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Atualizado: 1 dia 6 horas atrás

Una postrada OMC afronta las subvenciones a la pesca

sex, 30/08/2019 - 15:02

Uno de los foros del Grupo de Negociaciones sobre las Normas, en la sede de la OMC en Ginebra, que en septiembre debe afrontar el espinoso tema del acuerdo sobre las subvenciones de la pesca. Crédito: OMC

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Aug 30 2019 (IPS)

Los ataques comerciales de Estados Unidos contra China y la creciente tirantez en las relaciones internacionales han postrado hasta el decaimiento a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la arquitectura jurídica global que regula los intercambios de bienes, servicios y propiedad intelectual.

El instrumento distintivo de la institución, su Órgano de Solución de Diferencias, que arbitra en las controversias entre los Estados parte, está amenazado de inminente extinción porque Estados Unidos obstruye la elección de nuevos jueces de su Órgano de Apelación, máxima instancia del sistema que puede caer en acefalía el 11 de diciembre.

Y las actividades centrales de la OMC, las negociaciones para perfeccionar acuerdos comerciales ya existentes en agricultura, productos industriales y servicios, o en nuevos campos, como el comercio digital, permanecen paralizadas, en la mayoría de los casos por las habituales diferencias entre países del Sur y del Norte.

Una única y también incierta posibilidad de remozar la OMC se presentará en los primeros días de septiembre, cuando se reanuden las sesiones del Grupo de Negociaciones sobre las Normas y afronte el tema de las subvenciones a la pesca, atendiendo a una demanda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluida en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se aprobó en 2015.

Uno de los puntos de esa Agenda establece “de aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad  y la pesca excesiva”. Determina igualmente que el el mismo plazo se deberán “eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole”.

La última conferencia ministerial de la OMC, celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2017, se hizo eco de las urgencias planteadas por la ONU y exhortó a los 164 Estados parte de la institución comercial a introducir las reformas en los plazos reclamados por la ONU.

El grupo de negociaciones sobre las subvenciones a la pesca es el único organismo de la OMC que ha avanzado en sus trabajos en ese lapso, en particular en los aspectos técnicos que precisan lenguajes y definen actividades e instrumentos especiales, sin llegar aun a las cuestiones políticas más espinosas, reconocieron a IPS fuentes comerciales.

Uno de los aspectos políticos es la específica advertencia que hizo la ONU en su Agenda 2030 al declarar: “reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados”.

En los textos del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, en inglés), antecesor de la OMC, ya figuraban menciones al trato especial y diferenciado que se concedía entonces (entre 1948 y 1995) a los países de menores ingresos.

La OMC incorporó esas disposiciones, que dan ventajas a los países en el cumplimiento de las obligaciones que el sistema comercial les impone.

Esa modalidad favorable a los países del Sur se aplica normalmente en la OMC, aunque algunas naciones industrializadas han hecho esporádicas críticas porque interpretaban que algunas de las economías beneficiadas ya habían superado la barrera del subdesarrollo.

Hasta que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos,  en enero de 2017, y proclamó que “las guerras comerciales son fáciles de ganar”, declaró su aversión por la OMC e incrementó los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de países aliados y de otros.

Esos fueron los primeros pasos de una ofensiva que ha trastocado el comercio internacional y el conjunto de las relaciones globales.

Una de las aspiraciones de Trump es la de reducir los beneficios del trato especial y diferenciado solamente a los países menos adelantados que en marzo de 2018 sumaban 45, según la última de las revisiones trienales que realiza el Consejo Económico y Social de la ONU (Ecosoc).

En esa lista no figuran China ni India, dos de los blancos de los ataque de Trump a la hora de reclamar que se despoje de esos beneficios a gran parte de las naciones más pobres.

Los dos países superpoblados de Asia han rechazado en la OMC las pretensiones de Trump con argumentos que repetirán cuando el tema del trato especial y diferenciado surja en comité de negociaciones sobre las subvenciones a la pesca para tratar de alcanzar un acuerdo.

Las sesiones de ese comité deberían reanudarse el 9 de septiembre luego de que quede definida la presidencia del Grupo de Normas que ha quedado vacante por el alejamiento de su anterior presidente, el representante de México, Roberto Zapata, quien regresó a su país.

La elección del nuevo presidente de Normas, como también del Comité de Comercio y Desarrollo, será debatida en una sesión informal que sostendrá, el lunes 2 de septiembre, el Consejo General de la OMC, máximo órgano de la institución durante los recesos de la conferencia ministerial.

El grupo de países de América Latina y el Caribe (Grulac) hizo conocer su interés en mantener la presidencia del Grupo de Normas para continuar impulsando las negociaciones sobre subvenciones a la pesca. Con ese fin, propuso la candidatura de Brasil, pero India la vetó.

Los dos países han sido, junto a Rusia, China y Sudáfrica, estrechos aliados en políticas recientes de desarrollo y en otros planos internacionales. Pero Brasil apareció en las últimas semanas, junto a Guatemala y Australia, como impulsor de una acción ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC que cuestiona las subvenciones que India pretende otorgar a sus exportaciones de azúcar.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Líderes africanos convocan a la unidad de acción sobre cambio climático

sex, 30/08/2019 - 12:59

Las inundaciones forman parte de los eventos que se ven incrementadas en frecuencia y magnitud por el cambio climático en África, como esta en la ciudad de Lodwar, en Kenia. Crédito: Isaiah Esipisu / IPS

Por Isaiah Esipisu
ADDIS ABEBA, Aug 30 2019 (IPS)

Los líderes africanos fueron llamados a encabezar la construcción conjunta de la mitigación, resiliencia y adaptación a los impactos del cambio climático, durante una cumbre de tres días sobre el tema realizada en la capital etíope.

La convocatoria a caminar juntos para afrontar el desafío del recalentamiento planetario fue común, con más o menos énfasis, en los discursos y declaraciones durante la octava Conferencia sobre Cambio Climático y Desarrollo de África (CCDA), que acogió este año Addis Abeba entre el miércoles 28 y este viernes 30.

“Nuestra primera acción urgente es construir la resiliencia y la adaptación a los impactos adversos del cambio climático para las comunidades más vulnerables de África”, sentenció James Kinyangi, director de Política Climática del Banco Africano de Desarrollo (BAFD), cuando subrayó que la institución ha articulado su compromiso financiero con la respuesta al fenómeno global.

“Ahora es el momento de traducir el Acuerdo de París (2015) en acciones concretas, para salvaguardar los logros del desarrollo y abordar las necesidades de los más pobres y vulnerables”, dijo ante la CCDA anual, que reunió a los responsables políticos, la sociedad civil, la juventud, el sector privado y la academia.

El encuentro debatió tanto situaciones actuales provocadas por las alteraciones climáticas en África, como la posición del continente ante la 25 Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que tendrá lugar en Santiago de Chile en diciembre.

También promovió la posición común ante la Cumbre sobre la Acción Climática, que se celebrará en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York el 23 de septiembre, convocada por su secretario general, António Guterres.

Mithika Mwenda, secretario general de la Alianza Panafricana de Justicia Climática, llamó a los líderes continentales a encabezar el diálogo y la acción porque los “hermosos discursos” no serán suficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático, recogiendo un pronunciamiento reciente en ese sentido de Guterres.

La Alianza, que aglutina a un centenar de organizaciones ambientales, fue una de las organizadoras de la Conferencia, junto con el BAFD y otras entidades continentales, bajo la egida de la Comisión de la Unión Africana, en cuya sede se celebró el encuentro, convocado con el lema: “Intensificar la acción climática para economías resilientes en África: una carrera que podemos (y debemos) ganar”.

Hasta el momento, 53 países africanos se han comprometido a realizar contribuciones determinadas a nivel nacional para frenar el impacto del cambio climático, identificando la necesidad de unos 3,5 billones (millones de millones) de dólares de inversión para 2030 con ese fin.

Según Kinyangi, estos compromisos presentan una oportunidad para que el AfDB contribuya a políticas y acciones que movilicen los recursos financieros necesarios para apoyar las inversiones a largo plazo en resiliencia y la transición de África hacia un desarrollo bajo en carbono.

Recordó una sentencia reciente del presidente de la institución, Akinwumi Adesina, que aseguró que “África no puede adaptarse al cambio climático a través de las palabras. Solo puede adaptarse al cambio climático a través de los recursos”.

“África ha tenido un cambio corto en términos de cambio climático porque el continente representa solo cuatro por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sufre desproporcionadamente por los impactos negativos”, dijo el máximo responsable del BAFD.

La institución, detalló, lidera un esfuerzo para crear una Alianza Financiera Africana para el clima, que reunirá a instituciones financieras, bolsas de valores y bancos centrales del continente, para desarrollar un modelo de financiamiento endógeno que apoyaría a África a adaptarse al cambio climático sin depender de nadie más.

A principios de este año, los ciclones tropicales, Idai y Kenneth arrasaron en un tan solo un mes cinco países africanos: Mozambique, Malawi, Tanzania, Zimbabwe y las Comoras.

Kenneth quedó registrada como la tormenta más fuerte que haya tocado tierra en el continente, mientras que Idai es la peor tormenta en términos de pérdidas y daños, con un saldo total de más de 1.000 muertes y daños por al menos mil millones de dólares.

“En Sudán, acabamos de ganar una lucha democrática, pero nos enfrentamos a otra crisis ecológica catastrófica de proporciones monumentales, que, la semana pasada, mató al menos a 62 personas y destruyó 37.00 hogares”, dijo Nisreen Eslaim, activista climático de Sudán, refiriéndose a las inundaciones que arrasaron la ciudad de Jartum.

Dado que la amenaza de inundaciones, sequías y olas de calor se amplificará por la mayor variabilidad climática, los expertos creen que la mejor estrategia de respuesta es aquella que mejore la resiliencia de las economías, la infraestructura, los ecosistemas y las sociedades a la nueva realidad.

“Por mucho que estemos tratando de responder a las calamidades relacionadas con el clima, necesitamos medidas a largo plazo para la gestión del riesgo de desastres. Esa es una razón por la que debemos hacer lo que sea necesario para implementar el Acuerdo de París”, dijo Kinyangi en diálogo especial con IPS.

Para apoyar a los países africanos a adaptarse al cambio climático, BAFD se ha comprometido a garantizar que al menos 40 por ciento de los proyectos que apruebe en 2020 sean financiamiento climático, con proporciones iguales de iniciativas destinadas a adaptación y mitigación.

El banco multilateral de desarrollo también busca incorporar iniciativas de cambio climático y crecimiento verde en todas las inversiones para el próximo año.

“Por mucho que nos movilicemos significativamente para que haya más financiamiento climático nuevo y adicional en África en 2020, seguiremos presionando a los países ricos para que entreguen los 100.000 millones de dólares anuales comprometidos”, dijo Kinyangi.

“El enfoque de nuestros líderes se está volcando lenta pero decididamente a otros asuntos que dominan las interacciones diplomáticas internacionales como la crisis Irán-Estados Unidos, el Brexit, el terrorismo y los movimientos emergentes de extrema derecha, que constituyen el peligro de un mayor escepticismo climático”, analizó Mwenda por su parte.

“Nuestra única esperanza es la unidad de propósito, el que nos trajo a Addis Abeba: contribuir a un proceso que moldee el futuro de la humanidad y la salud del planeta”, agregó el jefe de la Alianza.

Para Josefa Sacko, responsable de Economía Rural y Agricultura de la Comisión de la Unión Africana,  el continente necesita aumentar en calidad y en cantidad su ambición en la lucha contra el cambio climático.

“Sin compromisos globales ambiciosos y urgentes para abordar el cambio climático, la capacidad de la mayoría de los países africanos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los ideales de la Agenda 2063 de África siguen siendo esquivos”, dijo.

Mientras tanto, Guterres, el secretario general de la ONU, pidió a los líderes africanos que participen en la cumbre climática de septiembre a concurrir con planes concretos, ambiciosos y realistas para la meta de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 45 por ciento durante la próxima década.

Solo así se podrá lograr avanzar a la neutralidad de emisiones netas para 2050, como lo exige el informe especial del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, que apuntala la necesidad de cumplir los compromisos del Acuerdo de París.

T: MF

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Slim y la “letra chiquita” de su aplauso para López Obrador

qui, 29/08/2019 - 17:14

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el centro, aplaude con el magnate Carlos Slim, detrás a su derecha, durante la rueda de prensa del 27 de agosto. Crédito: Presidencia de México

Por Alberto Nájar
MÉXICO, Aug 29 2019 (IPS)

Andrés Manuel López Obrador parecía feliz, como pocas veces desde que asumió la presidencia de México. A unos pasos el magnate Carlos Slim elogiaba su gobierno. En sus objetivos principales –austeridad, combate a la corrupción e impunidad- “todos estamos de acuerdo al 100 por ciento”, decía.

Y fue más allá. Con una sola frase echó por tierra uno de los principales argumentos de los opositores: el pobre desempeño de la economía bajo el régimen de la Cuarta Transformación (4T), promovida por el presidente desde que alcanzó el gobierno el 1 de diciembre pasado.

“Estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto”, dijo Slim, en una especie de parábola de AMLO (siglas del presiente) en las conferencias de prensa mañaneras.

“Este año no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento”, puntualizó.

Por eso la alegría visible del presidente, quien se atrevió a pedir aplausos a los periodistas.

El autor, Alberto Nájar

No es para menos. En una hora de conferencia de prensa, pero sobre todo en la foto al final del encuentro con Slim y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle aplaudiendo a su lado, López Obrador desmontó la parte medular de una bien coordinada estrategia de sus opositores:

Hacer creer que los empresarios, pero sobre todo los grandes inversionistas, no creen en su gobierno.

La escena ocurrió temprano el martes 27 en Palacio Nacional, cuando se anunció un acuerdo para mantener la construcción de gasoductos para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Horas después del encuentro calificadoras como Moody´s –severa crítica de AMLO- elogió el convenio. Los opositores algo balbucearon en Twitter.

Un buen momento para López Obrador, cercana la cita de su primer informe de gobierno. Pero como en todos los contratos, sobre todo si se firman con Carlos Slim, hay que leer la letra chiquita.

Y en este caso es importante saber cómo y por qué se llegó a la foto en Palacio Nacional.

En la contienda electoral de 2018, como antes en 2012 y 2006, varios de los mayores empresarios del país hicieron campaña contra el candidato López Obrador.

AMLO les llamó “minoría rapaz” y les acusó de secuestrar al gobierno. Los aludidos financiaron estrategias de desprestigio, como la serie de televisión Populismo que recientemente fue sancionada por violar la ley electoral.

Después de la impresión por el resultado electoral del 1 de julio de 2018, algunos recuperaron aliento y emprendieron una nueva campaña de críticas.

Tuvieron un momento estelar con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Pero conforme se acercaba la toma de posesión de López Obrador como presidente, la oposición empresarial empezó a perder fuerza.

Dejó de sentirse la presencia de los más ricos, agrupados sobre todo en el CMN. Una muestra fue la selección de AMLO para integrar a su consejo asesor empresarial.

Y la deserción fue más evidente cuando, tras el anuncio de construir la refinería de Dos Bocas o la millonaria inversión de recursos fiscales a la estatal empresa petrolera Pemex prácticamente la única oposición visible en el sector privado fue la de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana.

El organismo reúne a empresarios ricos, pero no tanto. Muchos de los integrantes son, inclusive, empleados de los milmillonarios del país.

Nada raro. Los verdaderos dueños del capital en México, esos cuyas fortunas concentran 64 por ciento de la riqueza del país, decidieron pactar con el presidente.

Y no es porque una mañana despertaron convencidos de la 4T. De hecho pocos ven viables los proyectos del presidente, sobre todo la refinería en Dos Bocas o el rescate de Pemex.

Pero sí entendieron que es más caro pelearse con el gobierno. Sobre todo porque en su modelo de riqueza necesitan de los contratos públicos.

Una pragmática medida como lo han hecho siempre. Así que tal vez López Obrador debiera moderar el entusiasmo, porque las sonrisas en la mañanera de ese martes no fueron muy sinceras.

Aplaudirán mientras les sea útil. Y guardarán las manos cuando llegue el momento de sacarlas para otro.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

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Cuando una embajadora de buena voluntad es mensajera de polémica

qui, 29/08/2019 - 14:26

La embajadora de buena voluntad de Unicef, Priyanka Chopra, sostiene a Suleiman, de 5 años, durante una visita a su hogar en Amman, la capital de Jordania, en septiembre de 2017, en una de sus misiones a favor de la infancia. Crédito: Unicef

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Aug 29 2019 (IPS)

Cuando en 1987 el tenista alemán Boris Becker, embajador de buena voluntad de Unicef, se negó a comprometerse a no jugar en Sudáfrica, un país que estaba entonces en la lista negra por su régimen de apartheid, la agencia de la ONU para la infancia lo despojó del prestigioso título.

“Tendré 20 años este año y soy un buen jugador de tenis profesional, pero creo que soy demasiado joven para entrar en política”, argumentó Becker, mientras el gobierno de la entonces Alemania Occidental respaldó a uno de los suyos y protestó por el despido ante la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

Ahora, 32 años después, otra embajadora de buena voluntad de Unicef, Priyanka Chopra, una modelo y actriz de cine de origen indio, está sumida en una controversia política por su apoyo implícito a las fuerzas armadas indias, en momentos que avanzan hacia la guerra con el vecino Pakistán por Cachemira, un territorio en disputa entre los dos vecinos.

“Entonces, la embajadora de buena voluntad se ha convertido en una mensajera de mala voluntad”, dijo a IPS Masood Haider, corresponsal en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) del periódico Dawn, el principal diario en inglés de Pakistán.

En una conferencia de prensa el 22 de agosto, Haider se quejó de que Unicef no respondió a sus mensajes en busca de comentarios.

“Le pregunté acerca de Priyanka Chopra y su papel (de embajadora de buena voluntad) y llamé a Unicef, y llamé a la oficina de prensa… Pero nadie ha respondido en absoluto”, explicó decepcionado.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo a los periodistas: “Puedo decirles que, para cualquier embajador de buena voluntad, ya sea la señora Chopra o cualquier otra persona, esperamos que se adhieran a posiciones imparciales cuando hablen en nombre de Unicef o  cualquier otra organización” del sistema.

“Cuando hablan a título personal, se reservan el derecho de hablar sobre temas de interés o preocupación para ellos. Sin embargo, sus opiniones personales no reflejan las de la agencia con la que pueden estar vinculados”, agregó.

En octubre de 1987, el director de proyectos especiales para Unicef de la época, Horst Cerni, explicó un punto de vista diferente.

Dijo a The New York Times que la asociación de Becker con Unicef, iniciada en abril de 1986, había finalizado porque Becker no había dicho que no volvería a Sudáfrica mientras se mantuviese el régimen de segregación racial.

Becker fue incluido en la lista negra por el Centro de Naciones Unidas contra el Apartheid después de que jugó en Sudáfrica como miembro del equipo juvenil de la Federación de Alemania Occidental en 1984.

Ello aunque entonces tenía apenas 16 años, integraba un equipo y trataba de calificar para participar en su primer Gran Slam, el de Wimbledon, que ganó al año siguiente, convirtiéndose en el más joven tenista en hacerlo.

Unicef explica que escoge sus embajadores entre figuras de renombre de la industria del entretenimiento, que representan los campos de cine, televisión, música y deporte, entre otros.

“Demuestran liderazgo en sus profesiones y sirven como modelos positivos a través de su trabajo”, puntualiza la agencia para la infancia.

Unicef fue la primera agencia de la ONU en crear un Programa de Embajadores, con el nombramiento del célebre actor Danny Kaye en 1954, y sus enviados han desempeñado un papel fundamental en la sensibilización sobre las necesidades de la población infantil.

Además, dice el Fondo, han utilizado su talento y su fama para recaudar fondos, abogar, y educar en nombre de Unicef.

En conjunto, los embajadores de Unicef han demostrado que ser una figura pública puede ser una herramienta poderosa para movilizar el apoyo necesario para mejorar la vida de los niños y niñas y garantizar sus derechos humanos básicos, subraya la organización que creó ese papel sensibilizador dentro de la ONU.

Salim Lone, exdirector de la División de Noticias y Medios de las Naciones Unidas, dijo a IPS que Chopra, con decenas de millones de seguidores en las redes sociales, hizo un comentario que resulta alarmante por sus implicaciones y su papel de embajadora.

“La guerra no es algo que me guste mucho, pero soy patriota”, fue cómo la superestrella de Bollywood y Hollywood, embajadora de buena voluntad de Unicef desde 2016, describió sus puntos de vista sobre las crecientes tensiones entre India, su país, y Pakistán.

“Hace unos meses tuiteó su apoyo a las fuerzas armadas de su país cuando los aviones indios bombardearon un supuesto campamento militar en Pakistán, arriesgando otra guerra, potencialmente nuclear esta vez”, dijo Lone, quien fue portavoz del jefe de la misión de la ONU en Iraq.

Lone se refería al tuit que lanzó la actriz el 26 de febrero, donde apoyaba a las fuerzas militares indias que acababan de bombardear una zona vecina a la ciudad paquistaní de Balakot, en un ataque supuestamente dirigido al campamento de un grupo islamista armado, que días antes había matado a unos 40 soldados indios en Cachemira, según la versión de Nueva Delhi.

El diplomático consideró que la estabilidad del mundo entero se ve afectada por una degradación cada vez más preocupante de los valores universales que han prevalecido por largo tiempo, muchos de los cuales ayudó a cimentarlos las Naciones Unidas.

“La organización socavará su mayor fortaleza, su credibilidad moral, si sucumbe a este flagelo creciente” de pérdida de valores éticos, dijo el exfuncionario de la ONU de origen sudafricano.

A su juicio, si Unicef hubiera hablado con Chopra después de su desafortunado tuit de febrero, como solía hacerlo en tales situaciones, ahora no habría ido más lejos y habría sugerido que el patriotismo requería apoyo para la guerra.

Ante las protestas contra los comentarios de la embajadora de buena voluntad de Unicef, la ONU se vio forzada a explicar que sus enviados especiales deben ceñirse a sus directrices cuando hablan en nombre de la organización, pero que son libres de expresar sus opiniones personales en las demás ocasiones.

“Eso es intolerable”, dijo Lone. “Si alguien que expresa sentimientos racistas o misóginos o de hecho a favor de la guerra en nombre de la libertad de expresión personal puede mantenerse como embajador de la ONU, entonces se verá que la ONU está contribuyendo activamente a la degradación de las razones para la que fue creada”, insistió.

Para el diplomático el comportamiento adecuado fue el que se observó en hace más de tres décadas en el caso de Becker, el ganador de seis títulos de Gran Slam. Jugó un partido de tenis en Sudáfrica, contrariando las normas contra el apartheid, y cuando no se comprometió a no volver a hacerlo, Unicef terminó su relación.

Para sus críticos, Chopra no apagó la polémica cuando a mediados de agosto respondió a una irritada youtuber paquistaní que la interpeló durante una feria comercial de belleza en la ciudad estadounidense de Los Angeles, que “tengo muchos, muchos amigos de Pakistán, y soy de India. La guerra no es algo que me guste mucho, pero sí soy patriota”.

“Entonces, siento si he herido tus sentimientos o los de la gente que me quiere y me ha querido. Pero creo que todos nosotros tenemos un tipo de punto intermedio en el que tenemos que navegar”, planteó.

T: MF

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Leyes antiaborto castigan sin clemencia a mujeres centroamericanas

qua, 28/08/2019 - 19:20

Evelyn Hernández, de 21 años, en el centro con camisa rosada, es vitoreada a la salida del juzgado de la ciudad de Cojutepeque, luego de ser absuelta y quedar libre tras una condena a 30 años en 2017 por la interrupción involuntaria de su embarazo. Esa sentencia fue anulada después por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó un nuevo juicio. La joven pasó casi tres años en prisión y aún permanecen 16 mujeres presas en El Salvador por casos de aborto o complicaciones obstétricas. Crédito: Francisco Campos/IPS

Por Edgardo Ayala
SAN SALVADOR, Aug 28 2019 (IPS)

En buena parte de América Central, una región donde prevalecen draconianas leyes contra el aborto, las posibilidades de cambios en esa legislación no solo son escasas sino que en algunas naciones la situación podría deteriorarse aún más.

La fuerte influencia de grupos políticos y económicos conservadores, conectados con el enorme peso que tiene la Iglesia católica y los credos evangélicos en las decisiones de Estado, junto con patrones culturales machistas, son algunas de las razones que explican que tres de los seis países centroamericanos tengan rigurosas leyes antiaborto, coincidieron activistas a favor de los derechos de las mujeres que consultó IPS.

“Las organizaciones de mujeres no tenemos esa fuerza, los recursos ni el poder político para poder enfrentar toda esta avanzada. Lo hacemos, y nos enfrentamos, pero es una avanzada muy fuerte”, explicó desde Tegucigalpa la hondureña Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres.

En Centroamérica, con 48 millones de habitantes, tres de sus seis países –El Salvador, Honduras y Nicaragua- poseen códigos penales que criminalizan con cárcel a las mujeres que ejercen su derecho a interrumpir su embarazo o incluso las que sufren abortos espontáneos por emergencias obstétricas.

Eso implica que practicarse un aborto es ilegal aun en los casos de violaciones, incestos o cuando la madre corre riesgo de muerte, entre otras causas.

En tanto, Guatemala permite una excepción, la de preservar la salud de la mujer, aunque Fonseca advirtió que esa nación podría enfrentar un retroceso si sigue ganando terreno la arremetida de lo que consideró grupos ultraconservadores del país.

Esos grupos, añadió, estarían vinculados con el presidente electo, Alejandro Giammatei, el ganador de las elecciones del pasado 11 de agosto.

“Ojalá que Guatemala no caiga en la desgracia de retroceder”, subrayó.

Pero de todos los países del área, es El Salvador, particularmente, el que ha acaparado en los últimos años los titulares de la prensa internacional, y la atención de grupos de derechos humanos, porque la justicia salvadoreña no vacila en encarcelar hasta por 30 años a mujeres por casos de abortos.

Si bien Honduras y Nicaragua poseen también leyes igualmente estrictas, El Salvador es el único de los tres que ha encarcelado a mujeres por interrumpir el embarazo, incluso en casos en que no responde una decisión voluntaria.

“Por suerte no tenemos esas penas tan vergonzosas como las tiene El Salvador”, explicó Fonseca.

Agregó que si bien en Honduras 47 mujeres han sido procesadas judicialmente por abortos en los últimos tres años, ellas han recibido medidas sustitutivas de la cárcel, algo que permite la legislación cuando las penas son menores, seis años en el caso de abortos.

Esas medidas incluyen pagos de multas, trabajos comunitarios y presentarse al juzgado respectivo periódicamente para firmar un documento que de fe de que no se han ido del país.

Mientras en El Salvador, las mujeres, generalmente jóvenes, rurales, pobres, con poca educación, prácticamente ven truncadas sus vidas y sus aspiraciones, una vez enfrentan una situación como esa.

El último y resonante caso ha sido el de Evelyn Hernández, una joven de 21 años que permaneció en prisión por casi tres años, purgando una pena de 30 años, y que el 19 de agosto fue dejada en libertad por un tribunal de la ciudad de Cojutepeque, a 40 kilómetros al este de San Salvador, en el central departamento de Cuscatlán.

Hernández, cuyo embarazo fue fruto de una violación, fue condenada en 2017 por lo que ella siempre defendió que había sido una pérdida espontánea del feto.

Pero luego de que la  defensa interpusiera recursos de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, esa instancia anuló la sentencia y se ordenó realizar un nuevo juicio, gracias a la cual recuperó ahora su libertad.

Los acusadores “no pudieron probar que ella actuó con dolo, con intención de matar a la criatura, y uno de los principios es que ante la duda, prevalece el derecho de la persona imputada”, dijo a IPS Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

La legislación salvadoreña establece, desde 1999, que las personas son reconocidas como tales desde la concepción.

La recién liberada Hernández, se convirtió en el más reciente triunfo de colectivos feministas locales cuyas abogadas defienden casos de mujeres en prisión por abortos o complicaciones obstétricas.

Con ella, son 42 mujeres las que han sido liberadas en los últimos años.

Esas organizaciones pugnan también por modificaciones en el código penal para flexibilizar las leyes y permitir casos excepcionales, como violaciones, cuando corre peligro la vida de la mujer o en malformaciones fetales que le impedirán vivir fuera del útero.

Sin embargo, la lucha por esos cambios parece ir cuesta arriba, a juzgar por la desfavorable correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, que desde el 2016 no ha analizado un proyecto de ley, promovido por colectivos de defensa de los derechos de las mujeres, que plantean la despenalización del aborto en esas excepciones.

“En este momento la correlación política en la Asamblea apuntaría a que es muy difícil lograr consenso parlamentario que apruebe la reforma de la ley”, subrayó Herrera a IPS.

Sin embargo, añadió que no ve imposible de lograrlo a mediano plazo.

Aún quedan en las cárceles salvadoreñas unas 16 mujeres, 15 purgando penas de 30 años, y una, de 35, informó.

También el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés), pidió en 2017 al gobierno salvadoreño “agilizar la aprobación del proyecto de ley de despenalización del aborto”.

Por casi dos décadas, agregó el organismo de las Naciones Unidas, El Salvador ha criminalizado el aborto en todos los casos, imponiendo penas desproporcionadas a las mujeres y al personal médico.

En efecto, los médicos y enfermeras de los centros de salud y hospitales se ven presionados a denunciar a mujeres que llegan con casos de aborto, pues de lo contrario pueden ser considerados cómplices.

La prohibición absoluta, acotó, ha resultado en el encarcelamiento injusto de innumerables mujeres que han sufrido complicaciones en sus embarazos y terminan siendo juzgadas por el delito de homicidio, y condenadas hasta por 40 años de prisión.

Por su parte, Fonseca explicó que en su país, Honduras,  se perdió una oportunidad de oro de cambiar la legislación en 2017, cuando los diputados tuvieron la posibilidad de establecer algunas excepciones en la discusión de las reformas al código penal.

Sin embargo, y aunque la mayoría de ellos estuvieron de acuerdo con los cambios planteados por la organizaciones de mujeres, al final votaron en contra, dijo.

De modo que, ahora esos tres países centroamericanos conforman la exigua lista mundial donde se prohíbe el aborto en todas sus formas, y que dentro de América Latina también incluye a República Dominicana.

Pero no siempre fue así.

El Salvador, para el caso, modificó su legislación en 1998 para que el aborto fuera penalizado en todas sus formas. Antes de eso se permitía la interrupción del embarazo por  algunas causas terapéuticas.

También en Nicaragua, el aborto terapéutico estuvo despenalizado desde 1893 y hasta 2006, cuando una alianza del desde un año después gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional con grupos de derecha estableció un pacto político-religioso con la cúpula católica para prohibir el aborto en forma absoluta.

En contracorriente de sus vecinos, Costa Rica y Panamá mantienen reducidas causales terapéuticas en que se permite el aborto voluntario, y en los dos países hay movimientos para ampliar esas excepciones.

Edición: Estrella Gutierrez

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Amazonia en llamas, obra de la paranoia militar en Brasil

qua, 28/08/2019 - 13:37

Un avión militar brasileño lanza agua sobre uno de los incendios forestales en Rondônia, uno de los nueve estados amazónicos de Brasil y uno de los más afectados por el fuego. El gobierno movilizó a los militares como bomberos tras el clamor internacional por la crisis en la Amazonia y las polémicas declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, apuntando las organizaciones no gubernamentales como posibles incendiarias. Crédito: FAB

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Aug 28 2019 (IPS)

El gobierno de Brasil decidió, ante las presiones internacionales, movilizar los militares para contener la oleada de incendios forestales en la Amazonia, pero solo habrá un cambio de rumbo si se modifican las convicciones que son la matriz de esa tragedia ambiental y climática.

Tanto el presidente Jair Bolsonaro como los generales que lo acompañan en su gobierno de extrema derecha creen que hay una conspiración para “internacionalizar” la Amazonia o quitarle partes de su territorio a Brasil, sin considerar que en sus bosques está en juego el clima mundial.

Por eso Bolsonaro rechazó la ayuda de 20 millones de dólares ofrecida por el Grupo de los Siete (G7) países más industrializados, al concluir su cumbre el 26 de agosto, en apoyo al combate a los incendios que proliferaron en la Amazonia brasileña este mes de agosto.

“¿Qué quieren ellos?”, se preguntó antes de subrayar su sospecha de que hay pretensiones “coloniales” detrás de la oferta, ya que “nadie ayuda alguien sin retribución”.

En una reunión con los gobernadores de los nueve estados amazónicos de Brasil, que argumentaron que cualquier ayuda es indispensable ante la magnitud de la crisis de recursos presupuestarios que enfrentan, el presidente justificó así su oposición a tales recursos externos.

El problema es que se destinarían a demarcar tierras indígenas y áreas de protección ambiental, “eso nos lleva a un destino que ya conocemos, la insolvencia de Brasil” y amenazas a la soberanía nacional, sostuvo Bolsonaro.

Esas demarcaciones de territorios indígenas hechas por gobiernos anteriores fueron “una irresponsabilidad”, opinó, obviando que responden a un mandato explícito de la Constitución de 1988, que rige la democracia brasileña tras la dictadura militar (1964-1985).

El apoyo financiero del G7 sería para combatir los incendios y la deforestación, nada se habló sobre indígenas o conservación en Biarritz, la ciudad balnearia del sur de Francia que acogió su cumbre anual de tres días.

En el pasado esa misma paranoia justificó grandes desatinos y atrocidades de los gobiernos militares, como masacres de varios grupos indígenas para la construcción de carreteras en las selvas, varias de las cuales quedaron inútiles por décadas.

Incendio intencional en el estado de Acre, en el noroeste de Brasil. La mayoría de los incendios forestales amazónicos es para dar espacio a la ganadería extensiva, de bajísima productividad. Gran parte de la deforestación amazónica tiene objetivos patrimoniales, de apropiación de tierras públicas, no de producción. Ante la amenaza de sanciones comerciales por la deforestación, los grandes agricultores de exportación tratan de apartarse de esa destrucción ambiental y presionaron el gobierno de Jair Bolsonaro por medidas contra los incendios y abandono del discurso antiambientalista. Crédito: Mario Osava/IPS

Pero sirvió como eje del asentamiento de miles de familias campesinas provenientes principalmente de las regiones del Sur y del Nordeste brasileño, que quedaron abandonadas a su suerte.Para ubicarse en la crisis

-En 2019, el bioma amazónico brasileño ha tenido 42.719 focos de incendio, 128 por ciento más que en 2018. Solo en agosto (hasta el 27) hubo 27.497, cinco veces más que en julio. Agosto y septiembre son los meses críticos para los incendios.
-La llamada Amazonia Legal, que suma el territorio de nueve estados y es un espacio político-administrativo, tuvo 59.413 focos desde el 1 de enero a 27 agosto 2019, 102 por ciento más que en igual período de 2018.
-Desde 1998, cuando empezaron los registros sistemáticos, el promedio para esos 27 días de agosto fue de 25.853 focos, es decir 2019 está solo algo por encima del promedio. El año con más incendios forestales en agosto fue 2005 con 63.754 focos, 2,3 veces la cantidad de este año.
-Los nueve estados suman 5.016.136 kilómetros cuadrados, 59 por ciento del territorio brasileño, mientras que el bioma amazónico brasileño como tal totaliza 4.196.943 km2, 49,3 por ciento del territorio.
-Se estima que la deforestación acumulada del bioma equivale a 700.000 km2, 17 por ciento de su extensión en Brasil.
-Brasil acoge 64,3 por ciento del bioma total amazónico, compartido por los ocho países de la cuenca: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, más el territorio colonial de la Guyana Francesa.

Crédito: INPE

“Integrar para no entregar”, era la consigna de la dictadura para promover la ocupación  amazónica y alejar la codicia extranjera. “Tierras sin hombres para hombres sin tierra” decía la publicidad oficial para atraer gente al paraíso tropical, en el ámbito del Plan de Integración Nacional, formalizado en 1970.

En consecuencia, la Amazonia muy conservada hacia 1960, con actividades extractivas, como la del caucho natural, que poco alteraban su estructura forestal, pasó a vivir un período de intensa deforestación hasta 2004.

Medidas de control lograron una reducción de 73 por ciento del área afectada, en los últimos 14 años, según datos del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

La alarma de un rebrote en este año sonó ante los 42.719 puntos de fuego observados por el Inpe en el bioma amazónico hasta 27 de agosto, 128 por ciento más que en igual período de 2018.

“Hay una evidente relación de esos incendios con la deforestación”, aseguró a IPS la geógrafa Ane Alencar, directora de Ciencia del no gubernamental Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam).

Autoridades del gobierno atribuyeron su aumento a la sequía, pero “no es verdad que este año haya sido más seco, al revés, hubo más lluvias que en años anteriores”, contrarrestó.

“Gran parte de las llamas ocurren donde hubo deforestación meses antes. El apogeo será en septiembre, si no se adoptan medidas”, porque es cuando habrá más vegetación seca para quemar, advirtió.

También hay quemas de pastizales y residuos de las siembras, pero eso no explica el gran incremento del uso del fuego, ya que son actividades sin expansión brusca del área aprovechada.

El despliegue de los militares contra los incendios forestales, decidido por el gobierno el 24 de agosto, “exige buena orientación para ser eficaz y eso depende de los miembros del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) que tienen experiencia en combatir los grandes agentes deforestadores en las áreas estratégicas para inhibir el fuego ilegal”, destacó Alencar desde Brasilia.

Sin embargo, la proliferación de los incendios ilegales se debe en buena parte a la desmovilización del Ibama. De sus oficinas en los 27 estados brasileños, la autoridad ambiental solo cuenta ahora con siete superintendentes. Los demás fueron relevados de su función en febrero, hasta ahora sin sustitución.

El desmantelamiento del sistema de prevención y control ambiental es, según los activistas, la misión del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, conocidamente vinculado a los “ruralistas”, los grandes terratenientes radicalmente opuestos a la conservación ecológica y a las tierras indígenas, con bancada propia en el parlamento.

Este año las multas aplicadas por inspectores del Ibama cayeron 23 por ciento en relación al año pasado, alentando delitos por la impunidad.

El ministro además ya casi echó a perder el Fondo Amazonia, creado con donaciones de Noruega y Alemania, que ya aportaron el equivalente a cerca de 900 millones de dólares para el financiamiento de proyectos de control de la deforestación y desarrollo sostenible.

Una campesina observa la reconstrucción de una carretera amazónica en el estado de Pará, en el norte de Brasil. Larguísimas carreteras de sur a norte y de este a oeste fueron construidas durante la dictadura militar con el objetivo estratégico de integrar la ecorregión al resto del país, pero quedaron inconclusas o abandonadas y buena parte intransitables durante la estación de lluvias, hasta que se convirtieron en indispensables para la expansión agrícola. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Hasta ahora no logró explicar porque cuestionó la administración del Fondo, en un momento en que su ministerio carece de recursos y sufrió recortes presupuestarios.

La prédica de Bolsonaro contra la “industria de las multas” y el ambientalismo contribuye a estimular las ilegalidades en la neurálgica ecorregión.

Líderes de la gran agricultura destinada a la exportación se alarmaron por la repercusión de los incendios amazónicos y presionaron el gobierno por medidas de emergencia para la contención de las llamas. Temen posibles embargos europeos a productos sospechosos de provenir de tierras recientemente deforestadas.

Los agricultores deberían ser campeones de la preservación forestal también porque gran parte de las lluvias en el centro-sur brasileño, la región de mayor producción agrícola, dependen de la “evapotranspiración” de los árboles amazónicos, explican los investigadores del cambio climático,

Además, como la mayor área forestal tropical, la Amazonia es fundamental para evitar un mayor calentamiento del planeta, al retener gran cantidad de carbono.

No es proveedor de oxígeno, como dijeron el presidente francés Emmanuel Macron y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, sino un determinante regulador del clima.

Militares y soberanía

Se trata de un “bien común” de la humanidad, reconoció Macron que, al proponer un debate sobre un “estatuto internacional” de la Amazonia para evitar la destrucción forestal, reavivó los viejos temores militares brasileños.

Indígenas que viven en reservas fronterizas con los otros siete países de la cuenca amazónica podrían proclamar su independencia, quitándole parte del territorio a Brasil, teoriza por ejemplo Augusto Heleno Pereira, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, uno ministro muy cercano a Bolsonaro, también él un capitán retirado del Ejército.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) constituyen otros enemigos para los militares y el gobierno, que los perciben como sucesores de los comunistas de la Guerra Fría. Para algunos militares de Brasilia conspiran por intereses externos, especialmente europeos, y buscan obstaculizar el desarrollo brasileño, recurriendo al ambientalismo.

Como las ONG fueron esenciales a la construcción de la conciencia, las leyes y el sistema ambiental brasileño, será difícil impulsar una política de protección de la Amazonia sin su participación y con un gobierno en que los militares ocupan un tercio de los ministerios.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Transición en Sudán, oportunidad para acabar con crisis de Darfur

ter, 27/08/2019 - 19:53

Los cascos azules de la Minuad, la misión de paz conjunta en Darfur, podrían reducirse desde nombre, si la situación en el terreno mejora, ahora que Sudán cuenta con un gobierno cívico-militar que en 39 meses debe llevar al país a elecciones democráticas. Crédito: Albert González Farran / Minuad

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Aug 27 2019 (IPS)

La transición que acaba de comenzar Sudán hacia un gobierno civil ofrece la oportunidad de terminar con la violencia étnica que azota la región occidental de Darfur y poder poner fin a una larga misión de la paz allí, según un alto funcionario de las Naciones Unidas.

Jean-Pierre Lacroix, subsecretario general de las Naciones Unidas para Operaciones de Paz, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU el lunes 26 que la fuerza de mantenimiento de la paz en la conflictiva región,  la Misión Conjunta de Naciones Unidas y de la Unión Africana en Darfur (Minuad), podría reducirse desde noviembre si la situación en el terreno mejora.

Un complejo gobierno de transición cívico-militar de 11 miembros, denominado Consejo Soberano de Sudán,  comenzó el 20 de agosto a gobernar el país por 39 meses, hasta que se puedan celebrar elecciones.

La decisión pone fin a la crisis iniciada con las protestas masivas que forzaron a la dimisión del presidente Omar al Bashir en abril, tras encabezar un régimen autoritario por 30 años, y movilizaciones posteriores contra el Consejo Militar Transitorio (TMC) que asumió el poder entonces.

“Esta es una oportunidad para poner fin definitivamente al conflicto en Darfur”, dijo Lacroix.

“El apoyo de los donantes será más importante que nunca para ayudar a las transiciones simultáneas en Darfur y en Sudán en general, particularmente teniendo en cuenta la crisis económica que desencadenó el cambio político”.

En junio, los miembros del Consejo de Seguridad acordaron “dejó en suspenso” la retirada de los 5.600 cascos azules de la Minuad, desplegados en Darfur en 2007 en medio de combates entre rebeldes y fuerzas del gobierno sudanés.

El nuevo gobierno en Jartum se ha comprometido a reimpulsar los esfuerzos de paz en la región de Darfur y otras zonas conflictivas, aunque no está claro si serán los miembros civiles o militares del nuevo Consejo Soberano los que ejercerán más influencia.

El cambio político en Jartum no ha cambiado la situación en Darfur, donde los rebeldes antigubernamentales chocan con las fuerzas armadas sudanesas y un grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido, dijo Lacroix.

Omer Mohamed Ahmed Siddig, embajador de Sudán ante la ONU (Organización de Naciones Unidas), instó a los miembros del Consejo a levantar un embargo de armas a Darfur y comenzar a retirar las fuerzas de paz antes de la fecha límite acordada: junio de 2020.

“La concretización de la paz será la prioridad de mi gobierno durante los próximos seis meses”, dijo Siddig a los miembros del Consejo de Seguridad en Nueva York.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a unirse a mi gobierno para inducir a los revolucionarios que lucharon por derrocar al régimen anterior a unirse con nosotros para mejorar la difícil situación de nuestro pueblo que sufrió las consecuencias de la guerra”, afirmó el diplomático.

Darfur no es el único punto candente en Sudán. El domingo 25, el Consejo Soberano declaró formalmente un estado de emergencia en la ciudad de Port Sudan, en el Mar Rojo, luego de enfrentamientos que según fuerzas policiales causaron la muerte de al menos 16 personas.

Dirigiéndose al Consejo de Seguridad, el diplomático británico Jonathan Allen habló de “esperanza y optimismo” al “comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Sudán” que podría aliviar  las amargas divisiones étnicas de la nación del noreste de África, con una población de 40 millones de personas.

“El nuevo gobierno se ha comprometido a lograr una paz justa, integral y sostenible en Sudán y priorizar el proceso de paz”, dijo Allen.

“Hacemos un llamado a todas las partes, pero en particular a los movimientos armados para que participen de manera constructiva, inmediata y sin condiciones previas en las negociaciones para finalmente lograr una solución pacífica al conflicto en Darfur”, añadió el diplomático británico.

Los militares derrocaron a Bashir el 11 de abril después de meses de manifestaciones masivas, pero los manifestantes continuaron saliendo a las calles, por temor a que los militares pudieran aferrarse al poder, y exigieron una transición rápida a un gobierno civil.

A principios de este mes se firmó un acuerdo para compartir el poder entre los líderes de las movilizaciones y el Consejo Militar de Transición (TMC) de Sudán, poniendo fin a meses de caos político.

Pero se espera que las tensiones entre los militares y los civiles mantendrán un lugar destacado en la agenda y las preocupaciones del gobierno de transición del nuevo primer ministro Abdalla Hamdok.

Más allá de la política, Sudán se ha visto afectado por las inundaciones en 17 de sus 18 estados que se han cobrado la vida de al menos 62 personas, según las autoridades. Miles de personas han sido desplazadas por las inundaciones, que son peores en las áreas a lo largo de la cuenca del río Nilo.

T: MF

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Las mujeres soportan la “segregación ocupacional” en América Latina

ter, 27/08/2019 - 18:42

Una trabajadora latinoamericana en un taller textil. Crédito: OIT

Por Corresponsal Fao
LIMA, Aug 27 2019 (IPS)

Por cada hora trabajada, las mujeres de América Latina y el Caribe reciben ingresos laborales que son en promedio 17 por ciento inferiores a los de los hombres con la misma edad, educación, presencia de niños en sus hogares, condición de ruralidad y tipo de trabajo, destaca un nuevo informe, presentado este martes 27.

La persistencia de las brechas de género y la evidencia que la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo está demorando más de lo esperado, hace necesario que los países de la región adopten una serie de medidas transformadoras para abordar tanto los desafíos de políticas de empleo como aquellos factores “no observables”, dijo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al lanzar el documento en la capital peruana.

Al mismo tiempo la participación laboral femenina, tras subir en forma importante hasta el año 2000 ahora evoluciona de forma muy lenta y llegó a 50,3% según los últimos indicadores, 25 puntos porcentuales por debajo de los hombres, dice el Panorama Laboral Temático titulado “Mujeres en el mundo del trabajo. Retos pendientes hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe”.

“Si bien es cierto que ha habido avances muy importantes en la incorporación de las mujeres al trabajo, el camino hacia la igualdad aún es largo, y a veces empinado”, dijo Juan Hunt, director regional interino  de la OIT para América Latina y el Caribe al presentar el informe que pone en evidencia diversas dimensiones de una “segregación ocupacional”.

“El informe que estamos presentando advierte que las diferencias de género constituyen una de las formas de desigualdad injustificables hoy en día. Y es claramente, un hecho que conspira contra la posibilidad de construir sociedades más prósperas, justas y cohesionadas”, agregó Hunt.

El informe de la OIT plantea la necesidad de una renovación de los instrumentos de políticas, y pone énfasis en la necesidad de reconocer que “una parte importante de las limitaciones del progreso de las mujeres reside en los hogares”, en particular porque el reparto por género de las tareas domésticas aún es abrumadoramente desigual.

“Las mujeres se encargan de 80 % de las tareas del hogar, lo cual restringe su participación efectiva en el mundo del trabajo”, dice el documento.

Plantea que la persistencia de las brechas salariales se produce a pesar que las tendencias de largo plazo muestran evoluciones importantes, por ejemplo en el caso de la educación, donde el número de mujeres con estudios terciarios supera al de hombres.

Entre los nacidos en1990, 40% de las mujeres que trabajan tienen educación terciaria, frente a 25% de los hombres, dice el documento.

A partir de las diferencias detectadas en los ingresos laborales el nuevo Panorama Laboral Temático de la OIT explora varias dimensiones de la brecha de género, con la finalidad de identificar las mayores vulnerabilidades, una información que también debe ser útil al diseñar las políticas y estrategias de intervención.

“Son necesarias políticas activas de empleo que apoyen la inserción laboral femenina, servicios de información y orientación que asuman las necesidades específicas de las mujeres, programas de capacitación y formación para mejorar su empleabilidad, así como programas específicos para atender, principalmente, los requerimientos de mujeres afectadas por la desigualdad (migrantes, jóvenes, mujeres rurales y trabajadoras agrícolas)”, dijo el economista regional de OIT, Hugo Ñopo.

El análisis de datos realizado en el marco de este informe que fue coordinado por Ñopo permite detectar donde es mayor la brecha de ingresos, al destacar los “patrones diferenciados”. Las desigualdades, por ejemplo, son más pronunciadas entre el 20% de trabajadores de ingresos más bajos, o entre los autoempleados rurales.

También se detectó una brecha salarial elevada “en la zona ubicada alrededor del salario mínimo”, lo cual es atribuido a que un alto nivel de informalidad genera también elevados niveles de incumplimiento en el pago de esta remuneración.

“El problema de las brechas de género está asociado al de la pobreza”, dijo Ñopo.

Ñopo destacó que para acelerar los cambios que conducen hacia la igualdad será necesario hacer frente a “los factores no observables detrás de las brechas salariales de género y al tratamiento diferenciado con respecto a las mujeres en América Latina y el Caribe”.

Entre estos factores el informe menciona:

  • Los estereotipos: presencia de diversos tipos de sesgos cognitivos y discriminación;
  • Los comportamientos: aspiraciones, habilidades de negociación y aversión al riesgo;
  • Las normas sociales: división sexual del trabajo y nuevos arreglos familiares.

También se refiere al tema del cuidado no remunerado y participación laboral. “El grueso del trabajo de cuidado en todo el mundo es realizado por cuidadoras y cuidadores no remunerados, en su mayoría mujeres y niñas pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos”. Esto obliga a las trabajadoras a buscar flexibilidad en sus arreglos laborales, y “tienden a tomar empleos en inferioridad de condiciones frente a los hombres y con un poder de negociación menor”.

El nuevo informe de la Oficina Regional de la OIT está enmarcado en las celebraciones del Centenario de la OIT y en uno de sus capítulos hace un recuento histórico al revisar una serie de Convenios y Recomendaciones adoptadas desde 1919 para promover la igualdad de género.

Al mismo tiempo, incluye un capítulo sobre el futuro del trabajo, y los desafíos y oportunidades que plantean los cambios profundos y las oportunidades que se ofrecen. Si no se toman las medidas adecuadas, el riesgo es que se perpetúen las brechas de género.

Una serie de conclusiones y recomendaciones de la OIT sobre cómo abordar el desafío de acelerar la igualdad de género en los mercados laborales cierra el informe. El documento destaca que “mejorar el reparto de las labores domésticas es probablemente el cambio cultural más importante que se requiere para el avance en igualdad de oportunidades”.

Este artículo publicado originalmente por la Oficina para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Lima. IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

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Sector privado cubano ante necesidad de diversificar sus mercados

ter, 27/08/2019 - 17:20

La terraza del restaurante La Farmacia, de gestión privada, en el peatonal y turístico Callejón de los Peluqueros, en el corazón de la Habana Vieja, en la capital cubana, participante en la Ruta de Tapas, que durante agosto busca acercar a la población local a locales de restauración destinados al turismo extranjero. Crédito: Ivet González/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Aug 27 2019 (IPS)

Cuando cae la tarde de un sábado de agosto, apenas dos mesas permanecen vacías en el restaurante privado La Farmacia, ubicado en el Callejón de los Peluqueros, una calle peatonal de La Habana Vieja repleta de emprendimientos dirigidos a los turistas internacionales.

Pero ese día quienes colman el lugar son clientes locales que, con un folleto plegable rojo en mano, asisten a un proyecto de promoción inusual en Cuba, llamado Ruta de Tapas Habana, que organiza durante agosto el directorio gastronómico privado A la mesa, junto a 11 restaurantes y una marca chilena de vino.

Promovida en redes sociales y medios alternativos, la Ruta invita a recorrer de viernes a domingo, en un horario especifico, los locales seleccionados, que ofertan una tapa con elementos de la cocina cubana junto a una copa de vino, a un precio subsidiado por los participantes y por ello más asequible para una parte de la población local.“Aunque todo se ha complicado del lado externo con presiones hacia una parte del sector privado y la economía nacional atraviesa una situación tan complicada, muchas personas siguen viendo en el sector privado una oportunidad de generarse ingresos y realizar sus proyectos de vida en Cuba”: Oniel Díaz.

“Es realmente una fortaleza de la Ruta de Tapas que las personas nacionales conozcan el lugar y nuestros servicios”, dijo a IPS Camila Gutiérrez, la representante de La Farmacia, que abrió sus puertas en 2014 en un pintoresca esquina del callejón, justo antes de que comenzara el boom turístico, que desde 2018 tiende al declive.

Con varias mesas en la calle  adoquinada y otras resguardadas en su pequeño interior, este restaurante enfocado al turismo y con una carta de comida saludable, ahora le toca reinventarse por los cambios del mercado. “Este momento no es comparable con ninguno de los años anteriores”, dijo Gutiérrez sobre el descenso de viajeros.

Ahora “vienen bastantes turistas latinoamericanos, europeos, incluso, el mercado chino se está insertando”, contó sobre los cambios visibles en corto tiempo en el mercado, que les obliga a revisar su oferta y adaptarse a nuevos gustos.

Los restaurantes, hostales y autos antiguos de lujo proliferaron con el boom turístico detonado en parte por las licencias de viaje permitidas a estadounidenses por el expresidente Barack Obama (2009-2017), durante el histórico deshielo entre los dos vecinos iniciado en 2014 pero que se recongeló con su sucesor, Donald Trump.

En junio, Washington asestó un duro golpe a La Habana con restricciones en las licencias de viaje permitidas a sus ciudadanos y la prohibición de la entrada de cruceros estadounidenses a puertos cubanos, lo que presiona al sector privado local, que tiene en los estadounidenses su principal mercado.

La estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) reveló que en los siete primeros meses del año, el arribo de visitantes cayó 1,1 por ciento con respecto al mismo período de 2018, pero las perspectivas preocupan porque en julio el descenso fue de 23,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Según la Onei, hasta agosto arribaron 2.856.761 visitantes provenientes de Canadá, Estados Unidos,  Francia, Alemania, México, Gran Bretaña,  Rusia, Italia, España y otros, en un año que la industria aspira a llegar a cinco millones de turistas.

Yondainer Gutiérrez, coordinador de A la Mesa, un directorio de locales de restauración de La Habana, mientras explicaba a IPS la adaptación que el sector realiza en Cuba, para lograr nuevos mercados que compensen el declive del boom del turismo extranjero. Crédito: Ivet Gonzáles/IPS

“Aunque todo se ha complicado del lado externo con presiones hacia una parte del sector privado y la economía nacional atraviesa una situación tan complicada, muchas personas siguen viendo en el sector privado una oportunidad de generarse ingresos y realizar sus proyectos de vida en Cuba”, aseguró a IPS el coordinador de la consultora Auge, Oniel Díaz.

Muy conocido en el mundo del emprendimiento en La Habana, Díaz es un biólogo con posgrados en comercio y experiencia en empresas estatales, que junto a otras tres personas creó en 2014 esta consultoría para quienes quieren empezar o mejorar un negocio privado de mediana envergadura.

Hasta ahora, Auge ha apoyado a 50 clientes, con emprendimientos diversos como restaurantes, hostales y talleres mecánicos, dentro de las 128 actividades donde las autoridades permiten los negocios “por cuenta propia”, como se llama localmente al sector privado, que actualmente emplea a casi 600.000 personas.

Pero el sector no estatal, al que se suman las cooperativas, ya cubre una parte considerable de la economía porque emplea más de 1,4 millones de trabajadores mientras el Estado contrata a poco más de tres millones.

“Sin dudas el sector privado llegó al panorama económico cubano para quedarse, no solo porque lo han dicho las autoridades sino porque ya es imposible echarlo a un lado por decisiones políticas ni situaciones coyunturales”, sostuvo Díaz, quien identifica las actuales estrategias del sector para sostenerse, como prueba de su solidez.

“Por ejemplo, negocios en La Habana Vieja llegan a nosotros en busca de cambios para no seguir dependiendo del turismo estadounidense, del vaivén de la política entre Cuba y Estados Unidos”, continuó el coordinador de la consultoría, que en sí misma es un ejemplo del alcance del emprendimiento privado, pese a los obstáculos.

Con el folleto de la Ruta de Tapas Habana al lado, unas clientas degustan los platos que se ofrecen en el hotel Packard, en la capital cubana, dentro de la iniciativa para acercar a la población local a establecimientos dedicados al turismo extranjero. Crédito: Ivet González/IPS

Tampoco faltan limitaciones internas para este segmento que bracea hoy entre el desabastecimiento de los mercados y medidas como el tope de precios a los agroproductos y trasportación, aplicadas por las autoridades para contener los efectos de la actual recaída económica.

La situación de la economía cubana empeoró desde 2016 y se acentuó este año a causa del colapso de Venezuela, que todavía cubre un porcentaje del petróleo requerido en Cuba, y la intensificación del embargo económico estadounidense, vigente desde 1962.  

“De agosto de 2017 para acá, el sector ha vivido una inestabilidad en cuestiones regulatorias”, valoró Díaz. “Las autoridades cubanas no acaban de tomar una decisión firme y sostenida de cómo van a operar los negocios”, lamentó el experto, que junto a su equipo realiza folletos digitales y gratuitos para facilitar la comprensión del marco legal para el sector.

Este panorama frena a un rubro que economistas identifican como clave para salir de la actual crisis.

Documentos programáticos del desarrollo hasta 2030 del país de gobierno socialista y economía aún centralizada prevén hasta la legalización de pequeñas y medianas empresas privadas, aunque se desconoce una fecha exacta.

“Nosotros no estamos pidiendo muchos permisos para hacer las cosas, obviamente todo respeta el marco legal vigente, pero intentamos hacer y hacer lo mejor posible”, dijo Yondainer Gutiérrez, el coordinador de A la Mesa, sobre la Ruta de Tapas y su aporte a los negocios en su mayoría privados.

Con más de 1.200 negocios de restauración de todas las formas de gestión en su directorio, el equipo de A la Mesa propone proyectos como esta Ruta para captar a los clientes cubanos, que se hace por segunda ocasión y en un mes y horario de habitual poca afluencia a los restaurantes de La Habana Vieja. Esta vez participa también un hotel con inversión extranjera.

“La promoción de la ruta corre por nuestra cuenta, en redes sociales, boca a boca, con volantes”, explicó Gutiérrez, que lamenta el poco apoyo recibido. “Hemos pedido ayuda a medios de comunicación estatales y no hemos recibido respuesta alguna, tampoco de la Oficina del Historiador de la Ciudad”, especificó a IPS.

La Ruta acudió a esa oficina estatal, que se encarga de la conservación y manejo del casco histórico, porque la iniciativa este año se presenta como parte de las celebraciones por los 500 años de la capital cubana en noviembre.

Entre risas y conversaciones con amigas,  la relacionista pública Jenny Pupo contó sus impresiones sobre la Ruta, que conoció por redes sociales y a la que acude por primera vez. “Me ha parecido fascinante… la idea es genial. Si no fuera por esta oferta, no pudiéramos venir aquí, al hotel Iberostar Grand Packard”, opinó, por los costos inabordables de estos establecimientos para los cubanos de ingresos promedio.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Incendios amazónicos caldean crisis política en Brasil

sex, 23/08/2019 - 16:30

El fuego alcanzó las orillas del río Madeira, cerca de Porto Velho, capital del estado de Rondônia, en el noroeste de Brasil, donde los focos de calor alcanzaron 4.715 de enero a 14 de agosto de este año, según monitoreo del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonia. Crédito: Cortesía de bióloga Daniely Felix

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Aug 23 2019 (IPS)

Agosto es el mes de los enojos sociales y de las grandes crisis políticas en Brasil, pero nadie sospechaba que un asunto ambiental seria esta vez el detonante de las tormentas que amenazan al gobierno del presidente Jair Bolsonaro, con apenas ocho meses en el poder.

Protestas contra los incendios en la Amazonia se diseminan por el mundo, especialmente en Europa, y empiezan a producirse en Brasil, donde deben extenderse durante el fin de semana en por lo menos 47 ciudades, según anticipó el Observatorio del Clima, una coalición de organizaciones ambientalistas.

“Fuera Bolsonaro” es un grito que se escuchó en las calles de Barcelona, Londres, París y otras ciudades europeas y brasileñas.

Las conocidas “quemas”, en auge desde julio, parecen un castigo a la insistencia con que el presidente y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, insultaron al ambientalismo y desmantelaron el sistema de protección ambiental, reavivando el apetito de hacendados, especialmente ganaderos, por la tierra desnuda.

Condenas a las actitudes antiambientalistas del gobierno se destacan en la prensa internacional y fueron señaladas por algunos gobernantes, convirtiendo a Brasil en el nuevo villano del cambio climático.

“La crisis se volvió política por la respuesta de Bolsonaro que, en lugar de anunciar medidas para enfrentar el problema, decidió politizarla”, evaluó, en entrevista con IPS, Adriana Ramos, asesora de políticas públicas del Instituto Socioambiental (ISA).

La primera reacción del presidente de extrema derecha fue atribuir los incendios forestales a las organizaciones no gubernamentales (ONG), como el ISA, justamente las que más impulsaron las políticas y leyes ambientales en este país megadiverso de 2010 millones de personas.

Los bosques amazónicos brasileños se extienden por 3,3 millones de kilómetros cuadrados, 60 por ciento  del total del bioma, que  comparten ocho países sudamericanos.

Mapa de los focos de calor en Mato Gosso, el estado de la Amazonia brasileña más afectado por los incendios y el mayor productor de soja. La mayor concentración se da en el centro-norte del estado, el área de mayor producción de soja, maíz y algodón. En el extremo noroeste está Colniza, el municipio que registró el mayor número de quemas, y representa la invasión agrícola en el bioma amazónico. Crédito: Cortesía del Instituto Ciencia de Vida

Una indicación clara de que Bolsonaro no pretende asumir sus responsabilidades, sino buscar culpables, como suele hacer en muchos temas, desde los económicos a la seguridad pública, desde que llegó a la presidencia el 1 de enero.

“Bolsonaro no necesita las ONG para quemar la imagen de Brasil en todo el mundo”, destaca el comunicado de rechazo a sus declaraciones, firmado por 183 organizaciones de la sociedad civil brasileña.

Es “una crisis internacional”, señaló el presidente francés, Emmanuel Macron, quien anunció que abordará el tema a la cumbre del Grupo de los Siete (G7), de grandes do 24 y el lunes 26 en Biarritz, en el sur de Francia.

Tanto Francia como Irlanda ya dejaron claro que no ratificarán el acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), si el gobierno brasileño sigue incumpliendo sus compromisos ambientales y climáticos.

Tabla comparativa sobre los focos de calor en relación con igual período de 2018, con un incremento acumulado este año de 87 por ciento hasta el 19 de agosto y de 205 por ciento entre el 15 de julio y el 19 de agosto. Crédito: Cortesía del Instituto Ciencia de Vida

El aumento exponencial de las “quemas” refleja la deforestación en expansión, según el también no gubernamental Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam).

En este año, hasta el 14 de agosto, los focos de incendio ascendieron a 32.728, un 60 por ciento más que el promedio de los tres últimos años. La sequia, un factor usual de esa destrucción, no los justifica en esta ocasión. El estiaje actual es menos severo que en años anteriores.

En el centro-occidental Mato Grosso, el estado brasileño mayor productor de soja, registró la mayor cantidad de focos, 7.765, contra poco más de 4.500 en los dos años anteriores, cuando hubo fuertes sequías.

Colniza, el municipio de Mato Grosso más afectado, es un ejemplo de expansión de la frontera agrícola.

Allí el fuego se prendió tanto para “limpiar” el área deforestada en meses anteriores como para “debilitar” los bosques primarios para su posterior deforestación, explicó a IPS desde esa zona Vinicius Silgueiro, coordinador de Geotecnología del local Instituto Centro de Vida (ICV).

“Sensación de impunidad y desmonte de las instituciones de conservación y control ambiental provocaron ese rebrote de quemadas”, sostuvo.

El recorte a la mitad del presupuesto del Prev-Fuego, sistema de prevención y combate a los incendios forestales, es uno de los factores, ejemplificó.

“Además el discurso presidencial y sus ataques” a los órganos estatales que monitorean la deforestación y las combaten “estimuló” a los sectores que destruyen bosques ilegalmente, acotó.

Los efectos no se limitan a la Amazonia. Nubes de humo oscurecieron la suroccidental São Paulo en la tarde del 19 de agosto y se identificaron partículas de quemas en la lluvia local, a cerca de 2.000 kilómetros del origen probable, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, o los estados brasileños de Mato Grosso y Rondônia, en el noroeste.

São Paulo, la metrópoli brasileña de 12 millones de habitantes más otros 10 millones en su entorno metropolitano, sufre ese tipo de contaminación hace más de una década, por el incendio de los extensos cañaverales en municipios cercanos del interior del suroriental estado.

El aire humeante de Porto Velho, capital de Rondônia, estado amazónico en el noroeste de Brasil, en la frontera con Bolivia, donde también es intensa la deforestación. La contaminación atmosférica por partículas de los incendios afecta la salud en toda la Amazonia y alcanzó incluso São Paulo, a unos 2.000 kilómetros al sureste, el 19 de agosto. Crédito: Cortesía de bióloga Daniely Felix

Pero la prohibición del uso del fuego en la cosecha de caña de azúcar y su mecanización eliminaron ese factor de enfermedades respiratorias, que volvió ahora con los lejanos bosques incendiados.

Ocurren incendios también en otros biomas, especialmente el Cerrado, la sabana central brasileña, donde la sequía provoca incluso la combustión espontanea de la vegetación, pero los bosques amazónicos son indispensables para alimentar las lluvias en las áreas de mayor producción agrícola en el centro-sur brasileño.

Por eso los grandes exportadores agrícolas defienden ahora medidas gubernamentales para contener la deforestación. Temen sanciones comerciales de los importadores, especialmente europeos, que a estas alturas parecen inevitables.

El llamado agronegocio fue un sector importante en el apoyo electoral para el triunfo de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2018.

Cuenta con una fuerte bancada parlamentaria, llamada ruralista, pero que responde principalmente a segmentos anacrónicos, que buscan ganancias en la ampliación de sus propiedades, en lugar de la productividad, como la ganadería extensiva, que avanza sobre la Amazonia, las tierras indígenas y de conservación ambiental.

Esa devastación amazónica “era previsible” desde la campaña electoral, por el discurso de Bolsonaro, a favor de una explotación depredadora de la foresta y de las reservas indígenas, recordó Juarez Pezzuti, profesor del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos en la Universidad Federal de Pará (UFPA).

“Nosotros los investigadores del programa de Monitoreo Participativo de Biodiversidad ya no podemos visitar áreas de estudios” en la Tierra del Medio de la cuenca del río Xingu, en la Amazonia Oriental, “por falta de seguridad”, informó a IPS desde el norteño estado de Pará.

Es que los “grileiros”, las personas que invaden tierras públicas, destruyeron bosques y amenazan con agredir a la población local e investigadores, explicó.

Esa crisis ambiental tiende a tener consecuencias políticas.

Bolsonaro acumula desde enero diatribas con los más diferentes sectores y medidas que molestaron a buena parte de los brasileños, desde estudiantes, científicos, abogados, artistas y activistas de toda naturaleza.

En algún momento una de sus nuevas barbaridades puede convertirse en la última gota. La cuestión ambiental puede dañar gravemente su popularidad en descenso desde el inicio de su gobierno, ya que la defensa de la Amazonia cuenta con apoyo mayoritario de los brasileños y tiene un alto valor simbólico en todo el mundo.

“Esperemos a ver que logra hacer la fuerza-tarea que creó el gobierno para enfrentar el problema. Hay que darle el beneficio de la duda en función de un interés colectivo mayor”, la preservación forestal de la Amazonia, matizó Ramos, del ISA, desde Brasilia.

Ante el deterioro de su imagen por los incendios amazónicos, Bolsonaro decidió instalar un “gabinete de crisis”, con sus ministros, para discutir medidas contra las “quemas” que este mes han agitado a mucha gente dentro y fuera de Brasil.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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Cumbre del G7 urgida a impulsar la igualdad de género

sex, 23/08/2019 - 13:42

El presidente francés, Emmanuele Macron, en un encuentro en febrero con los integrantes de su Consejo Asesor de Igualdad de Género del Grupo de los 7. El Consejo lanzó el 20 de agosto 79 recomendaciones de buenas prácticas para avanzar hacia la paridad entre hombres y mujeres, con el pedido de que sean adoptadas como un compromiso en la cumbre de Biarritz. Crédito: Palacio del Eliseo

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Aug 23 2019 (IPS)

Los líderes de los grandes países industrializados, aglutinados en el Grupo de los Siete (G7), se reúnen en la localidad costera de Biarritz, en el suroeste de Francia, con un paquete de recomendaciones concretas sobre la mesa para avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el mundo.

Katja Iversen, presidenta ejecutiva de la organización internacional Women Deliver e integrante desde su creación el año pasado del Consejo Asesor de Igualdad de Género (GEAC, en inglés) del G7, lanzó en una entrevista exclusiva con IPS un mensaje contundente a sus líderes, que celebran su 45 cumbre anual entre el sábado 24 y el lunes 26:

“En primer lugar, eliminen las leyes discriminatorias de género que tienen en sus legislaciones. En segundo lugar, impulsen aquellas progresistas”, dijo la experta en derechos sociales y de género de origen danés, reconocida mundialmente.

“En tercer lugar, inviertan específicamente en la implementación de leyes de progreso, y también inviertan en organizaciones de mujeres y de la sociedad civil que trabajan todos los días para impulsar el avance. Y, por último, supervisen, midan y estén comprometidos en  cumplir sus promesas”, añadió.

Esos cuatro planteamientos se encuentran entre las 79 “Recomendaciones para avanzar en la Igualdad de Género y el empoderamiento de las niñas y mujeres”, hechas públicas  el 20 de agosto por el GEAC, que también incorpora el plan de acción denominado Asociación Biarritz para la Igualdad de Género, destinado a que lo asuman los líderes del G7, en una cumbre contra las desigualdades, según la bautizó su anfitrión.

En Biarritz se congregan los mandatarios de Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Japón y la Unión Europea, además de los gobernantes de Australia, Chile, España e India como invitados especiales.

Actualmente, las mujeres representan casi 50 por ciento de la población mundial de 7.700 millones de personas, mientras que el G7 representa más de 58 por ciento de la riqueza neta del planeta.

Iversen, cuya organización es una gran defensora internacional de la salud, los derechos y el bienestar de las niñas y las mujeres, también ha reunido diversas voces e intereses para impulsar el progreso hacia la igualdad de género, con un enfoque particular en los derechos y la salud materna, sexual y reproductiva.

La lideresa feminista llamó a los gobernantes del G7 y de otros países a que tomen medidas a favor de la igualdad de las mujeres antes de su próxima cumbre y del Foro para la Generación de Igualdad, que acogerán México y Francia, el primero en mayo de 2020 y el segundo dos meses después.

Las demandas del GEAC a los mandatarios del G7 se concentran en cuatro grandes objetivos: poner fin a la violencia de género; garantizar una educación y salud equitativa y de calidad; promover el empoderamiento económico de las mujeres, y garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas.

Esta es parte de la entrevista de Iversen con IPS:

IPS: ¿Puede decirnos qué es el Consejo Asesor de Igualdad de Género y qué papel juega en el G7?

KATJA IVERSEN: El Consejo Asesor de Igualdad de Género del G7 fue creado por el primer ministro (canadiense) Justin Trudeau para promover la igualdad de género como un tema que merece la atención del G7, junto con el desarrollo económico, el comercio, la tecnología y todo lo demás en lo que trabajan los jefes de Estado y de gobierno. Esto sucedió el año pasado cuando Canadá ocupó la presidencia del G7.

Supongo que hicimos un buen trabajo ya que el presidente francés Emmanuel Macron dijo de inmediato que continuaría con la idea bajo la presidencia de Francia. Él formó el suyo a principios de año, y a mí y a un par de personas más se nos pidió continuar.

Ambos consejos independientes reunieron a activistas y defensores de derechos, ganadores del Premio Nobel, líderes de la ONU, la sociedad civil y las empresas, y un grupo diverso de personas con diferentes perspectivas y experiencia para compartir, que van desde educación, violencia de género, empoderamiento económico de las mujeres, salud de las mujeres. , derechos indígenas, participación juvenil, tecnología, cambio climático, cuestiones LGBTQI y participación masculina.

Katja Iversen, presidenta ejecutiva de la organización internacional Women Deliver e integrante desde su creación el año pasado del Consejo Asesor de Igualdad de Género del Grupo de los Siete.

Trudeau, Macron y otros saben que los líderes deben invertir política y económicamente en la igualdad de género para crear un mundo más saludable, más rico, más productivo y más pacífico. Nuestro papel ha sido mostrar a los líderes del G7 lo que deben hacer para impulsar el avance en esa dirección.

Lo que ha sido emocionante y gratificante de estos Consejos es que realmente ha cambiado la conversación sobre la igualdad de género. Quiero decir, hablo de igualdad de género todo el tiempo, los miembros del Consejo hablan de eso… pero no todos lo hacen. Pero ahora más y más lo hacen, y vemos que las discusiones son mucho más prominentes y sustanciales dentro de los gobiernos, las empresas y la sociedad en general.

IPS: ¿Puede contarnos sobre la experiencia de trabajar con dos grupos diferentes en el GEAC?

KI: Estoy muy orgullosa del trabajo de ambos Consejos y del hecho de que los diversos temas relacionados con la igualdad de género se han elevado en la escena mundial de una manera tan grande.

El primer ministro Trudeau realmente se la jugó. Parece un poco loco decir que aconsejar a los líderes del G7 sobre cómo lograr la igualdad de género fue una idea radical en 2018. Y, sin embargo, lo fue de alguna manera.

Tenemos mucho margen de maniobra, así que no solo dijimos: estas son cosas que son buenas para las mujeres y que son malas para las mujeres. Pudimos mostrar cómo hacer que la desigualdad de género sea historia, y demostrar que el tema de género es transversal y que los países deben poner lentes de género al abordar sus áreas prioritarias: la economía, el clima, la tecnología, la seguridad, la salud, la educación, lo que sea. El primer ministro insistió en que seamos verdaderamente independientes y que criticásemos a Canadá, donde no lo estaba haciendo lo suficientemente bien.

El presidente Macron formó un consejo más numeroso para expandir el trabajo, pero también para profundizarlo, y hemos formulado recomendaciones específicas para impulsar la igualdad de género desde una perspectiva legal. Lo que este Consejo recomienda es que los gobiernos eliminen las leyes discriminatorias, presionen por leyes progresistas en su lugar y coloquen estas prioridades en el presupuesto nacional.

IPS: ¿Cómo estableció las prioridades para el GEAC y cómo fue el proceso?

KI: Ha sido fascinante. El trabajo lleva tiempo y el consenso puede ser difícil de lograr, pero el proceso también es estimulante, porque todos aprendemos unos de otros y porque los resultados son mucho más poderosos.

Eso es exactamente lo que necesitaba el G7: ideas, energía y asesoramiento combinado de una amplia gama de expertos con diferentes experiencias vividas. Y hecho de una manera amable y colaborativa. La igualdad de género no es una guerra, es una inversión donde todos ganan.

En el Consejo de 2018, delineamos muchos, si no todos, los temas transversales que necesitan una mirada de género en un informe al G7. Este año nos centramos en qué tipo de legislación podríamos recomendar. Nos centramos en las reformas en cuatro áreas: poner fin a la violencia de género; asegurar que la salud y la educación sean de alta calidad, inclusivas y equitativas; promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres; y garantizar la plena igualdad de género en las políticas y la vida pública. La inversión en estas áreas movería la aguja hacia la igualdad de género.

IPS: ¿Cuál ha sido el impacto de GEAC en 2018 y qué se espera  lograr este año?

KI: La creación por el primer ministro Trudeau de un Consejo independiente colocó  los temas de igualdad de género a la par con los otros temas económicos y sociales en el G7 de 2018. Y el presidente Macron vio el impacto que tuvo elevar de nivel la igualdad de género y abrazó la idea de establecer su propio Consejo.

Idealmente, el G7 seguirá siendo una plataforma para promover la igualdad de género y todos los beneficios económicos, políticos y sociales que resultan hacia ese objetivo. Pero queremos que todos los gobiernos se unan a este trabajo. No solo porque es lo correcto, sino porque hacerlo es mejor para los países política, económica y socialmente.

IPS: ¿Son suficientes esos compromisos? ¿Cómo responsabilizar a los gobiernos por los compromisos asumidos en el G7 para garantizar resultados tangibles y sostenibles?

KI: Las palabras importan. Pero algunas palabras importan un poco más en este contexto y esas son las que están escritas en las respectivas legislaciones. Las promesas son importantes pero no son suficientes y eso lo sabemos. Necesitamos acción. Pero la experiencia nos dice que también necesitamos responsabilidad. Los mecanismos de monitoreo y evaluación muestran qué está funcionando y si se cumplen las promesas. Brinda a los gobiernos la oportunidad de aprender y adaptarse, y brinda a la sociedad civil argumentos para la defensa (de las propuestas) e información para responsabilizar a los gobiernos de sus promesas… Por eso, hemos alentado encarecidamente a Francia a tomar el tema de la rendición de cuentas e invertir en él.

IPS: Mencionó organizaciones de la sociedad civil. ¿Puede detallar qué papel pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil?

KI: Es una buena pregunta y la responderé, pero también ahorremos un poco de tiempo y echemos un vistazo al futuro.

La sociedad civil juega un papel crucial cuando hablamos de igualdad de género y de instituir cambios legales y profundos. Hay organizaciones dirigidas por mujeres que se centran en los problemas locales y hay ONG mundiales que abordan un amplio conjunto de problemas en todo el mundo. Y en medio, hay de todo.

Echemos un vistazo a Irlanda, donde las organizaciones centradas en las mujeres lideraron durante un año la campaña que finalmente legalizó el aborto. Echemos un vistazo a Uganda, donde la sociedad civil, especialmente los defensores de los derechos de la juventud, fueron fundamentales para evitar que el gobierno prohibiera la educación sexual. Echemos un vistazo al movimiento #MeToo, #Time’sUp y #NiUnaMás (o #NiUnaMenos) en América del Sur que está cambiando las percepciones sobre las mujeres y el desinterés sobre la violencia de género. Ese es un cambio fundamental real.

Se producen grandes cambios cuando los diferentes sectores se unen, cuando el gobierno, el sector privado, el poder judicial, la sociedad civil encuentran un espacio común y se unen. Ese es el punto al que estamos llegando con respecto a la igualdad de género y es por eso que esta cumbre del G7 es importante y por qué el próximo año será decisivo.

Además, los programas destinados a servir a los jóvenes a menudo están diseñados sin una participación significativa de los jóvenes, por lo que el impacto es limitado. Las ideas y la experiencia de los jóvenes deben incluirse en el diseño e implementación de todas las políticas y programas diseñados para servirles.

2020 marca el comienzo de la Década de la ONU hacia el Progreso de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). También es el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sobre igualdad de género. Es difícil de recordar ahora, pero eso fue revolucionario y estamos buscando otro gran impulso en este camino hacia la igualdad de género, ya sea en relación con las mujeres en el liderazgo y la economía, la salud o la educación. Hay grandes planes para actividades en 2020 y Women Deliver es parte de eso.

El llamado a un mundo con más igualdad de género está resonando en todo el mundo. Y la noción de que un mundo con igualdad de género es un mundo más saludable, más rico, más pacífico y MEJOR está ganando terreno. El genio está fuera de la botella, y no vamos a ir para  atrás.

T: MF

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Independencia de jueces y separación de poderes son gran reto en Honduras

qui, 22/08/2019 - 18:41

Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de los jueces y abogados. Crédito: Jean-Marc Ferré/ONU

Por Corresponsal Fao
TEGUCIGALPA, Aug 22 2019 (IPS)

El relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados destacó este jueves 22 el gran reto que supone en Honduras la independencia del sistema judicial y otros principios democráticos cruciales, como la separación de poderes.

Al finalizar una vista oficial al país, Diego García-Sayán subrayó los cuestionamientos de la ciudadanía hondureña al sistema de administración de justicia, a la clase política y a las instituciones del Estado.

“Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema políticomismo”, detalló el experto.

Contradicciones y lagunas

Agregó que el marco normativo e institucional de Honduras presenta contradicciones y lagunas muy graves, pese a que sus aspectos fundamentales son coherentes con los principios de independencia judicial y separación de poderes.

“Como se encuentra no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia”, apuntó el relator especial.

García-Sayán instó, en particular, a que no se siga difiriendo la adopción de la nueva ley sobre el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, y que en su aprobación “se garantice la participación de la sociedad y, en particular, de jueces y magistrados”.

El experto también exhortó a que el Congreso considere la posibilidad de revisar el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, del Fiscal General y su Adjunto.

“La transparencia y el escrutinio público deben orientar el proceso de selección de los altos funcionarios del poder judicial y de la fiscalía a través de procedimientos transparentes y que garanticen la participación de la sociedad con miras a examinar detenidamente la independencia, competencia e integridad de los candidatos”, indicó.

La importancia de fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar la corrupción fue otra de las observaciones en las que el relator hizo especial énfasis.

García-Sayán reconoció haber podido constatar los esfuerzos institucionales que han impulsado avances concretos. Entre ellos citó la creación de los juzgados y tribunales con competencia nacional para delitos de corrupción y contra la extorsión, además del establecimiento de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción en el Ministerio Público.

El relator especial instó a la Corte Suprema de Justicia a que, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, cumpla con lo dispuesto en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Esa ley dispone el fortalecimiento de las medidas de protección de la vida e integridad de operadores de justicia en riesgo.

Del mismo modo, pidió que se investigue con diligencia e imparcialidad y se sancionen las agresiones de distinta índole en contra de esos trabajadores de la justicia.

Finalmente, García-Sayán resaltó la función invalorable que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ha prestado desde su instalación al sistema de justicia nacional, y pidió que su mandato sea renovado, consolidando y que se fortalezcan sus funciones en 2020, cuando venza el presente término.

El relator especial presentará un informe con sus conclusiones y recomendaciones para Honduras al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

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La ONU promete “castigo” a las malas conductas en Palestina y Yemen

qua, 21/08/2019 - 16:13

Una escuela de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA), situada en Gaza. La cúpula de UNRWA está siendo investigada por presuntos abusos de poder y otras prácticas antiéticas. Crédito: Khaled Alashqar / IPS

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Aug 21 2019 (IPS)

Una alta funcionaria de las Naciones Unidas prometió que los responsables serán castigados, tras una exhaustiva investigación sobre las acusaciones de mala conducta en las operaciones en Yemen y los territorios palestinos ocupados.

Ursula Mueller, subsecretaria general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asuntos humanitarios, denunció el impacto “devastador” de que empleados del organismo puedan llenarse los bolsillos con el dinero que fue donado para las personas más necesitadas del mundo.

La reputación de la ONU en Medio Oriente se ha visto afectada por una serie de acusaciones de que algunos de sus funcionarios en Palestina y Yemen están incursos en corrupción, conducta sexual impropia y otros delitos.

“Necesitamos realmente mirar a las personas que están cometiendo estas actividades devastadoras para la respuesta humanitaria”, dijo Mueller a IPS.

“Cuando nos damos cuenta de estas irregularidades, corrupción o fraude, hacemos un seguimiento y creo que existen mecanismos y reglas para hacerlo. Y también estas personas deben enfrentar las consecuencias. Que no se ponga a un lado y que pueda desaparecer impune”, planteó.

Según informes, la cúpula de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA, en inglés), incluido su comisionado general, Pierre Krahenbuhl, está siendo investigada sobre presuntos abusos de poder.

Un informe confidencial, filtrado en julio, realizado por un organismo de control interno de la ONU describe la existencia de un “círculo interno” de Krahenbuhl y sus principales colaboradores que participan “en conducta sexual inapropiada, nepotismo, represalia, discriminación y otros” actos ilícitos.

Krahenbuhl entabló una relación con la asesora principal Maria Mohammedi en 2014 que estaba “más allá de lo profesional” y acordó que viajara con él en costosos vuelos aéreos en clase ejecutiva, según se aseguró en el informe.

El comisionado general ha rechazado las acusaciones, se ha negado a dimitir y asegura que UNRWA está bien gestionada.

En paralelo, la ONU está afrontando también reclamos de actuaciones corruptas en las operaciones de asistencia en Yemen para paliar la peor crisis humanitaria del mundo, tras una guerra de cinco años que ha llevado a millones de su población civil al borde de la hambruna.

Según los informes, más de una docena de funcionarios de la ONU se han aliado con combatientes de los dos lados enfrentados para repartirse fondos en efectivo de esa ayuda que gestionan en Yemen. Algunos también suministraron trabajos con altos salarios a personas no calificadas, según informaciones periodísticas.

Una investigación de la Organización Mundial de la Salud comenzó en noviembre, en medio de acusaciones de contabilidad dudosa por parte de Nevio Zagaria, un médico italiano de 20 años, quien, según los informes, brindó trabajos bien remunerados a amigos, incluso a un estudiante que tenía la tarea de cuidar a su perro.

Las acusaciones de sobornos y prácticas antiéticas, así como sus negativas consecuencias, son una oportunidad para que la ONU revise su actual seguimiento de la financiación que administran sus funcionarios en las tareas en el terreno, que a menudo operan de forma autónoma en zonas en crisis donde las situaciones cambian constantemente y requieren adoptar decisiones muy rápidas.

El escándalo en la UNRWA, que brinda servicios a unos cinco millones de refugiados palestinos, es particularmente dañino, ya que se produce cuando la administración estadounidense de Donald Trump pide que se cierre la agencia.

Bélgica, Holanda y Suiza ya han recortado los ya mermados fondos de la Agencia.

“Las Naciones Unidas tienen cero tolerancia con la corrupción”, dijo Mueller a periodistas en la sede de la ONU en Nueva York. La diplomática alemana también es coordinadora adjunta de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

“Dependemos de contribuciones voluntarias de los Estados miembros y de los individuos para contribuir a dar respuesta humanitaria… cualquier mancha de corrupción o fraude es desastrosa. Por lo tanto, tenemos mecanismos de prevención de fraude y cuando escuchamos sobre irregularidades, hacemos todo lo posible para dar seguimiento y corregirlo”, afirmó.

La UNRWA se creó en los años posteriores a la expulsión o huida de unos 700.000 palestinos durante la guerra de 1948 por la creación de Israel. Brinda servicios médicos y escolares a millones de refugiados pobres en Líbano, Jordania, Siria y los territorios palestinos ocupados.

En Yemen, una coalición encabezada por Arabia Saudita y respaldada por varios países intervino en marzo de 2015 contra el movimiento rebelde hutí, que está respaldado por Irán y que a fines de 2014 derrocó temporalmente al presidente Abu Mansour Hadi.

T: MF

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Ya hay cura para el ébola, pero queda mucho para acabar con el brote

ter, 20/08/2019 - 17:52

Trabajadores de salud hablan con un paciente de ébola que permanece aislado, en un Centro de Tratamiento de Ébola, en Beni, República Democrática del Congo. Se han encontrado dos medicamentos para tratar con éxito al letal virus, porque permite a las comunidades el tratamiento temprano de los enfermos. Crédito: OMS

Por Issa Sikiti da Silva
COTONOU, Benín, Aug 20 2019 (IPS)

Paulatinamente, la gente de República Democrática del Congo (RDC) comienza a saber que los científicos han descubierto dos medicamentos que son efectivos en el tratamiento del ébola, lo que ayuda a reducir el miedo que despertó el último brote de la enfermedad en el país. Pero queda mucho para controlar el virus.

Tras meses de intensa investigación, se encontró que dos drogas analizadas, la mAb114 y REGN-EB3, resultaron efectivas en un ensayo clínico, según una comunicación conjunta, el 12 de agosto, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias instituciones de RDC que participaron en el hallazgo.

Es el primer ensayo multidrogas de un medicamento para controlar el muy letal virus del ébola, que cobró la vida de unas 1.800 personas desde agosto de 2018.

“Estas son muy buenas noticias para los pacientes”, dijo a IPS la médica Esther Sterk, asesora de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Enfermedades Tropicales. “Es bueno que se recomienden estos dos medicamentos porque no solo esperamos que mejoren sus posibilidades de supervivencia, sino que también son más fáciles de administrar para el personal médico”, añadió.

Las complejidades de recibir tratamiento

Pero el último brote de enfermos por el virus ha generado temor entre las comunidades locales. Con los epicentros del brote en áreas mayormente afectadas por conflictos, las comunidades tienen miedo y desconfianza de los trabajadores médicos. Según los informes, muchos también encontraron que el proceso de detección de la enfermedad era intimidante.

El 13 de agosto, Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte y una ciudad de dos millones de personas, se llenó de manifestaciones después de que se difundió la noticia de que dos pacientes con ébola habían sido sanados y dados de alta en centros sanitarios locales.

“La gente lo malinterpretó y pensó que el gobierno y los blancos estaban conspirando para infectarnos a todos con ebola al dejar que estos pacientes se fueran a sus casas. Solo más tarde ese día nos dijeron que estas personas recibieron el alta porque fueron tratadas con una nueva cura que se acaba de encontrar “, dijo a IPS el comerciante Christian Kasereka.

En julio, Marixie Mercado, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dijo a IPS que “el brote de ébola se está produciendo en un entorno extremadamente complejo y la respuesta debe tener en cuenta los desafíos políticos, socioculturales y de seguridad”.

Ella explicó que por esa razón Unicef estaba liderando el trabajo de participación comunitaria. “Trabajamos con una amplia franja de líderes comunitarios y religiosos influyentes, medios de comunicación, escuelas y sobrevivientes del ébola, para brindar conocimientos cruciales sobre síntomas, prevención y tratamiento a los hogares y comunidades más expuestos”, explicó.

“Estamos aprendiendo de la investigación y el análisis intensivos y continuos de los comentarios de la comunidad para comprender mejor las necesidades locales, los temores y las preocupaciones, y para adaptar la respuesta de maneras que sean social y culturalmente aceptables. Existe una creciente participación de la comunidad sobre los mecanismos de  respuesta, pero es necesario que esa participación sea mucho mayor”, planteó Mercado entonces.

A juicio de Unicef y de otras agencias internacionales hace falta una mayor apropiación y comprensión de la comunidad para detener el brote en las zonas conflictivas de RDC, como evidenciaron las protestas en Goma.

Sterk advirtió que si bien los medicamentos mejoraron las posibilidades de supervivencia de los pacientes, los equipos que trabajan en el terreno no podían relajarse, ya que era imperativo encontrar formas de reducir la transmisión.

“Esta es una buena noticia, pero por sí sola no terminará el brote de ébola. Todavía necesitamos encontrar urgentemente una forma de reducir la transmisión, lo que requiere colocar a las comunidades afectadas en el centro de la respuesta al priorizar sus necesidades de atención médica y repensar la actual estrategias de respuesta fallidas”, dijo Sterk a IPS.

Subrayó que los dos medicamentos van a mejorar las probabilidades de cura de los pacientes, “pero los desafíos persisten”.

Entre ellos, la integrante de MSF incluyó “romper la cadena de transmisión, mejorar el seguimiento de los contactos, alentar a las personas a que se presenten en un centro de salud lo antes posible, así como apoyar la infraestructura de atención médica en la región para que esta se mantenga durante este periodo crítico”.

La OMS se hizo eco de estas inquietudes, al indicar en la declaración del 12 de agosto que no se está tratando un número suficiente de infectados ni al ritmo adecuado para poder controlar el brote. Actualmente, las personas afectadas tardan entre cinco y seis días en buscar tratamiento.

Euloge Ishimwe, jefe de comunicaciones de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) para la región de África, dijo a IPS que las personas con síntomas a menudo retrasan o evitan ir a un centro de salud o un centro de tratamiento del ébola, lo que pone en riesgo a sus familias y sus comunidades.

“Esto también tiene un impacto crítico en nuestro trabajo con las comunidades. Si las comunidades participan y entienden el tratamiento y ven a más personas sobreviviendo a la enfermedad, es más probable que busquen atención médica temprana”, añadió.

MSF ha trabajado junto con varios socios y bajo la supervisión de la OMS para participar en la implementación de los ensayos clínicos, mientras apoyaba los centros de tratamiento del ébola en varias localidades de RDC entre enero y febrero de este año.

El estudio es parte de la respuesta de emergencia en la RDC, en colaboración con una amplia alianza de socios internacionales, incluidos MSF, la Alianza para la Acción Médica Internacional y el Cuerpo Médico Internacional, además de instituciones estadounidenses.

Tras detenerse el estudio, los dos medicamentos que demostraron ser exitosos comenzaron a ser administrados a todos los que desarrollaron el virus.

“Debemos avanzar para implementar los resultados de esta investigación. Continuaremos realizando investigaciones rigurosas con nuestros socios. Incorporaremos esos hallazgos en la respuesta al brote a través de una variedad de estrategias de prevención y control”, indicó Mike Ryan, director del Programa de Emergencias de la OMS.

¿Qué sigue?

El profesor Jean-Jacques Muyembe, director general del Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC (INRB) y codescubridor del ébola en 1976, dijo que la ciudad de Goma ahora estaba fuera de peligro ya que se habían identificado unos 200 contactos y casos sospechosos.

“Estamos esperando los últimos resultados y monitoreos a medida que se refuerzan los puntos de entrada a la ciudad”, afirmó el directivo de una de las instituciones que participaron en la investigación y ensayos clínicos sobre los dos medicamentos.

Pero la efectividad de esos medicamentos no significa que el brote esté cerca de terminar en RDC y mucho menos en que África pueda declararse libre del ébola, insisten los especialistas participantes en el nuevo tratamiento, precisó a Ishimwe, de la Cruz Roja.

Pero aunque así sea, Anita Masudi, residente de Butembo, en la provincia de Kivu del Norte, uno de los epicentros del brote  de ébola, se siente aliviada.

“Estamos todos muy contentos con lo que está sucediendo, aunque no estoy segura de si podamos relajarnos y que esto sea el final del ébola en Kivu del Norte. Pero ya no tengo miedo”, afirmó.

T: MF

El artículo Ya hay cura para el ébola, pero queda mucho para acabar con el brote fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Las remesas en Cuba: ¿ayuda individual o negocio colectivo?

ter, 20/08/2019 - 16:38

Clientes hacen uso de las instalaciones del complejo comercial Plaza Carlos III, ubicado en el municipio Centro Habanas, en la capital de Cuba. El consumo cubano se ve animado por las remesas que recibe 32 por ciento de la población que reside en este país insular caribeño. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Aug 20 2019 (IPS)

El gobierno de Cuba estudia las experiencias de otros países para encauzar que aporten beneficios colectivos las remesas que anualmente llegan a la nación caribeña desde Estados Unidos, Europa y otras regiones donde se asientan más de un millón y medio de emigrantes.

Fuentes oficiales admiten que esos envíos representan un “fuerte e importante” ingreso para la economía y existe un espacio para canalizarlo hacia inversiones productivas. Reconocen además que ese proceso incluye la necesidad de incentivar la captación de remesas con beneficio para el titular.

No hay datos oficiales de la nación caribeña sobre los totales de estas transferencias monetarias, pero de acuerdo a diversos autores y entidades dedicadas al tema, desde 2012 a 2016 la cifra en efectivo se mueve entre 1.500 y 3.600 millones de dólares anuales. Se supone que estos estimados incluyen las vías formales e informales.

Los montos más altos de los últimos años coincidieron con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el mayor emisor de estos envíos a Cuba. En 2015, sumaron 3.354 millones de dólares y 3.600 millones en 2016, según datos citados por el economista cubano Armando Nova.

Este investigador y otros especialistas coinciden en que la nación caribeña necesita dar pasos novedosos para que una cuantía considerable de las remesas que llega al país y se destina al consumo, fundamentalmente, pueda emplearse en la inversión y el crecimiento económicos.

Una de las opciones que se barajan es la creación de un fondo bancario para determinadas actividades económicas, estatales o privadas, con una tasa de interés atractiva, que se pueda cobrar cada cierto tiempo ya sea por el propio accionista o por un familiar que este decida.

Otra variante sería convocar a cadenas comerciales extranjeras a participar de forma activa en el mercado cubano, traer sus mercancías en consignación y venderlas de mutuo acuerdo y de forma conjunta con la parte nacional. El consumidor pagaría en efectivo o por medio de una tarjeta electrónica habilitada al efecto en dólares, euros u otras divisas.

De este modo, la economía nacional no tendría que destinar divisas a la importación de los productos y mercancías y se lograría canalizar los ingresos por remesas y otras vías de entrada directa del efectivo al país, una vez deducidos los compromisos.

Se disminuiría el costo y los precios minoristas no tendrían el recargo o porcentaje de incremento que actualmente se aplica a los productos en venta en las Tiendas de Recaudación Divisas (TRD).

“Se posibilitaría canalizar y encauzar los ingresos reales en efectivo, recibidos por las remesas en el desarrollo económico del país”, dijo Nova a IPS.

Algunas personas aguardan en las afueras de una oficina de la compañía Western Unión, en el municipio Marianao de La Habana. Esta empresa estadounidense y otras similares canalizan las remesas que los emigrantes cubanos envían a sus familiares. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

La eventual legalización de las pequeñas y medianas empresas privadas, junto al fortalecimiento y mayor autonomía de los municipios en la nueva división territorial avalada por la nueva Constitución cubana podrían convertirse en oportunidades para inversión de las remesas a nivel local.

En la región, donde México es el principal receptor de estos envíos familiares con 33.470 millones de dólares en 2018, no son visibles experiencias exitosas en el uso de las remesas en el desarrollo del país. Aunque sí lo es en el lejano Vietnam, país donde siete de cada 10 dólares que recibe por remesas se invierten en empresas y negocios locales.

Según los expertos, entre las razones que alientan a los emigrantes a enviar e invertir más dinero en Vietnam figuran una economía próspera -el año pasado creció 6,81 por ciento- y un sistema de leyes que les permite tanto a ellos como a extranjeros comprar propiedades y viviendas.

Permitidas en Cuba desde 1993, estas transacciones sostenían necesidades básicas de la familia cubana. Actualmente suelen cubrir además gastos de comunicaciones, repuestos y reparación o compra de automóviles, restauración o adquisición de viviendas, clases particulares e inclusive estancias vacacionales en hoteles cinco estrellas.

De hecho, el uso de esta ayuda familiar se ha diversificado al ritmo de las reformas emprendidas por Raúl Castro (2008-abril 2018), que continúa su sucesor, el presidente Miguel Díaz-Canel.

Si bien no es algo que sus titulares reconozcan fácilmente, muchos restaurantes y hostales, entre otras actividades de gestión privada echaron a andar y funcionan con financiamiento enviado como remesa familiar.

Este equipamiento, tecnología e insumos se han obtenido y pagado en efectivo en el exterior, con una divisa que no entra al país ni forma parte del dinero líquido recibido por la economía cubana. Además, como parte de la remesa total enviada se contempla tanto el dinero en efectivo que viaja por diversas vías, como los envíos en especies.

Un camarero espera la llegada de clientes en el interior de un restaurante privado, ubicado en el casco histórico de La Habana Vieja, en la capital de Cuba. Las remesas han contribuido a impulsar pequeños negocios familiares en el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Sin embargo, es muy probable que ello sea considerado o registrado como remesa recibida, por quienes investigan el tema en el exterior del país”, alerta Nova en el artículo “Remesas a Cuba. Mito o realidad, tras la ruta del dinero”, publicado por el sitio web de IPS Cuba en julio.

Los últimos datos publicados por Naciones Unidas, de 2017, registran 1.558.312 emigrantes de nacionalidad cubana y señalan que esta emigración se ha dirigido especialmente a Estados Unidos, donde viven 1. 251.037, que representa 80,3 por ciento del total, seguido de lejos por España (8,58 por ciento) e Italia (2,21 por ciento).

En estos informes hay que tener en cuenta que Estados Unidos contabiliza entre la emigración a nacidos en Cuba y sus descendientes, que según su Buró del Censo suman más de dos millones. De otra parte, los cambios migratorios de 2013 permiten estancias de hasta dos años en el extranjero a ciudadanos cubanos, también emisores de remesas.

Una encuesta realizada en 2016 por el Centro de Estudios de la Población de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, arrojó que de forma permanente o temporal, 77 por ciento de las personas emigradas envía algún tipo de ayuda a sus familias y amistades en este país insular caribeño.

Ese apoyo lo recibe 32 por ciento de los cubanos que residen en el país, con vínculos familiares o de otro tipo con los emigrados en el exterior, fundamentalmente, de envío de medicamentos o dinero e, incluso, la acogida de familiares por cierto tiempo para su cuidado, como nietos u otros parientes.

La administración de Donald Trump restringió en abril las remeses a la isla a solo 1.000 dólares cada tres meses, frente a los envíos sin límites que había establecido el gobierno de Barack Obama (2009-2017), pero aún no hay datos sobre el impacto de tal medida.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Más de 500 personas murieron en rutas migratorias de América este año

seg, 19/08/2019 - 16:37

Tres hermanitos de Honduras viajan hacia al norte para cruzar la frontera estadounidense y reencontrarse con sus padres. Crédito: Unicef

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, Aug 19 2019 (IPS)

En lo que va de 2019 han muerto al menos 514 personas en las rutas migratorias del continente americano, una cifra más de 30 por ciento por encima a la registrada durante el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 384 decesos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de la OIM detalló que 247 muertes, casi la mitad del total, sucedieron en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que el resto se reportó más al sur, en América Central (80), cerca de las islas del Caribe (151) o en América del Sur (30).

Joel Millman destacó que esta es la primera vez en los últimos seis años que las fatalidades rebasan el medio millar a esta altura del año.

“Las mujeres y niños suman una quinta parte de las muertes hasta el momento con 67 y 40, respectivamente. Sin embargo, todavía no se ha determinado la edad y género de los restos recuperados en 137 lugares”, detalló.

El portavoz señaló que la crisis en Venezuela, que ha generado más de cuatro millones de refugiados desde 2015, podría explicar el aumento de los fallecimientos de este año y precisó que la OIM ha registrado 89 muertes confirmadas de ciudadanos venezolanos en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

“Los venezolanos son el segundo grupo con más víctimas, solo detrás de la clasificación `no identificado`, que suma 178 personas encontradas en el desierto o en el mar mucho después de haber perecido, por lo que quizá nunca se pueda confirmar su identidad o nacionalidad”, recalcó.

Con respecto al origen de los fallecidos cuya nacionalidad se ha confirmado, Millman indicó que, además de Venezuela, provenían de Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, México, Nicaragua y Ucrania.

Las causas de las fatalidades

La causa principal de las muertes fue el ahogamiento en el mar, seguida por los accidentes viales y en las rutas de trenes, la deshidratación o exposición a la intemperie, los crímenes, las enfermedades o la falta de atención médica.

Millman aclaró que el total de víctimas no incluye a los por lo menos 11 fenecidos bajo custodia, ya fuera en centros de detención de Estados Unidos o de México, además de que se tiene información de más de 50 muertes no confirmadas que habrían ocurrido en México y Panamá.

Agregó que en los últimos 10 días se recuperaron en el estadounidense estado deTexas los restos de 15 personas, así como los de 3 más que se ahogaron tratando de cruzar el río Bravo. En California también hubo cinco muertos.

Políticas migratorias

Cuando se le preguntó si las políticas migratorias estadounidenses estarían haciendo más peligrosa la travesía de los migrantes, Millman respondió que las medidas de los gobiernos de todo el mundo para asegurar sus fronteras han orillado a los migrantes a recurrir a las organizaciones criminales.

“Este ha sido el caso de la frontera mexicana durante los últimos 20 años, donde el tráfico de personas se ha convertido en la norma desde los años del presidente (George W) Bush. Cuanto más difícil se hizo cruzar, más se acercaron los migrantes a los actores delictivos a quienes no les importa su seguridad”, enfatizó.

El portavoz habló asimismo de los secuestros de migrantes de países de renta baja que se dirigen a países ricos donde tienen familia.

Esas personas se han convertido en el blanco de muchos criminales para cobrar por su rescate y se trata de un fenómeno que ocurre en todas partes, haciendo aún más riesgoso el entorno que enfrentan los migrantes.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

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Rusia y Siria están en la mira por muertes de operadores de salud en Idlib

seg, 19/08/2019 - 14:50

Dos trabajadores de la Sociedad Médica Siria-Estadounidense (SAMS) murieron el 14 de agosto en un centro de ambulancias en una ciudad de la provincia rebelde de Idlib, en el noroeste sirio, por lo que serían bombardeos de fuerzas rusas. Crédito: Cortesía de SAMS

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Aug 19 2019 (IPS)

Organizaciones de asistencia sanitaria han criticado nuevamente a las fuerzas de los gobiernos de Rusia y Siria por un número cada vez mayor de muertes entre médicos, paramédicos y otros operadores de la salud durante los ataques militares en el noroeste del territorio sirio.

La Sociedad Médica Siria-Estadounidense (SAMS, en inglés) dijo que dos trabajadores médicos murieron en un ataque el miércoles 14 en un centro de ambulancias en Ma’aret Hurmeh, una ciudad en la provincia rebelde de Idlib, epicentro de combates en las últimas semanas.

El paramédico Mohamad Hussni Mishnen, de 29 años, y el conductor de ambulancia, Fadi Alomar, de 34, murieron durante una serie de seis ataques aéreos que arrasaron las instalaciones, dijo la SAMS. Un rescatador también pereció por un nuevo bombardeo, cuando trataba de sacar a Mishnen y Alomar de los escombros.

Varios grupos de ayuda y las Naciones Unidas han advertido sobre repetidos ataques contra los hospitales y otras instalaciones sanitarias de  la provincia de Idlib mientras las fuerzas del gobierno sirio, respaldadas por el poder aéreo ruso, retoman el último bastión rebelde en la guerra civil de ocho años del país.

Mufaddal Hamadeh, presidente de la SAMS, destacó que estaba “triste y perturbado por este terrible incidente”. Rindió homenaje a los médicos y dijo que los responsables de tales “delitos flagrantes” deberían rendir cuentas.

Otro grupo, Médicos por los Derechos Humanos (PHR, en inglés), recibió informes de 46 ataques contra centros de salud desde que el gobierno sirio y las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva contra Idlib el 29 de abril. El grupo ha logrado verificar 16 de ellos.

“La investigación rigurosa de PHR desde que comenzó el conflicto revela que el gobierno sirio y/o las fuerzas del gobierno ruso han cometido aproximadamente 91 por ciento de los ataques a las instalaciones de salud en Siria”, dijo la directora de políticas del grupo, Susannah Sirkin.

“El hecho de que estos valientes profesionales en Idlib fueron asesinados mientras simplemente realizaban su trabajo debería obligar a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y a todas las partes a actuar ahora para detener el implacable bombardeo de civiles”, añadió la activista.

En julio, después de que dos tercios de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU emitieran una nota de protesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó una investigación sobre ataques a la infraestructura civil, incluidos hospitales, clínicas y escuelas.

La llamada Junta de Investigación verificará si las coordenadas GPS de los hospitales y clínicas que la ONU proporciona a Estados Unidos, Rusia y Turquía para garantizar que esa información se usó para la protección de los hospitales en lugar de para atacarlos, como indican algunas denuncias.

Guterres “debe realizar una investigación rápida, pública y transparente sobre los ataques a instalaciones de la salud” que rompen los acuerdos sobre su trato en el conflicto, mientras que los miembros del Consejo de Seguridad “deben asegurarse de que los responsables de estos crímenes impensables rindan cuentas”, agregó Sirkin.

Los gobiernos del presidente sirio Bashar al Assad y de Moscú, cuyo poder aéreo ha sido crítico para los éxitos militares de Damasco durante el conflicto, niegan que estén atacando a civiles y a instalaciones educativas y sanitarias, en particular hospitales, lo que según las convenciones internacionales puede constituir un crimen de guerra.

Dmitry Polyanskiy, embajador adjunto ruso ante la ONU, dijo a un grupo de periodistas, entre ellos IPS, que estaba “decepcionado” por la decisión del organismo mundial de lanzar la investigación sobre los bombardeos y no se comprometió a cooperar con esa indagación.

“Si estuviéramos seguros de que esta Junta realmente tratará de establecer la verdad, entonces no puedo excluirlo”, dijo Polyanskiy.

Pero a su juicio, “hay muchas dudas al respecto” y los países que respaldaron la creación de la Junta no pretenden esclarecer la verdad, sino que “buscan tener otra herramienta para presionar a Rusia, presionar a Siria y simplemente distorsionar las acciones que tomamos allí”.

El embajador de Siria en ante la ONU, Bashar Ja’afari, defendió a su gobierno con el argumento de que  los centros de salud del noroeste de Siria han sido utilizados por “grupos terroristas”  en lugar de por médicos.

Según la ONU, más de 450 personas han muerto en la ofensiva sobre Idlib y cientos de miles más han sido desplazados por los combates. La población de Idlib es de aproximadamente tres millones, la mayoría de los cuales habían huido antes de otras partes de Siria devastada por la guerra.

Idlib y zonas cercanas del noroeste estaban cubiertas por un acuerdo sobre las llamadas zonas de “desescalada” para detener el conflicto alcanzado en septiembre por Rusia y Turquía, que respalda a algunos grupos rebeldes en el área.

Pero el acuerdo nunca se implementó completamente después de que los combatientes se negaron a retirarse a preestablecidas “zonas seguras” de distensión. Las batallas se han intensificado nuevamente en las últimas semanas, provocando nuevas oleadas de refugiados que huyen de la conflictiva zona.

Al Assad trata de recuperar el control pleno de Siria después de que las protestas pacíficas en 2011 se convirtieron en una brutal guerra civil que lo vio perder gran parte del país ante grupos radicales y otros grupos armados opositores a su régimen.

Según cifras del Banco Mundial, más de 400.000 personas han muerto en Siria desde 2011, y casi 12 millones más se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a los enfrentamientos, tanto dentro de Siria como en el extranjero.

T: MF

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Hacia un futuro sostenible: el caso de la transformación económica de China

sex, 16/08/2019 - 11:15

Imagen tradicional en una comunidad de China. Crédito: Cespap

Por Zhengian Huang y Daniel Jeong-Dae Lee
BANGKOK, Aug 16 2019 (IPS)

La región de Asia-Pacífico se encuentra en una encrucijada. El crecimiento tradicional orientado a la exportación, impulsado por la producción manufacturera, se enfrenta a vientos en contra por la lenta demanda externa y las crecientes medidas comerciales proteccionistas.

Las nuevas tecnologías han aumentado la probabilidad de que los trabajos intensivos en mano de obra en la región se automaticen. Mientras tanto, muchos países han sido testigos de la ampliación de las desigualdades de ingresos y oportunidades. El aumento de los riesgos ambientales y los desastres climáticos agregan más cargas a la agenda de desarrollo futuro.

Ahora las preguntas que enfrentan la mayoría de los países en desarrollo en la región son: ¿Pueden lograr la convergencia económica siguiendo el camino de crecimiento tradicional? ¿Cómo pueden equilibrar el crecimiento económico con la inclusión social y la sostenibilidad ambiental?

Este artículo aborda estas preguntas utilizando a China como ejemplo.

El desarrollo económico de China es sobresaliente en términos de ritmo y escala. Durante las últimas cuatro décadas, la economía de China se ha convertido en la más grande de la región, y se ha transformado de una predominantemente agrícola a una potencia industrial, y ahora está cada vez más orientada a los servicios.

Sin embargo, las tensiones de los rápidos cambios estructurales se han vuelto más claras.

Entre ellos destacan la desaceleración del crecimiento de la población y la expansión de la fuerza laboral del país, su desaceleración del crecimiento de la productividad a medida que las tecnologías disponibles se acercan a la frontera tecnológica, las tensiones distributivas resultantes de la creciente desigualdad y las tensiones en la capacidad de carga del entorno natural.

Las simulaciones económicas hasta 2030 sugieren que, en el escenario de negocios habituales (BAU, en inglés), el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se mantendría a una tasa de alrededor de seis por ciento a corto plazo, pero experimentaría una fuerte caída en 2030 a medida que disminuye la eficiencia económica.

Al mismo tiempo, las brechas de ingresos urbano-rurales, así como la desigualdad dentro de las áreas urbanas y rurales, seguirían siendo amplias, dejando importantes focos de pobreza.

Escenarios alternativos para China en 2030
Fuente: Cespap, basado en el modelo DRC-CGE.
Notas: BAU: escenario de referencia; ING: escenario de crecimiento innovador; ICG: escenario de crecimiento inclusivo; SSG: escenario de crecimiento sostenible; y ALL: escenario de crecimiento innovador, inclusivo y sostenible.

El consumo de energía y las emisiones de carbono de China continuarían aumentando, sin cumplir con su compromiso con el Acuerdo de París  sobre cambio climático (ver el escenario BAU en las figuras A, B y C).

Sin embargo, existe un escenario alternativo en el que China persigue un enfoque holístico de las reformas estructurales que logra caminos de crecimiento de desarrollo innovadores, inclusivos y sostenibles simultáneamente.

Bajo este escenario, el país podría mantener tasas relativamente altas de crecimiento económico, incluso si la demanda externa sigue siendo lenta, la fuerza laboral se contrae y la acumulación de capital se desacelera.

La urbanización acelerada, el aumento de la población de “clase media” y el aumento de las transferencias gubernamentales para optimizar el sistema de protección social podrían reducir las disparidades de ingresos rurales y urbanos.

El consumo total de energía de China y las emisiones de carbono podrían alcanzar su punto máximo en 2025, cinco años antes de la línea de tiempo trazada en el Acuerdo de París, si se implementa un nuevo impuesto al carbono y la energía de los combustibles no fósiles asume una mayor participación de la combinación energética (ver todos los escenarios en la figura A, B y C).

Las políticas y medidas recientes muestran que China está dando más peso a la calidad del crecimiento. Primero, China está llevando a cabo reformas del lado de la oferta, centrándose en la tecnología y la innovación. El país ha establecido objetivos para convertirse en un “líder internacional en innovación” para 2030.

En segundo lugar, se están llevando a cabo acciones para mejorar la inclusión del crecimiento económico. China ha fijado objetivos para eliminar la pobreza absoluta para 2020.

Se han incrementado las transferencias fiscales para mejorar la protección social, mientras que se han desplegado más fondos para infraestructura rural, subsidios agrícolas y préstamos con descuento.

En tercer lugar, China ha tomado medidas serias para frenar la contaminación mientras acelera la transición a la energía limpia. China tiene como objetivo obtener 20 por ciento de su energía de las energías renovables para 2030. A fines de 2017, se lanzó un sistema de comercio de emisiones de carbono en el país.

Estas políticas deben llevarse a cabo de manera integrada para reducir las compensaciones y maximizar las sinergias. En el ejemplo chino, las prioridades políticas sobre tecnología e innovación podrían impulsar el crecimiento del PIB pero podrían empeorar la desigualdad de ingresos, dado el efecto de la tecnología de favorecer el capital sobre el trabajo e impulsar el trabajo calificado sobre el no calificado (escenarios BAU e ING en las figuras A y B).

Las políticas para reducir las emisiones de carbono serían más efectivas si se combinaran con nuevas tecnologías e innovaciones que mejoren la eficiencia de los recursos (SSG y todos los escenarios en la figura C).

Los escenarios sobre las posibles rutas políticas de China hacia un futuro sostenible arrojan algo de luz para otros países en desarrollo. Si bien el crecimiento económico de un país puede inevitablemente disminuir a medida que madura, la calidad del crecimiento diferirá significativamente dependiendo de las elecciones de política realizadas.

Es muy importante y urgente que los formuladores de políticas cambien su mentalidad para priorizar las políticas que apoyan a las personas y al planeta. Este no es un proceso fácil. Se requieren esfuerzos continuos de política para equilibrar el desarrollo entre las dimensiones social, ambiental y económica para garantizar la prosperidad a largo plazo.

Este artículo se basa en un informe reciente de la CESPAP, Transformación económica de China: impactos en Asia y el Pacífico, que se puede visualizar en su versión en inglés en este enlace.

El artículo Hacia un futuro sostenible: el caso de la transformación económica de China fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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