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Atualizado: 13 minutos 48 segundos atrás

Mujeres en puestos directivos aumentan rendimiento empresarial

qui, 23/05/2019 - 17:45

Nelia Fernández es la primera gerente en una compañía minera en Kalimantán, Indonesia. Crédito: Kevin Cassidy/OIT

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, May 23 2019 (IPS)

Las empresas en las que se fomenta la diversidad de género, en particular a nivel directivo, obtienen mejores resultados y aumentan notablemente su beneficio, según un nuevo informe de la Oficina de Actividades para los Empleadores  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En el informe, titulado Las mujeres en la gestión empresarial: Argumentos para un cambio , figuran los resultados de encuestas realizadas en casi 13.000 empresas de 70 países.

Más de 57 por ciento de las empresas participantes señalaron que sus iniciativas a favor de la diversidad de género contribuyen a mejorar su rendimiento empresarial.

En casi tres cuartas partes de las empresas que promovieron la diversidad de género en cargos directivos se registró un aumento de su beneficio de cinco a 20 por ciento, porcentaje que en la mayoría de las empresas osciló entre 10 por ciento y 15 por ciento.

Casi 57 por ciento de las empresas participantes en la encuesta señaló que dicha diversidad contribuyó de igual manera a atraer y retener a profesionales con talento.

Más de 54 por ciento de las empresas manifestaron que constataron mejoras en materia de creatividad, innovación y apertura, y un porcentaje análogo de empresas señaló que la inclusión de género mejoró su reputación; por último, casi 37 por ciento reconoció que dicha inclusión permitió evaluar de forma más eficaz la opinión de sus clientes.

En el informe también se pone de manifiesto que, a escala nacional, el aumento de la integración laboral de la mujer guarda relación directa con el desarrollo del producto interno bruto (PIB). Esa conclusión se apoya en el análisis de datos de 186 países para el período 1991-2017.

“Si bien esperábamos constatar una incidencia favorable de la diversidad de género en el éxito empresarial, los resultados del informe son muy elocuentes,” señala Deborah France-Massin, directora de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT, con sede en Ginebra.

“Su relevancia se pone claramente de manifiesto si se tienen en cuenta los esfuerzos que despliegan las empresas en otras esferas para lograr únicamente un dos o tres por ciento de aumento de su beneficio. Las empresas deberían considerar el equilibrio de género una cuestión primordial, no solo un aspecto de recursos humanos”.

En puestos de alta dirección, dicho equilibrio de género corresponde a una cuota de personas de cada sexo que oscila entre 40 y 60 por ciento, al igual que en el caso de la mano de obra general. Según el informe, la diversidad de género redunda en beneficios empresariales si las mujeres ostentan, por lo menos, un 30 por ciento de cargos directivos y de gestión.

Sin embargo, ese objetivo no se cumple en casi 60 por ciento de las empresas, que no pueden aprovechar, en consecuencia, las ventajas que les brindaría esa diversidad.

Por otro lado, puesto que en casi la mitad de las empresas analizadas en la encuesta menos de una tercera parte de las personas contratadas en puestos directivos de base son mujeres, sus cuadros, incluidos los cargos de alta dirección, se ven privados de todo el talento necesario a los efectos de gestión.

Casi tres cuartas partes de las empresas participantes en la encuesta han implantado políticas para fomentar la igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión; no obstante, de los resultados del informe se desprende que es necesario abundar en medidas específicas que permitan aumentar la visibilidad de la mujer y facilitar su promoción en áreas empresariales estratégicas.

En el informe se determinan asimismo varios factores clave que dificultan el acceso de la mujer a puestos de toma de decisiones.

La cultura empresarial, que por lo general exige disponibilidad “en todo momento y en cualquier lugar”, afecta de forma desproporcionada a la mujer, habida cuenta de sus responsabilidades domésticas y familiares, de ahí que sea necesario hacer hincapié en políticas que fomenten la inclusión y la conciliación del trabajo con la vida personal (tanto en el caso del hombre como en el de la mujer), en particular en materia de horarios de trabajo flexibles y licencia de paternidad.

Cabe destacar asimismo el fenómeno de la “tubería con fugas”, en virtud del cual la proporción de mujeres que desempeñan cargos directivos en la empresa es cada vez menor a medida que se asciende en la jerarquía de gestión.

El concepto de “muro de cristal” se refiere a los obstáculos que ha de superar la mujer en puestos directivos, en particular al desempeñar funciones de recursos humanos, finanzas y administración, consideradas menos estratégicas y, por lo general, menos proclives a facilitar una promoción que permita ocupar un puesto de dirección ejecutiva o formar parte de un consejo de administración.

Menos de una tercera parte de las empresas participantes en la encuesta han alcanzado el umbral crítico de contar con un consejo de administración integrado, por lo menos, por un 33 por ciento de mujeres. Alrededor de una empresa de cada ocho señaló que su consejo de administración seguía integrado exclusivamente por hombres. El director ejecutivo de más del 78 por ciento de las empresas participantes en la encuesta es hombre, y solo es mujer, por lo general, en el caso de pequeñas empresas.

“La promoción de la mujer en puestos directivos está plenamente justificado”, señala  France-Massin.

“Habida cuenta de la escasez de personal cualificado en la actualidad, las mujeres constituyen una formidable reserva de talento que las empresas no aprovechan suficientemente”, añade.

Para la funcionaria de la OIT, “las empresas que deseen lograr avances económicos a escala mundial deberían promover la diversidad de género como elemento clave de su estrategia”.

“Las organizaciones empresariales, organizaciones de empleadores y asociaciones profesionales pertinentes deben asumir el liderazgo abogando por políticas eficaces, incluida la aplicación pertinente de las mismas”, plantea.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). IPS-Inter Press Service lo reproduce por acuerdo especial con la Oficina de la OIT en América Latina y el Caribe, con sede en Lima.

RV: EG

El artículo Mujeres en puestos directivos aumentan rendimiento empresarial fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Cristina Fernández da un paso (atrás) y sacude Argentina

qui, 23/05/2019 - 15:47

Cristina Fernández, al salir el 21 de mayo de los Tribunales en Buenos Aires, donde comenzó a ser juzgada bajo la acusación de haber liderado una asociación ilícita que defraudó al Estado argentino 1.000 millones de dólares. La expresidenta tiene otros 10 procesos abiertos y varias investigaciones más por corrupción. Crédito: Pepe Mateos/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, May 23 2019 (IPS)

Son pocos los argentinos indiferentes ante Cristina Fernández: la mayoría la quiere o no la soporta. Presidenta entre 2007 y 2015, mostró que sigue en el centro de la escena con 72 horas frenéticas, en las que anunció que no será candidata a presidenta, sino a vice, y comenzó a ser juzgada por presunta corrupción.

“Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos”, dijo en un sorpresivo video difundido por Twitter el día 18. Inmediatamente, analistas políticos e historiadores buscaron antecedentes en el mundo de un postulante a la vicepresidencia que haya elegido y anunciado a su candidato a presidente, y no al revés. Pero no encontraron ninguno.

Las elecciones presidenciales en la tercera economía de América Latina tendrán lugar el 27 de octubre, en un contexto extremadamente delicado: recesión, deterioro de la moneda local, inflación de más de 50 por ciento anual y un tercio de la población de 44 millones de personas sumergido en la pobreza.“Alberto Fernández no es el jefe político de nadie y no tiene votos propios. Con esta fórmula, Cristina quiere ablandar su oferta electoral y envía el mensaje de que en su (potencial) tercer gobierno el poder estaría más repartido”: Ricardo Rouvier.

Son comicios con resultados imposibles de pronosticar hoy, a los que este anuncio, que despertó interpretaciones diversas, le agregó incertidumbre.

Algunos ni siquiera están convencidos de que el actual presidente, Mauricio Macri –un empresario de 60 años que enfocó su carrera política en mostrarse como la contracara de Cristina Fernández, de 66-, sea candidato a la reelección.

Macri ha asegurado infinidad de veces que se presentará, pero dirigentes de Cambiemos, la gobernante coalición de centroderecha, reclaman su apertura a nuevos sectores políticos y la discusión de la candidatura, debido que el deterioro de la economía durante el último año ha hundido la imagen del presidente.

“La decisión de Cristina es un acto de realismo. Ante una Argentina en emergencia por su situación económica y financiera, y una región donde los populismos retroceden, decidió oxigenar la fórmula poniendo al frente a una figura más moderada”, dijo a IPS el sociólogo y analista de opinión pública Ricardo Rouvier.

La exmandataria de centroizquierda se la cataloga como populista por políticas como el congelamiento de las tarifas de servicios públicos en un contexto de elevada inflación y el otorgamiento de jubilaciones a personas que sin aportes al sistema, lo que según sus críticos fueron la causa del estancamiento económico en su segundo cuatrienio.

Su estilo personal propenso a la confrontación y el avance de las investigaciones por corrupción durante su gobierno hicieron el resto. Así, tiene una imagen negativa que hoy supera 50 por ciento en la mayoría de las encuestas pero que viene en descenso, a medida que crece el descontento con el gobierno de Macri.

“Alberto Fernández no es el jefe político de nadie y no tiene votos propios. Con esta fórmula, Cristina quiere ablandar su oferta electoral y envía el mensaje de que en su (potencial) tercer gobierno el poder estaría más repartido”, consideró Rouvier.

El político, de 60 años, fue el jefe de Gabinete de ministros durante el gobierno del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el primer año de su sucesora y esposa.

Se fue de mala manera del gobierno en 2008, cuando Cristina, como todos la llaman en Argentina,  inició duros enfrentamientos, que marcarían el resto de su gestión, con las cámaras de productores agropecuarios (de determinante peso económico) y con el Grupo Clarín, la más poderosa corporación de medios de comunicación.

El presidente Mauricio Macri durante la inauguración de una obra en Buenos Aires este mes, con la que trata de contrarrestar su imagen negativa por la crisis económica y social argentina. Macri asegura que será candidato a la reelección en octubre, aunque dirigentes de Cambiemos, la coalición gobernante le piden que desista, por el temor de que les conduzca a la derrota. Crédito: Presisdencia de la Nación

Fernández tuvo desde entonces severas críticas para Cristina, mientras desde un programa de la TV estatal que realizaba propaganda oficialista se lo descalificaba, como supuesto “lobbista” del sector rural y el Grupo Clarín.

Ese pasado reciente es ahora visto como un activo por quienes rodean a Cristina.

“Al elegir a un hombre que ha sido crítico de ella, Cristina demuestra apertura tanto de cara a la sociedad como a los factores de poder permanente, con los que Alberto tiene buen diálogo y ella no habla hace años”, dijo Graciana Peñafort, redactora de la ley de medios de comunicación con la que Cristina buscó en 2009 limitar el poder del Grupo Clarín.

“Ella comprendió que su figura es un obstáculo para ciertos sectores. Y quiere ganar la elección”, agregó a IPS quien ejerce como abogada de Cristina en algunas de las múltiples causas en la que está imputada, que se han traducido hasta ahora en 11 procesamientos.

Peñafort rechazó que exista un vínculo entre el anuncio y el comienzo, el martes 21, del primer juicio oral y público contra la expresidenta, de las 11 procesos  ya abiertos en su contra por presunta corrupción. Para algunos analistas, en cambio, lo que Cristina buscó fue quitar lo más posible el foco sobre ese frente

En el juicio en marcha se la acusa de haber liderado una asociación ilícita, integrada por funcionarios de su gobierno, que habría defraudado al Estado en 1.000 millones de dólares, a través de la adjudicación de obras públicas.

Un rato antes de sentarse a escuchar la acusación, Cristina denunció –por Twitter, ya que no habla con la prensa- ser víctima de una persecución política “que pretende distraer a los argentinos y argentinos de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo”.

El abogado Andrés Gil Domínguez explicó a IPS que la expresidenta tiene inmunidad en materia de arresto en su calidad de actual senadora, siempre y cuando sus pares en la Cámara Alta no le retiren los fueros, y mantendrá ese privilegio si es elegida vicepresidenta, a menos que sea sometida a juicio político.

“A diferencia de otros países, como por ejemplo Brasil, donde Lula (el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva) no pudo ser candidato en 2018, en la Argentina no existe impedimentos para la participación política de los procesados o condenados”, dijo este director del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Para Gil Domínguez, “el juicio oral y público es positivo porque permitirá que sean expuestas todas las pruebas contra la expresidenta y se la condene o la absuelva, aunque la sociedad argentina está tan polarizada que la mayoría ya tiene una opinión formada sobre si Cristina es culpable o inocente”.

Justamente al día siguiente del inicio del juicio se difundió una encuesta electoral de la consultora Raúl Aragón & Asociados que puso en el primer lugar a la fórmula Fernández-Fernández, a pesar de que 37 por ciento de los consultados cree que la expresidenta es culpable de los delitos de los que se la acusan, contra solo 27 que entiende que se inocente.

Con su decisión, Cristina aseguró que aspira a reunificar al peronismo, dividido tras la brutal crisis económica social y política de 2001. A ello contribuyó el matrimonio Kirchner, que desdeñó a su corriente oficial y estableció su propio partido, el Frente de la Victoria.

Dentro del movimiento político que fundó hace más de 70 años por el general Juan Domingo Perón y que ha gobernado más de la mitad del último medio siglo, hay importantes dirigentes que estaban trabajando para armar una fórmula que representara a los argentinos que no quieren la continuidad de Macri y tampoco la vuelta de Cristina.

Ahora, nadie sabe qué escenario quedará definido el 22 de junio, que es el día en que deben presentarse formalmente las candidaturas de los partidos y alianzas electorales.

Después, todas las candidaturas deberán someterse a Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el 11 de agosto, un imperativo legal en Argentina, donde los principales aspirantes no suelen contar con competidores internos, pero que resultan una medición decisiva de los apoyos ciudadanos.

Pocos, de todas maneras, creen que Macri, líder de una gestión que en lo económico fracasó, tenga alguna posibilidad de ser reelecto si la candidatura de Alberto Fernández es prenda de unidad del principal espacio opositor.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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Reconocimiento del pueblo afrochileno: de la negación al orgullo

qui, 23/05/2019 - 12:28

Un grupo de músicos y danzantes afrochilenos de Arica y Parinacota baila en la plaza ante el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago de Chile. Crédito: ACNUDH

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, May 23 2019 (IPS)

“Cuando era niña, me alisaba el pelo todos los días”, cuenta Azeneth Báez, evocando sus años de infancia en Arica, en el norte de Chile. “En esa época no teníamos esos alisadores modernos de ahora, así que yo usaba una vieja plancha de ropa. Hacía cualquier cosa para evitar que los otros niños me molestaran”, rememora.

Pero por más que Azeneth lo alisaba, su cabello siempre se volvía a rizar. Lo mismo ocurrió con su identidad afrodescendiente: nada logró impedir que floreciera.

Como Azeneth Báez, otras personas y familias del Valle de Azapa guardaban en secreto sus ceremonias, historias y tradiciones de características únicas. Como afrodescendientes, les unía el hilo invisible de su origen común.

“Empezamos a buscarnos y organizarnos como un movimiento para exigir nuestros derechos”, explica Cristian Báez, quien junto a Azeneth, lidera la organización no gubernamental Lumbanga.

El movimiento enfrentó cuestionamientos y mucho escepticismo. Pero a pesar de todo, estaban decididos a llevar su resistencia cultural al siguiente nivel.

Pasar del desprecio al activismo

Lumbanga Oro Negro son las organizaciones de afrodescendientes más destacadas en el país. Ambas han trabajado en conjunto para promover los derechos de las personas y grupos afrochilenos.

Pero antes, tuvieron que hacerse visibles.

Los activistas guardan en su memoria innumerables viajes a la capital, Santiago –distante a unos 2.000 kilómetros al sur de Arica-, así como reuniones con autoridades, manifestaciones en la calle y negociaciones fallidas.

“Algunos nos decían que no existíamos, otros nos trataban como extranjeros. Les costaba vernos como compatriotas”, recuerda Marta Salgado, líder histórica de Oro Negro.

Cuando era niño, en la escuela, al parlamentario ariqueño Luis Rocafull le enseñaron que no había afrochilenos. “Honrábamos a nuestros héroes nacionales de origen europeo, mientras ignorábamos el rol y las contribuciones que realizaron las comunidades indígenas y afrodescendientes a nuestra historia”, recuerda.

“Hace siglos, muchas personas fueron traídas desde África a esta tierra, contra su voluntad, y resultaron cruciales para la construcción de lo que hoy somos como región”, añade.

Rocafull fue testigo de la lucha de las comunidades y decidió apoyarla, presentando un proyecto de ley para otorgar reconocimiento a los afrochilenos como un pueblo tribal, honrando su cultura y tradiciones.

Tras un largo recorrido en el legislativo Congreso Nacional, la ley fue promulgada el 16 de abril de 2019.

“Celebramos la adopción de esta ley, que a su vez reconoce la labor de las y los defensores afrochilenos para hacerla realidad”, señala Birgit Gerstenberg, representante para América del Sur de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Gerstenberg cree que este avance es de especial relevancia en el marco delDecenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), que promueve la adopción de medidas concretas para apoyar a este grupo de la población, que suele enfrentar formas múltiples, agravadas o interrelacionadas de discriminación.

“Esta ley es un hito a nivel de reconocimiento -uno de los pilares del Decenio-, y sienta las bases para avanzar en justicia y desarrollo para todas las personas afrodescendientes en Chile”, añade Gerstenberg. “Esperamos que otros países de la región también avancen en esa línea”.

Como defensores de derechos humanos, Marta, Cristian y Azeneth concuerdan en el rol clave que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur tuvo en este proceso.

“La Oficina ha sido un aliado estratégico en el marco del Decenio, en nuestros esfuerzos para lograr que las autoridades comprendan y cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de no discriminación”, destaca Cristian.

Preocupados por el contexto global, estos activistas subrayan que los derechos humanos son cruciales para toda la sociedad.

“Este avance no solo beneficia a los afrochilenos, sino que es otra contribución de nuestro pueblo a este Chile multicultural. Y como afrochilenos, tenemos un rol especial en luchar contra cualquier forma de discriminación contra hermanos y hermanas afrodescendientes que vienen de otros países en busca de un mejor futuro”, añade.

En este momento feliz, los tres líderes afrochilenos piensan en sus ancestros. Sienten que heredaron de ellos su orgullo, fuerza y persistencia. “Sé que estarían muy contentos por este logro, y de que nunca nos rendimos”, reflexiona Marta.

“Hace tiempo dejé de alisarme el cabello”, añade Azeneth, mientras sonríe. “Mi pelo me recuerda el pueblo orgulloso del que provengo, y ahora pienso que mientras más rizado lo tengo, mejor”.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra. IPS-Inter Press Service lo publicada por un acuerdo general con la Organización de las Naciones Unidas para la redifusión de sus contenidos.

RV: EG

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Extinción de especies amenaza salud y alimentación humanas

qua, 22/05/2019 - 16:15

El arroz es una de las materias primas básicas del sector alimentario. Crédito: Pixabay

Por Corresponsal Fao
PANAMÁ, May 22 2019 (IPS)

Los restaurantes en las ciudades de todo el mundo ofrecen platillos cada vez más variados, pero la ciencia indica que la dieta global, lo que realmente come la gente, se está homogeneizando.

El arroz, uno de los alimentos básicos más importantes a nivel mundial, ilustra vívidamente esta paradoja: de las 90.000 variedades almacenadas en bancos de genes, solo 40.000 se cultivan, y tal vez en un supermercado habitual no se podrá encontrar más de una docena.

Considerando los efectos de la agricultura intensiva de alto rendimiento, las opciones están destinadas a disminuir drásticamente en el tiempo. Esto es preocupante desde el punto de vista de la sostenibilidad, seguridad alimentaria, biodiversidad y salud.

Nuestros sistemas de alimentación, nutrición, salud, aire limpio, clima y agua dulce dependen de la biodiversidad y de la salud de los ecosistemas, que conforman una red interdependiente de vida animal, vegetal, fúngica y bacteriana.

Por ejemplo, sin polinizadores como las abejas o los murciélagos muchos de los alimentos que conocemos y amamos desaparecerían. El uso inadecuado de pesticidas e insecticidas está expulsando a estas especies de sus hábitats y de las tierras agrícolas.

La última evaluación global de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), publicada este mes, muestra que el impacto humano en el mundo natural se acelera a una velocidad sin precedentes. De acuerdo con el reporte, un millón de especies se dirige a la extinción.

“La apropiación sin precedentes de los humanos sobre la Tierra se basa en un conjunto de impulsores demográficos y económicos indirectos que han aumentado de escala y que interactúan entre sí de formas complejas”, indica el informe.

Y no estamos haciendo lo suficiente en términos de política para cambiar las cosas.

“A escala mundial, ha habido poco progreso hacia la eliminación total o gradual de los subsidios perjudiciales para la biodiversidad”, señala el estudio, y pone como ejemplo los precios de materias primas y bienes industriales que a menudo no reflejan los costos ambientales y sociales implicados.

Una dieta diversa es buena para la salud. Crédito: Amila Tennakoon/ Flickr

La industrialización a gran escala ha causado una fragmentación generalizada de los paisajes naturales en todo el mundo. Los hábitats que antes eran continuos ahora están divididos y aislados, lo que ha provocado el declive de algunas especies que no pueden dispersarse para encontrar comida o reproducirse, indica el Informe Fronteras 2018/19 de ONU Medio Ambiente.

Reducción de biodiversidad en el sistema alimentario y las dietas

En los últimos 100 años, más de 90 por ciento de las variedades de cultivos han desaparecido de los campos agrícolas. La mitad de las especies de muchos animales domésticos se ha perdido y los 17 principales bancos pesqueros del mundo se están pescando por encima de sus límites sostenibles. Tales prácticas tienen impactos ambientales, culturales y de salud.

Los sistemas de producción de alimentos localmente variados, que son más resistentes al cambio climático, están bajo amenaza; La agrobiodiversidad está desapareciendo y junto con ella, el conocimiento de la medicina tradicional y los alimentos locales.

“Esto necesita cambiar”, dice Marieta Sakalian, experta en biodiversidad de ONU Medio Ambiente.

“La gestión sostenible de la biodiversidad en los paisajes agrícolas y marinos puede respaldar la transición hacia dietas saludables y patrones de producción y consumo más sostenibles en condiciones climáticas cambiantes”, añade Sakalian.

La pérdida de dietas variadas está directamente relacionada con enfermedades o factores de riesgo para la salud, como diabetes, obesidad y desnutrición, además tiene un impacto directo en la disponibilidad de medicamentos tradicionales.

La Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, en su resolución de marzo de 2019 titulada: Innovación sobre la biodiversidad y degradación de la Tierra, “alienta a los Estados Miembros a fortalecer sus compromisos y redoblar esfuerzos para prevenir la pérdida de biodiversidad biológica y degradación de la tierra y el suelo, a través de su conservación, uso sostenible, implementación de políticas apropiadas y medidas innovadoras, como acuerdos de asociación, transferencia de tecnología mutuamente acordada y mecanismos de financiamiento”.

Además, insta a los gobiernos y a los demás interesados a que tomen en cuenta la biodiversidad en todos los sectores de la sociedad y participen en el proceso de la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad 2020, que se celebrará en Kunming, China.

Este artículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe, con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus materiales.

RV:EG

 

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Feminicidios aumentan en Brasil y reciben nuevos estímulos

qua, 22/05/2019 - 13:49

La Ley Maria da Penha, que norma desde 2006 los delitos de violencia contra las mujeres, fue un hito en Brasil en la lucha contra violencia machista dentro y fuera del hogar, el acoso sexual y otros delitos de los que son víctimas las mujeres. Esa ley fue completada por la del Feminicidio, que desde 2015 agrava las penas a los asesinatos por razón de género, al tipificarlos como un “crimen horrendo”. Crédito: Paulo Pinto/PT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 22 2019 (IPS)

El primer día de 2019, mientras Jair Bolsonaro asumía la presidencia en Brasil, el año se estrenaba con siete feminicidios y tres intentos frustrados. Unos cuchillos fueron el arma usada en ocho de los casos, con tres sobrevivientes. En otros dos, las mujeres fueron golpeadas hasta la muerte.

Excompañeros que no aceptaban el fin del matrimonio o del noviazgo constituyen la mayoría de los asesinos, en los registros diarios de Jefferson Nascimento, abogado y activista de los Derechos Humanos en São Paulo.

Hasta el 28 de abril, hubo este año un total de 620 intentos de feminicidio, la mayoría consumados, según su monitoreo a partir del noticieros televisivos, informaciones de la prensa y otras fuentes.“Es dramático, se retrocede a la ‘legítima defensa del honor’, que en el pasado fue el argumento para absolver a hombres que asesinaban a mujeres”: Joluzia Batista.

Ese total podría elevarse, porque seguramente hay casos que no trascienden públicamente. Por otro lado no todos los casos con víctimas femeninas son feminicidios o femicidios, que tipifican a los asesinatos de mujeres por su condición de género.

En 2018, por ejemplo, hubo 4.254 homicidios intencionales de mujeres, de los cuales solo 1.173 se tipificaron como feminicidios, según el Monitor de la Violencia del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), que realiza en asociación con el Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo y el portal digital G1, del grupo Globo de comunicación.

Los datos indican que los asesinatos de mujeres cayeron 6,7 por ciento en comparación con el año anterior, algo menos de la reducción de 10,3 por ciento en los homicidios en general (de 63.722 en 2017 para 57.117 en 2018).

Pero, en contraste, los casos de feminicidio aumentaron 12 por ciento.

Esa tendencia se acentuó en este año, a juzgar por los datos del estado de São Paulo, que concentra 21 por ciento de los 209 millones de brasileños, donde los feminicidios subieron de 21 a 37 víctimas, entre el primer trimestre de 2017 y mismo período de este año.

“El principal factor es que las mujeres ya no aceptamos los papeles sociales que nos impone la sociedad patriarcal y machista. Algunos hombres reaccionan con violencia”, señaló a IPS la abogada Silvia Pimentel, profesora de Derecho en la Universidad Católica de São Paulo e integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cesaw).

Su temor es que la proliferación de armas, fomentada por el decreto que firmó Bolsonaro el 7 de mayo, convierta en fatal gran parte de la violencia machista que sufren las mujeres en Brasil.

En el estado de São Paulo, por ejemplo, en lo que va de año ocurrieron en promedio 88 agresiones diarias con lesiones corporales en mujeres. “Con más armas en circulación, más mujeres morirán, pues no hay como defenderse de tiros”, lamentó Pimentel.

Flavio Bolsonaro (D), senador e hijo del presidente Jair Bolsonaro, con el expolicía militar Fabricio Queiroz, su asesor cuando era diputado del estado de Río de Janeiro, hasta 2018, investigado por el manejo irregular de los salarios de miembros del equipo del senador y con relaciones con los grupos parapoliciales ilegales que dominan varios barrios cariocas. La afición del presidente y sus hijos por las armas de fuego los llevaría a otros lazos con esas milicias. Crédito: PT

La medida del presidente de extrema derecha amplía el derecho de portar armas de fuego a 19 millones de personas, estimó el Instituto Sou da Paz (soy de paz).

Podrán andar armados los adultos en el medio rural, camioneros, abogados, comerciantes, coleccionadores de armas, agentes públicos de varios sectores e incluso periodistas que cubren actividades policiales.

El derecho a poseer armas en la residencia o local de trabajo ya se había extendido a gran parte de la población, por otro decreto emitido en enero, pero sin facilitar el porte, que gana ahora una amplitud inesperada.

Según muchos juristas y políticos, la pretendida ampliación del porte es inconstitucional y viola el Estatuto del Desarme, una ley vigente en Brasil desde 2003 y que restringe la posesión y el porte de armas.

Gobernadores de 14 estados brasileños, de un total de 27, divulgaron un manifiesto conjunto pidiendo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial la revocación del “decreto de las armas”.

Argumentan que la norma incrementará la cantidad de armas y municiones que caerán en manos criminales y convertirá en tragedias las peleas y discusiones entre ciudadanos.

Además el Ministerio Público Federal (fiscalía general) pidió la suspensión judicial de la medida y por lo menos dos partidos de oposición cuestionaron su constitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro se vio forzado a admitir la revisión de algunos puntos ante la repercusión negativa en distintos sectores.

La Organización de la Aviación Civil Internacional podrá bajar la nota de seguridad de Brasil, ante la posibilidad de que personas armadas sean autorizadas a embarcar en los aviones. En consecuencia compañías aéreas extranjeras podrían suspender sus vuelos a Brasil.

Además las nuevas reglas permiten a civiles la posesión incluso de fusiles semiautomáticos, hasta ahora restringidos al uso militar y policial, constataron  especialistas al ahondar en detalles del decreto. El gobierno niega esa intención en la medida.

“Aun si se revoca el decreto, el mal está hecho”, se ha producido un estímulo a la violencia que se vuelve contra la mujer, evaluó a IPS la socióloga Joluzia Batista, asesora técnica del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFemea).

El incremento de la violencia de género en el ámbito público se alimentó desde 2013 con posiciones como la del pastor evangélico Marco Feliciano, quien presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, “impulsando la intolerancia religiosa y ataques machistas a la libertad de las mujeres, con un discurso moral conservador”, recordó.

Luego la misoginia ganó nuevas fuerzas en 2015 con la Cámara presidida por otro diputado conservador conectado y parte de la llamada “bancada evangélica”,  Eduardo Cunha, quien promovió iniciativas en desmedro de las mujeres hasta ser destituido y preso en 2016 por corrupción.

Con el triunfo electoral de Bolsonaro en octubre de 2018, con propuestas de extrema derecha, “armamentistas”, moralistas en defensa de la familia tradicional y contra la educación sexual escuelas, se consolidó “el inmenso retroceso, sofocando el debate educativo”, subrayó Batista.

Se difundió como positivo un imaginario colectivo de violencias, de “afirmación machista, con el feminicidio como prerrogativa del poder masculino”, acotó.

Para agravar todo eso, el ministro de Justicia, Sergio Moro, famoso como el juez de la gran operación de anticorrupción Lava Jato (autolavado de vehículos), presentó al parlamento un paquete de modificaciones legales que busca fortalecer el combate a la criminalidad, endureciendo las penas y ampliando la protección legal a la policía en sus actividades.

Una de las medidas, que aplica para cualquier ciudadano, amplía el concepto de legítima defensa, reduciendo el castigo o incluso descartándolo a quienes maten a causa de “miedo, sorpresa o violenta emoción”.

Parece destinado a la impunidad de los feminicidios, ya que “violenta emoción” es una alegación usual en esos casos.

“Es dramático, se retrocede a la ‘legítima defensa del honor’, que en el pasado fue el argumento para absolver a hombres que asesinaban a mujeres”, un atenuante que costó muchos años de lucha feminista eliminar, destacó Batista.

En Brasil los varones representan más de 90 por ciento de las víctimas de homicidios. Pero aun así, entre 1980 y 2013 fueron asesinadas 106.093 mujeres, según datos del Sistema de Información de Mortalidad del Ministerio de Salud.

Y son cifras que están en aumento. La cantidad anual se elevó de 1.353 en 1980 a 4.762 en 2013 y el índice pasó de 2,3 víctimas por cada 100.000 mujeres a 4,8, más del doble.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Protección de derechos humanos recibe nuevo golpe en la ONU

ter, 21/05/2019 - 16:23

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, May 21 2019 (IPS)

El mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo, que ha pasado a ser socavado por gobiernos nacionalistas de derecha y regímenes autoritarios, ha recibido otro nuevo e importante golpe.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra, informó el 17 de este mes en un comunicado que seis de los 10 órganos de esa máxima instancia en la materia se ven obligados a cancelar sus sesiones este año por razones financieras.

La situación fue descrita como “una consecuencia sin precedentes de que algunos Estados miembros de la ONU retrasen los pagos vencidos a la Organización”, lo que afecta profundamente a la ACNUDH, pese a que su presupuesto representa una mínima parte del presupuesto total del foro mundial.

Anna-Karin Holmlund, abogada principal de la ONU en Amnistía Internacional, dijo a IPS que “está profundamente preocupada por la demora de los estados miembros en el pago de sus contribuciones, lo que tendrá un efecto directo en la capacidad de la ONU para llevar a cabo su vital trabajo de derechos humanos “.

Sin estos fondos, los mecanismos de derechos humanos de la ONU y los tribunales internacionales podrían verse gravemente afectados, advirtió.

Para el 10 de mayo, solo 44 Estados miembros de la ONU, de un total de 193, habían pagado todas las cuotas adeudadas, y Estados Unidos permanecía como el mayor moroso.

“Desafortunadamente, esto es solo lo último en una tendencia preocupante de reducción en el presupuesto de la ONU asignado a sus mecanismos de derechos humanos. Para poner esto en perspectiva, el presupuesto del ACNUDH es solo 3,7 por ciento del total del presupuesto ordinario de la ONU”, subrayó.

Además de la posible cancelación de las sesiones de los órganos vinculados a tratados específicos,  los mecanismos creados por el Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano de la ACNUDH, también podrían verse obstaculizados en sus mandatos.

Se trata de las misiones de investigación y las comisiones de investigación, que monitorean violaciones graves de los derechos humanos en los países, lo que suele crear fricciones con los gobiernos involucrados.

Un mural en Colombia que aboga por la reconciliación, como un acto por las víctimas de derechos humanos. Crédito: Bibiana Moreno/ONU Colombia

La ACNUDH dijo que eso significaba que no se realizarán según lo programado las revisiones ya programadas con los Estados miembros, así como la consideración de las denuncias por parte de víctimas individuales de violaciones graves de derechos humanos, como tortura, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas.

“La cancelación de las sesiones también tendrá muchas otras consecuencias negativas y socavará gravemente el sistema de protección que los propios Estados han implementado durante décadas”, dijo un comunicado emitido por la ACNUDH.

Los presidentes de los 10 Comités adscritos a la ACNUDH están muy preocupados por las consecuencias prácticas de cancelar estas sesiones y han enviado una carta al secretario general de la ONU y a la propia alta comisionada, en que solicitan que, junto con los Estados miembros,  exploren como solventar la situación “como una cuestión de urgencia.

Alexandra Patsalides,  oficial del programa de Igualdad Legal en Equality Now (igualdad ahora), una organización internacional de defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, dijo a IPS que está profundamente preocupada de que las sesiones de los órganos hayan pospuesto por causas financieras.

Recordó que entre los órganos afectados está el Comité de Expertos de la Convención para Eliminar toda forma de  Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con su enfoque en acabar con todos Formas de discriminación de nuevo a mujeres y niñas.Comités de DDHH

Los 10 órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos en las Naciones Unidas son: el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, el Comité sobre Trabajadores Migrantes, el Comité sobre Desapariciones Forzadas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, el Comité sobre los Derechos del Niño, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Subcomité de Prevención de la Tortura.

Patsalides destacó que la crisis se produce particularmente en un momento en que los derechos de las mujeres se socavan y erosionan continuamente en todo el mundo, y las organizaciones de la sociedad civil están operando en un espacio que está siendo cada vez más frontalmente atacado y más reducido.

A su juicio, la ONU debería pedir enérgicamente a las partes estatales que prioricen sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

“Los órganos de los tratados de la ONU son vitales para responsabilizar a los estados por sus compromisos con los derechos de las mujeres y las niñas, y ahora es el momento de aumentar la respuesta internacional, no de recortarla”, dijo Patsalides.

Estas sesiones de revisión ofrecen a las organizaciones de la sociedad civil una oportunidad determinante para que sus gobiernos rindan cuentas de sus compromisos internacionales de derechos humanos y aumenten la conciencia sobre las violaciones de derechos humanos en sus países.

En particular, con el retroceso en los derechos de las mujeres en todo el mundo, ahora es más urgente que nunca que los diversos mecanismos se levanten para defender las lo ganado con gran esfuerzo, señaló.

“Los órganos de tratados de la ONU son a menudo el único mecanismo para que las mujeres y las niñas hagan que sus países rindan cuentas de las violaciones de sus derechos”, afirmó la integrante de Equality Now.

Insistió en que “no podemos permitir que estas voces sean silenciadas y pedimos a la ONU que priorice la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, garantizando r que estos órganos de tratados cuenten con una financiación adecuada y sostenible “.

Época de reveses

Los recortes presupuestarios se producen en un momento en que la ONU está luchando contra una serie de reveses en el campo de los derechos humanos.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Burundi se cerró en febrero por exigencia del gobierno de ese país, ante lo que la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su “profundo pesar”, al forzarse el fin de 23 años de presencia allí.

Mientras, a fines de marzo la ONU se vio forzada e instar a Eritrea que investigue las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus fuerzas de seguridad, incluida la tortura y la esclavitud de cientos de miles, tres años después que una comisión de investigación determinó que se habían producido esos crímenes de lesa humanidad.

Y bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos dejo de cooperar con algunos de los relatores de la ONU, y específicamente una investigación sobre la difícil situación de los migrantes en la frontera con México donde entre otras violencias, algunos han sido agredidos sexualmente, abusos que no han sido denunciados ni procesados.

El gobierno de Myanmar (Birmania) ha prohibido la visita al país de un experto de la ONU para investigar el estado de los refugiados rohinyás .

Sobre Colombia,  Robert Colville, portavoz de la alta comisionada para los Derechos Humanos, dijo el 10 de mayo: “Estamos alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho es que esta terrible tendencia parece empeorar”.

“Pedimos a las autoridades que hagan un esfuerzo significativo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”, añadió.

Apenas en los primeros cuatro meses de este año, señaló, se denunciaron 51  asesinatos de supuestos defensores y activistas de derechos humanos. Una cifra que se suma a la ya alarmante de cifra de 115 defensores de derechos humanos asesinados en 2018, según registros de la oficina en Colombia de ACNUDH.

T: MF

El artículo Protección de derechos humanos recibe nuevo golpe en la ONU fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Reducción de las abejas amenaza la seguridad alimentaria mundial

seg, 20/05/2019 - 16:15

Una abeja recolecta polen y néctar en una flor de eucalipto en la Estación de Investigación Forestal Chesa en Bulawayo, en Zimbabwe. Crédito: FAO

Por Corresponsal Fao
ROMA, May 20 2019 (IPS)

El declive mundial en las poblaciones de abejas supone una seria amenaza para una gran variedad de plantas críticas para el bienestar humano y los medios de vida, y los países deberían hacer más para salvaguardar unas aliadas fundamentales en la lucha contra el hambre y la malnutrición.

Así lo destacó este lunes 20 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Día Mundial de la Abeja, en su sede en Roma.

La cantidad de abejas y otros polinizadores se está reduciendo en muchas partes del mundo debido, en buena parte, a las prácticas agrícolas intensivas, el monocultivo, el uso excesivo de productos químicos agrícolas y a unas temperaturas más altas asociadas al cambio climático, que afectan no solo a los rendimientos de los cultivos sino también la nutrición.

Si esta tendencia continúa, cada vez con más frecuencias los cultivos nutritivos como frutas, nueces y muchas verduras serán sustituidos por cultivos básicos como el arroz, el maíz y las patatas, lo que podría derivar en una dieta desequilibrada.

“Las abejas están bajo la gran amenaza de los efectos combinados del cambio climático, la agricultura intensiva, el uso de pesticidas, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”, dijo el director general de la FAO, José Graziano da Silva, en un mensaje de video grabado para el Día Mundial de la Abeja.

“La ausencia de abejas y otros polinizadores eliminaría el café, las manzanas, las almendras, los tomates y el cacao, por nombrar solo algunos de los cultivos que dependen de la polinización. Los países deben cambiar a políticas y sistemas alimentarios más amigables y más sostenibles para los polinizadores”.

En su mensaje, Graziano da Silva instó a todos a tomar decisiones respetuosas y amigables hacia los polinizadores. “Incluso cultivar flores en casa para alimentar a las abejas es una forma de contribuir a este esfuerzo”, agregó.

La ceremonia del Día Mundial de la Abeja celebrada en la sede de la FAO en Roma contó con la participación de la ministra de Agricultura, Silvicultura y Alimentación de Eslovenia, Aleksandra Pivec, del presidente de la Asociación Eslovena de Apicultores, Boštjan Noč, y del vicepresidente de Apimondia Peter Kozmus.

Eslovenia, junto con la FAO, contribuyó al establecimiento del día internacional a través de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017, con el apoyo de Apimondia, la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores.

Pequeñas criaturas, enormes beneficios

Las abejas se encuentran entre las criaturas que más duramente trabajan en el planeta, brindando el importante servicio de asegurar la polinización y, por lo tanto, la reproducción de muchas plantas silvestres y cultivadas, lo que es crucial para la producción de alimentos, los medios de vida humanos y la biodiversidad.

Las abejas y otros polinizadores, como las aves y los murciélagos, afectan al 35 por ciento de la producción mundial de cultivos, aumentando la producción de 87 de los principales cultivos alimentarios del mundo, además de muchos medicamentos derivados de plantas.

Aproximadamente dos tercios de las plantas de cultivo que alimentan al mundo dependen de la polinización de los insectos o de otros animales para producir frutos y semillas saludables para el consumo humano.

La polinización beneficia la nutrición humana: no solo permite la producción de una gran cantidad de frutas, nueces y semillas, sino también una mayor variedad y una mejor calidad.

La FAO lleva a cabo distintas actividades para alentar las prácticas favorables a los polinizadores en la gestión agrícola, incluida la Acción mundial sobre los servicios de polinización para una agricultura sostenible y la Iniciativa Internacional sobre polinizadores.

El reciente informe El Estado de la Biodiversidad para la Alimentación y la Agricultura de la FAO también destaca que muchas especies asociadas con la biodiversidad, incluyendo las abejas, están gravemente amenazadas y urge a los gobiernos a abordar los impulsores de la pérdida de biodiversidad.

Otro estudio, titulado Evaluación de Polinizadores, Polinización y Producción Alimentaria y lanzado por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, en inglés), con colaboración de expertos de la FAO, destaca una serie de formas de salvaguardar efectivamente las poblaciones de abejas para asegurar la seguridad alimentaria y preservar la biodiversidad.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

RV: EG

El artículo Reducción de las abejas amenaza la seguridad alimentaria mundial fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Los riesgos de la ampliación de la Guardia de Fronteras de la UE

seg, 20/05/2019 - 15:36

Migrantes recogidos por la guardia costera griega en el Mediterráneo. Para 2027, la Unión Europea planea ampliar de 1.500 a 10.000 la dotación de sus guardias fronterizos armados, para patrullar sus fronteras terrestres y marítimas. Algo que despierta la prevención de activistas humanitarios. Crédito: Nikos Pilos / IPS

Por Ida Karlsson
BRUSELAS, May 20 2019 (IPS)

La Unión Europea planea desplegar 10.000 guardias fronterizos armados para 2027, con el fin de ampliar el patrullaje de sus fronteras terrestres y marítimas. Los agentes tendrán la facultad de utilizar la fuerza armada en las fronteras exteriores del bloque.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, la antigua y reforzada Frontex, emplea actualmente a 1.500 efectivos y trabaja junto a las agencias nacionales de control de fronteras. El plan es fortalecer significativamente la fuerza existente.

Los guardias de la Unión Europea (UE) interceptarían a los recién llegados, detendrían los viajes no autorizados y acelerarán el regreso de las personas cuya solicitud de asilo ha fracasado. Los agentes también podrían operar fuera del bloque europeo, con el consentimiento de los gobiernos de terceros países interesados.

De acuerdo con el plan de gastos para 2021 a 2027 propuesto por la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, el bloque aumentará el gasto en migración y seguridad en 20.300 millones de euros (22.700 millones de dólares).

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció en un discurso en Estrasburgo en septiembre de 2018, el plan para fortalecer la Frontex, bajo el argumento de que “las fronteras externas deben protegerse de manera más efectiva”.

“La agencia apoyará mejor y más activamente a los estados miembros en el área de retorno para mejorar la respuesta de la Unión Europea a los desafíos migratorios persistentes”, dijo el comisionado europeo para Migración y Asuntos de Interior, Dimitris Avramopoulos.

La migración se convirtió en un tema que es objeto de división dentro de la UE desde la gran afluencia de refugiados en 2015. Los temores y preocupaciones sobre la migración han llevado a que los partidos neopopulistas y nacionalistas de derecha extrema ganen terreno y lleguen al gobierno en varios estados miembros.

Pero la realidad es que las fronteras europeas están bajo mucha menos presión que hace un par de años. El número de llegadas a la UE bajó desde la cifra más alta de un millón de personas que se alcanzó en 2015 a solo 144.000 en 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los grupos de derechos humanos han advertido contra la creación de una “fortaleza europa” con campos de procesamiento externos y guardias de fronteras con capacidad del uso de la  fuerza.

Philippe Dam, director de la organización humanitaria Human Rights Watch para Europa y Asia Central, dijo que se observa un claro cambio en la UE en materia de asilo y la protección a la gestión y del retorno en las fronteras.

“La estrategia de la UE es empujar a los solicitantes de asilo y refugiados fuera de las fronteras de la UE”, dijo a IPS.

Eso, alertó, “plantea el interrogante de cuáles serán los caminos legales para las personas que necesitan protección. Esto está en contradicción con las mejoras del sistema de asilo. Las personas son enviadas de vuelta a las situaciones de abuso” que las forzaron a dejar sus lugares de origen.

Human Rights Watch, con su base central en Washington, ha documentado casos de violencia innecesaria por parte de guardias fronterizos en Grecia, Bulgaria y Croacia. Hungría también está apresando a las personas en su frontera y privándolas de alimentos.

“No está claro cómo se investigarán los abusos cometidos por la nueva fuerza de fronteras de la UE. Vemos el riesgo de la rendición de cuentas de estos fallos”, dijo Dam.

T: MF

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Crisis humanitaria de Camerún alcanza su nivel más alarmante

seg, 20/05/2019 - 15:22

Minette, de 38 años, tuvo que huir junto con su familia de una de las regiones anglohablantes de Camerún después, de que su hogar fue incendiado, y ahora sobreviven como desplazados internos. Crédito: Tiril Skarstein / NRC

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 20 2019 (IPS)

Las Naciones Unidas deben actuar para evitar una mayor devastación por la escalada de la crisis en Camerún, que desde 2016 ha provocado la muerte de casi 2.000 personas y el desplazamiento forzado de 430.000, plantearon con alarma organizaciones humanitarias.

Durante años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha permanecido prácticamente en silencio sobre la crisis en el país centroafricano, que ahora está empeorando en el noroeste y suroeste de su territorio.

Finalmente, el Consejo de Seguridad celebró una reunión informal el 12 de mayo para abordar la situación en Camerún, pero a juicio de los especialistas en la crisis humanitaria allí, se necesita hacer mucho más que eso, y rápidamente.

“Los miembros del Consejo de Seguridad deben pedir al gobierno de Camerún y a los líderes de los grupos armados separatistas que pongan fin a los abusos contra civiles en las regiones anglófonas y responsabilicen a los responsables de los abusos”, dijo Lewis Mudge, director de África Central de Human Rights Watch (HRW).

“Es una oportunidad para recordar a los agresores que el mundo está mirando”, agregó.

El secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Jan Egeland, hizo comentarios similares destinados al Consejo de Seguridad, al lamentar su falta de atención y respuesta humanitaria.

“Cuando los enfrentamientos brutales desplazan a cientos de miles de civiles, generalmente eso hace sonar las alarmas internacionales”, planteó.

Pero “Las necesidades insatisfechas de decenas de miles de personas que huyen de la violencia en el sudoeste y el noroeste de Camerún no han dado como resultado ningún esfuerzo sistemático de mediación, ningún gran programa de ayuda, mientras hay poco interés de los medios y poca presión sobre las partes para que dejen de atacar a los civiles”, dijo el directivo de la organización humanitaria noruega.

“El silencio colectivo que rodea las atrocidades es tan impactante como las historias no contadas son desgarradoras”, agregó Egeland.

Lo que en 2016 comenzó como protestas contra el creciente dominio de la lengua francesa en las regiones anglófonas de Camerún se ha convertido en un conflicto entre el gobierno y los separatistas de habla inglesa que exigen la creación de un nuevo estado independiente con el nombre de Ambazonia.

Desde entonces, las fuerzas armadas de Camerún han reprimido a los separatistas y las comunidades locales, según las denuncias, matando a decenas de civiles, quemando casas y utilizando la tortura y la detención en régimen de incomunicación con casi total impunidad.

Por ejemplo, el 30 de abril, un grupo de soldados mató a un adolescente de 16 años en la aldea noroeste de Kikaikelaki. Según testigos, las fuerzas de seguridad entraron en la aldea y comenzaron a disparar indiscriminadamente.

Un hombre también le dijo a HRW que las autoridades incendiaron y saquearon 11 casas en la aldea. “Cuando llegaron los militares, me escondí por seguridad. Los observé robar galones de combustible de una tienda y prender fuego a todo mi complejo, y luego se han ido”, dijo el testigo.

Unos días antes, soldados atacaron un centro de salud en la región noroeste de Wum, cuando supuestamente buscaban algunos separatistas heridos, y golpearon a varios miembros del personal médico, lo que forzó el cierre temporal de la clínica.

“Como no encontraron a ningún joven (separatista), comenzaron a golpearnos. Me pegaron tanto que no pude comer ni tragar por días”, dijo una enfermera.

Los separatistas armados también han sido cómplices de la crisis con informes de agresiones a soldados y secuestros de personas, incluidos estudiantes y maestros.

En los últimos tres años, al menos 70 escuelas han sido destruidas y más de 80 por ciento de las escuelas permanecen cerradas, dejando a más de 600.000 niños sin escolarizar en las regiones de habla inglesa del país.

Camerún se convierte en una de las crisis humanitarias de mayor crecimiento en África, con un gran aumento de los desplazamientos forzosos, como confirmó el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, para quien la situación “es más alarmante que nunca”.

“Tanto la situación humanitaria como la de seguridad continúan deteriorándose y corren el riesgo de salirse de control”, dijo Lowcock al Consejo de Seguridad.

Según este diplomático británico, con rango de secretario general adjunto de la ONU, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria aumentó 30 por ciento desde 2018, para situarse en 4,3 millones de personas en la actualidad.

Esto significa que uno de cada seis cameruneses necesita ayuda, más de la mitad de los cuales son niños, subrayó.

Solo en las regiones anglófonas del noroeste y suroeste, hay más de 1,3 millones de personas que necesitan ayuda, ocho veces más que el año anterior.

La crisis humanitaria es avivada por el hecho de que las regiones del este y norte de Camerún están recibiendo junto con desplazados internos a refugiados que huyen de la violencia de los países vecinos de Nigeria y la República Centroafricana.

Entre los mayores desafíos está la falta de financiamiento, anotó Lowcock.

En 2018, el plan de respuesta humanitaria de Camerún solo fue financiado  un 44 por ciento. Este año, solo 13 por ciento de ese plan con necesidades crecientes tiene financiamiento.

Lowcock destacó que es indispensable que aumente la toma de conciencia internacional sobre la crisis humanitaria en el país centroafricano, mejorar el financiamiento y abordar las causas subyacentes de la crisis armada camerunesa.

Egeland confirmó el desaliento de las víctimas del conflicto de Camerún por la falta de atención de la comunidad internacional.

“Un grupo de mujeres desplazadas y desilusionadas que conocí me dijo que se sentían abandonadas por la comunidad internacional y por las partes en conflicto”, afirmó.

“Me preguntaron ¿dónde está la solidaridad internacional? ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Organizaciones africanas, las naciones donantes? ¿Dónde está Europa? Este conflicto tiene sus raíces en generaciones de interferencias de las potencias europeas”, añadió el activista humanitario noruego.

A su juicio, “la ausencia de una respuesta humanitaria proporcional a los cientos de miles de personas con grandes necesidades insatisfechas es sorprendente. Somos muy pocos actores humanitarios en el terreno, y tenemos una grave carencia de fondos”.

Para Egeland es indispensable y urgente que las agencias de la ONU que están en el terreno reciban los recursos humanos y financieros necesarios.

La organización humanitaria HRW, con su base central en Washington,  instó al Consejo de Seguridad a hacer de Camerún un tema formal en su agenda y presionar una investigación para procesar a los responsables.

Mudge también señaló la necesidad de que el país permita el acceso y la cooperación con organizaciones internacionales de derechos humanos.

En abril, el gobierno de Camerún negó la entrada de un investigador de HRW al país luego de documentar un ataque mortal de las fuerzas de seguridad en la región noroeste.

“La decisión de Camerún de bloquear a un investigador y observador de derechos humanos demuestra su determinación de ocultar su brutalidad … el Consejo de Seguridad de la ONU debería alentar al país a permitir el acceso a las organizaciones internacionales de derechos humanos y cooperar con ellos”, dijo Mudge.

La alta comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien visitó a comienzos de mayo a Camerún, también planteó el tema de la falta de acceso para los actores humanitarios y destacó la necesidad de actuar antes de que la situación pase a estar “completamente fuera de control”.

“Creo que hay una clara, aunque posiblemente estrecha, ventana de oportunidad para detener las crisis que ha provocada cientos de miles de desplazadas internas, así como los asesinatos y las brutales violaciones y abusos de los derechos humanos”, que han afectado zonas del norte y el oeste del país, dijo Bachelet en Yaunde, la capital del país.

A juicio de la expresidenta chilena, “no será fácil dar vuelta a estas situaciones” y para lograrlo “serán necesarias acciones significativas por parte del gobierno, y un apoyo sustancial y sostenido de la comunidad internacional, incluyéndonos a nosotros en las Naciones Unidas”.

“Las apuestas son altas, no solo para Camerún, sino para toda la región”, agregó al finalizar una visita de cuatro días.

T: MF

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¿Quiénes son y dónde están las personas con inseguridad alimentaria en Panamá?

seg, 20/05/2019 - 12:16

Equipo de encuestadoras de campo organizan las viviendas del entorno a visitar. Crédito: FAO Mesoamérica

Por Corresponsal Fao
PANAMÁ, May 20 2019 (IPS)

Son las 8 de la mañana y un grupo de encuestadores del Instituto de Estadística y Censo de Panamá se alistan para iniciar una nueva jornada laboral. Carpetas en mano, cargadas de encuestas, se dirigen de nuevo a la comunidad de Ipetí Emberá, donde han estado trabajando intensamente, puerta a puerta, para reunir la mayor cantidad de datos sobre las viviendas y hogares: integrantes del hogar, características de la vivienda, ingresos… y grado de inseguridad alimentaria.

Adriana Griffith es una de las encuestadoras que conforman el equipo, y se dirige a la primera vivienda asignada, donde le recibe una mujer de mediana edad acompañada de tres de sus hijos.

“Buenos días, venimos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y nos gustaría hacerle una encuesta. Estos datos son totalmente confidenciales, y servirán para conocer más sobre su hogar, vivienda y comunidad”, explica pausadamente Adriana.

Tras confirmar la utilidad de su participación, la señora accede a ser entrevistada y Adriana inicia su trabajo. Primero datos sobre su vivienda seguidos de otros más específicos que su interlocutora va respondiendo.

“Ahora llegamos a unas preguntas más sensibles y me gustaría que me comunique si no entiende bien la pregunta o necesita que le explique con detalle”, señala Adriana, a lo que su interlocutora asiente, comprendiendo de qué se trata al escuchar la pregunta.

– En los últimos 12 meses, usted o algún otro adulto de su hogar ¿se ha preocupado por no tener suficiente alimento para comer por falta de dinero u otros recursos?, inquiere.

Esta pregunta no era común en Panamá, pero durante el mes de diciembre de 2018 se repitió en todas las viviendas que participaron en la aplicación piloto de la encuesta de propósitos múltiples con el módulo de inseguridad alimentaria incorporado, que posteriormente se escaló a nivel nacional.

“La inseguridad alimentaria es un fenómeno muy difícil de medir, pero sabemos que las personas que la sufren, pasan por ciertas experiencias que permiten identificarla”, explicó Verónica Boero, oficial regional de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Una de las encuestadoras entrevista a una mujer indígena, mientras dos hijas observan, en la entrada de una vivienda de la comarca emberá. Crédito: FAO Panamá

Una buena parte de los panameños que sufren inseguridad alimentaria viven en comunidades rurales e indígenas, pero hasta entonces no existía una medición desagregada.

“Las comunidades indígenas manifestaron que la forma en que se tomaban los datos y se hacían las preguntas no reflejaba su realidad y sus verdaderas necesidades”, explica Vilma Cuevas, estadística de la sección de Población y Vivienda del INEC.

Por estos motivos, el INEC, con la asistencia técnica de FAO y la coordinación de la Secretaría Técnica del Gabinete Social para la articulación con las otras instituciones, puso en marcha un proyecto piloto de recolección de datos estadísticos para aplicar la escala de inseguridad alimentaria basada en experiencias (FIES, en inglés) en cuatro comunidades indígenas del país.

“La escala FIES consiste en un módulo de ocho preguntas, que pueden integrarse fácilmente en diversos tipos de encuestas nacionales para medir esa inseguridad alimentaria a través de las experiencias de quienes la sufren”, agregó Boero.

Las preguntas del módulo FIES se centran en experiencias y comportamientos relativos a la alimentación descritos por los encuestados y las dificultades para acceder a los alimentos. Su medición complementa a otros indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, contribuyendo a un conocimiento más amplio de las causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria.

Para incluir el módulo FIES en la encuesta de propósitos múltiples que se levanta anualmente en el país, se realizó una revisión técnica del cuestionario y posteriormente se probó su implementación en campo en comunidades indígenas, previa consulta a través de la aplicación de una consulta para contar con el consentimiento previo, libre e informado.

También se brindó capacitación a técnicos y encuestadores del INEC sobre la escala FIES y su aplicación, así como a encuestadores de las propias comunidades indígenas, para respetar la pertinencia cultural y formular las preguntas en su idioma, facilitando así la comprensión de los encuestados y la fiabilidad de los datos levantados.

Este proceso también contó con colaboración del Programa Mesoamérica Sin Hambre, implementado por la FAO con el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En total, el proyecto piloto permitió recolectar información sobre 450 viviendas y 2.285 personas de las comunidades indígenas de Llano Ñopo (Gnöbe Buglé), Ipetí Guna, Ipetí Emberá y Piriatí (Emberá) para su posterior análisis y evaluación.

Yorizel González, indígena de la comarca guna de Madugandí, fue capacitada como encuestadora en este proceso. “Esta fue mi primera experiencia como encuestadora y me resultó muy buena porque me permitió conocer más sobre la realidad de mi pueblo”, afirmó.

Posteriormente, Yorizel formó parte del equipo de encuestadores de la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples de Panamá (EPM), que se inició el pasado mes de marzo con el módulo FIES ya incorporado a nivel nacional, y en la cual fue muy valiosa la información obtenida del proyecto piloto y las lecciones aprendidas de su implementación en campo.

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta permitirán identificar con mayor precisión quiénes son y dónde están las personas que padecen inseguridad alimentaria en Panamá, así como posibles factores de riesgo, datos que permitirán el desarrollo de políticas públicas e intervenciones más focalizadas y eficaces.

“La inclusión de este módulo va a permitir medir los progresos del país en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 mediante el indicador 2.1.2 Prevalencia de inseguridad alimentaria según la escala de experiencia y generar información para el desarrollo de políticas para avanzar hacia su logro”, concluyó Verónica Boero.

“Contar con datos que permitan esclarecer la situación de los pueblos indígenas con la participación de las comunidades es fundamental. Estamos iniciando un proceso y esperamos que en el camino se fortalezca la relación de las autoridades nacionales, los pueblos indígenas y las organizaciones internacionales para lograr ese desarrollo integral que necesitan los pueblos indígenas de Panamá”, afirmó Sara Omi, presidenta del Congreso Emberá de Alto Bayano.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

RV: EG

El artículo ¿Quiénes son y dónde están las personas con inseguridad alimentaria en Panamá? fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Alianzas para promover la igualdad de las personas LGBTI

seg, 20/05/2019 - 11:32

Activistas dominicanos del colectivo LGBTI. Crédito: PNUD República Dominicana

Por Inka Mattila
SANTO DOMINGO, May 20 2019 (IPS)

A medida que los Estados y las organizaciones de la sociedad civil están actuando cada vez más para abordar el estigma, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos dirigidas a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), los diálogos y las alianzas se han convertido en una herramienta importante para enfrentar conjuntamente estos desafíos.

De ahí, la motivación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para trabajar en la promoción de este tipo de iniciativas basadas en el principio de la Agenda 2030; escuchar las voces y alcanzar a aquellos que se quedan más atrás.

En la República Dominicana, el PNUD en asociación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) organizó recientemente un Diálogo Nacional LGBTI con la presencia de participantes de instituciones gubernamentales, representantes del Congreso (legislativo), organizaciones de la sociedad civil, agencias de las Naciones Unidas, líderes religiosos, academia, instituciones privadas, medios de comunicación, organizaciones internacionales, embajadas y activistas LGBTI.

Inka Mattila. Crédito: PNUD

Durante dos días, hablaron sobre cómo promover políticas públicas e iniciativas del sector privado que aseguren la inclusión social y económica de esta parte de la población, en el marco de la Agenda 2030 y su compromiso fundamental sin dejar a nadie atrás.

A diferencia de otros países de la región y el globo, la República Dominicana no penaliza las relaciones del mismo sexo entre adultos. La Constitución del país garantiza el principio de no discriminación independientemente de cualquier condición, y protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Durante el diálogo, el gobierno dominicano presentó sus esfuerzos para reducir la discriminación contra las personas LGBTI en respuesta al VIH a través del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).

También presentó acciones específicas para promover la igualdad de las personas LGBTI en su Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Igualdad de Género, así como las iniciativas del Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.

No obstante, aún existen muchos desafíos, algunos de ellos son la prohibición de la discriminación o la violencia basada en la orientación sexual o la identidad de género por el código penal y el código laboral.

Se necesitan más esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, salud, educación superior, justicia y reducción de la pobreza. En todo el mundo, las minorías sexuales y de género están con frecuencia entre las más marginalizadas y, como tal, requieren atención e inclusión específica para impulsar la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Diálogo Nacional en República Dominicana fue el resultado de muchos años de movilización por organizaciones de la sociedad civil LGBTI, que aprovecharon este espacio para acercarse de las instituciones gubernamentales y otros actores de relevancia.

Entre las recomendaciones derivadas del diálogo está la creación de una ley contra la discriminación que establece efectivamente el artículo 39 (“Derecho a la igualdad de trato”) de la Constitución dominicana.

Eso incluye el delito de homicidio agravado y tortura, debido a delitos de odio, en el Código Penal nacional; una ley de identidad de género que garantiza a las personas trans el derecho a cambiar su nombre, imagen, sexo / género en sus documentos de identidad de acuerdo con su identidad de género; y trabajar para eliminar el estigma y la discriminación en el cumplimiento de los derechos de salud, educación, seguridad, empleo y acceso a la justicia.

Asimismo, los resultados de esta iniciativa se incluirán en el primer informe “Ser LGBTI en República Dominicana”, un documento con información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el país, junto con los resultados de la primera encuesta nacional de LGBTI y un Informe Intersex regional, que documenta las realidades de este grupo en cuatro países del Caribe.

A día de hoy, existe una seria carencia de datos que capturen la realidad que vive la comunidad LGBTI; por lo que el informe y la encuesta mencionados ayudarán a reflejar esas realidades, a menudo invisibilizadas.

Queda mucho por hacer, pero las instituciones gubernamentales y los representantes del congreso han demostrado la voluntad política tan necesaria para defender los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTI, esenciales para garantizar una República Dominicana más justa e inclusiva.

Al mismo tiempo, una encuesta realizada en 2015 por PNUD, UNFPA y UNICEF a estudiantes de secundaria reveló que el 80% de las alumnas y el 72% de los varones respetarían a las personas con una orientación sexual diferente a la suya, lo que sugiere que puede haber un alcance potencial para movilizar a los jóvenes a favor de este grupo.

Ahora la República Dominicana tiene la oportunidad única de establecer una prioridad en el avance de los derechos humanos y las políticas públicas de las personas LGBTI, que podrían servir como ejemplo y liderar la agenda en la región.

El Diálogo LGBTI ha mostrado que una respuesta integral del Gobierno es necesaria, desarrollando planes de acción; estableciendo foros de consulta que incluyan a la comunidad LGBTI y trabajen con socios de sociedad civil para derribar las barreras que impiden a las personas LGBTI beneficiarse de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Para lograr un desarrollo sostenible, la comunidad global debe garantizar que todos y todas, al margen de nuestra orientación sexual, identidad de género o estatus intersex, aprendamos y crezcamos en espacios seguros; cuando los individuos se sienten bienvenidos en sus hogares, lugares de trabajo y comunidades; cuando las personas se sienten seguras, respetadas, amadas y libres, todas las naciones ganan.

RV: EG

El artículo Alianzas para promover la igualdad de las personas LGBTI fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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¿Necesita la construcción de la paz una convención mundial?

sex, 17/05/2019 - 15:38

Uno de los paneles celebrados durante Sexto Foro Anual sobre Paz y Desarrollo, realizado en Estocolmo entre el 14 y el 16 de mayo. Crédito: Sipri

Por Thalif Deen
ESTOCOLMO, May 17 2019 (IPS)

¿Hace falta  una convención mundial de principios comunes para la construcción de la paz? Esa fue la pregunta que sobrevoló durante el Sexto Foro Anual sobre Paz y Desarrollo, que se desarrolló en la capital sueca, en medio de lo que se calificó como un clima internacional de amenaza para la seguridad planetaria.

Las crecientes intervenciones militares, la propagación de emergencias humanitarias, la migración forzada, el aumento guerras civiles, eventos extremos provocados por el cambio climático, y la pobreza generalizada y el hambre relacionada con los conflictos, son los componentes de esa amenaza, resumieron participantes en el encuentro de tres días.

El Foro, que concluyó el jueves 16, fue organizado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores sueco.

Durante muchas décadas, dijo el ministro sueco de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Peter Eriksson, las reglas de la guerra estuvieron regidas por la Convención de Ginebra, pero no ha sucedido lo mismo con las de la paz y el desarrollo.

“¿Necesitamos desarrollar y adoptar principios comunes para construir la paz?”, se preguntó durante la inauguración del Foro, ante más de 400 políticos, investigadores y profesionales de alto nivel participantes en el encuentro.

El ministro recordó que las Naciones Unidas están implementando reformas para mejorar la respuesta a la crisis, mantener la paz y el desarrollo sostenible, mientras que el Banco Mundial ha iniciado el desarrollo de una nueva estrategia para responder a la “Fragilidad, Conflicto y Violencia”.

Por su parte, la Unión Europea trabaja en su “Enfoque Integrado para Conflictos y Crisis” y la Unión Africana intensifica su “compromiso con respuestas a la crisis”.

También el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE/CAD) ha elaborado nuevas recomendaciones sobre el nexo entre Desarrollo Humanitario y Paz.

Tras recordar esos datos, Eriksson se preguntó: ¿existen mecanismos suficientes para unir a quienes dan respuesta a las crisis con aquellos que trabajan en construir la paz y el desarrollo? Y si esto no sucede, agregó, ¿qué se necesita?

Jan Eliasson, presidente de la Junta de Gobierno del Sipri y ex secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó que durante los últimos cinco años el Foro ha dado forma al debate mundial sobre el tema, desarrollando ideas innovadoras y construyendo puentes cruciales.

El ministro sueco para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, Peter Eriksson, durante sus reflexiones en la sesión de apertura del Sexto Foro Anual sobre Paz y Desarrollo, el 14 de mayo, en Estocolmo. Crédito: Sipri

Comentó que el Sipri tiene un programa en el Sahel que se centra en las perspectivas locales sobre la paz y la seguridad, mientras también desarrolla la incorporación de esas perspectivas locales en las intervenciones internacionales en Malí y en el resto de la región africana.

Además, el Sipri, en cooperación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, realiza un proyecto para comprender mejor los vínculos entre la seguridad alimentaria y el hambre, con el fin de ayudar a mejorar la sensibilidad al conflicto de uno de los programas más importantes de respuesta a las crisis.

“Nuestro trabajo sobre género y la inclusión social en los procesos de paz continúa avanzando a medida que avanzamos en la base de conocimientos y los vínculos entre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)”, dijo Eliasson.

También el Sipri particiá en la recién creada Comisión Lancet-Sight, que evalúa cómo la salud y la igualdad de género contribuyen a sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Los desafíos globales nunca pueden superarse de manera aislada, sino que solo pueden abordarse a través del diálogo y la cooperación, enfatizó Eliasson.

Susan Wilding, quien dirige la oficina en Ginebra de Civicus, la alianza global de organizaciones de la sociedad civil, aseguró a IPS que “la respuesta a la pregunta del ministro debería ser SÍ. Necesitamos desarrollar principios comunes para la construcción de la paz”.

La activista recordó que las recomendaciones la OCDE/CAD hablan de “prevención siempre, desarrollo siempre que sea posible, acción humanitaria cuando sea necesario, además del nexo humanitario de desarrollo y paz”.

Pero lo que no tienen en cuenta, especialmente en lo que respecta a la parte de prevención, es el nexo con los derechos humanos, criticó Wilding.

“¿Cómo podemos esperar prevenir los conflictos si no nos enfocamos primero en la prevención de los abusos de los derechos humanos? ¿Cómo podemos esperar alcanzar los ODS a nivel nacional mientras prevalecen los abusos de los derechos humanos y las restricciones del espacio cívico?”, se preguntó.

A juicio de la representante de Civicus, “si no empezamos a ver el vínculo entre los derechos humanos, el espacio cívico y la agenda humanitaria, de desarrollo y de paz, seguramente fracasaremos en nuestros esfuerzos por alcanzar cualquiera de los objetivos”.

Alex Shoebridge, asesor de consolidación de la paz de la organización humanitaria Novib Oxfam, dijo a IPS que si bien el Banco Mundial, la ONU y algunos donantes han tratado de reflexionar sobre su contribución a la construcción de la paz, es necesario un cambio más esencial en el apoyo internacional a esa construcción.

 

Señaló que la paz sostenible solo se puede lograr mediante esfuerzos liderados localmente que sean inclusivos, interconectados y que vayan más allá de los gobiernos.

Este es especialmente el caso en contextos donde los gobiernos mismos son parte del conflicto, como se produce en un número creciente de contextos, incluidos los países de ingresos medios, señaló Shoebridge.

“Las mujeres y los jóvenes deben desempeñar un papel clave en la configuración de los futuros pacíficos para sus países, y no estar al margen o participar de una manera simbólica”, añadió.

Para el especialista humanitario, se requiere también que el apoyo externo a la construcción de la paz vaya más allá del ciclo del proyecto y más allá de las soluciones técnicas centradas en la reforma de las instituciones dirigidas por el estado.

Las investigaciones muestran que se necesitan al menos dos décadas para que un país emerja de los legados del conflicto y los transforme. Los conflictos son relacionales, con profundas desigualdades, agravios históricos y normas de género negativas que sostienen y perpetúan conflictos entre grupos.

Además, destacó Shoebridge, 60 por ciento de los conflictos tienen lugar en países que han experimentado conflictos anteriormente, lo que significa que el desarrollo y la asistencia humanitaria deben hacer más para garantizar que los resultados de la construcción de la paz se respalden a corto, mediano y largo plazo.

“No podemos quitar el ojo de la pelota, cuando las causas estructurales del conflicto, como la desigualdad y la marginación, siguen sin resolverse”, concluyó.

T: MF

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Escuelas chilenas reciclan aguas grises para mitigar la sequía

sex, 17/05/2019 - 12:23

El director de la escuela rural de Samo Alto, Omar Santander, muestra tomates orgánicos en el invernadero que construyeron maestros y familiares de los estudiantes, quienes cuidan los cultivos regados con agua de lluvia o reciclada, en Coquimbo, una región del norte de Chile que sufre gran escasez de lluvia. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Por Orlando Milesi
OVALLE, Chile, May 17 2019 (IPS)

Niños de los colindantes municipios de Ovalle y Río Hurtado, en el norte de Chile, reciclan aguas de lluvia y grises en sus escuelas para regar árboles frutales y hortalizas, en una iniciativa con la que quieren contrarrestar las carencias del recurso en esta región semiárida.

Otros jóvenes que culminan sus estudios técnicos en el mismo municipio, construyeron simultáneamente un filtro que a corto plazo optimizará esa recuperación de aguas.

“El cuidado del agua tiene que comenzar por los niños”, dijo a IPS Alejandra Rodríguez, con un hijo que estudia en la escuela de Samo Alto, una localidad rural en la ladera de la Cordillera de los Andes, en el pequeño municipio de Río Hurtado,  con unos 4.000 habitantes, parte de la región de Coquimbo.

“Mi hijo me trajo un tomate cosechado para que sacara semillas. Para ellos cosechar es el premio. Él hizo su huerto al lado de la casa y fue muy  emocionante”, agregó Maritza Vega, apoderada de la misma escuela que instruye a 77 alumnos cuyas edades oscilan de cuatro a 15 años.

El director, Omar Santander, recordó a IPS durante su recorrido por escuelas rurales de la zona para observar la experiencia, que “el río Hurtado (del que el municipio toma el nombre) fue tradicionalmente generoso, pero hoy solo permite regar cultivos en forma alternada, algunos días. La gente se pelea por regar”.

En la escuela de Samo Alto acopian agua de lluvia y también aguas recicladas tras diferentes usos. “Con llaves se cierra el paso y luego se envía el agua a un doble filtro”, explicó antes de detallar que cuentan con un estanque para 5.000 litros.

El recibo mensual de agua bajó mucho, pero Santander cree que lo más importante “es la conciencia que ha generado en los niños”.

“Antes había agua y los hábitos de los adultos vienen de entonces. Los estudiantes son una inducción para crear conciencia entre sus familiares. Queremos que la dimensión ambiental sea una herramienta para la vida”, resumió.

Para Admalén Flores, alumna de 13 años, “los tomates que uno cosecha son más sabrosos y mejores”, mientras que Alexandra Honores,  de la misma edad, destacó que “ahora mi abuelo reutiliza el agua”.

La escuela básica El Guindo, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Ovalle, cabecera del municipio, dentro de un poblado con fama de ser un foco de venta de drogas, estuvo mal calificada hasta hace tres años.

Entonces, su director, Patricio Bórquez, y la profesora de ciencias, Gisela Jaime, comenzaron un proceso de recuperación de aguas grises. También plantaron árboles y especies nativas para adaptarse al ambiente seco del municipio de 111.000 habitantes y situado a unos 400 kilómetros al norte de Santiago.

Cuatro estudiantes de 13 y 14 años conversan con IPS sobre como el proyecto de reutilización del agua les ha hecho tomar conciencia de la importancia de cuidar el recurso en el territorio semiárido donde viven, en un aula de la escuela rural de El Guindo, en el municipio de Ovalle, en Chile. Crédito: Orlando Milesi/IPS

“El proyecto nació porque no había vegetación”, contó la maestra. Hoy recuperan 8.000 litros de agua cada mes. “Enseñar el cuidado del medio ambiente es una habilidad para la vida”, subrayó el  Bórquez.

“Teníamos un estigma como escuela en cuyo entorno hay mucha drogadicción. Hoy estamos considerados en Ovalle como el recinto donde se hacen más programas. Fuimos terceros en la medición en ciencias”, destacó.

Para Jaime, la experiencia es “gratificante” porque obtuvo “herramientas para crecer y crear conciencia en los niños y en toda la comunidad sobre la importancia  del cuidado del agua y los recursos”.

El geógrafo Nicolás Schneider, creador de la Fundación un Alto en el Desierto, dijo a IPS que su oenegé estima que la recuperación de aguas grises ya alcanzó a un millón de litros tras ocho años de trabajo con esas escuelas rurales de Ovalle.

En este municipio seco y de pluviosidad variable, “en 2018 apenas cayeron 37,6 milímetros de agua lluvia. La cifra está muy por debajo del promedio normal del período 1981-2010 que es de 105,9 milímetros”, indicó a IPS desde Santiago la especialista Catalina Cortés,  de la Dirección de Meteorología de Chile.

Schneider califica de “crítica” la situación hídrica en la región de Coquimbo, que es la frontera sur del desierto de Atacama y que tiene 90 por ciento de su territorio erosionado y degradado.

“Debido al cambio climático, cada vez llueve menos y cuando lo hace es de manera muy concentrada. Tanto la falta de lluvia como la concentración de la misma causa serios daños a la población”, sostuvo.

Innovador filtro de reciclaje

Guiados por sus profesores, los estudiantes del Liceo Politécnico de Ovalle construyeron un sistema de filtración ideado por el profesor Eduardo Leiva, de la facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica. El filtro busca elevar el estándar técnico con que se limpian las aguas grises.

Duan Urqueta, de 17 años, alumno de cuarto año de Electrónica en el Liceo Politécnico de Ovalle, explica las características del premiado filtro para aguas grises en cuya construcción participó. Inicialmente se van a instalar unidades en ocho escuelas rurales del municipio, en el norte de Chile. Crédito: Orlando Milesi/IPS

El prototipo ya instalado recupera el agua de los baños que usan 1.200 alumnos del Liceo Politécnico. Con esa agua se riegan tres áreas con 48 especies arbóreas. Filtros similares se instalarán desde junio en ocho escuelas rurales de Ovalle.

Así, la calidad del agua recuperada aumentará debido al filtro construido gracias a un proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad del gobierno regional de Coquimbo, con protagonismo de la Universidad Católica, la Fundación un Alto en el Desierto y el Liceo Politécnico de Ovalle.

Ese prototipo fue construido por 18  alumnos y ocho profesores de Mecánica, Montaje Industrial, Electrónica, Electricidad y Dibujo Técnico tiene dos estanques para 1.000 litros cada uno.

El primario recibe agua de los lavamanos que se conduce por cañerías y por peso gravitacional. Mediante una electrobomba, el agua se eleva hasta un filtro de tres columnas ubicadas en forma secuencial-vertical. Cada columna mide 0,35 metros de alto y 0,40 metros de diámetro.

“El material filtrante en cada columna debe ser de granulometrías diferentes y puede ser gravilla y/o arena de cuarzo (zeolita), carbón activado, arena o grava”, describió Hernán Toro, profesor jefe de Montaje Industrial.

Toro detalló a IPS que “el prototipo tiene una columna con zeolita y dos columnas de carbón activado. Las columnas están montadas sobre una estructura metálica de 2,60 metros de altura”.

Vista del filtro para limpiar aguas, ideado en el Liceo Politécnico de Ovalle, construido por un grupo de profesores y alumnos del centro, con financiamiento del gobierno de la región de Coquimbo, en el norte de Chile. Su costo unitario es de 2.170 dólares y va a potenciar el reciclaje del agua en las escuelas de este municipio semiárido. Crédito: Orlando Milesi/IPS

El agua impulsada desde el estanque alcanza la columna más alta del filtro, pasa a través del material filtrante y por gravedad cae y pasa secuencialmente por las otras columnas. Finalmente, el agua es conducida al estanque secundario y mediante otra electro-bomba llega a los circuitos de regadío.

Duan Urqueta , alumno de electrónica de 17 años, explicó a IPS que sacaron muestras de tierra y agua en siete localidades de Ovalle y “usamos la peor agua para probar el filtro que está hecho acá en el Liceo con materiales reciclables”.

En 2018,  “con el filtro ganamos el primer puesto en la Feria de Ciencias de La Serena, la capital de la región de Coquimbo, recordó orgulloso.

Pablo Cortés (17), estudiante de montaje industrial, destacó que el proyecto le aportó “una evolución notable con aprendizaje y encuentro personal. Me cambió como persona”.

Para el profesor Toro la experiencia “ha sido enriquecedora y de impacto social. Estamos sembrando en los jóvenes una semilla de conciencia ecológica”.

“Es un programa de aprendizaje, servicio y ayuda a la comunidad. Todos aprenden. Hemos visto gente llorando de emoción en sus localidades”, describió.

Ahora van a incluir en el proyecto un equipo fotovoltaico, que bajará los costos de energía, mientras ya cuentan con un sistema de automatización para descargar agua, que legalmente solo puede ser almacenada por un tiempo.

En ocho escuelas, incluidas las de Samo Alto y El Guindo, esperan esos nuevos filtros, cuyo costo unitario es de 2.170 dólares.

Schneider cree, empero, que a nivel macro “el reciclaje de agua es insuficiente”, para combatir la carencia de agua en esta zona semiárida. Y va más allá. Afirma que “hay ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial o manejo de cuencas reales en el territorio”.

“Con el marco actual regulatorio del agua, el agronegocio de exportación, principalmente de frutales, se ha tomado los valles, ha concentrado el agua y tiene tomado el territorio. Y el Estado hace vista gorda”, denunció.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Gobierno, el enemigo público de la educación en Brasil

qui, 16/05/2019 - 16:03

Estudiantes gritan consignas contra los recortes a las universidades públicas en Brasil, en la protesta en Río de Janeiro. La gran manifestación contra “la política antieducación” del presidente Jair Bolsonaro congregó el 15 de mayo 1,5 millones de personas en 200 ciudades, según los organizadores. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 16 2019 (IPS)

El presidente Jair Bolsonaro ha hecho méritos para convertirse en el mayor enemigo de la educación en Brasil, en lo que pudiera parecer un intento de suicidio político, aunque sea algo incompatible con el instinto del poder.

Más de un millón de personas salieron a las calles en al menos 200 ciudades del país, el miércoles 15 de mayo, para protestar contra los recortes presupuestarios impuestos a la enseñanza pública, especialmente a las universidades, única medida relevante de su gobierno en el sector desde la toma de posesión el 1 de enero.

Bolsonaro, un político y militar retirado de extrema derecha, reaccionó llamando a los manifestantes “idiotas útiles” y “masa de maniobra de una minoría de listillos”, en declaraciones a periodistas que cubrían su visita a la ciudad estadounidense de Dallas. Militantes ideológicos controlarían las universidades, adujo.“Participaron no solo profesores, alumnos y funcionarios de universidades, sino exalumnos, sindicalistas, políticos opositores. No se puede denominarlo un movimiento de minoría, sino una nación en defensa de su enseñanza pública”: Maristela Crispim.

Pero, de hecho,  el Día Nacional en Defensa de la Educación, una de las más masivas protestas de este siglo en Brasil, no contó con líderes visibles ni una participación ostensible de partidos en su convocatoria y organización.

Carteles improvisados en cartones o tejidos fueron el recurso de expresión gráfica más usado, reflejando la movilización mayoritariamente espontanea de 1,5 millones de personas en todo el país, según  los organizadores de la Unión Nacional de Estudiantes, sindicatos y movimientos sociales.

Portar libros fue otra manera común de destacar la importancia de la educación.

“Bolsonaro es enemigo de la educación”, rezaba el cartel de un sindicato de profesores que sintetizó una opinión generalizada entre los manifestantes, coreada en forma diferente durante las movilizaciones.

“Elegir la educación como enemiga del país” fue la decisión del actual gobierno que provocó como respuesta esas masivas protestas, señaló Fernando Haddad, el rival de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2018 y exministro de Educación (2005-2012), en un discurso durante la manifestación en São Paulo.

Esa es una orientación peligrosa para cualquier político, que tiende a aislarlo, ante el consenso de que la enseñanza es el factor indispensable e insustituible para el desarrollo y el futuro de la sociedad brasileña.

La presencia de muchos manifestantes ajenos a las escuelas, incluso ancianas que se presentaban como “abuelas de estudiantes”, escenifico el apoyo de la sociedad en general a las inversiones en la educación pública.

En este país de 209 millones de personas, hay 67 universidades federales estatales, con dos millones de estudiantes. A ellas se suman otras universidades públicas financiadas por los gobiernos de los estados, para alcanzar un total de ocho millones de estudiantes universitarios en centros del Estado.

Las mujeres son la vanguardia opositora al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desde antes de su llegada al poder, y tuvieron también un papel protagonista en las protestas del 15 de mayo por sus “ataques” a la educación pública, como sucedió en la marcha en la ciudad suroriental de Vitória. Crédito: PT

En 2018, Brasil tenía 48,5 millones de estudiantes en la enseñanza básica (primaria y secundaria), según el censo escolar. De ese total, 73,5 por ciento estudiaban en escuelas públicas, municipales o estadales, siendo un gran elemento de democratización y de ascensor social en el país.

Mapa teñido de movilizaciones

En Fortaleza, capital del nororiental estado de Ceará, la movilización empezó temprano con estudiantes bloqueando avenidas.

“Participaron no solo profesores, alumnos y funcionarios de universidades, sino exalumnos, sindicalistas, políticos opositores. No se puede denominarlo un movimiento de minoría, sino una nación en defensa de su enseñanza pública”, definió a IPS la periodista Maristela Crispim, fundadora de la agencia Eco Nordeste, especializada en la sostenibilidad.

São Paulo, la mayor metrópoli brasileña, de 12 millones de habitantes que suben a 22 millones si se suma su área metropolitana, reunió 500.000 manifestantes en su avenida Paulista, el centro financiero nacional y escenario usual de las mayores manifestaciones políticas y fiestas populares en Brasil.

En Río de Janeiro concurrieron cerca de 150.000 personas, según el Sindicato de Profesionales de la Educación.

Pero también pequeñas ciudades diseminadas por este país de dimensiones continentales tuvieron su jornada en defensa de sus escuelas y universidades públicas.

Muzambinho, una ciudad de solo 20.000 habitantes en el suroriental estado de Minas Gerais,  movilizó sus estudiantes por segunda vez en 10 días, para reclamar la estabilidad financiera de su Instituto Federal que tiene un campus con seis cursos universitarios.

“Esta vez vino menos gente”, se lamentó con IPS desde esa ciudad la estudiante de veterinaria Tereza Camargo Pezzuti. Presentaciones musicales y de danza atrajeron la población local que también puso conocer muestras de los trabajos científicos de los estudiantes.

#Antieducación ideológica

La etiqueta de “antieducación” puesta a Bolsonaro no deriva solo de los recortes presupuestarios, que el ministro de Educación y Cultura, Abraham Weintraub, trató de justificar como una necesidad financiera ante la merma de ingresos fiscales, en una audiencia en la Cámara de Diputados, en Brasilia, el mismo 15 de mayo.

Se debe a la crisis económica heredada de gobiernos anteriores, arguyó en la sesión a que fue obligado a concurrir por decisión de una amplia mayoría de los diputados.

Pero durante la campaña electoral Bolsonaro ya atacaba las escuelas, especialmente las universidades, como foco del “marxismo cultural” y de la “ideología de género”, alegadas perversiones que prometía extirpar en su presidencia.

Era el ambiente, aseguraba, que propiciaba malas costumbres y una formación para convertirse en homosexuales, en desmedro de la familia tradicional y la moral.

Al llegar al poder, nombró como ministro a Ricardo Vélez, un colombiano naturalizado brasileño, graduado en teología y filosofía, con una carrera sin brillo como profesor de universidades privadas y de una escuela para oficiales del Ejército.

En tres meses no logró siquiera componer su equipo ministerial y coleccionó desastres como el anuncio de que los libros didácticos distribuidos por el gobierno serían revisados, especialmente para modificar el dato de que hubo dictadura militar en Brasil de 1964 a 1985.

Bolsonaro y sus seguidores niegan el carácter dictatorial de los gobiernos militares que abolieron garantías legales, encarcelaron y torturaron miles de personas, suspendieron las elecciones por voto directo de la población.

La medida más autoritaria de Vélez fue instruir las escuelas, mediante una carta formal, para que filmasen los alumnos en formación militar y cantando el himno nacional, y enviasen el registro al ministerio.

Tuvo que echarse atrás de inmediato y algunas semanas después fue despedido y sustituido por el economista Weintraub, otro ministro sin conocimientos de gestión educativa, pero sí con larga experiencia en el mercado financiero.

En varias declaraciones dejó claro su aversión a las universidades, por sus malas experiencias como alumno y profesor. Informó que reducirá inversiones en los cursos de filosofía y sociología, porque no producen retornos concretos como veterinaria, ingeniería y medicina, un criterio refrendado por Bolsonaro.

El anuncio de los recortes presupuestarios sonó también idiosincrático. Empezó por decir que solo tres universidades sufrirían reducciones de 30 por ciento en el presupuesto de gastos corrientes, que no incluyen sueldos.

“Alboroto” y malos resultados serían las causas del castigo. Tras reacciones negativas, incluso con datos comprobando que las tres universidades están entre las mejores del país, el ministro anunció que el recorte se aplicaría a todos los centros superiores.

En sus críticas a las universidades públicas, Bolsonaro insiste en otra falsedad, al asegurar que casi no realizan investigaciones, cuando en realidad 90 por ciento del total que se realizan en los centros superiores las realizan las financiadas por el Estado.

Weintraub, ahora, pasó a enfatizar que el gobierno pretende dar prioridad a la enseñanza básica y preescolar, aunque también esas áreas sufrieron recortes, aunque menores.

Sus explicaciones a los diputados generaron críticas y la convicción de que no hay en ralidad una política educativa en marcha.

La pérdida de ingresos fiscales se debe en gran parte al propio gobierno actual. Las previsiones apuntaban un crecimiento económico de 2,5 por ciento este año, impulsado por la confianza de los inversionistas en la nueva gestión.

Peleas internas entre gobernantes, la vuelta atrás en muchas medidas visiblemente inadecuadas y prioridades basadas en creencias y paranoias del presidente y varios de sus ministros resultaron incertidumbres, incluso en la aprobación parlamentaria de la reforma previsional considerada clave para la recuperación económica.

Hoy nadie espera más que 1,5 por ciento y muchos economistas hablan de cerca de uno por ciento, índice similar al registrado en 2017 y 2018.

Además el gobierno desató otras batallas que movilizan opositores.

“Menos armas, más libros” y “Nuestra arma es la educación” decían carteles en las manifestaciones pro educación.

Se referían al decreto presidencial que amplió a unos 19 millones de brasileños la posibilidad de portar armas en las calles, una amenaza de más violencia y muertes en un Brasil que ya registra más de 60.000 asesinatos anuales.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La brecha digital empobrece la democracia en América Latina

qui, 16/05/2019 - 12:25

La colombiana Amalia Toledo presenta la campaña antimachista latinoamericana para medios digitales Alerta Machitroll, el 15 de mayo, en una conferencia previa al Foro de Internet de Estocolmo, el SIF 2019, realizada en la sede de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Crédito: Ivet González/IPS

Por Ivet González
ESTOCOLMO, May 16 2019 (IPS)

América Latina dejó de priorizar la reducción de la brecha digital, en una región donde apenas 44 por ciento de los hogares tienen Internet, lo que provoca una desigualdad más preocupante aún, la democrática, según organizaciones sociales congregadas en un foro internacional en la capital sueca.

“Ya no es prioridad y, desafortunadamente, cuando se le menciona, se hace desde su ángulo económico y no desde todos los otros donde el acceso a Internet es esencial para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales”, dijo a IPS la abogada guatemalteca Renata Ávila, participante en la capital sueca en el SIF 2019.

Esas son las siglas en inglés del Foro de Internet en Estocolmo, una plataforma apoyada por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo que aboga por una red de redes libre, abierta y segura para el desarrollo, que en su edición de dos días de este año ha acogido a más de 500 participantes de todo el mundo.“Si ni siquiera se cuenta con acceso a Internet, tampoco se puede avanzar en una agenda de derechos en los grupos socioeconómicos en desventaja, como las mujeres, que son las más desconectadas”: Renata Ávila.

“El principal reto es el declive de la democracia”, dijo este jueves 16, en la inauguración del SIF 2019,  Margot Elisabeth Wallström, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, quien hizo un balance global de los problemas en materia de derechos humanos, acceso, equidad, libertad de expresión y activismo, además de los avances en la era de Internet.

Entre la amplia participación latinoamericana en el foro, estuvo Ávila, quien compartió los resultados del trabajo de la Fundación Ciudadanía Inteligente, de la que es directora ejecutiva.

Con sedes en Santiago de Chile y Río de Janeiro, esta fundación promueve un uso ciudadano de Internet en 17 de los 33 países de la región catalogada como la más desigual del planeta.

“Detectamos en la región que, unido al abandono de la lucha contra la brecha digital, se está creando una nueva brecha, que es la democrática”, remarcó la especialista.

Como ejemplo, remarcó el hecho de que “las campañas electorales están pasando totalmente a ‘online (en línea)’… en pueblitos donde antes llegaba al menos un cartelito, ya no llega nada”.

“Cuando ya no existe la misma información disponible para el electorado ‘offline (fuera de línea)’ y online  hay nuevas desigualdades debido al acceso distinto a información crucial para el destino político de cada persona”, evaluó la directiva de Ciudadanía Inteligente, que investiga el efecto de la brecha de Internet en las elecciones.

Ávila alertó que  “si ni siquiera se cuenta con acceso a Internet, tampoco se puede avanzar en una agenda de derechos en los grupos socioeconómicos en desventaja, como las mujeres, que son las más desconectadas”, antes de detallar que las mujeres indígenas y negras resultan las más afectadas.

Especialistas latinoamericanos consultados por IPS en el foro coincidieron en que el problema ahora mismo en la región con respecto al acceso a Internet, depende de que los gobiernos y las empresas inviertan en infraestructura para llegar a más lugares y con mejor calidad, además de que se subsidie el servicio para franjas poblaciones en situación de desventaja.

“Nadie menciona algo que es evidente: los gobiernos y las empresas que están concesionadas tienen que invertir en infraestructura”, sostuvo Eliana Quirós, que coopera con organizaciones como Más y Mejor Internet para Bolivia, dedicada a elevar la infraestructura para este servicio básico en ese país andino.

Participantes en el Foro de Internet de Estocolmo, el SIF 2019, reciben consejos sobre seguridad informática durante el encuentro que ha congregado a 500 especialistas llegados de todo el mundo, y que ha acogido el 16 y 17 de mayo el City Conference Center de la capital sueca. Crédito: Ivet González/IPS

 

Las compañías de telefonía presentes en la región ya llegaron a los clientes que pueden pagar Internet, por lo que extender las capacidades no resulta rentable para ellas, comentó la especialista boliviana.

“Ahora depende de generar presión: los gobiernos tienen que invertir en infraestructura, pero falta un poco de conciencia ciudadana sobre la ventaja de estar en Internet”, evaluó.

Para Quirós, existen otros factores que atentan contra la respuesta a la brecha digital. “Tampoco se agenda como prioridad porque ya no es un problema muy grande en los países del Norte, que son los que financian iniciativas de sociedad civil en el Sur”, valoró.

De los 3.700 millones de usuarios de Internet que hay en el mundo actualmente, 10 por ciento corresponden a América Latina, con 386 millones de personas conectadas de sus 632,24 millones de habitantes, según un informe realizado por la española Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas.

Esta investigación concluyó que la pobre infraestructura y el limitado acceso a un servicio de alta velocidad frenan la creatividad y la innovación en el espacio digital.

“Esa es la otra cara de la brecha: la falta de habilidades para que, una vez que estás dentro de Internet, saber cómo navegar, o postear, y hacerlo con seguridad. También se necesita generar ambientes que promuevan que el uso de Internet sea creativo y sostenible”, destacó.

Solo 27 por ciento de la población latinoamericana y caribeña está cubierta por redes 4G, que son las que permiten la mayor velocidad de conexión, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que insta a modernizar la gobernanza de las telecomunicaciones y reducir la brecha para impulsar el desarrollo.

La entidad interamericana calcula que un aumento de 10 por ciento en la penetración de servicios de banda ancha en América Latina y el Caribe traería asociado un incremento promedio de 3,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) y una mejora de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.

Este pudiera ser un argumento más para ejercer presión en los gobiernos de una región en desaceleración económica, con proyecciones de crecer solo 1,3 por ciento en 2019, entre otras causas, por su fuerte dependencia de la producción de materias primas y escasa participación en la innovación digital.

El BID, en su estudio La Gobernanza de las Telecomunicaciones. Hacia la Economía Digital, publicado en 2018,  constató que hay niveles de desarrollo muy dispares dentro de la región.

Mientras en el Caribe prácticamente no hay 4G, la cobertura en el Cono Sur cubre de 36 por ciento de la población, en América Central llega a 22 por ciento y en los países andinos a 20 por ciento, es uno de los ejemplos de disparidades evidenciadas.

“La brecha digital en la región es innegablemente grande, con desigualdades entre países y dentro de los países, entre las zonas urbanas y rurales, y entre grupos socioeconómicos también”, sostuvo la abogada colombiana Amalia Toledo, de la Fundación Karisma, que promueve los derechos humanos en el universo digital.

“Hay problemas de infraestructura, recursos y aproximaciones: no se está hablando sobre cómo hacer una conexión efectiva, donde internet sea una herramienta de participación ciudadana”, amplió.

La activista digital se lamentó de que “aunque hay políticas en casi todos los países que tratan de cerrar la brecha digital, muy pocas tienen enfoque de género”.

Toledo presentó en SIF 2019 la experiencia de la campaña para medios digitales que desde 2015 despliega llamada “Alerta Machitroll”, que usa el humor para sensibilizar sobre el machismo y la violencia que sufren las mujeres hasta en los espacios digitales, con base en un estudio que realizaron en 10 capitales latinoamericanas.

La campaña, que se enfoca en Colombia pero ha sido bien acogida en otros países de la región, incluido Brasil, ayuda a las mujeres a que identifiquen y sepan cuidarse de la violencia machista en Internet, además de crear respuestas para sensibilizar a los hombres.

Con intercambios de experiencias y conferencias, SIF 2019 se focalizó en esta edición en el tema central de “La reducción del espacio demócrata en línea: movilizarse para una Internet libre, abierta y segura”, que incluyó una pequeña feria de proyectos, como una clínica de seguridad informática.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La devastadora epidemia de crimen e inseguridad en América Latina

qua, 15/05/2019 - 20:00

Dos mujeres conversan con dos agentes de seguridad en San Salvador. Crédito: PNUD El Salvador

Por Luis Felipe López-Calva
PANAMÁ, May 15 2019 (IPS)

El desarrollo es un proceso desigual, acompañado de resultados heterogéneos entre sectores, entre regiones y entre grupos de ingresos. Dicho proceso, como fue elegantemente establecido por Albert Hirschman hace más o menos 60 años, genera tensiones frecuentes y exige la retribución de recursos y poder.

En este sentido, el conflicto es inherente al desarrollo.

Los resultados en el largo plazo, en términos de prosperidad, equidad y paz siempre dependerán de la forma en que dichas tensiones se procesen.

De hecho, como se resuelven tales tensiones depende de la forma en que los actores interactúan; depende de una gobernanza efectiva. Si las tensiones se resuelven mediante la exclusión sistemática de algunos grupos, es más probable que la inequidad y la violencia caractericen a las sociedades.

Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD. Crédito: PNUD

En América Latina y el Caribe, ciertamente vemos la violencia se ha convertido en un mecanismo de adaptación a estas tensiones y en una manera de procesar conflicto.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano” mostró la manera en la cual la delincuencia y la inseguridad comprometen el desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC).

El crimen deteriora en bienestar de los ciudadanos y frena el crecimiento económico (Enamorado et al, 2013). A pesar de recientes progresos en la seguridad ciudadana y disminuciones marginales en la violencia, ALC continúa siendo la región más violenta en el mundo.

De hecho, un informe publicado recientemente por el Instituto Igarape indica que, si bien América Latina es el hogar de ocho por ciento de la población mundial, 33 por ciento de todos los homicidios se cometen en esta región.

Además, 17 de los 20 países con las tasas de homicidio más altas del mundo se encuentran en ALC.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica más de 10 homicidios por 100.000 personas como una epidemia, el promedio regional de homicidios en ALC fue de 24 por cada 100.000 en el 2016, y se redujo marginalmente a 21,6 en el 2018.

Como se muestra en la figura de abajo, las tasas de homicidios en la región y en particular para algunos países en América Central y el Caribe, son mucho más altas que aquellas en países con niveles similares en el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. 

Por ejemplo, Honduras y Congo tienen tasas similares de PIB por persona, sin embargo, Honduras sufre 56,6 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que Congo sufre 9,3.

De igual manera, mientras que México sufre cerca de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, Montenegro, con un PIB por persona similar sufre 4,5. En Brasil la tasa de homicidios alcanza los 30 por 1.000 habitantes, mientras que en Líbano es de cuatro.

¿Qué explica estas altas tasas de delitos violentos en ALC?

Villalta, Castillo y Torres ofrecen un panorama de las teorías existentes para responder a esta pregunta en la región.

La óptica económica sostiene que los individuos sopesan los costos (de los posibles castigos) y los beneficios para decidir si se involucran en la delincuencia o no.

La perspectiva socio-estructural considera que las fluctuaciones en la delincuencia y la violencia son el resultado de cambios en las estructuras sociales, culturales e institucionales.

Esta teoría respalda la idea de que los aumentos en las tendencias delictivas son una consecuencia de cambios en las condiciones del mercado laboral, marginación y crisis económicas.

La perspectiva política sostiene que el reciente progreso en los países ALC, tales como las transiciones hacia la democracia, cambios en las agendas políticas o incluso la “Guerra Contra las Drogas”, han debilitado el control gubernamental y ha dejado a gobiernos locales ineficientes a cargo de la protección civil.

Finalmente, la teoría de la desorganización social sostiene que los comportamientos delictivos y antisociales son aprendidos mediante procesos de socialización del mismo modo que el lenguaje, roles y expectativas sociales.

Según este enfoque, las áreas que están dentro de ciudades caracterizadas por bajos niveles de ingresos, diversidad racial e inestabilidad residencial, son más propensas a experimentar desorganización social.

Dependiendo del contexto del país, una combinación de estas teorías ayuda a explicar el crimen en ALC.

 

Investigaciones empíricas respaldan las diferentes teorías: la sensación de impunidad en algunos países alienta a los infractores de la ley a participar en actividades delictivasla falta de confianza en la policía y los sistemas de justicia en ocasiones impide que las víctimas reporten los crímenes. Además, no es inusual que policías corruptos colaboren con el crimen organizado en algunos países por dinero o miedo.

El apoyo a la violencia extralegal es considerablemente más alto en sociedades donde los sistemas políticos existentes reciben poco apoyo; y la falta de oportunidades económicas tiene un rol puesto que se ha detectado que existe una correlación fuerte entre la delincuencia y el desempleo juvenil.

La evidencia también demuestra el impacto que tiene la desigualdad en el crimen (el caso de México es estudiado por Enamorado et al, 2016).

Como ya he mencionado, el pavimento del desarrollo en ALC requiere de una gobernanza efectiva como precondición para mejorar la productividad, inclusión y resiliencia.

La gobernanza efectiva consiste en crear oportunidades socioeconómicas, en el fortalecimiento de instituciones y fomento de la seguridad ciudadana.

Estas son tareas desafiantes según lo indican estas cifras. Iniciativas basadas en evidencia tales como Infosegura, la cual apunta a promover y mejorar la calidad de la información sobre seguridad ciudadana en la región, son instrumentos de política pública esenciales para abordar este desafío.

RV: RG

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Aumentan trabajo autónomo e informalidad en América Latina

qua, 15/05/2019 - 16:13

El trabajo informal y por cuenta propia crece en América Latina. Crédito: OIT

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, May 15 2019 (IPS)

La expansión del trabajo por cuenta propia, el surgimiento de nuevas formas de trabajo intermediadas por plataformas digitales y, en varios países, una mayor informalidad del empleo asalariado, indican nuevos retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe.

Así lo señalan la a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva edición de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe.

Según el documento, dfundido el martes 14, debido a la baja tasa de crecimiento económico proyectada para 2019 (1,3% promedio de la región), a nivel regional las tasas de ocupación y desocupación no registrarán grandes cambios durante 2019.

Específicamente, las tasas de desocupación urbana y nacional se ubicarían de nuevo alrededor de un 9,3% y un 8,0%, respectivamente (mismas cifras anotadas en 2018). Asimismo, con la excepción de los países con fuerte presión inflacionaria, los salarios reales seguirán relativamente estables, predominando situaciones con aumentos modestos.

Sin embargo, el débil crecimiento económico incidiría nuevamente en una lenta generación de empleo asalariado por lo que se prevé que aumentarán los trabajos de mala calidad media, especialmente cierto tipo de trabajo por cuenta propia, que contribuirá con gran parte de los nuevos puestos que se generen.

Por lo tanto, los organismos de las Naciones Unidas temen que seguirá en aumento la informalidad laboral, tanto por la debilidad en la generación de empleo asalariado, como por la informalización de empleos existentes en algunos países.

En consecuencia, es de suponer que la situación laboral se deteriorará, sobre todo en países que en 2019 pasen por una crisis económica, como Argentina, Nicaragua y Venezuela.

En el análisis del desempeño laboral de la región en 2018 se destaca una reducción de las brechas entre hombres y mujeres en relación con las tasas de participación y ocupación, pero no así en la tasa de desocupación, y el aumento del trabajo femenino se da en circunstancias en que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son de mala calidad.

En tanto, la expansión del trabajo por cuenta propia contribuyó aproximadamente en 49% al aumento del número de ocupados en el mercado laboral el año pasado, mientras que la generación de empleo asalariado aportó solo un 37%.

Otras categorías de ocupación contribuyeron el 14% de nuevos empleos restantes.

Esta composición de la generación neta de empleo durante 2018 indica que la mayor parte representa trabajo de baja calidad, con lo cual se constataría un nuevo deterioro de la calidad media del trabajo en la región, señalan.

En la Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, CEPAL y OIT afirman que en el horizonte de un mediano o largo plazo como el que establece la Agenda 2030, los avances hacia el cumplimiento del ODS 8 se ven afectados por una serie de tendencias que tendrán un impacto profundo en los mercados laborales.

Ese ODS busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Entre las tendencias que impactan su cumplimiento, destacan el acelerado envejecimiento, los grandes movimientos migratorios y la transformación de la estructura productiva para alcanzar un crecimiento ambientalmente sostenible.

Otra tendencia que está afectando los mercados laborales en la región –y lo va a hacer de manera aún más fuerte en el futuro– son las transformaciones tecnológicas, caracterizadas como cambio tecnológico 4.0, agrega la publicación.

Recientemente, bajo la orientación “encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente”, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo convocada por la OIT ha destacado la relación entre las nuevas tecnologías y el trabajo como uno de los aspectos que requieren un esfuerzo renovado de diálogo y de regulación.

A nivel regional, en tanto, la CEPAL coordina las Conferencias Ministeriales sobre la Sociedad de Información de América Latina y el Caribe, en cuyo marco se promueve el desarrollo de políticas para un uso productivo e inclusivo de las nuevas tecnologías y cuya séptima versión tendrá lugar en 2020.

“En este vigésimo número del informe conjunto CEPAL/ OIT se analiza un aspecto específico muy relevante para la relación entre las nuevas tecnologías y el trabajo decente. Las plataformas digitales crean nuevas oportunidades laborales tanto a nivel local como en mercados digitales globales.

Sin embargo, en muchos casos las nuevas formas de trabajo se desarrollan fuera de las regulaciones existentes, de manera que estos trabajadores no gozan de los derechos laborales y sociales establecidos por la legislación correspondiente”, advierten Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y Juan Hunt, director regional interino de la OIT, en el prólogo del documento.

En este informe se hace hincapié en que las plataformas digitales generan diferentes modalidades de trabajo las cuales tienen aspectos novedosos, así como también otros que recuerdan a otras formas de empleo conocidas en la región, como el trabajo de jornaleros agrícolas intermediados por enganchadores o el trabajo a domicilio.

De esta forma, el debate actual sobre la regulación adecuada de las nuevas formas de trabajo debe tomar en cuenta las características específicas de las nuevas modalidades del trabajo, pero al mismo tiempo puede beneficiarse de los lineamientos que se desarrollaron en el pasado respecto a aquellas relaciones de trabajo.

Ambos organismos indican que la regulación de estas nuevas formas de trabajo debe ser resultado de un diálogo social que incluya a todos los actores relevantes.

Este artículo fue publicado originalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con la CEPAL.

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EAU lidera camino hacia energía termosolar en el Golfo

qua, 15/05/2019 - 14:17

Los Emiratos Árabes Unidos lideran dentro del Golfo la apuesta por la novedosa tecnología termosolar de concentración, diferente a la fotovoltaica, dentro de su meta de que en 2030 al menos 30 por ciento de su generación eléctrica provenga de fuentes limpias

Por Sania Aziz Rahman
DUBÁI, May 15 2019 (IPS)

Para mediados de este siglo, la mitad de la generación de electricidad en el mundo provendrá de fuentes renovables y alrededor de 86 por ciento de la demanda de energía podrá abastecerse con esas fuentes, anticipa un último estudio sobre el sector.

La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) estableció en el informe “Hoja de ruta hasta 2050”, publicado en abril, que el peso de las fuentes limpias va a ser determinante en un próximo futuro.

¿Qué representaría esa realidad  para los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que han cimentado su riqueza sobre la explotación de los combustibles fósiles, cuyo peso va a ser muy declinante en la matriz energética mundial? ¿Cómo se adaptarían ellos mismos a esta transición?

En primer lugar, parece haber un cambio determinante en las políticas económicas y tecnológicas de la región del Golfo, que conforman Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Omán y Qatar.

El caso más notable es el de los Emiratos que ha establecido su programa Visión 21, que incluye la sostenibilidad como uno de los principales objetivos del país, y que parece que se lo está tomando muy en serio.

Su gran meta es lograr que para 2030, al menos 30 por ciento de sus necesidades energéticas sean abastecidas por energías renovables.

La meta podría no parecer tan ambiciosa, si se compara con la de otros países, como la de Dinamarca, que con un producto interno bruto (PIB) ligeramente menor del de EAU, se ha trazado el objetivo de que su energía eólica represente 50 por ciento del total para el mismo 2030.

Sin embargo, la meta de los Emiratos es importante por establecer un liderazgo en la región que es una potencia en los combustibles que se pretenden vaporizar por su peso en las emisiones de gases de efecto invernadero, y porque los EAU se centran en la utilización de la tecnología de energía termosolar de concentración, conocida por la sigla inglesa CSP.

La CSP utiliza espejos gigantes para dirigir la luz solar hacia un receptor, que lo convierte en calor. Hay varios tipos de espejos, que pueden ser parabólicos o platos redondos, o torres de energía.

Países del Consejo de Cooperación del Golfo

Esa tecnología de concentración se considera más efectiva que la fotovoltaica, basada en paneles solares, porque estos pueden funcionar solo cuando hay luz solar, lo que significa que la electricidad solo se genera mientras la irradiación del sol cae sobre los paneles.

La CSP, por otro lado, almacena la luz solar como calor, que luego se transforma en electricidad, incluso cuando no haya luz solar,  algo que la diferencia netamente con la fotovoltaica, que aunque sea de tipo concentrada, que es convertida directamente en electricidad mediante un efecto fotoeléctrico.

De hecho, esta tecnología opera como cualquier otra central térmica. La única diferencia es que el material de calefacción para todas las demás centrales térmicas son combustibles fósiles, mientras en las centrales nucleares el agente térmico suele ser el uranio.

Susan Kraemer, editora de noticias de SOLARPace, una red internacional para la investigación de CSP, dijo a IPS que esta tecnología “tiene una ventaja integral sobre la energía fotovoltaica”.

Como fuente de energía térmica, puede almacenarse “en grandes tanques de sales fundidas y por lo tanto es una forma de energía solar capaz de entregarse durante todo el día, no solo mientras el sol brilla “, destacó la especialista.

Un parque solar de paneles fotovoltaicos “tendría que agregar una batería, para proporcionar energía despachada como la CSP”, detalló Kraemer. Esas baterías tienen una vida útil limitada, por lo que deberían cambiarse regularmente, mientras que la CSP tiene un almacenamiento térmico que puede ser reutilizado indefinidamente, recordó.

La desventaja de la CSP es que es más costosa que la fotovoltaica, por la complejidad de su construcción.

Ese obstáculo puede subsanarse si se utiliza una combinación de las dos, para beneficiarse de sus mutuas ventajas. “La CSP es la energía solar nocturna más barata y la energía fotovoltaica, por su parte, es la energía solar diurna más barata”, comentó Kraemer.

Los Emiratos son en la actualidad el único país del Consejo del Golfo que cuenta con una generación de electricidad mediante tecnología CSP. Comenzó a hacerlo en 2013 y en la actualidad cuenta con una capacidad instalada del tipo CSP de 100 megavatios (MW) y una generación eléctrica de 261 gigavatios hora (GWh).

Eso convierte a los EAU en pioneros en el Golfo en la energía termosolar de concentración, con una de sus mayores inversiones en el Parque Solar Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, que se ubica en el emirato de Dubai.

Sus promotores se jactan de que es el parque solar localizado en un lugar único más grande del mundo, y pretende alcanzar una capacidad de 1.000 MW para 2020 y 5.000 MW para 2030.

El parque pertenece a la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (Dewa, en inglés), que ha explicado que la instalación contará con tecnología combinada de CSP y fotovoltaica y contará con un centro de investigación y una planta de desalinización de agua, a base de energía solar.

Es difícil calcular exactamente cuántos hogares abastecerá este parque porque los megavatios solares dependen de la cantidad de luz solar que recibe y del ángulo en el que se establece el receptor.

Hasta ahora, solo 19 países en el mundo tienen capacidad instalada a base de energía solar de concentración.

Dentro del Consejo del Golfo, todos los países están en fase de estudiar opciones para utilizar esa tecnología y son tres, además de los EAU, los que ya desarrollan proyectos termosolares.

Arabia Saudita, la potencia regional, adquirió la tecnología CSP apenas en  2018 y su capacidad instalada es de 50 MW, aunque no tiene generación todavía.

Kuwait completó su primera planta de energía CSP en mayo de 2018, mientras que Omán tendrá su primera red eléctrica operada por CSP para 2023.

T: MF

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