de las mujeres y codirectora de la campaña del Código Azul contra los abusos sexuales en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, destacó el gran valor del Convenio 190.

“Es impresionante darse cuenta de que hace menos de una década, pocos podía imaginar que un convenio tan progresista podría ser adoptada en la OIT”, dijo en diálogo con IPS.

Como punto negativo resaltó la ironía de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la que la OIT es una de sus agencias, quede excluida del mandato del Convenio, lo que le da inmunidad en sus lugares de trabajo, incluidos los de los países que sí ratifiquen el tratado.

“Pero la gran victoria alcanzada debería inspirar la esperanza de que la ONU pueda elegir cambiar con el tiempo y unirse a la revolución que defiende”, declaró.

Palitha Kohona, exjefe de la Sección de Tratados de la ONU, dijo a IPS que “la cuestión de si la convención de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo es obligatoria o voluntaria dependerá de sus propias disposiciones”.

En general, los convenios de la OIT, 189 hasta ahora, permiten a los Estados parte implementar sus propias obligaciones para cada tratado, con sus propios mecanismos.

Los tratados, reflexionó con base en su experiencia, se implementan mejor cuando los estados parte se sienten obligados a incluirlos en sus jurisdicciones nacionales porque la implementación es en su propio interés.

A su juicio, la aplicación voluntaria produce los mejores resultados. Cuando un tratado tiene disposiciones obligatorias, su cumplimiento requiere la creación de una gama de mecanismos internacionales para su aplicación que no son fáciles, dijo Kohona, quien también fue representante permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas.

María Victoria Cabrera Balleza, directora ejecutiva de la  Red Mundial de Mujeres Constructoras de la Paz, dijo a IPS que la adopción del nuevo Convenio de la OIT representa un hito crucial  en la lucha para eliminar la violencia y el acoso contra las mujeres en el trabajo.

A su juicio, la plena y efectiva aplicación de esta norma internacional cambiará las vidas de las mujeres en todo el mundo.

“Cuando las mujeres sepan que están seguras, serán más productivas, estarán más inspiradas y más motivadas. Eso será beneficioso para todos, para las propias mujeres, para el movimiento laboral, para el sector empresarial y para los gobiernos”, dijo la activista de origen filipino.

Para Cabrera, “esto también demuestra que el movimiento #MeToo puede tener un carácter diverso”.

“No es solo para mujeres blancas en América del Norte y Europa. Espero sinceramente que más mujeres, especialmente en lugares de trabajo en países en desarrollo, hablen sobre el hostigamiento y la violencia cometidas contra ellas, y también que todos los agresores se enfrenten a la justicia”, afirmó Cabrera.

Señaló que el nuevo tratado ha demostrado que el movimiento #MeToo (yo también) realmente puede dar lugar a un #WeToo (nosotras también). El siguiente paso es lograr que todos los gobiernos ratifiquen el tratado y se obliguen a instrumentar leyes locales para su instrumentación.

“La sociedad civil de todo el mundo debe unirse y movilizarse para garantizar que ningún gobierno se salga con la suya sin ratificarlo. Igualmente, si no es más importante, garantizar que los gobiernos, los empleadores, los sindicatos y las asociaciones de trabajadores sean responsables del cumplimiento de este tratado pionero”, afirmó.

Por su parte, un portavoz de la OIT dijo a IPS que además de su aplicación por los Estados que lo ratifiquen, el Convenio 190 “también podrá ser utilizado como referencia establecer políticas en organizaciones internacionales” contra el acoso y la violencia laboral.

El Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres dijo en un comunicado que el Convenio representa pasar de una toma de conciencia sobre la violencia de género en el mundo del trabajo, a un mecanismo que obligue a rendir cuentas y acabar con ella.

“Estas nuevas normas reconocen una definición amplia de ‘trabajadora’ y ‘mundo del trabajo’, que tiene el potencial de abordar la amplia gama de realidades laborales de las mujeres”, expresa el Centro, para el que el nuevo Convenio impactará en forma positiva a millones de mujeres en todo el mundo.

En la aplicación del Convenio, añade, se requerirá un enfoque “interseccional”, aquel que incluye el género, la etnia, la clase u orientación sexual como categorías sociales construidas e interrelacionadas. De esa manera, aduce, se garantizará que las normas sean inclusivas y tengan en cuenta a trabajadoras marginadas y situaciones vulnerables.

“Buscaremos que los Estados y los empleadores desarrollen prácticas auspiciosas” para cumplir los nuevos estándares, y también para que estos reflejen los derechos humaos de las mujeres y su derecho a condiciones de trabajo decente, añadé.

El nuevo Convenio, que se negoció por dos años, obligará a los países que lo ratifiquen a desarrollar leyes nacionales que prohíban la violencia en el lugar de trabajo y tomen medidas preventivas, como campañas de información, así como que las empresas tengan políticas laborales sobre la violencia.

El tratado también obliga a los gobiernos a monitorear el problema y proporcionar acceso a recursos mediante mecanismos de denuncia, medidas de protección de testigos y servicios a las víctimas, además de proporcionar medidas para su protección contra las represalias.

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Violencia criminal cae en Brasil mientras desempleo sube

qui, 27/06/2019 - 14:22

Después de una ola de ataques en Ceará, la Fuerza Nacional de Seguridad Pública fue enviada a su capital, Fortaleza, en apoyo a los agentes de seguridad del Estado de la región del Nordeste de Brasil. Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 27 2019 (IPS)

Brasil se mantiene como campeón mundial de homicidios, pero celebra una fuerte reducción de la criminalidad desde 2018, pese a las elevadas tasas de desempleo, producto de la recesión económica de 2015-2016 aún sin una recuperación plena.

El récord histórico de 65.602 homicidios, que corresponde a 31,6 casos por cada 100.000 habitantes, se propaló como una noticia alarmante por todo el mundo, cuando el 5 de junio se divulgaron los resultados del Atlas de la Violencia 2019.

Pero eran datos rezagados, de 2017, ya que el Atlas, publicación del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada,  en conjunto con el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), una asociación de interesados en el tema, maneja estadísticas consolidadas de años anteriores.“La clave para entender la violencia criminal es que la vida no se ve como una cuestión social, no importa a la sociedad. Homicidio es solo un problema sociológico, de investigación. La policía atiende a demandas de seguridad de la élite, de las áreas ricas, no de las periferias ajenas al turismo”: Ricardo Moura.

En 2018 hubo una caída de 12,8 por ciento en los asesinatos y esa tendencia se acentuó en los cuatro primeros meses de 2019, con rebaja de 23 por ciento, en comparación con igual período del año anterior, según el Monitor de la Violencia, que acompaña el tema mensualmente.

Se trata de un observatorio de G1, portal periodístico del mayor grupo de comunicación en Brasil, Globo, asociado al mismo FBSP y al Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo.

Un dato negativo, las “muertes por intervención policial” que el Monitor registra a parte aumentaron 17,9 por ciento, de 5.225 a 6.160, entre 2017 y 2018.

Refleja “el modelo y la lógica adoptada en una política de seguridad bélica”, basada en una represión cada día más violenta, observó Ricardo Moura, investigador del Laboratorio de Estudios de Violencia de la Universidad Federal de Ceará.

El caso de Ceará, ¿un modelo?

En Ceará, un estado del Nordeste brasileño con nueve millones de habitantes, es donde se registró la reducción más espectacular de muertes violentas, 53 por ciento, en el primer cuatrimestre de este año, cuando hubo 759 víctimas, según el Monitor de la Violencia.

En  2018 ocurrieron en ese estado 4.498 homicidios, una caída de 12,4 por ciento respecto al año anterior.

Ese éxito, por lo menos en Ceará, es engañoso, porque 2017 fue “un año fuera de la curva”, de excepcional mortandad en la guerra entre tres bandas criminales por el control del narcotráfico local, explicó Moura a IPS.

“La comparación con un nivel anterior tan elevado de muertes genera la falsa impresión de que se puede contener la violencia”, matizó.

“Este año parece mejor, con reducción más acentuada que quizás se mantenga, algo que se verá en el segundo semestre”, concedió el también periodista, que firma una columna sobre seguridad pública en el diario local O Povo.

Los avances de este año en el combate a la criminalidad en Ceará se deben a tres factores principales, en su evaluación.

Primero porque “los líderes de las facciones (del narcotráfico) decidieron no pelear entre ellos y considerar el Estado como enemigo principal y común”.

En la práctica eso se tradujo en una oleada de ataques con armas de fuego y bombas contra sedes gubernamentales, comercios, bancos y viaductos, además del incendio de decenas de autobuses, en los dos primeros meses del año.

Fue una represalia a las medidas del nuevo secretario de Administración Penitenciaria, Mauro Albuquerque, para intentar controlar las organizaciones criminales dentro de las prisiones y quitarles las condiciones de operar desde las cárceles.

El “acuerdo de paz”, que venían negociando desde el semestre anterior, promovió la “suspensión de la rivalidad” y de las cruentas batallas entre facciones.

El segundo factor fue el Programa Proteger del gobierno de Ceará, que comprende la “ocupación de áreas vulnerables, donde ocurren muchos homicidios” por unidades policiales. Iniciada en 2017, esa ocupación obtuvo “cierto éxito” en contener la violencia, reconoció Moura.

Por último el gobierno intervino el sistema penitenciario, dificultando la comunicación entre los líderes presos y sus redes criminales, lo que limitó sus acciones.

Los resultados pueden ser pasajeros, teme el investigador, si la ocupación de las prisiones y barrios violentos no se hace permanente, ya que “exige muchos recursos y efectivos policiales”.El desempleo como contexto

En Brasil, el desempleó comenzó a trepar desde 2014, cuando se produjeron los primeros síntomas de la desaceleración económica, hasta alcanzar su récord en el periodo marzo-mayo de 2017, cuando afectó a 13,3 por ciento de la población económicamente activa, para reducirse hasta 12,4 por ciento en el último lapso del que hay cifras oficiales, de diciembre a febrero de este año.

Eso representa 13,1 millones de personas desempleadas, que se eleva hasta 27,9 millones si se suman aquellas subempleadas o que dejaron de buscar trabajo, que actualmente enfrentan dificultades de sobrevivencia, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

El escenario social no favorece la pacificación en la región, con “más de 400.000 desempleados y otro tanto de desalentados”, aquellos que ya desistieron de buscar empleo ante la crisis económica.

 

En Fortaleza, la capital de Ceará, “del cuadro de fragilidad laboral se aprovecha el crimen organizado, cuya capacidad de reclutamiento encuentra condiciones favorables, especialmente en su periferia”, lamentó Moura.

La región metropolitana de Fortaleza concentra más de cuatro millones de personas, cerca de 45 por ciento de la población del estado, y la mayoría de los homicidios.

“La clave para entender la violencia criminal es que la vida no se ve como una cuestión social, no importa a la sociedad. Homicidio es solo un problema sociológico, de investigación. La policía atiende a demandas de seguridad de la élite, de las áreas ricas, no de las periferias ajenas al turismo”, concluyó Moura.

La criminalidad creció escandalosamente en el Nordeste y el Norte, las dos regiones más pobres de Brasil en este siglo, mientras se mantuvo estable o disminuyó en estados ricos del Sur y Sudeste.

En Ceará los homicidios se multiplicaron por 2,8 de 2007 a 2017, cuando alcanzó un total de 5.433 y una tasa de 60,2 por 100.000 habitantes, contra un promedio mundial de 6,4 por 100.000, en este país sudamericano de dimensiones continentales y 210 millones de personas.

En el norte amazónico, el poco poblado estado de Acre, con 870.000 habitantes, también bajó al infierno en 2017 por sus fronteras con la producción de cocaína en Bolivia y Perú, y logró bajar la mortandad al año siguiente al endurecer las condiciones carcelarias.

En Brasil hay un virtual consenso entre los analistas de que el brutal aumento de la criminalidad, especialmente los homicidios, en las últimas décadas se debió básicamente al narcotráfico, dividido entre facciones en conflicto por el control territorial del negocio ilícito.

La expansión de los grandes “comandos” nacidos en las cárceles y barrios pobres de las grandes metrópolis del Sudeste, Río de Janeiro y São Paulo, incrementó la violencia en el Nordeste y Norte, convertidas en nuevas rutas del narcotráfico internacional.

Mientras, São Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, con 45 millones de habitantes, vive una caída sostenida de asesinatos desde 2009, atribuida al monopolio del narcotráfico local por el Primer Comando de la Capital (PCC), ya con tentáculos en todo el país.

En medio a los avances nacionales contra la criminalidad general, hay retrocesos, como el aumento del feminicidio y la violencia contra homosexuales y transgéneros, además de la letalidad policial.

La juventud, especialmente la negra, es la gran víctima de la mortandad, con una tasa de 69,9 homicidios por 100.000 jóvenes de 15 a 29 años. Entre los de 15 a 19 años, 51,8 por ciento de sus muertes se debe a asesinatos.

Un peligro para el futuro es la intención del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de ampliar el acceso y el porte de armas de fuego, que responden por 71 por ciento de los homicidios.

“La conquista de 2018 puede haber sido solo un respiro de un país enfermo y afectado por el miedo”, pero Brasil no puede perder la oportunidad de civilizarse, sostienen Renato Lima y Samira Bueno, directores del FBSP en un artículo sobre las prometedoras estadísticas.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Violencia criminal cae en Brasil mientras desempleo sube fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Consumo de opioides se dispara y producción de cocaína alcanza récord

qua, 26/06/2019 - 17:37

Quema de más de 20 toneladas de drogas ilícitas y alcohol en las afueras de Kabul, ordenadas por los Ministerios del Interior y de Lucha contra los Estupefacientes de Afganistán. Crédito: Eric Kanalstein/UNAMA

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Jun 26 2019 (IPS)

El consumo de drogas a nivel mundial sigue en aumento y se dispara la cifra de consumidores de opioides. La fabricación e incautación de cocaína alcanzaron niveles récord y el cannabis sigue siendo el estupefaciente más consumido.

El Informe Mundial sobre Drogas 2019 lanzado este miércoles 26 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica que la cifra de personas afectadas por trastornos debido al consumo de drogas aumentó hasta los 35 millones en relación a la última estimación, que era de  30,5 millones, y que también creció el número de fallecimientos, alcanzando las 585.000 defunciones.

Asimismo, destaca que la prevención y el tratamiento son “insuficientes” para atender a las obligaciones que se producen en distintas partes del mundo, especialmente dentro de las instituciones penitenciarias donde los reos son vulnerables al consumo de drogas y tienen una mayor probabilidad de contraer hepatitis C y el VIH.

“Las conclusiones del Informe Mundial sobre las Drogas de este año completan y complican aún más el panorama mundial de los problemas de las drogas, subrayando la necesidad de una cooperación internacional más amplia para promover respuestas equilibradas e integradas en materia de salud y justicia penal a la oferta y la demanda”, dijo Yury Fedotov, el director ejecutivo de la ONUDD, también conocida por su sigla en inglés UNODC.

El estudio señala que durante 2017 el 5,5% de la población mundial entre 15 y 64 años consumió drogas el año anterior, una cifra similar a la anterior estimación, pero  30% mayor que en 2009.

Los opioides, un problema en aumento

Uno de los grandes problemas observados en este estudio fue el gran aumento de consumidores de opioides que subió hasta los 53 millones, una cifra superior en un 56%  a las valoraciones anteriores.

Los opioides representan las dos terceras partes del número total de fallecimientos “en un contexto marcado por el número creciente de muertes por sobredosis en América del Norte y la expansión del tráfico de fentanilo y sus análogos en Europa y otras regiones”.

En Estados Unidos fallecieron 47.000 personas por sobredosis de opioides durante el año 2017, mientras que en Canadá la cifra de muertes -4000- aumentó un 33% en relación con 2016.

Alijo de cocaína. Crédito: UNODC

El estudio reclama prestar atención al “uso con fines no médicos” del analgésico tramadol, especialmente en África. Aparentemente, esta droga llega al continente africano procedente de Asia meridional donde se fabrica de manera ilícita. Las incautaciones de tramadol a nivel global alcanzaron una cifra récord de 125 toneladas en 2017.

Sin embargo, la droga con mayor consumo global sigue siendo el cannabis con 188 millones de usuarios.

La cocaína, sin freno

Tanto la producción ilícita como la incautación de cocaína alcanzaron cifras récord en 2017. La producción ilegal ascendió a un máximo histórico de 1976 toneladas, un aumento del 25% en relación al 2016; pero, al mismo tiempo, la confiscación subió un 13% con 1275 toneladas decomisadas.

La Oficina destaca que una de las claves del éxito es unir la voluntad política con la disponibilidad de recursos y pone como ejemplo los esfuerzos realizados por Colombia para reducir la producción de cocaína, tras el Acuerdo de Paz alcanzado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Las iniciativas de desarrollo alternativo han permitido que los campesinos de algunas de las regiones centrales del país que anteriormente se hallaban bajo el control de las FARC abandonen el cultivo de arbusto de coca y se incorporen a la economía lícita.

El resultado ha sido una reducción drástica de la producción de cocaína. Sin embargo, en otras zonas controladas anteriormente por las FARC se han instalado grupos delictivos que han ocupado el vacío dejado y han expandido el cultivo. El desarrollo alternativo únicamente puede prosperar si se le presta atención constante y se integra en objetivos de desarrollo más amplios”, destaca el informe.

Falta establecer un enfoque íntegro

Precisamente, este 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de drogas bajo el lema “Salud para la justicia, justicia para la salud”.

En su mensaje por la efeméride, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, aplaudió esta máxima que resalta la importancia de instaurar un enfoque integral que comprenda a la salud, los derechos humanos, la justicia penal y los servicios sociales al problema global que representan las drogas.

Del mismo modo subrayó la importancia del acuerdo logrado este año por parte de los Estados miembros en la Comisión de Estupefacientes, donde se alcanzó el compromiso de cooperar para dar una respuesta fundamentada en los derechos y la salud.

Guterres llamó al cumplimiento de esa promesa a través de una mayor cooperación internacional, el intercambio de información entre países y la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación basados en los derechos humanos y que se consideren las cuestiones relativas al género y la edad.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo Consumo de opioides se dispara y producción de cocaína alcanza récord fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Inna de Yard, el documental que se sumerge en el alma de Jamaica

qua, 26/06/2019 - 16:47

El cartel de Inna de Yard, el documental acerca de la música reggae y sus grandes pioneros, que este mes de junio comienza a exhibirse por los cines del mundo y que también un canto al alma de Jamaica. Crédito: Cortesía de Inna de Yard

Por A. D. McKenzie
KINGSTON/PARÍS, Jun 26 2019 (IPS)

Unos perros ladran a lo lejos, unos pájaros trinan más cerca, mientras un hombre camina entre la niebla, rodeado de una exuberante vegetación. Y por encima de todo, la voz de un hombre con un vibrato muy distintivo canta “Speak Softly, Love (habla suavemente, amor)”.

Así comienza Inna de Yard, un documental que  se puede definir como un poema de amor a la música reggae, o el “alma de Jamaica”, ya que la película está subtitulada con un juego de palabras en ese sentido.

Dirigido por Peter Webber (cuya primera película fue la aclamada La joven de la perla, de 2003), el documental llega en un momento oportuno, porque en noviembre  el reggae se sumó a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

La película se proyectó, antes de su estreno formal, en París, en la sede de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, en una  sala donde la mayoría de los espectadores parecían conocer a los artistas y las canciones. Fueron muchos los que  se pusieron de pie para bailar cuando un grupo de músicos actuó  después de la proyección.

Inna de Yard nos conduce por las vidas de los grandes pioneros del reggae que se han unido para grabar música en un estudio en lo alto de una colina, antes de iniciar una gira de las leyendas de ese género jamaiquino. Se trata de una casa antigua y desgastada que ofrece impresionantes vistas de Kingston, la capital de Jamaica.

Está llena de discos de vinilo apilados que se salen de sus fundas medio rotas, mientras que un antiguo piano se enseñorea del porche.

El hombre que camina a través de la niebla al principio de la cinta es un afinador de piano, que les dice a los espectadores que el instrumento a veces se infecta de insectos, pero que va a dejarlo listo para que los músicos puedan usarlo. Más tarde se ve como lo hace usando alambres y otros objetos.

Entonces la música comienza en serio. Nos presentan a los artistas: Ken Boothe, Kiddus I, Winston McAnuff, Cedric Myton, The Viceroys y Judy Mowatt, mientras el vibrato de Boothe acompaña a las espectaculares tomas aéreas del paisaje.

Kiddus, quien apareció en la película de culto  “Rockers (1978)”, explicacon su voz profunda y agradable que el proyecto es “una amalgama de unos viejos tocando música acústica”, y McAnuff agrega que el objetivo es capturar la música “en su estado original”.

Mowatt, que parece una diosa urbana con su túnica estampada, dice que la casa en las colinas “se sentía como el cielo” cuando la visitó por primera vez.

En una época anterior, Mowatt actuó con I-Threes, el trío de vocalistas que acompañó a Bob Marley y los Wailers. Pero más allá de su presencia, el extenso clan Marley  no es el foco en la cita. Este documental  pone la luz sobre los otros pioneros de la creación del género del reggae.

“Algunos países tienen diamantes. Algunos países tienen perlas. Algunos países tienen aceite. Nosotros tenemos la música reggae”, dice el bajista Worm.

Con imágenes de los años 60 y 70, el documental nos lleva al principio de los orígenes del género,  mostrando cómo se desarrolló esa música, influenciada por el ritmo y el blues de Estados Unidos.

“Prestamos atención a lo que estaba sucediendo fuera de nuestras costas y lo amalgamamos con lo que estaba sucediendo aquí”, dice Mowatt a los espectadores. “La década de los 60 fue  la época romántica, pero la década de los 70 fue la era consciente”, explica.

Ella resalta que el reggae “habló sobre las realidades de la vida” y que “toda Jamaica vivía las canciones que se cantaban”, por ejemplo, sobre violencia política, penurias del día a día y represión policial contra los seguidores del movimiento espiritual rastafarí. Fue la “edad de oro” de la música, añade la interprete.

El documental le da a cada uno de los artistas un espacio para recordar, incluso cuando describen sus vidas actuales. “Echamos de menos todo lo relacionado con esos días”, dice Cedric Myton, un espíritu alegre y juguetón en la película que dijo que a sus 70 años está “subiendo la escalera”.

Durante una de las escenas más memorables del documental, lo vemos salir en un bote y bromear con los pescadores mientras canta “Row, fisherman, row”, en su emblemático falsete. La película va del mar al estudio en las colinas, a Myton, que ilumina a los espectadores sobre el origen de las distintas letras.

Al igual que muchos otros, Myton comenzó en el negocio de la música con lo que parecía un futuro brillante, pero los problemas en Estados Unidos, relacionados con los “cargos por la hierba”, significaban que no podía actuar allí. Además, todos los músicos han tenido experiencia con productores de discos sin escrúpulos, o “ladrones”, como los llama Myton.

“No nos rendimos porque sabemos que nos esperan mejores días”, dice Myton, “pero financieramente ha sido una lucha”.

Algunos de sus compañeros han tenido más luchas personales. McAnuff perdió a su hijo Matthew, también cantante, en 2012, y su descripción de esa muerte “sin sentido” se encuentra entre las secciones más conmovedoras de la película. Parecida es la historia del músico más joven, Derajah, quien perdió a su hermana, víctima de la violencia con armas de fuego. Los vemos trabajando a través de su dolor a través de la música.

“Es un mensaje para la sanación”, dice Kiddus.

El proyecto Inna de Yard contacta a las leyendas pioneras con una nueva generación de del reggae que actúan con ellos en el estudio y en la gira, porque la película también habla de esos herederos artísticos. “Aprendemos de los muchachos más jóvenes y ellos aprenden mucho de nosotros”, comenta Kiddus.

Mowatt graba con dos cantantes jóvenes y su colega Rovleta Fraser la ardiente canción   Jah 9. En forma apasionada, su letra introduce en la historia de la isla y el papel que desempeñaron los “maroons” jamaiquinos, aquellos afrodescendientes que lucharon contra la esclavitud y se convirtieron en personas libres, y su legendario líder Nanny.

Luego Rovleta y Mowatt cantan en el estudio el “primer himno en solitario” de Mowatt, la intensa “Black woman (mujer negra)”. “Es un toque de amor”, define Mowatt , al describir el afecto y la solidaridad que comunica a las intérpretes.

Acompañando a distintos músicos, el documental también lleva al espectador por áreas vírgenes de gran belleza natural de Jamaica (cascadas, piscinas naturales para bucear, zonas marinas boscosas).

Pero tampoco teme mostrar a los sectores pobres y tugurizados de Kingston, la capital,  donde nació el género musical, al igual que la degradación ecológica de algunas playas y parajes. También se puede echar un vistazo a la cultura erótica del dancehall, otro género musical bailable surgido en Jamaica en los años 70, a través de unas cuantas escenas en un bar.

Sin embargo, Webber, el director del documental no estaba interesado en mostrar escenas “que harían estallar los ojos en Occidente”, como dijo en una entrevista tras su proyección parisina. Webber agregó que la moderación en la filmación de ciertos aspectos de la cultura fue “deliberada”, ya que no “sintió la necesidad de trabajar ese aspecto”.

Debido a este enfoque, los espectadores perciben el amor y el respeto por la música, a diferencia de algunos retratos sensacionalistas de los más famosos movimientos artísticos as jamaiquinos.

Webber dijo que se introdujo en la música de la isla caribeña cuando era adolescente y vivía en Londres en Londres y rápidamente se convirtió en “un gran fanático del reggae”. Años más tarde, mientras trabajaba con el productor francés Gaël Nouaille en un proyecto para la platafoma Netflix, su colega le contó sobre los músicos y las grabaciones de Inna de Yard.

“Nunca antes había estado en Jamaica, en parte porque tenía una Jamaica en la cabeza, y sabía que si me subía a un avión, viviría una experiencia turística que no estaría a la altura de lo que imaginaba”, dijo.  “No quería pasar dos semanas en una playa en Negril. Pero esta era una manera diferente de ir”, comentó.

Cuando llegó a la isla y se reunió con los músicos, inicialmente no estaba seguro de que  realizaría un largometraje, y se preguntó si podría llegar a producir un documental que “convocara a una audiencia más general” que los tradicionales fanáticos del reggae.

También le pareció importante identificar y dar a conocer a músicos más jóvenes del reggae. Me preguntaba: “¿Son estos tipos como el último de los mohicanos?”, argumentó.

Sobre las razones por las que fue él quien terminó haciendo una película sobre el reggae, Webber explicó que “lo hice por mi amor y entusiasmo y porque tuve la oportunidad de hacerlo. Tal vez haya que preguntarse si el mundo necesitaba otro hombre blanco de mediana edad que fue a Jamaica”.

“Pero me veo a mí mismo como un medio. Soy un canal, y básicamente pongo a disposición mis habilidades técnicas y mi creatividad para contar su historia. No es una película de apropiación cultural”, subrayó.

Añadió que el documental se desarrolló en base a la “columna vertebral de la historia”, la de los músicos grabaron un álbum “en una casa en las colinas”.

La casa está de hecho en el centro del documental, pero desde allí, Webber y los músicos nos llevan en un viaje: de vuelta al pasado, alrededor de la isla, a los conciertos en París y al alma del reggae y de Jamaica. Y Webber lo hace con un toque artístico, donde hay un reflejo de su experiencia como estudiante de historia del arte.

El artículo Inna de Yard, el documental que se sumerge en el alma de Jamaica fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Mujeres continúan sometidas en muchos países, pese a avances

ter, 25/06/2019 - 18:14

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en el centro, al dar a conocer el estudio “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante”. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Jun 25 2019 (IPS)

En uno de cada cinco países, las niñas no tienen los mismos derechos de sucesión que los niños, mientras que en 19 Estados las mujeres están obligadas legalmente a obedecer a sus esposos. Solamente la mitad de las mujeres casadas están en la fuerza laboral, mientras que realizan una cantidad tres veces mayor de trabajo doméstico y de cuidados infantiles no remunerados que los hombres, indica un estudio publicado este martes 25.

Si bien los derechos de las mujeres han avanzado en las últimas décadas, las desigualdades de género y otras violaciones a los derechos humanos fundamentales dentro de las familias persisten, afirma el estudio “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante”, dado a conocer por ONU Mujeres.

El informe asegura que las familias, en toda su diversidad, “pueden ser factores determinantes de la igualdad de género, siempre que los responsables de la toma de decisiones apliquen políticas arraigadas en la realidad, de cómo vive la gente hoy, con los derechos de las mujeres en su núcleo”, dijo la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Mlambo-Ngcuka advirtió que, sin embargo, las familias también pueden ser terreno de conflicto, desigualdad y, con demasiada frecuencia, violencia.

“En todo el mundo, presenciamos esfuerzos coordinados para negar la voluntad de las mujeres y el derecho a tomar sus propias decisiones en nombre de proteger los ‘valores familiares’”, dijo.

Actualmente tres mil millones de mujeres y niñas viven en países donde no se criminaliza explícitamente la violación dentro del matrimonio. Pero la injusticia y las violaciones también toman otras formas.

En uno de cada cinco países, las niñas no tienen los mismos derechos de sucesión que los niños, mientras que 19 Estados las mujeres están obligadas legalmente a obedecer a sus esposos. Además, en los países en desarrollo, alrededor de un tercio de las mujeres casadas dicen tener poca o ninguna opinión sobre sus propias decisiones de atención médica.

Mujeres prestan tres veces trabajos domésticos no remunerados

El informe observó que la edad promedio de matrimonio ha aumentado en todas las regiones, mientras que las tasas de natalidad han disminuido, y las mujeres en general han aumentado su independencia económica.

Una madre en Makola, en Ghana. Crédito: Ruth McDowall/ONU Mujeres

Sin embargo, solo la mitad de las mujeres casadas entre las edades de 25 y 54 años participa en la fuerza laboral, en comparación con 96% de los hombres casados y dos tercios de las mujeres solteras.

El hecho de que las mujeres continúen prestando tres veces más cuidados infantiles no remunerados y quehaceres domésticos que los hombres es un factor importante de estas desigualdades, que son particularmente pronunciadas en los países en desarrollo, en los que el acceso a las infraestructuras que permiten ahorrar tiempo y a los servicios públicos es más limitado.

El estudio explica que cuando no existe disponibilidad de servicios de cuidados profesionales, se espera que las mujeres y las niñas llenen ese vacío, lo que reduce el tiempo que estas pueden destinar a sus estudios, al trabajo remunerado y a otras tareas, o provoca que las necesidades de cuidados queden desatendidas. Esta dinámica tiene consecuencias negativas para las mujeres, puesto que afecta su capacidad para acceder a un trabajo remunerado decente, así como su salud física y mental.

Además, la violencia contra las mujeres y las niñas persiste hasta alcanzar tasas abrumadoramente elevadas en todas las regiones del mundo. A menudo, la violencia dentro de  la familia es letal: se calcula que un 58 % de las mujeres que fueron víctimas de homicidio  en 2017 fueron asesinadas por un familiar. Ese año murieron asesinadas 137 mujeres por día.

“El hogar es uno de los lugares más peligrosos para la mujer”, aseguró Mlambo-Ngcuka.

Familias diversas

El informe también documenta la gran diversidad de estructuras y relaciones familiares existentes en las diferentes regiones, dentro de cada país y a través del tiempo.

A nivel mundial, 38% de los hogares son parejas con hijos; y 27%  son familias con un mayor número de miembros, incluidos otros familiares.

Los hogares monoparentales -de los cuales un 84% a nivel mundial están conformados por madres solas que viven con sus hijos- y los compuestos por parejas (heterosexuales u homosexuales) sin hijos, también son comunes en muchas regiones. En las sociedades que están pasando por un proceso de envejecimiento, los hogares unipersonales son una realidad cada vez más frecuente.

El informe arroja algo de luz positiva sobre las licencias de paternidad, con un aumento en la participación de los padres, especialmente en países donde existen incentivos específicos.

La jefa de ONU Mujeres citó investigaciones y pruebas que demuestran que “no hay un formato de familia estándar, ni lo ha habido nunca”.

Además, la cohabitación sigue una tendencia al alza y, en algunas regiones, un número creciente de mujeres  optan directamente por no casarse. Estas decisiones pueden ser consecuencia tanto de la necesidad como de la elección, ya que para algunas parejas el costo de formar una familia puede ser excesivo.

También pueden ser el reflejo de una disposición cada vez menor por parte de las mujeres a entablar relaciones en las que se espera que asuman un rol subordinado.

Recomendaciones del informe

El informe llama a los responsables de la formulación de políticas, activistas y cualquier persona a transformar las familias en espacios de igualdad y justicia, en los que las mujeres tengan voz y capacidad de elección, además de tener garantizada su seguridad física y económica y hace varias recomendaciones para lograr ese fin:

  • Modificar y reformar las leyes familiares para garantizar que las mujeres puedan elegir si, cuándo y con quién casarse; y permitir el acceso de las mujeres a los recursos familiares.
  • Reconocer las diversas formas de asociación, para proteger a las mujeres en la convivencia y las parejas del mismo sexo.
  • Invertir en servicios públicos, especialmente en salud reproductiva, para ampliar las opciones de vida de las mujeres y las niñas.
  • Fomentar los sistemas de protección social, como el permiso parental remunerado y el apoyo estatal para que los niños y las personas mayores cuiden de sus familias.
  • Garantizar la seguridad de las mujeres mediante la implementación de leyes para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y brindar justicia y apoyo a las víctimas.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo Mujeres continúan sometidas en muchos países, pese a avances fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Un problema llamado América Central

ter, 25/06/2019 - 16:51

Efectivos militares y policiales de México han incrementado sus operativos para tratar de impedir que migrantes centroamericanos traten de atravesar el río Bravo para ingresar a Estados Unidos. Crédito: Raymundo Ruiz/En el Camino

Por Ernesto Núñez Albarrán
MÉXICO, Jun 25 2019 (IPS)

La historia se repite todos los días desde hace más de 10 años: una mujer salvadoreña acompañada de dos o tres hijos, un indígena maya guatemalteco que huye de la violencia o un joven hondureño que ya no tiene nada más que perder, pagan 1.000 o 1.300 dólares a un “pollero” (traficantes de migrantes) que promete llevarlos hasta Estados Unidos.

En su paso por México, son asaltados una o dos veces; detenidos y extorsionados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), policías municipales o estatales; secuestrados u obligados a trabajar para el crimen organizado.

Los que llegan a Tijuana (ciudad fronteriza con Estados Unidos) terminan cruzando por una zona de alto riesgo, son detenidos por la migra, interrogados por un juez estadounidense que les niega la solicitud de asilo y los devuelve a sus países, donde no quieren o no pueden seguir viviendo. Lo más probable es que intenten cruzar nuevamente, aunque eso implique volver a atravesar el infierno mexicano.

A una joven guatemalteca, madre de dos hijos, le advirtieron este mes en Estados Unidos que ahora sí, con Donald Trump en el poder, ya no tiene caso que signa intentándolo. Según crónica de la periodista Aline Corpus (Reforma, 22 de junio de 2019), el agente le dijo: “¿por qué son tan necios?, ¿por qué se vienen? ¡Ya no van a pasar!”.

El autor Ernesto Nuñez Albarrán

No es nuevo este drama migratorio. Desde hace 10 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró un informe especial alertando sobe el maltrato a los centroamericanos que cruzan por México intentando llegar a Estados Unidos.

Desde entonces, se advertía que los migrantes sufren robos, abusos policiacos, discriminación, maltrato, humillaciones, golpizas, violaciones sexuales, trata, detenciones irregulares por parte de autoridades, secuestros, e incluso algunos eran entregados por la propia autoridad a bandas del crimen organizado. En aquel informe especial elaborado por la CNDH, se calculaba que, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se habían secuestrado a 9 mil 758 migrantes.

Nueve de cada 10 víctimas padecieron amenazas de muerte y fueron amagados con armas de fuego o armas blancas… sus captores ejercían violencia sobre ellos… los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo. Algunos migrantes relataron expresamente haberse percatado de cómo los secuestradores violaron a mujeres, así como que hirieron y hasta mataron a otros secuestrados, tanto con armas de fuego como a golpes. De acuerdo con estos testimonios, las amenazas recurrentes eran las de violar a las mujeres, venderlos a Los Zetas o deportarlos”, se relataba en el informe de la CNDH (15 de junio de 2009).

Las advertencias de la estatal pero autónoma CNDH fueron guardadas en un cajón por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) y su amiga Cecilia Romero, entonces directora del Instituto Nacional de Migración.

Y, un año después, el hallazgo de 72 cuerpos de migrantes que habían sido detenidos, torturados y asesinados por (el cartel del narcotráfico) Los Zetas en un ejido del municipio de San Fernando, Tamaulipas, hizo visibles las condiciones infrahumanas en las que arriesgan la vida miles de centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos.

¿Qué ha mejorado en 10 años? Nada.

Al contrario, el tránsito de centroamericanos que salen principalmente desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia Estados Unidos se ha convertido en uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Se calcula que cada año 400.000 personas tratan de entrar a Estados Unidos; se sabe que 120.000 centroamericanos son detenidos en territorio mexicano, antes de llegar a la frontera con Estados Unidos. Y, según cifras recientes del INM, las autoridades migratorias de Estados Unidos están devolviendo a México a 268 centroamericanos cada día.

Nada hace pensar que las condiciones de migración de esas personas hayan dejado de ser inhumanas.

¿Qué ha cambiado? Mucho.

Hoy, hay un déspota en la Casa Blanca que ha hecho del discurso antiinmigrante su bandera política (no sólo para elegirse en 2016, sino para reelegirse en 2020).

Imposibilitado a construir un muro de más de 3 mil kilómetros en la frontera entre México y Estados Unidos, Donald Trump parece decidido a convertir a México en un muro virtual. La amenaza de boicotear con aranceles el Tratado de Libre Comercio ha obligado al gobierno mexicano a tomarse en serio el rol de policía migratoria que, durante años, le ha otorgado Washington.

En México, hay un nuevo presidente que llegó al poder con un discurso en contra del neoliberalismo y a favor de los más pobres y desprotegidos.

Pero, presionado por Trump, Andrés Manuel López Obrador tuvo que aceptar un acuerdo que, en resumen, obliga a México a impedir que los centroamericanos sigan llegando por miles a territorio estadounidense.

A la oferta de asilo y empleo para la diáspora centroamericana, hecha al inicio de su administración, López Obrador sumó la tercera semana de junio el lanzamiento del Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica, un nuevo programa de ayuda y cooperación para el desarrollo de la región.

Tampoco es la primera vez que se intenta. Desde el siglo pasado, al concluir la etapa de guerrillas centroamericanas, México y Estados Unidos lanzaron iniciativas que inyectaron millones de dólares para la recuperación económica de esos países.

En el año 2000, el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) lanzó el Plan Puebla Panamá (PPP), que supuestamente debía detonar proyectos de infraestructura, energéticos y de desarrollo social en beneficio del sureste mexicano y siete países centroamericanos.

En 2008, Felipe Calderón relanzó el PPP bajo el nombre de Proyecto Mesoamérica, que fue continuado por la administración de Enrique Peña Nieto.

Algo fracasó en esos proyectos, pues en 18 años no detonaron el desarrollo, la prosperidad, el empleo ni las condiciones de seguridad que hubiesen frenado la salida de miles de personas hacia Estados Unidos.

Hoy, por las presiones de Trump, el tema vuelve a estar en el primer lugar de la agenda del gobierno mexicano, y debería ser prioridad para los gobiernos de la región. El reto es impedir que los países del Triángulo Norte sigan expulsando a sus jóvenes, mujeres, niños… y lograr que México deje de ser el corredor de la muerte para ellos.

Debimos hacerlo desde hace muchos años, mucho antes de que llegara Trump a complicarlo todo.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo Un problema llamado América Central fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Proyecto crea las bases para la certificación agroecológica en Cuba

ter, 25/06/2019 - 15:04

Parte del equipo de La Ignacita a las puertas de la pequeña fábrica, donde tienen prioridad las mujeres en situación vulnerable para acceder a un empleo digno en su propio municipio, en San Miguel del Padrón, en la periferia de la capital cubana. Crédito. Ivet González/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jun 25 2019 (IPS)

Marta Cairo coloca una gruesa capa de ramas de almacigo sobre una caja de mangos, para que maduren rápido y puedan procesarlos en la pequeña fábrica de conservas La Ignacita, en el municipio de San Miguel Padrón, en la periferia de la capital de Cuba.

“Aquí no utilizamos madurador para el mango. Todo lo que comercializamos está libre de elementos contaminantes”, explicó esta agrónoma que defiende la necesidad de “hacer extensivo el trabajo de la agroecología en el país” y lograr un reconocimiento diferenciado de las ecofincas y los alimentos sanludables.

Encargada de la comercialización en La Ignacita,  Cairo conversó con IPS en la parcela donde se erige la fábrica,  edificada gracias al Proyecto de Apoyo a una Agricultura Sostenible en Cuba (PAAS), destinado a crear cadenas de valor en las cooperativas cubanas y un sistema participativo de garantía agroecológica.

Con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y la oenegé holandesa Hivos, el Ministerio de la Agricultura y la no gubernamental Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales (Actaf) implementaron una primera fase del PAAS entre 2013 y 2017 y desde el año pasado siguen con la segunda, que culminará en 2022.

En la primera etapa, la iniciativa benefició a 18 unidades productivas ecológicas, en especial cooperativas, de ocho provincias cubanas, gracias a lo cual 630.000 personas accedieron a 6.000 toneladas de alimentos saludables.

Desde 2018, han aumentado hasta 22 entidades agrícolas en 11 de las 15 provincias cubanas.

A pesar de contar con un movimiento agroecológico de 30 años, Cuba carece todavía de una certificadora nacional para este tipo de alimentos, al punto que debe contratar servicios de empresas extranjeras para avalar las exportaciones orgánicas que realiza como las de azúcar y miel de abeja.

“Llevamos frutas ecológicas a un mercado y nos la pagan igual que otras”, puso como ejemplo Luis Enrique Vivanco, el propietario de las cinco hectáreas de la parcela de La Ignacita.

Eso pese a que “llevan un tiempo mayor de producción que las que no lo son”, abundó a IPS el integrante de la Cooperativa de Créditos y Servicios “Manolito Domínguez”.

“Estamos tratando de que se valore lo ecológico, pues no tenemos contacto con químicos, y dar un mensaje a la población de que la fruta ecológica es la más saludable”, continuó el productor. “Queremos certificar una compota con mango ecológico”, añadió.

El equipamiento de La Ignacita, una pequeña industria procesadora de frutas y hortalizas de la periferia de La Habana, lo aportó el Proyecto de Apoyo a una Agricultura Sostenible en Cuba (PAAS), que busca cerrar ciclos productivos y certificar fincas y productos ecológicos en varios municipios de Cuba. Crédito: Ivet González/IPS

Mediante manejos amigables para la naturaleza, los seis trabajadores de esta finca obtienen cada año 33 toneladas de frutas y vegetales, que abastecen mercados locales y la pequeña fábrica que procesa más de 18 productos, como dulces, jugos y vinagres, que se venden en el mismo municipio.

La miniplanta también procesa materia prima de los 62 asociados de la cooperativa y de otras de los municipios vecinos de Guanabacoa y Cotorro.

A la entrada de la parcela se ubican las instalaciones cuidadas y pintadas de la industria, que da empleo a otras 20 personas, a las que se suman otras temporales durante los picos de cosechas.

“Hemos tenido problemas con productores que usan madurador… ese químico corrompe la pulpa hasta luego de cocinada y debemos botarla”, detalló Vivanco.

“La población sigue nuestros productos en conserva y ya conoce la marca La Ignacita, que está registrada”, abundó. “Faltaría la parte de la certificación ecológica”, dijo, sobre un asunto pendiente que es decisivo para los productores y los consumidores.

Con un alcance por precisar, algo que mejoraría con la certificación de fincas, se conoce que están bajo manejos ecológicos las pequeñas parcelas, huertos y patios productivos del programa de Agricultura Urbana y Suburbana, con 14 por ciento de las tierras agrícolas del país, que suman 6,3 millones de hectáreas.

Especialistas aseguran que también gran parte de la agricultura familiar sigue este modelo, que se extendió en el agro cubano de forma casi obligatoria luego de la abrupta pérdida de insumos de la agricultura convencional provocada por la profunda crisis económica con la que convive este país insular caribeño desde 1991.

Según cifras oficiales, 43,5 por ciento de las tierras aptas para la agricultura están en manos de cooperativas mientras 24 por ciento es manejada por pequeños agricultores.

“El principal objetivo de PAAS es apoyar la seguridad alimentaria a nivel local”, explicó Pedro Gavilanes, especialistas de Actaf y del proyecto, que contribuye a la urgencia nacional de satisfacer la demanda y reducir así las importaciones de hasta 70 por ciento de la alimentación  de los 11,2 millones de habitantes.

Latas de mermelada de mango esperan para ser embaladas en la pequeña fábrica de conservas La Ignacita, que produce una tonelada de pulpa de frutas diaria a partir de una producción libre de agroquímicos, con lo que reduce las pérdidas de cosechas de su cooperativa, situada en San Miguel del Padrón, un municipio periférico de la capital cubana. Crédito: Ivet González/IPS

Las cooperativas reciben apoyo para crear cadenas, de modo que “todos los procesos de producción, insumos en fincas, producción primaria, su procesamiento y comercialización ocurran a nivel local”, apuntó a IPS este agrónomo, para quien lograr un sistema participativo de garantía (SPG) agroecológica es parte del valor agregado.

El PAAS replica en los municipios experiencias de otros países, donde a nivel local se han creado sistemas de garantías agroecológicas, que logran inspecciones a las ecofincas por parte de entidades locales para crear confianza entre productores y consumidores.

“Este SPG, cuando se culmine, funcionará para el nivel local”, reveló Gavilanes. A su juicio, resulta viable comenzar por un sistema local, armado por “las mismas estructuras del municipio, productores, las universidades, vecinos de la comunidad y medios de comunicación, además de educación y salud pública”.

“Nos dimos cuenta que no nos debíamos ceñir solo a lo orgánico, es decir, a los productos, sino lograr también una certificación agroecológica, de los procesos en la finca”, apuntó el especialista, sobre un aspecto del proyecto que ya cuenta con una metodología y los primeros grupos de productores.

Los SPG agroecológicos deben estar implementados a escala municipal en 2022, cuando aspiran tener las primeras fincas certificadas y darles visibilidad. “A partir de ahí, dependería de las autoridades agrícolas llevar la certificación a otros niveles”, detalló.

No obstante, el PAAS aportaría un sistema que puede ser replicada por otros municipios cubanos y facilitaría la creación de una certificadora agroecológica nacional o al menos una línea específica dentro de la estatal Oficina Nacional de Normalización, que se dedica a las certificaciones.

El proyecto creó siete pequeñas industrias para frutas y dos centros de procesamiento de hortalizas, que redujeron las pérdidas postcosechas, junto a una cadena para miel de abeja y otra para oleaginosas.

Ahora se fortalece lo ya implementado y se trabaja en encadenamientos para el pollo y el ganado caprino, además de trabajar en la incorporación de las energías renovables dentro de las cooperativas y los procesos productivos, para propiciar la sostenibilidad desde las mismas fincas agropecuarias.

El empoderamiento de la mujer rural y la equidad de género se incluyen también en el proyecto.

Entusiasmada, la operaria de la fábrica La Ignacita, María Esther Cobas, dijo que a sus 48 años este es su primer empleo fuera del hogar. “Trabajo aquí desde hace poco, porque con el pico de producción contrataron a más personas”, amplió antes de contar que también es la primera vez que ha oído hablar sobre agroecología.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Sobrevivientes, el centro de solución a violencia sexual en conflictos

seg, 24/06/2019 - 13:43

Un grupo de niñas en Darfur, una región conflictiva de Sudán. Los cuerpos de las mujeres y las niñas son un arma utilizada en los conflictos armados en el mundo, con consecuencias devastadoras para ellas y sus comunidades. Crédito: Albert González/ONU

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 24 2019 (IPS)

La violencia sexual se mantiene como un “arma” de uso común en conflictos armados, nacionales o internacionales, lo que sigue amenazando la paz colectiva y la seguridad en el mundo. ¿Qué hacer para mejorar esa situación? La respuesta es colocar a las personas sobrevivientes como protagonistas de sus derechos y de su erradicación.

Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con representantes del gobierno y de la sociedad civil, se reunieron este mes para abordar como reducir el arma de la violencia sexual en los conflictos y destacaron la importancia de un enfoque que ponga a las personas sobrevivientes de esa violencia, mayoritariamente mujeres, como prioridad.

Esta “es una oportunidad no solo para aumentar la conciencia de la necesidad de poner fin a la violencia sexual relacionada con el conflicto, sino también para ser solidarios y rendir homenaje a las sobrevivientes (mujeres, niñas, hombres y niños)”, dijo la representante especial del secretario general sobre Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten.

La también subsecretaria general de la ONU destacó de esos sobrevivientes el hecho de que “a pesar de los horrores han resistido, muestran la determinación, la resolución y el coraje inquebrantable para levantarse y hablar contra este flagelo”.

Amanda Nguyen, fundadora y directora general de la organización no gubernamental Rise, consideró que “la responsabilidad moral más fundamental de una nación es escuchar y ofrecer justicia a los más vulnerables. Y es la responsabilidad moral más fundamental de la comunidad internacional el hacer lo mismo”.

“Los líderes mundiales deben tomar en serio la violencia sexual, y deben ver a todos los sobrevivientes de violencia sexual como seres humanos con su dignidad humana completa”, agregó la activista a favor de las sobrevivientes de violencia sexual y promotora de una ley estadounidense al respecto.

La ONU estima que aproximadamente 35 por ciento de las mujeres y niñas del planeta, lo que equivale a 1.300 millones de personas, han sufrido violencia sexual, mientras que otro estudios elevan esa cifra hasta 70 por ciento, a lo que hay que sumar a hombres y  niños.

En abril, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2467 sobre el problema que reconocía la necesidad de un enfoque centrado en las y los sobrevivientes de la violencia sexual para prevenirla y responder con servicios no discriminatorios y acceso a la justicia.

Patten aseguró entonces que “las guerras se siguen librando sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas”, mientras lamentó que las partes en conflicto sigan ejerciendo esa brutal violencia porque “es un método eficaz para atacar a las personas y devastar comunidades enteras”.

Destacó que no hay suficiente conciencia de “las devastadoras consecuencias físicas y sicológicas y la carga social que soportan las sobrevivientes”.

Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, para quien “la violencia sexual es una táctica de guerra y terrorismo”, ha destacado que “los extremistas y terroristas suelen construir sus ideologías sobre la subyugación de mujeres y niñas y usan la violencia sexual de distintas formas”.

La resolución, promovida por Alemania, salió adelante después que se logró el apoyo de Estados Unidos tras aceptar su exigencia de eliminar toda referencia a la salud sexual y reproductiva, mientras China y Rusia se abstuvieron pero no votaron en contra.

Pero, ¿cómo avanzar en un enfoque centrado en las personas sobrevivientes?

Patten subrayó la necesidad de que las y los sobrevivientes tengan asistencia personalizada que satisfaga sus necesidades específicas.

“La situación de todos las sobrevivientes debe ser la brújula moral que guía nuestras acciones… las sobrevivientes no son un grupo homogéneo. La violencia sexual tiene muchas víctimas”, dijo.

Si bien la historia de miles de mujeres y niñas yazidíes, usadas como esclavas sexuales por los militantes del grupo extremista Estado Islámico, saltó a los titulares internacionales, pero menos conocidos fueron los casos de la violencia sexual ejercida en los conflictos contra las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).

En 2015, Estados Unidos reveló los ataques contra personas LGBTI que se efectuaron en Iraq por diferentes grupos armados como una forma de “limpieza”.

Mientras, la Oficina del Alto Comisionado de Estados Unidos para los Derechos Humanos encontró que 88 por ciento de los solicitantes de asilo y refugiados LGBTI de Honduras, El Salvador y Nicaragua fueron víctimas de violencia sexual y de género en su país de origen.

Nguyen, de la  organización Rise, destacó la necesidad de que las víctimas tengan acceso a la justicia y de incluir a las personas sobrevivientes en la redacción de la legislación para enfrentar este tipo de violencia.

“La paz no es la ausencia de conflicto visible. Para que haya verdadera paz, los sobrevivientes deben tener acceso a la justicia. Sus vidas son las zonas de guerra invisibles que corroen el potencial humano y frenan la promesa de un mundo justo. Su impotencia es nuestra vergüenza. Esta es una paz que todos podemos ayudar a lograr “, dijo.

“Nada es más sagrado que el derecho universal a la dignidad humana”, agregó.

Después de conocer las complejidades en la búsqueda de justicia para las víctimas en Estados Unidos, Nguyen ayudó a aprobar la Ley sobre los  Derechos de los Sobrevivientes de Asalto Sexual, vigente desde 2016, que incluye temas como el no tener que pagar un examen de violación, que puede costar hasta 2.000 dólares, o que esa prueba no se destruya hasta que prescriba el presunto delito.

Desde entonces, Rise ha puesto a los sobrevivientes a la vanguardia, ayudándolos a “defender la existencia de sus derechos civiles” como víctimas sobrevivientes.

“El cambio ocurre cuando podemos decidir y podemos  defender los principios de equidad, igualdad y justicia. Podemos decidir que nadie está impotente y vulnerable cuando estamos juntos. Podemos decidir que nadie es invisible”, dijo Nguyen.

Durante la reunión en la sede de la ONU en Nueva York, Patten destacó la naturaleza transformadora de un enfoque centrado en el sobreviviente.

Ese enfoque, dijo, “esa voz y opción a los sobrevivientes, restaura su acción y voluntad, fortalece su resiliencia… cambiando las dinámicas de poder. Un enfoque centrado en las personas sobrevivientes también puede ser un enfoque profundamente transformador que reafirma a esas sobrevivientes como titulares de derechos”.

T: MF

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Sudán entre la consolidación militar y la frágil esperanza de democracia

sex, 21/06/2019 - 15:07

Un efectivo de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, con la misión de asegurar que se cumplan los acuerdos para poner fin al conflicto en la zona del oeste de Sudán. Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional demandaron este mes que se suspenda su retirada por la nueva tensión en la región y en todo el país. Crédito: ONU

Por Daniel Yang
NACIONES UNIDAS, Jun 21 2019 (IPS)

Los civiles de Sudán siguen arriesgando sus vidas cada día para manifestarse a favor de que la democracia llegue a su país, pero se enfrentan a variados obstáculos para mantener activas sus movilizaciones, incluidos el cierre de calles y la falta de acceso a Internet.

La perspectiva de la democracia sigue siendo incierta en este país del noreste de África, ya que las autocracias regionales ayudan al gobierno militar, hay incesantes choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas del gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se retiró a raíz de una masacre a comienzos de este mes.

Un manifestante sudanés, Abdelfatah Arman, dijo a IPS desde Jartum que la situación sobre el terreno se caracteriza por una violencia continua.

“Comenzamos a ver personal militar uniformado, junto con los Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacional” desplegados en las calles, dijo Arman, al recordar a modo de ejemplo lo que sucedió en la última protesta en que había participado en Al Souq Al Arabi, el mercado al aire libre más grande de la capital.

“Estaban fuertemente armados y bloqueando, con sus camionetas pick-up, todas los accesos que conducían a Al Souq o al Palacio Presidencial. Usaron porras y gases lacrimógenos y además había francotiradores en algunos edificios”, dijo en una entrevista con IPS.

“Comenzamos a correr en todas direcciones para salir de allí”, recordó Arman, quien actualmente es estudiante de doctorado en la escuela de Educación de la Universidad de Penn State.

También es periodista e integrante de la plataforma opositora de Fuerzas de Libertad y el Cambio (FCC), que coordina y convoca las protestas.

Desde diciembre de 2018, los manifestantes encabezados por el FFC y la Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA) han tomado las calles en media docena de ciudades, exigiendo la renuncia del gobernante de Sudán desde hace 30 años, Omar al Bashir.

Al Bashir fue destituido el 11 de abril y en su lugar se estableció un gobierno militar encabezado por el Consejo Militar de Transición, que ha rechazado la demanda civil de elecciones democráticas.

El 3 de junio la brutal represión de una manifestación pacífica, una acampada frente a la sede del Ejército en Jartum, se saldó con la muerte de más de 100 manifestantes,  lo que ocasionó una ola de indignación internacional.

Más de 40 cadáveres fueron arrojados posteriormente al río Nilo, según denuncias opositoras, mientras también personal de asistencia sanitaria resultó herido, junto con médicos y voluntarios, incluso en los centros hospitalarios.

Human Rights Watch, una de las organizaciones internacionales que ha condenado la masacre, solicitó una investigación de la ONU sobre la violencia desatada por el Consejo Militar.

“La decisión de desencadenar la violencia contra los manifestantes pacíficos es absolutamente injustificada e ilegal, y una bofetada en la cara para aquellos que han estado buscando el diálogo para lograr un traspaso al gobierno civil”, dijo la organización internacional con base en Washington.

La represión continuó con un cierre de Internet por parte del gobierno para desalentar las protestas, cuya convocatoria se produce por plataformas como Facebook, Twitter y WhatsApp.

El cierre de Internet ha empeorado la seguridad civil, dijo el periodista Zeinab Mohammed Salih, en una carta a la British Broadcasting Corporation (BBC).

“Los que estaban obligados a caminar lo hacían portando cuchillos y palos, especialmente en la ciudad gemela de Jartum, Omdurman, para protegerse”, dijo Salih.

El coordinador humanitario de la ONU en Sudán, Gwi-Yeop Son, ha destacado el “deterioro” de la situación humanitaria en Sudán, y ha expresado su profunda preocupación porque medio millón de personas corren el riesgo de contraer infecciones sin tener acceso a los suministros médicos adecuados.

A pesar de los crecientes obstáculos, la SPA reafirmó su demanda de un gobierno civil, convocó a un panel internacional para investigar la “bárbara” masacre del 3 de junio en Jartum y pidió que la población se mantenga en desobediencia civil al Consejo Militar.

Pero, en tanto, autocracias regionales como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están trabajando en apoyo al régimen de Jartum para fortalecerlo y que logre acallar las protestas.

En abril, se informó que los dos países del Golfo enviaron a los líderes militares de Sudán 3.000 millones de dólares en ayuda para fortalecer los esfuerzos de contrarrevolución del Consejo.

El príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, prometió “preservar la seguridad y la estabilidad de Sudán” por temor a que la corriente democrática de ese país situado frente a las costas de la península arábiga, pudiera llegar hasta su controlado territorio.

El Grupo Soufan, una firma internacional que brinda servicios de seguridad e inteligencia a gobiernos y organizaciones, advierte que la confrontación sudanesa actual podría degenerar  en una guerra civil a gran escala.

“Hay claros paralelismos con algunas de las protestas de la Primavera Árabe que eventualmente desencadenaron insurgencias en toda regla, incluidas las de Siria, donde el bombardeo indiscriminado inicial contra civiles por parte de los militares incrementó los movimientos de protesta hasta eclosionar en un levantamiento más amplio”, dijo la organización.

Sin embargo, una eventual guerra civil podría terminar en otro regimen militar, repitiendo el camino de Egipto después de la Primavera Árabe.

La ONU ha instado a ambas partes a que reanuden las negociaciones pacíficas y busquen una solución política al conflicto.

En la reunión del Consejo de Seguridad del 14 de junio, los Estados miembros destacaron que el empeoramiento de la situación humanitaria exige un apoyo continuo de la ONU, pero también expresaron que Sudán debe tomar el control de su propio futuro político.

“Una transición pacífica y ordenada con el objetivo de lograr la transferencia del poder político a un gobierno civil, democrático y representativo es la única manera duradera de resolver la crisis actual”, dijo el representante de Bélgica, Marc Pecsteen de Buytswerve.

La ONU retiró a su personal civil en Jartum después de la masacre del 3 de junio, pero ya reanudó el resto de sus operaciones.

El opositor pro democracia Arman, en tanto, aseguró que el FFC, la organización que coordina las protestas, no mantendría negociaciones con el gobierno militar hasta que se investigue la última masacre.

Pero pese  a la tensión actual con el Consejo Militar, el representante de la FCC sigue siendo optimista para una transición democrática.

“Tenemos la esperanza de que si pudimos provocar el derrocamiento del dictador Al Bashir y su sucesor, el general Ahmed Award Ibn Auf, también podríamos lograr la salida del general Abdel al Burhan y la junta militar”, que el líder castrense encabeza.

“Continuaremos nuestra protesta y desobediencia civil hasta que salgan los militares”, dijo Arman. “No aceptaremos nada menos que un gobierno civil dirigido por civiles”, concluyó.

T: MF

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De Tony Blair a Mette Frederiksen

sex, 21/06/2019 - 12:39

La nueva primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Crédito: Flickr

Por Roberto Savio
ROMA, Jun 21 2019 (IPS)

En el último año, los socialdemócratas, que fueron desapareciendo poco a poco desde la crisis de 2008, protagonizan un discreto retorno. Están en el poder en España, Portugal, Suecia, Finlandia y, más recientemente, en Dinamarca.

Pero las estadísticas son desalentadoras. Las elecciones europeas dieron a los miembros del grupo socialista un 20% de los votos contra el 25% de 2014, en una evidente erosión del 34% alcanzado en 1989 y 1994.

El último éxito en Dinamarca fue de 25,9% de los votos, inferior a 2015. En Finlandia, obtuvieron 17,7%, solo dos décimas más que el Alt Right (derecha alternativa).  Y en Suecia, Stefan Lofven logró ganar su mandato con el voto más bajo en décadas.

En los grandes países, como Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia, se están volviendo irrelevantes. Lo interesante es que los votos perdidos no fueron a favor de la izquierda más radical. Los dos grupos europeos que se unen a Syriza, Podemos, Francia Insumisa, la alemana Linke, obtuvieron solo 5%, por debajo del 7% de 2014. Mientras, los votos se fueron básicamente para la Alt Right.

Ahora los socialdemócratas tienen apoyo popular solo en España (PSOE, 33%) y Portugal (PS, 33.4%). Desde la cuna escandinava de los socialdemócratas, el cambio se produjo en la península ibérica. Hoy Portugal es lo que fue Suecia hace 20 años: un modelo de valores cívicos, tolerancia e inclusión.

El debate se centra ahora en el modelo danés. La nueva primera ministra Mette Frederiksen  viene con un enfoque muy radical contra los inmigrantes, prácticamente idéntico a la visión de Alt Right: deportación de inmigrantes a una isla desierta (a la australiana); confiscación de joyas y otros objetos de valor que traen consigo, así como la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios abiertos.

Este fue justo el programa de Alt Right. En 2015, casi 60.000 migrantes llegaron a Dinamarca, pero solo 21.000 obtuvieron asilo. En 2017, la cifra descendió a solo la  cuarta parte de las solicitudes. Al mismo tiempo, Frederiksen prometía aumentar el bienestar, los subsidios para los segmentos más pobres de la población, los incentivos para los jóvenes (ella quiere dejar de fumar: ha prometido aumentar radicalmente el costo de los cigarrillos).

El modelo danés se basa en un hecho simple. Hoy los europeos están gobernados por el miedo. Miedo al futuro, a la llegada de la inteligencia artificial y a los robots que podrían hacer desaparecer el 10% de los trabajos actuales: solo la automatización de los automóviles dejaría sin empleo a casi dos millones de taxistas, conductores de autobuses y de camiones (algo que nunca harán los inmigrantes).

El autor, Roberto Savio

La llamada nueva economía declara abiertamente que la mano de obra es un pequeño componente del producto industrial. El exceso de trabajadores disponibles ha puesto punto final a los tiempos de los puestos de trabajo fijo. Por supuesto, esta realidad contradice el hecho de que la población europea enfrenta un pronunciado declive.

De acuerdo con la  Organización Internacional del Trabajo,  Europa necesitará al menos 10 millones más de personas para seguir siendo competitiva en 2030. Cuando los sentimientos y no las ideas se convierten en la base de la política, y las decisiones se toman desde el instinto y no con el cerebro, entramos en la mitología y nos alejamos de la realidad.

La gran mayoría de los trabajadores italianos vota ahora por Matteo Salvini, el líder de la Liga Norte. Salvini ha hecho del miedo el tema central de su permanente campaña electoral. Como ministro del Interior pasó solo 17 días en su oficina ministerial y todos los demás en la carretera. Ha convertido a los inmigrantes en la principal amenaza para la seguridad de los italianos.  Realiza manifestaciones masivas, besa el rosario católico o la Biblia y asegura que Italia es una esclava de la Unión Europea.

Ha introducido nuevas leyes de seguridad que facilitan la posesión de un arma e impulsa una campaña abierta contra el papa Francisco y sus llamados a la solidaridad y la inclusión.  Sugiere que el papa Francisco podría acoger a todos los refugiados en el Vaticano y se ha aliado con el ala conservadora de la Iglesia para pedirle al papa Benedicto su regreso.

Así, ha duplicado sus votos y está en camino de convertirse en el próximo primer ministro de Italia. Ahora está desafiando a la Unión Europea con la declaración de que no aceptará el límite de déficit del 3%, alegando que actúa en nombre de los italianos y que los italianos van primero que los eurócratas.

Esa es una batalla que va a perder. Los jefes de gobierno europeos, no la Comisión, son los que establecen el límite del déficit. Y sus compañeros soberanistas, como Sebastian Kurz de Austria, Viktor Orbán de Hungría o Mateusz Morawiecki de Polonia, no harán ni un solo sacrificio para permitir a Italia incrementar su déficit.

Italia es un buen ejemplo para entender cómo la realidad ahora no es importante y no es la base para la política. El economista internacional Tito Boeri, director saliente del Instituto Nacional de Seguridad Social (INPS, una institución muy respetada), acaba de publicar su artículo «Los gerentes del miedo».

Los italianos ahora están convencidos de que hay un inmigrante por cada cuatro italianos: la realidad es que hay uno cada 12. Las encuestan muestran que los italianos (y esto es válido para todos los europeos) están convencidos de que enfrentan cuatro problemas con los inmigrantes: 1) les quitarán sus puestos de trabajo; 2) tendrán que financiar de su bolsillo el bienestar de aquellos que no trabajan; 3) hacen las ciudades menos seguras; 4) traen consigo enfermedades contagiosas.

Bueno, dice Boeri, casi 10% de los inmigrantes han creado empresas. Cada inmigrante que es empresario contrata a 8 trabajadores y el empleo de los inmigrantes está altamente concentrado en actividades que los italianos han abandonado. Ellos proporcionan el 90% del trabajo que se realiza en los campos de arroz, 85% en la industria de prendas de coser y 75% en la recolección de frutas y hortalizas. Los salarios en estos sectores no han aumentado en los últimos 20 años. Eran bajos  y siguen siendo bajos.

Pero la razón más importante (y esto también es para toda Europa), es que ahora cada cuatro italianos uno tienen más de 65 años. Mientras, uno de cada 50 inmigrantes tiene más de 65 años. ¿Cómo sobreviviría el sistema de pensiones sin los inmigrantes?

Sin embargo, los italianos de más de 65 años son ahora los que votan por Alt Right. En Italia hay 2 pensionados por cada 3 trabajadores y esta relación desequilibrada  seguirá creciendo. Para mantener el sistema actual, el 83% de un salario se destina al sistema de pensiones. ¿Cuánto le costará en el futuro a las pocas personas trabajadoras mantener a quienes se han jubilado?   En estos momentos, 150.000 jóvenes, los más cualificados, abandonan Italia cada año…

Veamos qué pasa con el crimen. Las estadísticas muestran que, al mismo tiempo que los inmigrantes han aumentado, el crimen ha estado disminuyendo. Y tenemos estadísticas sobre enfermedades contagiosas de la Organización Mundial de la Salud: Turquía, el país que ha recibido en poco tiempo más inmigrantes (más de cuatro millones), no tiene datos para demostrar un aumento de las enfermedades contagiosas. Alemania, la nación que recibió más inmigrantes en un período más corto de tiempo en Europa, tampoco muestra ni un solo incremento en el campo de las enfermedades contagiosas.

Para los historiadores, el miedo y la codicia son motores impulsores del cambio. ¿Cuándo empieza el miedo? Con la crisis económica de 2008, resultado de una financia irresponsable, el único sector global del mundo sin control. La crisis dejó claro el fracaso de la globalización. En lugar de impulsar todos los barcos como sus propagandistas proclamaban, optaron por unos pocos botes y los enriquecieron a un punto sin precedentes: ahora 80 individuos acumulan la misma riqueza que  2,3 mil millones de personas.

La codicia antecede al miedo. Tras la caída del Muro de Berlín, el mundo entró en una orgía de lo privado sobre lo público. El Estado era considerado el enemigo del desarrollo. Todos los costos sociales se redujeron, en particular los de la salud y la educación, por considerarse no productivos.

Jair Bolsonaro en Brasil sigue haciendo lo mismo: ha recortado el presupuesto de las universidades y ha anunciado que quiere «desalentar» la filosofía y la sociología, en favor de los «estudios prácticos», como los negocios, la ingeniería y la medicina. La ganancia pasó a considerarse una virtud esencial.

Se permitió a las empresas buscar el máximo beneficio, relocalizándose en países más baratos, desplazando a las fuentes locales de trabajo, reduciendo salarios y marginando a los sindicatos.  La globalización, en su trayectoria neoliberal, fue considerada imparable.  «No hay alternativa», dijo la famosa Margaret Tatcher, considerada la sirena del neoliberalismo junto a Ronald Reagan.

La marea fue tan fuerte que se llamó «la pensèe unique» (el pensamiento único). Al principio, la izquierda no tenía una respuesta. Pero en 2003 el primer ministro británico, Tony Blair, presentó una propuesta alternativa. Como la globalización es imparable, avancemos y tratemos de domesticarla: la Tercera Vía.

En esencia, se trató de una aceptación de   la globalización. El resultado fue que la socialdemocracia apenas se adaptó y que los perdedores de la globalización dejaron de sentirse defendidos por la izquierda. La globalización hizo movible todo lo que era remunerable (finanzas, comercio, transporte) y dejó al estado solo la responsabilidad de lo inalterable: educación, salud, pensiones y todos los gastos sociales.

Este proceso se acompañó de una reducción considerable de los ingresos nacionales puesto que la globalización pudo (y todavía puede) ocultar las ganancias del sistema fiscal nacional: se estima que 80 billones (millones de millones) de dólares se encuentran en paraísos fiscales, una de las principales razones de la disminución de los ingresos nacionales.

Había mucho menos dinero para distribuir. La deuda pública comenzó a acumularse. En el instante en que escribo asciende a 58.987.551.309.132 dólares (vaya al reloj de la deuda de The Economist para ver cuánto ha crecido). Como resultado, aumentan los servicios de la deuda y se reduce la cantidad disponible para gastos. Nadie habla de esta espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los países y sus ciudadanos.

No es de extrañar que la Unión Europea introdujera un límite para los déficits nacionales… Italia debe pagar y debe pagar 30.000 millones de euros cada año por su déficit. La propuesta el gobierno de incrementar el déficit para ganar votos es absolutamente irresponsable…

Vale la pena señalar que antes de la crisis de 2008, no había partidos de la derecha alternativa en Europa, con la excepción de Jean Marie y Marine Le Pen en Francia. Era solo una cuestión de tiempo para que en todos los países alguien comenzara a manejar el miedo y el  declive de los partidos tradicionales que no tenían respuesta ante la marea masiva de la globalización neoliberal. Los inmigrantes están entonces a la mano para avivar el miedo.   Y todas las víctimas de la globalización se convierten en los nuevos campeones…

Ahora, es un lugar común decir que la derecha y la izquierda ya no existen. De hecho, la lucha es entre los soberanistas, nacionalistas teñidos de xenofobia y populismo, y contra los “globalistas”, aquellos que aún creen que la cooperación y el comercio internacionales son vitales para el crecimiento y la paz.

Este debate sobre el presente ignora que la izquierda es un proceso histórico, que data de la primera revolución industrial de principios del siglo XIX. Un número incalculable de personas ha dado su vida para alcanzar la justicia social, frenar la explotación de los trabajadores e introducir los valores de una sociedad moderna y justa en las relaciones internacionales: equidad, democracia participativa y transparente, derechos humanos, paz y desarrollo. Estas fueron las banderas de la izquierda. Este tesoro histórico debe vincularse necesariamente a los tiempos actuales.

La dialéctica derecha-izquierda no ha desaparecido. Basta mirar cómo el creciente movimiento ambientalista de nuestros días se ha visto afectado por la división. Desde Donald Trump hasta Bolsonaro, ven el cambio climático como una operación de izquierda. Y si lees la encíclica del papa Francisco, Laudato Si, (lamentablemente nadie lo hace), verás que la lucha contra el cambio climático es, ante todo, una cuestión de justicia social y dignidad humana. En ese sentido, los partidos Verdes están asumiendo parte de las batallas de la izquierda histórica.

Y esto nos lleva a una cuestión central. ¿Es la solidaridad una parte integral del legado de la izquierda? Porque Frederiksen consiguió su victoria en Dinamarca abandonando la solidaridad y utilizando el nacionalismo y la xenofobia.

Por supuesto, está ofreciendo a sus votantes daneses la suficiente seguridad de restauración de los privilegios para sus ciudadanos.

Está claro que esta es ahora mismo una fórmula ganadora como lo fue la Tercera Vía para Tony Blair en las elecciones británicas de 1997. Salvo su reverencia a la globalización como lo hizo la Tercera Vía. Se inclina ante el nacionalismo, el populismo y la xenofobia, el nuevo Pensè Unique para tantas personas en el mundo. Sería sensato observar si tiene un efecto duradero para lo que se llama a sí misma el ala izquierda…

Periodista italo-argentino, Roberto Savio  fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”. 

RV:EG

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Más megaciudades igual a más presión sobre los bosques

qui, 20/06/2019 - 17:12

En 1990 había solo 10 megaciudades en el mundo, ahora el número se ha triplicado y son 33 las urbes con más de 10 millones de habitantes. Se espera que las megalópolis suban a 43 para 2030, situadas mayormente en países del Sur en desarrollo. Una explosión urbana que presiona sobre los recursos naturales y en especial sobre los bosques. Crédito: Desmond Brown / IPS

Por Desmond Brown
ANKARA, Jun 20 2019 (IPS)

Dos tercios de la población mundial se proyecta que vivirán en ciudades en ciudades en 2050. Un proceso que ya está provocando una presión adicional sobre los bosques, incrementando sus talas para incrementar la producción agrícola.

China, India y Nigeria están entre los países que protagonizan el incremento de la urbanización del planeta, donde se pasará del actual 55 por ciento de la población mundial viviendo en áreas urbanas, a un 68 por ciento en las próximas décadas, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Luc Gnacadia, exministro de Medio Ambiente de Benín y ex secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), afirmó que a medida que más personas se mudan a las ciudades y más de ellas se transforman en megaciudades, más presión se ejerce sobre los bosques.

Eso es así porque la población urbana tiene ingresos más altos y tiende a consumir más, en el caso alimentario más productos de origen animal o procesados, lo que requiere mayores porciones de tierra desarboladas para responder a esta demanda.

“El sistema que tenemos, que es el de la extracción de recursos naturales para atender patrones de consumo basados en el derroche, todavía es el sistema dominante”, dijo Gnacadia a IPS, durante el Congreso Internacional sobre Suelos, que acogió la capital de Turquía entre el lunes 17 y el miércoles 19.

“Hay menos gente (en el mundo rural) que produce más para las ciudades, lo que significa que pueden estar minando el suelo, talando el bosque y haciendo que nos volvamos cada vez más vulnerables a las perturbaciones climáticas y contribuyendo a esas perturbaciones”, dijo el especialista beninés.

Gnacadia subrayó que la neurálgica capa boscosa del planeta se está perdiendo por lo que describió como un mal uso de la tierra para la actividad agropecuaria.

La expansión de la frontera agrícola a nivel mundial se está produciendo mediante la errada formula de invadir y desmantelar ecosistemas tan indispensables como intocados, incluidos los bosques.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) puntualizó durante el Congreso que la expansión de las plantaciones y las áreas urbanas está ejerciendo una presión no sostenible sobre los bosques y sus recursos, lo que perjudica a las comunidades rurales y exacerba los efectos negativos del cambio climático.

“Si queremos disminuir esto, primero debemos considerar el potencial de la tierra y la capacidad de desmonte. Para que se puede usar adecuadamente la tierra, se debe identificar claramente antes la manera sostenible de hacerlo, antes de tomar decisiones”, dijo Gnacadia.

Luc Gnacadia, exministro de Medio Ambiente de Benín y ex secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en su entrevista con IPS en Ankara, durante el Congreso Internacional sobre Suelos, celebrado en la capital turca entre el 17 y 19 de junio. Crédito: Desmond Brown / IPS

“Cuando usamos la tierra para la agricultura, debemos trazar un mapa claro de esa tierra e identificar dónde goza de buena salud y asegurarnos de evitar su degradación. Todo lo que hagamos debe tener un objetivo. Utilizamos la tierra pero nos aseguramos de que no pierda su productividad, y no agotamos todos sus nutrientes”, planteó.

“Para las tierras que están experimentando alguna degradación, debemos adoptar medidas para reducirla… Se debe evaluar si aún existe, en términos socioeconómicos, el potencial para restaurarla y devolverla a la vida. Si existe ese potencial, entonces hay que hacerlo”, añadió.

En  1990 había solo 10 megaciudades en el mundo, que ahora se han triplicado para alcanzar al número de 33 las urbes con más de 10 millones de habitantes. Se proyecta que para 2030 serán 43 las megalópolis y la mayoría se situarán en países del Sur en desarrollo.

Tokio es la ciudad más populosa del mundo con unos 37 millones de habitantes, seguida de Nueva Delhi con alrededor de 29 millones y Shanghái con 26 millones. Pero se prevé que la capital de India supere la población de la capital japonesa en 2028.

Mariam Akhtar-Schuster, copresidenta de la Interfaz Ciencia-Política de la CNLUD, dice que los países deben implementar un mecanismo integral de planificación del uso de la tierra para poder satisfacer las demandas y necesidades de los hogares y, al mismo tiempo, administrar y conservar de manera sostenible la naturaleza.

“Tenemos que considerar que la población urbana también tiene una demanda de leña y de madera para cocinar y como material de construcción. Todas estas necesidades están afectando los bosques”, dijo la especialista de origen alemán a  IPS.

“Si se produce una expansión no regulada de las áreas urbanas, los bosques cercanos se verán dañados, pero incluso si los bosques no se talan para crear espacio para las viviendas,  son una fuente de leña para cocinar y esto puede conducir a un inmenso proceso de degradación”, añadió.

Akhtar-Schuster hizo hincapié en que la reducción y degradación de los bosques es un problema de gobernabilidad ambiental,

Por ello, a su juicio, “se deben crear procedimientos y regulaciones, sobre cuanta madera se permite sacar de los bosques y cuán lejos deben establecerse los mecanismos de control de los bosques para evitar la tala ilegal y la eliminación de madera para atender la demanda diaria”.

La planificación urbana también debe considerar que se necesita infraestructura para la energía, recalcó Akhtar-Schuster, para insistir en que los bosques son altamente vulnerables al uso humano y esto debe ser atendido.

“No estoy diciendo que no se deban usar los bosques, pero tienen que usarse de forma sostenible y eso significa que hay que establecer muchas regulaciones, especialmente si se produce una expansión urbana”, dijo la funcionaria de la Interfaz de la CNULD.

Consideró que “se requieren años y años y años hasta que un pequeño retoño se convierta en un gran árbol y esta dimensión temporal debe considerarse en cualquier planificación”.

“Debes tener una visión de muy largo plazo si deseas administrar tus bosques de manera sostenible y siempre tendrás que verificar la condición sobre si hay un rejuvenecimiento natural de los bosques, tendrás que controlar también la estructura de la edad de los bosques próximos a las áreas urbanas para que siempre se mantenga saludable”, añadió Akhtar-Schuster.

Otras situaciones que han disminuido los bosques y han cambiado para mal el uso de la tierra tienen su origen en la demanda mundial de productos básicos como el caucho o el aceite de palma.

En el tratamiento de la explotación de esos recursos se recordó especialmente en Ankara los casos de países como Indonesia y Papua Nueva Guinea, donde los gobiernos otorgaron amplias concesiones de tierras a las empresas para impulsar sus economías.

T: MF

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¿Un gobierno incompatible con la cultura nacional de Brasil?

qui, 20/06/2019 - 14:31

El presidente Jair Bolsonaro tiene predilección por participar en actos militares, un sostén clave para su gobierno, con ocho de sus 22 ministros militares, la mayoría generales retirados del Ejército. EL mandatario de extrema derecha, un capitán retirado, manifiesta con frecuencia su nostalgia con la dictadura militar (1964-1985) y reivindica volver a la sociedad conservadora de entonces. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 20 2019 (IPS)

Suena raro que Brasil haya elegido un gobierno extremista de derecha, moralista y retrógrado, el opuesto de un país cuya imagen internacional es de alegría, libertad de costumbres, convivencia interracial y creatividad cultural.

La contradicción, previsible desde las elecciones de octubre de 2018, tomó cuerpo con la extinción del Ministerio de Cultura, uno de los primeros actos del presidente Jair Bolsonaro luego de su toma de posesión el 1 de enero.

Apareció de forma más cruda en marzo, cuando el presidente difundió por Twitter un video en que dos hombres practicaban la “lluvia dorada” (práctica sexual de orinar sobre la otra persona), señalando que lo hizo para “exponer la verdad” sobre lo que ocurre en los desfiles de carnaval.“Mantienen en el gobierno la misma estrategia de la campaña electoral, hacen mucha agitación, aunque son minoritarios. Producen una sensación que contradice la pérdida de popularidad sufrida por el gobierno, para indicar que sus bases están inctactas”: Alessandra Aldé.

Fue una de las crudas maneras en las que evidencia su rechazo a la gran fiesta nacional, un símbolo global además de la entidad de la población de este país de 210 millones de personas.

En el mundo artístico y de espectáculos es casi unánime la oposición a Bolsonaro, quien en contrapartida fomenta la hostilidad de sus seguidores contra el sector cultural, que acusa de estar contaminado por el izquierdismo y el “marxismo cultural”, tal como las universidades.

Sus adeptos “parecen vivir en un universo paralelo” informándose entre ellos por redes sociales, últimamente usando más a videos en YouTube, según Alessandra Aldé, profesora de comunicación en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro.

“Mantienen en el gobierno la misma estrategia de la campaña electoral, hacen mucha agitación, aunque son minoritarios. Producen una sensación que contradice la pérdida de popularidad sufrida por el gobierno, para indicar que sus  bases están intactas”, dijo a IPS la especialista, basada en datos de un grupo académico en participa y que investiga el uso político de medios digitales.

“La sociedad brasileña es más conservadora de lo que creíamos”, señaló para explicar el triunfo electoral del Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército cuyas ideas no parecen compatibles con el estereotipo cultural de los brasileños.

El momento de rebelión contra el izquierdista Partido de los Trabajadores, que gobernó el paísl de 2003 a 2016, y contra la política en general encarada como corrupta “hizo emerger el reaccionarismo antes oculto”, sostuvo.

Algunos datos desnudan ese conservadurismo mezclado con racismo, homofobia y el machismo, señaló la investigadora, reflejados en los numerosos feminicidios y asesinatos de homosexuales que ocurren en el país.

Fátima Pacheco Jordão, socióloga especialista en sondeos de opinión pública, coincide que Bolsonaro no conquistó la presidencia por sus ideas, su liderazgo o organización partidista, sino por el fuerte sentimiento anti PT que “alimentó un conservadurismo radical”.

Los grandes escándalos de corrupción y la crisis económica, un coctel iniciado en 2014 y atribuido a los gobiernos del PT, debilitaron el principal adversario electoral, el petista Fernando Haddad, desbrozando el camino al triunfo de Bolsonaro.

Pero el excapitán tiene características que lo consagraron como el candidato antiPT y contra el sistema político corrompido, al defender valores del pasado, como la familia tradicional, la tradicional primacía patriarcal y la disciplina militar.

El vicepresidente Hamilton Mourão, general retirado del Ejército, en la ceremonia en que recibió el título de ciudadano de honor de Río de Janeiro, el 17 de junio. El vicepresidente ha asegurado que las familias sin padre o abuelo crían hijos “desajustados”, con gran probabilidad de volverse delincuentes, descalificando por lo menos 11,6 millones de familias de Brasil, que solo cuentan con una madre como cabeza y sostén. Crédito: Adnilton Farias/VPR

Sus seguidores lo llaman “Mito”, desde cuando aún era poco conocido y un diputado sin brillo y de opiniones condenables, como la defensa de la tortura y de la dictadura militar de 1964 a 1985, recordó Jordão.

La construcción de mitos, héroes a quienes confiar el destino, forma parte de la cultura brasileña y a Bolsonaro lo favoreció también el hecho de haber sido víctima de un atentado con una cuchillada que le perforó el intestino, durante la campaña electoral.

Tres semanas en cirugías y tratamiento en el hospital impidieron su participación en los debates electorales. Pudo así evitar debates públicos que lo hubiesen obligado a exponer sus planes de gobierno.

Su elección como mito la amplificaron las redes sociales, donde la difamación de adversarios fue un arma recurrente. Haddad, por ejemplo, fue acusado de promover la distribución del “kit gay”, un supuesto material escolar que estimularía la homosexualidad, cuando fue ministro de Educación (2005-2012).

Bolsonaro recuerda a Macunaíma, personaje que el escritor Mario Andrade creó “con precisión literaria y sociológica” para representar al brasileño promedio, tras viajar por el interior de Brasil en los años 20 del siglo pasado, evaluó Jordão a IPS.

Se trata de un “héroe sin ningún carácter”, perezoso, egoísta, inmaduro y vengativo, en la obra que es un hito del modernismo brasileño.

El presidente discrepa de la cultura brasileña, incluso la rechaza, en sus aspectos modernos, de conquistas recientes, como el ambientalismo y la creación artística y contemporánea.

Pero logró conquistar y movilizar millones de seguidores por atavismo, rescatando y proponiendo como objetivo la vuelta a valores y costumbres del pasado, muchos ya superados por la realidad.

“Representa algo retrógrado, un retroceso sobre todo en la cultura brasileña”, resumió Jordão.

La familia tradicional, heterosexual y encabezada por un hombre, es central en la “utopía” de Bolsonaro y sus fieles.

Familias sin padre o abuelo son “fábricas de personas desajustadas que tienden a incorporarse a las narcobandas”, afirmó el durante la campaña electoral el vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão.

En Brasil, sin embargo, 40,5 por ciento de las familias ya tenían como jefa solitaria a una mujer en 2015, según estudio de Eustaquio Diniz Alves, basado en datos estadísticos oficiales. En números absolutos eran 28,9 millones de familias, el doble de la cifra de 2001.

Las que más crecieron son familias con padre y madre, pero bajo jefatura femenina. Alcanzaron 9,9 millones, siete veces más que en 2001, golpeando viejas pretensiones machistas.

El culto de la familia única y tradicional se vincula a también al viejo dogma de que solo hay dos sexos y que género es una concepción ideológica que busca destruir la familia.

Bolsonaro criticó como “un error” que el Supremo Tribunal Federal haya decidido el 13 de junio equiparar la homofobia al racismo, con penas de hasta tres años de cárcel para sus delitos. Eso perjudicará a los homosexuales porque empresas dejarán de emplearlos, según su argumento desmentido por varios empresarios.

El presidente afirmó también que los extranjeros serán bienvenidos para hacer turismo heterosexual en Brasil, pero no el homosexual. Sus declaraciones homofóbicas agravan el riesgo para los homosexuales, víctimas de cerca de un asesinato homofóbico en este país sudamericano.

Además, ignoran la realidad de un país que ya aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y atrae millones de personas a las Paradas del Orgullo Gay en muchas ciudades. En São Paulo tienen lugar desde 1997.

Bolsonaro enfrenta otras resistencias a su obsesión de borrar de la historia avances en áreas como ambiente, educación, seguridad pública, diplomacia, igualdad de género y derechos humanos. Un Brasil “similar al de 40, 50 años atrás” es su meta anunciada en vísperas de las elecciones.

Su decreto del 7 de mayo que facilita la posesión y porte de armas de fuego a millones de personas fue rechazado por el Senado el martes 18 de junio y depende de una próxima votación en la Cámara de Diputados.

Es inconstitucional, según la mayoría de los senadores, porque un decreto no puede alterar una ley. En ese caso busca retroceder a la situación anterior al Estatudo del Desarme, una ley vigentes desde 2003, para restringir y controlar las armas en manos de civiles.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Otomíes demandan devolución de su bosque expropiado en México

qua, 19/06/2019 - 18:41

Efrén Santana, segundo a la izquierda, durante el encuentro con los medios para explicar su demanda de que se devuelva el bosque expropiado a su comunidad otomí, en el centro de México. Crédito: Cencos

Por Ana Cristina Ramos
MÉXICO, Jun 19 2019 (IPS)

La comunidad otomí de Huitzizilapan, en centro de México, demandó que les regresen su bosque, expropiado hace cinco años para la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.

El plazo del constructor para terminar la obra venció el 29 de mayo sin que se haya concluido, aseguran representantes de la comunidad indígena de ese pueblo indígena que habita en forma dispersa por territorios del centro del país.

Hace  cinco años el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) a través de un decreto presidencial, expropió 6.938.7 hectáreas de la comunidad San Lorenzo Huitzizilapan, en el estado de México,  para la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.

Ahora la comunidad otomí que vive en el pueblo le exige al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la devolución de sus tierras, tras concluir los cinco años de plazo que se le otorgó a la empresa Constructora Teya –filial de Grupo Higa– para terminar de construir carretera.

“En los últimos recorridos que se han hecho; que son hace siete, ocho días; constatamos que en unas partes del trazo carretero no se ha empezado a  construir, otras partes está al 20, al 40, al 50 por ciento, hay partes donde ya hay una plancha asfáltica, pero ya está en muy mal estado por las condiciones climatológicas”, narró Efrén Santana en una  conferencia de prensa, este miércoles 18, en Huitzizilapan.

Debido al incumplimiento en los plazos asignados por el artículo 9 de la Ley de Expropiación, la comunidad indígena solicita la devolución de sus tierras. En el artículo noveno hay un apartado donde se puede hacer un proceso de reversión.

“Pero ese proceso de reversión es vía agraria, es lo más cercano que los pueblos indígenas tienen a la mano, pero está muy lejos de las necesidades de los pueblos indígenas”, advirtió el representante de la comunidad otomí.

Es por ello que los pobladores insisten en crear nuevos mecanismos que se vayan adaptando a cuestiones más allá de las agrarias y pase a los derechos humanos.

“Queremos recuperar las tierras y que el Estado y las empresas involucradas reparen el daño ocasionado y no nada más en cuestiones de la flora y la fauna o de los pasos ancestrales; sino también todo el daño psicológico que ha tenido la población porque hemos tenido represiones muy fuertes, la comunidad de Xochicuautla ha tenido presos políticos”, subrayó Santana.

El indígena otomí cuenta cómo el bosque sigue siendo una parte medular los pueblos; la gente sube por sus plantas medicinales, van por leña para combustibles, por hongos, ramas para hacer adornos.

La primera pista que los alertó de que algo estaba mal fue la tala indiscriminada de árboles que también afectaba sus veneros de agua; “cuando dejó de llegar el líquido a la comunidad fue cuando dijimos algo está mal”, contó Santana.

Añadió que el trazo carretero a ellos no les lleva progreso, más bien corta los siete cerros sagrados, rompiendo la espiritualidad y la conexión que tienen con ellos; los fisura como comunidades, y les quita identidad; todo esto lo cambia por algo muy popular en la ciudad: la contaminación.

El campesino otomí explicó el impacto de vivir alrededor de la carretera.

“Son los ruidos, las emisiones de gas, ya no vas a respirar el aire puro que respirabas; implica que ya no vas a poder comer tus hongos en temporada de lluvias”, afirmó.

Santana añadió que “no vamos a poder ni entrar a nuestros bosques, la única forma en que vamos a poder entrar es con una identificación en mano, pero para ser jardineros, para ser domésticas, para ser el chalán de ellos, cuando ese territorio es de los pueblos”.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

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Los ODS transitan empedrado camino por contexto mundial adverso

qua, 19/06/2019 - 17:38

Las mujeres son parte esencial para impulsar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de ser el centro de uno de los ODS, el cinco, el de la igualdad de género, un tema transversal para poder avanzar en todos ellos. Crédito: ONU

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 19 2019 (IPS)

Las Naciones Unidas advierten en un informe que se publicará en julio que “no hay escapatoria al hecho de que el panorama mundial para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene un deterioro general desde 2015, dificultando los esfuerzos de los gobiernos y otros socios” para alcanzarlos.

Una de las razones del negativo contexto es el hecho de que hay crecientes obstáculos para un claro compromiso con la cooperación multilateral, fundamental para los acuerdos de la comunidad mundial,  afirma el documento de 35 páginas, que se publicará antes del  Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social (Ecosoc), del 9 al 18 de julio.

Detrás de esos obstáculos hay una recesión económica que está extendiéndose,  una disminución de la ayuda al desarrollo, el desvío de fondos a emergencias humanitarias, los conflictos militares generalizados, las crecientes pérdidas económicas a causa de desastres naturales.

También constituyen barreras para el avance en los 17 ODS la caída de los recursos y las operaciones de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la multiplicación de gobiernos de derecha o de extrema derecha y los desafíos crecientes que afronta el multilateralismo, entre otras.

El estudio dice que “es motivo de gran preocupación que se proyecte que la tasa de pobreza extrema vaya a ser de seis por ciento en 2030, y que no se alcance el objetivo mundial de erradicar la pobreza extrema, mientras que el hambre haya amentado por tercer año consecutivo”.

Al mismo tiempo, la biodiversidad se está perdiendo a un ritmo alarmante con alrededor de un millón de especies que ya se encuentran en extinción, muchas en apenas décadas,  mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero continúan incrementándose pese a las evidencias del impacto del recalentamiento global.

Además, el nivel requerido de financiamiento para el desarrollo sostenible y otros medios de implementación aún no están en funcionamiento y las instituciones no son lo suficientemente fuertes o efectivas para responder adecuadamente a estos enormes desafíos interrelacionados y transfronterizos.

En cuanto a la promoción de la igualdad de género, plantea que las mujeres representan menos de 40 por ciento de las personas empleadas, ocupan solo una cuarta parte de los puestos directivos en el mundo y (en un conjunto limitado de países con datos disponibles) enfrentan una brecha salarial de 12 por ciento.

Alrededor de una quinta parte de la población femenina de 15 a 49 años experimentó violencia física o de pareja en los 12 meses previos a la realización del estudio.

“Simplemente no hay manera de que podamos alcanzar los 17 ODS sin lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas”, declara el documento, al subrayar el carácter transversal del objetivo 5, el de la igualdad de género.

Jens Martens, director del Foro de Políticas Mundiales y coordinador del Grupo de Reflexión de la Sociedad Civil en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aseguró a IPS que “el nuevo informe de la ONU es una llamada de atención a los gobiernos, y muestra claramente que la mayoría los gobiernos no han logrado hacer realidad la visión transformadora proclamada en la Agenda 2030 en políticas reales”.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en que las regiones y países trabajan desde el comienzo de 2016, con el objetivo de alcanzar sus 169 metas específicas para 2030. Crédito: ONU

“Estamos de acuerdo con la evaluación de que el compromiso con la cooperación multilateral está ahora bajo presión. Peor aún, el chovinismo nacional y el autoritarismo están aumentando en un número creciente de países”, agregó.

Pero a pesar de estas perspectivas sombrías, hay signos de cambio, dijo Martens.

Ante el fracaso o la inacción de los gobiernos, han ido surgiendo movimientos sociales en todo el mundo, principalmente encabezados por jóvenes o mujeres.

El informe de la ONU evidencia que la transformación estructural es más necesaria que nunca y que se requiere el fortalecimiento de la gobernanza de abajo hacia arriba, así como la coherencia en la gobernabilidad.

A nivel global, dijo el activista, la revisión del Foro Político de Alto Nivel debería usarse para superar la debilidad de este organismo y transformarlo en un Consejo de Desarrollo Sostenible.Foco en seis ODS

En el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, este año se pondrá el acento en los avances en seis de los 17 ODS.

Ellos serán el ODS 4, el de la educación de calidad; el ODS 8, el de trabajo decente y crecimiento económico; el ODS 10, el de reducción de las desigualdades; el ODS 13, el de la acción por el clima; el ODS 16, el de paz, justicia e instituciones sólidas, y el ODS 17, el de las alianzas y asociaciones para lograr los objetivos de la Agenda 2030.

Además, presentarán su informe nacional voluntario 47 países, 40 por primera vez los otros siete por segunda ocasión, desde que comenzaron a implementarse los objetivos en 2016.

Martens planteó que las instituciones responsables de la implementación de la Agenda 2030 y los ODS requieren más recursos financieros y efectivos instrumentos políticos y legales.

La denominada cumbre de los ODS, a celebrarse en la sede de la ONU en Nueva York el 24 y el 25 de septiembre, junto con el  75 aniversario del foro mundial en 2020, brindará oportunidades trascendentes para traducir los llamamientos de los movimientos globales a favor de la justicia social y ambiental en pasos políticos hacia un nuevo multilateralismo democrático, agregó.

Yoke Ling Chee, directora de la Red del Tercer Mundo, dijo a IPS que el mundo está muy lejos de cumplir con los compromisos de desarrollo sostenible, incluidas los objetivos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica para el período 2011-2020, las conocidas como Metas de Aichi, que son una parte integral de los ODS.

Añadió que hay promesas de implementación, especialmente el tema de fondos nuevos y adicionales, que es una obligación legal de los países del Norte industrial en varios tratados multilaterales.

“La cooperación global forjada en los tratados de Río de Janeiro de 1992 (en la cumbre de la Tierra) sobre la biodiversidad, clima y lucha contra la desertificación se basa en el principio de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países en desarrollo y desarrollados”, subrayó Yoke Ling.

La reputada abogada china dijo que 27 años después, el multilateralismo está bajo ataque, con una erosión de todos estos principios y compromisos.

“La administración (estadounidense) de Donald Trump está empujando al mundo hacia el proteccionismo económico, mientras que los recursos de los países en desarrollo se enfrentan ahora a un nuevo nivel y forma de desvío a través de la digitalización”, agregó.

Advirtió que un puñado empresas transnacionales buscan agresivamente desde datos personales a información de secuencias genéticas, para reclamar derechos de propiedad privada con fines de lucro.

Hay ciertos avances

Mientras tanto, el nuevo informe de la ONU reconoce que se están haciendo progresos y que son evidentes algunas tendencias favorables en la implementación de los ODS.

La pobreza extrema y las tasas de mortalidad infantil continúan cayendo. Se está avanzando contra enfermedades como la hepatitis, donde la incidencia de nuevas infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B se ha reducido considerablemente.

Ciertos objetivos relacionados con la igualdad de género están viendo avances, como la implementación de presupuestos sensibles al género, mientras que el  acceso a la electricidad en los países más pobres ha comenzado a aumentar.

A nivel mundial, la productividad laboral ha aumentado y el desempleo ha vuelto a los niveles previos a la crisis financiera global abierta en Estados Unidos en 2008. La proporción de la población urbana que vive en barrios marginales está disminuyendo.

Peor el progreso de los ODS aún es lento y “las personas y los países más vulnerables siguen sufriendo más y que la respuesta global hasta ahora no ha sido lo suficientemente ambiciosa”.

Roberto Bissio, coordinador de Social Watch, dijo a IPS que el informe de la ONU no menciona que, según sus estimaciones, la pobreza en realidad está aumentando en África subsahariana, donde en 2030 vivirán nueve de cada 10 personas en pobreza extrema.

Una mirada más cercana al crecimiento de los ingresos en los últimos 40 y en el promedio nacional, muestra que para más de un tercio de los países donde hay datos, la diferencia fue de menos de 0,5 por ciento, que se redondea a cero, considerando el error de margen de estos mediciones.

Además, en un tercio de los países, los ingresos de los últimos 40 en realidad disminuyeron, haciendo que los pobres sean más pobres. En muchos de ellos, el promedio nacional disminuyó aún más, dijo Bissio.

Además, el informe “tapa” bajo cifras globales las diferencias de la responsabilidad de los países industrializados y las personas de altos ingresos que viven en ellos en la producción y consumo insostenible, al utilizar los promedios mundiales.

Ello pese a que la Agenda 2030 es explícita al indicar que todos los países deben tomar medidas hacia el consumo y la producción sostenibles (ODS 12), “con los países desarrollados a la cabeza”, explicó Bissio.

Esas formas de establecer las mediciones evitan destacar la responsabilidad de los países industrializados en la actual en la actual insostenibilidad planetaria, en lugar de alentarlos a tomar la iniciativa para corregir esa tendencia.

T: MF

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Región de Asia-Pacífico corre el peligro de no alcanzar ningún ODS

ter, 18/06/2019 - 12:52

La región de Asía-Pacífico ha avanzado con limitaciones en el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, el que propone alcanzar el fin de la pobreza para 2030. Crédito: ONU

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 18 2019 (IPS)

Un nuevo informe de  la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (Cespap) alerta que la región que alberga a los dos países más populosos del mundo, China e India, “no logrará” ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) si mantiene “su trayectoria actual”.

La región, al igual que el resto de la comunidad internacional, se comprometió a alcanzar los 17 objetivos y sus 169 metas y los respectivos indicadores, a completar para 2030.

El estudio de la Cespap  considera que “el progreso se ha estancado o se ha estado dirigiendo en la dirección equivocada en más de la mitad de los ODS”, que conforman la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, acordada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015 y que los países comenzaron a implementar en 2016.

La secretaria ejecutiva de la Cespap, Armida Alisjahbana, pidió medidas urgentes para revertir estas tendencias negativas, al lanzar el 28 de mayo el “Informe sobre el progreso de los ODS de Asia y el Pacífico en 2019”, durante la 75 sesión de la agencia de la ONU, realizada en Bangkok, su sede central.

“Espero que este informe contribuya a orientar nuestros esfuerzos para acelerar el progreso hacia todos los Objetivos y para fortalecer el compromiso de la región de mejorar la calidad de los datos y estadísticas esenciales para medir el progreso”, dijo.

Según el estudio, la situación se está deteriorando en el logro del ODS 6, enfocado en proporcionar agua potable y saneamiento, al igual que el ODS 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico, y lo mismo sucede con el ODS 12, destinado a apoyar la producción y el consumo responsables.

La región si ha mostrado avances, así sean limitados, en el fin de la pobreza (ODS 1) y a garantizar que todos tengan acceso a una educación de calidad y al aprendizaje a lo largo de toda la vida (ODS 4). También hay logros en las medidas para alcanzar una energía asequible y no contaminante (ODS 7).

“Sin embargo, incluso cuando se ha logrado un buen progreso, este es muy lento para que estos objetivos se alcancen en 2030″, plantea el informe regional.

Stuart Kempster, analista de políticas de monitoreo y responsabilidad de la organización internacional WaterAid, dijo a IPS que “es sorprendente que, en su trayectoria actual, Asia y el Pacífico no alcancen ninguno de los 17 ODS para 2030”.

“Estamos especialmente alarmados de que algunas naciones pasarán años para lograr el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, los componentes básicos de cualquier comunidad estable y próspera”, añadió el especialista de la organización con base en Estados Unidos, que se ocupa de ayudar a alcanzar ese derecho básico.

Kempster destacó que a las tasas actuales de avance, todos los países de ingresos bajos y medios de la región no gestionarán el agua de forma segura hasta 2064 y en el caso del saneamiento esa meta solo se alcanzará en 2107.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en que las regiones y países trabajan desde el comienzo de 2016, con el objetivo de alcanzar sus 169 metas específicas para 2030. Crédito: ONU

“Solo nos quedan 11 años para mantener la promesa hecha a quienes viven sin agua limpia o un inodoro decente. Los gobiernos deben priorizar el agua limpia, el saneamiento decente y una buena higiene, asegurando que se establezca el financiamiento adecuado para construir un mundo más sostenible ahora y para las generaciones futuras “, señaló.

Arman Bidarbakhtnia, jefe de la División de Estadísticas de la Unidad de Gestión de Datos Estadísticos de la Cespap, dijo a IPS que el informe solo evalúa el progreso regional y subregional y no pretende realizar una evaluación de cada país.

A pesar de que hay muchas referencias a casos de países a nivel de indicadores, explicó, las conclusiones sobre los ODS no deben generalizarse a los países.

El análisis se basa en agregaciones a nivel regional y subregional, no ponderadas a nivel nacional. Por ello, los resultados no son representativos de China y la India como los países más grandes, subrayó.

Además, los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) son tan importantes como China e India en este análisis de la región.

El funcionario de la Cespap señaló también que por “la región” no debe entenderse a la región entera o a la mayoría de su población, sino que significa un “país típico en la región” o “la mitad o más países de la región (valores promedio)”.

El informe lanzado en mayo, detalló además, solo se enfoca en el progreso y no apunta a un análisis de “causa-efecto”.

El informe muestra diferencias importantes en el progreso entre las subregiones de Asia y el Pacífico que han registrado diferentes éxitos y enfrentan diferentes desafíos.

Pero, en cualquier caso, cada subregión necesita revertir las tendencias existentes para al menos tres ODS.

Por ejemplo, la subregión del este y el noreste de Asia está retrocediendo en objetivos como el de ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), acción por el clima (ODS 13) y la vida de los ecosistemas terrestres (ODS 15).

En tanto, el sudeste asiático ha retrocedido en los ODS 8 y ODS 13, al igual que en el de alcanzar la paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

Por su parte, el sur y el suroeste de Asia se está moviendo en la dirección equivocada en los ODS 6, ODS 12 y ODS 13.

Desde el año 2000, ha habido un descenso en el objetivo de la igualdad de género (ODS 5), junto con los ODS 8 y ODS 11 en Asia del Norte y Central. Por su parte, la  subregión del Pacífico ha retrocedido en los objetivos de hambre cero (ODS 2) y vida submarina (ODS 14), junto con los ODS 8 y ODS 16.

“La falta de datos confiables en todos los ODS y en todas las subregiones es uno de los mayores desafíos de Asia y el Pacífico”, asegura el informe de la Cespap.

A pesar de un aumento significativo en la disponibilidad de los indicadores de los ODS desde 2017, permanecen brechas en los datos de dos tercios de esos indicadores de los ODS.  Según el informe, casi una cuarta parte de todas las metas de los ODS que carecen de evidencia se relacionan con asuntos ambientales.

Bidarbakhtnia puntualizó a IPS que no se puede deducir por los reveses que se observan en el informe, que exista una falta de voluntad política o un déficit en la ayuda al desarrollo para que los países del Sur en desarrollo alcancen los ODS.

Definitivamente, a su juicio, esos reveses obedecen a causas diferentes según el país, incluidas la falta de voluntad política, de recursos financieros, de ayuda para el desarrollo, de prioridades y de modelos de desarrollo, entre otras.

Sin embargo, dijo, “puede inferirse de la publicación de la Cespap que el costo de cerrar estas brechas es asequible para los gobiernos, y definitivamente no todos los problemas son debidos a la falta de recursos financieros”.

Sobre la conclusión de la “falta de datos confiables en todos los objetivos”, que incluye el informe, el jefe de Estadísticas de la Cespap aseguró que se fundamenta en un análisis riguroso de la disponibilidad de datos que se presenta en la parte 3 del informe. La misma parte también proporciona algunos consejos para cerrar la brecha y superar los desafíos.

En particular respecto al ODS 1, reafirmó que “la tasa actual para poner fin a la pobreza no es suficiente para alcanzar las metas 2030”.

Puntualizó que el informe permite ver que la región, incluyendo a China e India, está en vías de erradicar la llamada “pobreza de ingresos”, si pueden mantener el mismo ritmo de progreso hasta ahora.

Pero recordó que el ODS 1 va más allá de esa pobreza de ingresos y que la región está rezagada en otras dimensiones de las metas incluidas en ese transversal objetivo, especialmente en cuanto al gasto gubernamental en servicios básicos (educación y salud) y la capacidad de recuperación ante desastres naturales.

El informe no presenta cifras específicas sobre China e India, pero “nuestros datos muestran que a ambos les está yendo mejor que a la región (en promedio) en el ODS 1 y van por buen camino si mantienen el actual nivel de progreso”, dijo Bidarbakhtnia.

Pero también, como el resto de la región,  “necesitan acelerar el gasto en servicios básicos”, indica. Además, hay varias otras dimensiones, como la protección social y la pobreza multidimensional, donde no hay datos que permitan medir la situación, agregó.

T: MF

El artículo Región de Asia-Pacífico corre el peligro de no alcanzar ningún ODS fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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