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Atualizado: 22 minutos 7 segundos atrás

Hacia un futuro sostenible: el caso de la transformación económica de China

sex, 16/08/2019 - 11:15

Imagen tradicional en una comunidad de China. Crédito: Cespap

Por Zhengian Huang y Daniel Jeong-Dae Lee
BANGKOK, Aug 16 2019 (IPS)

La región de Asia-Pacífico se encuentra en una encrucijada. El crecimiento tradicional orientado a la exportación, impulsado por la producción manufacturera, se enfrenta a vientos en contra por la lenta demanda externa y las crecientes medidas comerciales proteccionistas.

Las nuevas tecnologías han aumentado la probabilidad de que los trabajos intensivos en mano de obra en la región se automaticen. Mientras tanto, muchos países han sido testigos de la ampliación de las desigualdades de ingresos y oportunidades. El aumento de los riesgos ambientales y los desastres climáticos agregan más cargas a la agenda de desarrollo futuro.

Ahora las preguntas que enfrentan la mayoría de los países en desarrollo en la región son: ¿Pueden lograr la convergencia económica siguiendo el camino de crecimiento tradicional? ¿Cómo pueden equilibrar el crecimiento económico con la inclusión social y la sostenibilidad ambiental?

Este artículo aborda estas preguntas utilizando a China como ejemplo.

El desarrollo económico de China es sobresaliente en términos de ritmo y escala. Durante las últimas cuatro décadas, la economía de China se ha convertido en la más grande de la región, y se ha transformado de una predominantemente agrícola a una potencia industrial, y ahora está cada vez más orientada a los servicios.

Sin embargo, las tensiones de los rápidos cambios estructurales se han vuelto más claras.

Entre ellos destacan la desaceleración del crecimiento de la población y la expansión de la fuerza laboral del país, su desaceleración del crecimiento de la productividad a medida que las tecnologías disponibles se acercan a la frontera tecnológica, las tensiones distributivas resultantes de la creciente desigualdad y las tensiones en la capacidad de carga del entorno natural.

Las simulaciones económicas hasta 2030 sugieren que, en el escenario de negocios habituales (BAU, en inglés), el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se mantendría a una tasa de alrededor de seis por ciento a corto plazo, pero experimentaría una fuerte caída en 2030 a medida que disminuye la eficiencia económica.

Al mismo tiempo, las brechas de ingresos urbano-rurales, así como la desigualdad dentro de las áreas urbanas y rurales, seguirían siendo amplias, dejando importantes focos de pobreza.

Escenarios alternativos para China en 2030
Fuente: Cespap, basado en el modelo DRC-CGE.
Notas: BAU: escenario de referencia; ING: escenario de crecimiento innovador; ICG: escenario de crecimiento inclusivo; SSG: escenario de crecimiento sostenible; y ALL: escenario de crecimiento innovador, inclusivo y sostenible.

El consumo de energía y las emisiones de carbono de China continuarían aumentando, sin cumplir con su compromiso con el Acuerdo de París  sobre cambio climático (ver el escenario BAU en las figuras A, B y C).

Sin embargo, existe un escenario alternativo en el que China persigue un enfoque holístico de las reformas estructurales que logra caminos de crecimiento de desarrollo innovadores, inclusivos y sostenibles simultáneamente.

Bajo este escenario, el país podría mantener tasas relativamente altas de crecimiento económico, incluso si la demanda externa sigue siendo lenta, la fuerza laboral se contrae y la acumulación de capital se desacelera.

La urbanización acelerada, el aumento de la población de “clase media” y el aumento de las transferencias gubernamentales para optimizar el sistema de protección social podrían reducir las disparidades de ingresos rurales y urbanos.

El consumo total de energía de China y las emisiones de carbono podrían alcanzar su punto máximo en 2025, cinco años antes de la línea de tiempo trazada en el Acuerdo de París, si se implementa un nuevo impuesto al carbono y la energía de los combustibles no fósiles asume una mayor participación de la combinación energética (ver todos los escenarios en la figura A, B y C).

Las políticas y medidas recientes muestran que China está dando más peso a la calidad del crecimiento. Primero, China está llevando a cabo reformas del lado de la oferta, centrándose en la tecnología y la innovación. El país ha establecido objetivos para convertirse en un “líder internacional en innovación” para 2030.

En segundo lugar, se están llevando a cabo acciones para mejorar la inclusión del crecimiento económico. China ha fijado objetivos para eliminar la pobreza absoluta para 2020.

Se han incrementado las transferencias fiscales para mejorar la protección social, mientras que se han desplegado más fondos para infraestructura rural, subsidios agrícolas y préstamos con descuento.

En tercer lugar, China ha tomado medidas serias para frenar la contaminación mientras acelera la transición a la energía limpia. China tiene como objetivo obtener 20 por ciento de su energía de las energías renovables para 2030. A fines de 2017, se lanzó un sistema de comercio de emisiones de carbono en el país.

Estas políticas deben llevarse a cabo de manera integrada para reducir las compensaciones y maximizar las sinergias. En el ejemplo chino, las prioridades políticas sobre tecnología e innovación podrían impulsar el crecimiento del PIB pero podrían empeorar la desigualdad de ingresos, dado el efecto de la tecnología de favorecer el capital sobre el trabajo e impulsar el trabajo calificado sobre el no calificado (escenarios BAU e ING en las figuras A y B).

Las políticas para reducir las emisiones de carbono serían más efectivas si se combinaran con nuevas tecnologías e innovaciones que mejoren la eficiencia de los recursos (SSG y todos los escenarios en la figura C).

Los escenarios sobre las posibles rutas políticas de China hacia un futuro sostenible arrojan algo de luz para otros países en desarrollo. Si bien el crecimiento económico de un país puede inevitablemente disminuir a medida que madura, la calidad del crecimiento diferirá significativamente dependiendo de las elecciones de política realizadas.

Es muy importante y urgente que los formuladores de políticas cambien su mentalidad para priorizar las políticas que apoyan a las personas y al planeta. Este no es un proceso fácil. Se requieren esfuerzos continuos de política para equilibrar el desarrollo entre las dimensiones social, ambiental y económica para garantizar la prosperidad a largo plazo.

Este artículo se basa en un informe reciente de la CESPAP, Transformación económica de China: impactos en Asia y el Pacífico, que se puede visualizar en su versión en inglés en este enlace.

El artículo Hacia un futuro sostenible: el caso de la transformación económica de China fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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La venganza personal como modo de gobernar en Brasil

sex, 16/08/2019 - 09:41

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, durante una de sus informales ruedas de prensa. Esos encuentros, a la entrada del presidencial Palacio del Planalto, se han vuelto casi diarios, a lo que se suma un desayuno semanal con periodistas, pese a las acusaciones del gobernante a la prensa de "mentirosa" o de "izquierdista". En esas ocasiones hace declaraciones de impacto, a veces con ofensas a opositores e incluso miembros del propio gobierno que va a destituir. Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Aug 16 2019 (IPS)

En sus primeros siete meses y medio de gobierno, se acumulan las acciones del presidente Jair Bolsonaro, adoptadas como retaliación a personas o instituciones que le molestan, componiendo lo muchos en Brasil definen como “gobernar por el odio”.

Pero encararlas como “actos personales reduce la complejidad del proceso” e ignora que “producen un sentido social y político para legitimar sus propias propuestas, fortalecer determinados grupos de apoyo y deslegitimar a los que piensan distinto”, advirtió a IPS Frederico Costa, presidente de la Asociación Brasileña de Psicología Política.

“Son síntomas de una visión del mundo” que incluyen el “rechazo al diálogo, a lazos” con otras personas y países, la “descalificación y ‘eliminación’ de los que no me gustan, del ‘otro’ que no me interesa”, acotó Margarita Arilha, psicoanalista lacaniana e investigadora del Núcleo de Estudios de Población de la Universidad de Campinas.

“No distraerse en situaciones menudas, para no perder todo el paisaje, los rumbos de la cultura política”, recomendó ante esos manejos del presidente de extrema derecha.

Especialistas en comunicación digital y guerras culturales sostienen que hay un método detrás de las diatribas casi cotidianas con que Bolsonaro desvía la atención y se asegura la fidelidad de sus adeptos, en particular los más sectarios.

Pero si ese es el caso, el mandatario parece por lo menos exagerar en venganzas personales que amenazan con reducir demasiado su popularidad y meterlo en líos judiciales.

José Augusto Morelli tuvo la mala suerte de aplicarle una multa por pesca ilegal al entonces diputado Jair Bolsonaro, el 25 de enero de 2012 en Angra dos Reis, a unos  160 kilómetros al oeste de Rio de Janeiro.

Cumplió su deber de funcionario del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), la autoridad del sector, pero eso le costó, parece, su destitución como jefe del Centro de Operaciones Aéreas de Protección Ambiental, el 28 de marzo de 2019, antes de cumplir Bolsonaro tres meses en el poder.

La multa fue de 10.000 reales (algo más de 5.000 dólares al cambio de entonces), por pesca de anzuelo en la Estación Ecológica de Tamoios, en la bahía de Angra dos Reis.

Bolsonaro recurrió hasta al Supremo Tribunal Federal para anular la acusación de delito ambiental y amenaza convertir esa área de conservación, creada en 1990 para proteger la biodiversidad alrededor de las dos centrales nucleares allí instaladas, en una “nueva Cancún”, el  famoso polo turístico mexicano.

Las multas, sean ambientales o de tránsito, son un blanco general del presidente que prometió abolir la “industria de multas”, pese a la opinión mayoritaria más preocupada por preservar el ambiente y reducir los accidentes viales, que en 2017 provocaron la muerte de más de 34.000 personas e hirieron centenares de miles, según el Ministerio de Salud.

Las colindantes centrales nucleares actualmente operativas en Brasil, Angra 1 y Angra 2, en una ensenada de la bahía de Angra dos Reis, a 160 kilómetros de Rio de Janeiro, cerca de la Estación Ecológica Tamoios, donde el presidente Jair Bolsonaro sufrió una multa ambiental por pesca ilegal y quiere ahora instalar una “nueva Cancún”, el balneario mexicano. El área de conservación es una exigencia legal para sostener la biodiversidad alrededor de las centrales. Crédito: Mario Osava/IPS

Una retaliación presidencial más inmediata y cruel sufrió Felipe Santa Cruz, presidente del Colegio de Abogados de Brasil (OAB, en portugués) e hijo de un desaparecido político, víctima en 1974 de la dictadura militar (1964-1985).

Bolsonaro dijo públicamente el 29 de julio que podría contarle a Santa Cruz como “desapareció” su padre. Luego sostuvo que él murio “ajusticiado” por sus propios compañeros de la Acción Popular, grupo clandestino de origen católico que luchó contra esa dictadura.

Esa es una versión usual de la represión política en un intento de encubrir asesinatos bajo tortura en aquel período. Pero en este caso está desmentida por documentos oficiales, incluso de las Fuerzas Armadas que demuestran que Fernando Santa Cruz fue detenido por militares en febrero de 1974.

Entonces su hijo Felipe tenía dos años y Bolsonaro iniciaba el curso para hacerse oficial del Ejército, que dejó como capitán en 1988 para meterse en la política.

Remover esas heridas fue la forma del excapitán de acentuar su queja contra la OAB, que en su opinión obstaculizó la investigación policial que podría condenar por intento de homicidio a Adélio Bispo, quien lo acuchilló el 6 de septiembre de 2018, durante un mitin electoral en Juiz de Fora, 164 kilómetros al norte de Rio de Janeiro.

La OAB impidió a la policía romper el secreto de las comunicaciones telefónicas de los abogados de Bispo, una medida que podría, según Bolsonaro, desvelar  la conspiración para asesinarlo, posiblemente involucrando a grupos de izquierda.

Hubo una retaliación adicional contra Santa Cruz. Su bufete vio cancelado de inmediato contrato con la empresa petrolera estatal Petrobras, en un acto neto de “persecución política”, según el abogado, ya que no hubo justificación y no se podría alegar ineficiencia.

El año pasado los abogados de su bufete triunfaron en un proceso judicial que ahorró cerca de 5.000 millones de reales (unos 1.300 millones de dólares) a Petrobras en pagos laborales.

Como una “retribución” a las críticas de la prensa, justificó Bolsonaro el decreto presidencial que desde el 6 de agosto exime a las empresas de capital abierto de publicar sus balances en medios impresos.

No hay otra explicación, ya que en abril se aprobó una ley con el mismo fin, pero fijando un plazo hasta fin de 2021 para la adaptación de los diarios a la nueva realidad.

El golpe será más duro para Valor Económico, el principal diario económico brasileño donde escriben algunos de los mejores analistas políticos y, por lo tanto, críticos con el gobierno. Pero alcanza indirectamente al mayor grupo de comunicación del país, Globo, propietario del diario.

Bolsonaro demostró desde cuando era diputado (de 1990 a 2018) que “identifica como enemigo a destruir quienes no piensan como él”, su “discurso autoritario” suma tres dimensiones, señaló Costa.

Primero, no reconoce derechos de las minorías, como indígenas, “quilombolas (miembros de comunidades afrodescendientes)” y homosexuales.

Además defiende una revisión de la historia, con negación de la dictadura militar y legitimación de la tortura, como “necesaria ante la amenaza comunista”, y por último rechaza datos científicos que “fundamentan políticas públicas”, sin oponerles argumentos válidos, detalló el presidente de la Asociación Brasileña de Psicología Política.

El ejemplo más reciente fue alzarse contra el gubernamental Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), un ente estatal respetado en todo el mundo, que apuntó un aumento de 88 por ciento en la deforestación amazónica durante junio, en comparación con junio de 2018.

Son datos “mentirosos”, acusó Bolsonaro, provocando la reacción del entonces director del INPE, Ricardo Galvão, que calificó de “cobarde y pusilámine” la actitud presidencial de difamar públicamente a científicos de prestigio, y fue destituido algunos días después.

“Lo más preocupante”, según la psicoanalista Arilha, es la interrupción e reversión del “proceso de ampliación de las libertades, de inclusión social y de búsqueda de la ética y ciudadanía” que Brasil vivió desde los años 90.

“Ahora se trata de restringir libertades, movimientos de autonomía, diálogos, alternancias y contrapuntos”, lamentó a IPS.

Edición: Estrella Gutiérrez

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¿Las sanciones a Irán socavarán el tratado de EEUU con la ONU?

qui, 15/08/2019 - 12:48

Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que cada año congrega en sus días iniciales a los máximos líderes mundiales. Crédito: ONU

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Aug 15 2019 (IPS)

Cuando a Yasser Arafat se le negó en 1988 una visa estadounidense para poder hablar ante las Naciones Unidas en Nueva York, la Asamblea General desafió a Washington al trasladar temporalmente al máximo órgano de la ONU a Ginebra, por primera vez en la historia del foro mundial.

El ya fallecido líder de la Organización para la Liberación de Palestina, quien había sido orador de la ONU anteriormente en 1974, golpeó al gobierno estadounidense de la época cuando dijo durante su discurso que “nunca se me ocurrió que mi segunda intervención ante esta honorable Asamblea, desde 1974, tendría lugar en la hospitalaria ciudad de Ginebra”.

El gobierno de Donald Trump, dentro de su batalla con Irán, ha impuesto una serie de sanciones políticas y económicas al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, incluso cuando Washington, paradójicamente, proclama que la crisis con Teherán solo puede resolverse diplomáticamente.

Las sanciones a Zarif, impuestas el 31 de julio, también le impedirán integrar la delegación iraní a la próxima Asamblea General de la ONU, a partir del 17 de septiembre, y participar en seis reuniones de alto nivel que tendrán lugar posteriormente en el foro mundial en Nueva York.

Si a Zarif se le niega una visa, como muchos prevén, será una violación del acuerdo de 1947 entre la ONU y Estados Unidos, relativo a la sede en Nueva York, según el cual Washington debe facilitar y no obstaculizar el buen funcionamiento del organismo mundial.

En el caso de la OLP,  no era un Estado miembro de la ONU de pleno derecho, pero Irán es un miembro fundador del organismo mundial.

La administración Trump ya ha incumplido o abandonado varios acuerdos internacionales, incluido el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015, el acuerdo nuclear iraní de 2015 y, más recientemente, el histórico Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 1987 con Rusia, que ayudó a sellar el final de la Guerra Fría.

¿El acuerdo de la sede de Estados Unidos y la ONU estará muy lejos de vivir una situación similar?

James Paul, quien se desempeñó como director ejecutivo del Foro de Política Global (1993-2012), un monitor independiente de las políticas de la ONU, dijo a IPS que las sanciones impuestas a Zarif han dado otro golpe a la diplomacia y al arreglo de disputas.

Zarif, señaló, no es solo un diplomático muy respetado y una de las figuras más populares del gobierno de Hassan Rouhani, es quizás la figura en Teherán más capaz de ayudar a resolver la espiral del conflicto entre Teherán y Washington.

“Un aspecto importante del movimiento de Washington contra Zarif ha pasado desapercibido: el impacto en las Naciones Unidas”, agregó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, durante su intervención ante el Foro Político de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la sede de la ONU en Nueva York, poco antes de que el 31 de julio Estados Unidos impusiera sanciones en su contra. Crédito: ONU

Existe una gran posibilidad de que Washington viole sus responsabilidades como país anfitrión de la ONU, ya que las sanciones de viajar a Estados Unidos impedirán que Zarif asista a la sesión de apertura de la Asamblea General y a las reuniones posteriores, señaló.

“Tal medida violaría el Acuerdo de la sede de Estados Unidos y la ONU de 1947”, dijo Paul, autor del libro “De zorros y gallinas: la oligarquía y el poder mundial en el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Tradicionalmente, añadió, la sesión de apertura trae oradores de alto nivel de todo el mundo. Es importante no solo como momento para discursos de alto perfil, sino también de encuentros y negociaciones privadas, lejos de la atención pública.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo el 6 de agosto que “obviamente, tendremos que esperar y ver qué sucede en la Asamblea General”, respecto a la presencia del ministro iraní.

“No hago predicciones, pero Estados Unidos tiene obligaciones bajo el Acuerdo del país anfitrión, al igual que otros países que albergan sedes de la ONU o conferencias de la ONU. Y, como cuestión de principio, esperamos que todos los países con tales obligaciones estén a la altura de esas obligaciones, pero tendremos que esperar y ver qué pasa”, dijo Dujarric.

Ramesh Thakur, ex subsecretario general de las Naciones Unidas y profesor emérito de la Escuela Crawford de Política Pública de la Universidad Nacional de Australia, dijo a IPS que hay tres problemas profundos del lado estadounidense.

El primero, dijo, se retiraron unilateralmente de un acuerdo nuclear negociado multilateralmente con Irán, respaldado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

El Consejo pidió a todos los Estados que ayuden a implementar el acuerdo, levantar las sanciones y ayudar al desarrollo económico de Irán. Por lo tanto, al volver a imponer sanciones unilaterales, Washington viola de manera sustancial el acuerdo y viola el requerimiento del Consejo.

El segundo, añadió, las sanciones contra Zarif contravienen la declarada posición de la administración Trump a favor de una solución con Irán a través de la diplomacia, lo que obviamente no favorece sancionar al ministro de Asuntos Exteriores iraní.

El tercero es la implicación que tiene sobre la asistencia de Zarif a la Asamblea General, sostuvo.

A su juicio, el portavoz de la ONU está en lo correcto de que ello violaría el tratado de 1947. Pero para Thakur también violar el acuerdo nuclear, “es en realidad más grave” y además muestra la falta de capacidad de la ONU y el Consejo de Seguridad en controlar los actos de sus cinco miembros permanentes.

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2018. Crédito: ONU

Thakur, quien también fue vicerrector superior de la Universidad de las Naciones Unidas (1998–2007), considero que algo similar sucedió cuando dos miembros prominentes de la administración Trump, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton,  amenazaron con sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) y a todo su personal.

A juicio del diplomático australiano, la ONU aceptó mansamente la descarada amenaza estadounidense y los jueces del CPI abandonaron la investigación que molestaba a Washington.

Paul dijo que la administración Trump está ansiosa por presionar más a Irán y enterrar completamente el acuerdo nuclear que tanto costó alcanzar y que Washington abandonó en 2018.

Pero, salvo en Gran Bretaña e Israel, hay poco respaldo internacional a cerrar las puertas diplomáticas al trascendental acuerdo, denominado formalmente Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear iraní, que además de Estados Unidos suscribieron y mantienen Alemania, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia.

“Los gobiernos de todo el mundo también se oponen firmemente a las tácticas de intimidación de la administración Trump y a que Estados Unidos desprecie una ONU abierta, donde todos los Estados miembros puedan hablar”, dijo Paul.

“Esta no sería la única vez que Estados Unidos ha denegado la entrada a funcionarios extranjeros de alto nivel, pero el retroceso ahora puede ser especialmente grave. A la luz del apoyo al acuerdo nuclear en Europa, se podría anticipar una intensa oposición a la prepotencia de Estados Unidos”, planteó.

Paul recordó que Zarif vivió en Estados Unidos como estudiante universitario y es famoso como portavoz del gobierno de los ayatolás por su perfecto dominio del inglés, sus maneras corteses y unas posiciones flexibles que incluso le han traído problemas dentro de su gobierno.

Esto, a su juicio, hace que los halcones de la Casa Blanca lo vean como “una amenaza”.

Pompeo acusó a Zarif de ser “cómplice del comportamiento ilegal del régimen”, mientras que Bolton lanzó sus propios insultos al diplomático iraní de voz suave.

“¿Los halcones neutralizarán a Zarif al prohibirle participar en la ONU, o la Casa Blanca se sentirá obligada a dejarle que represente a su país en la ONU, al menos por el momento?”, se preguntó Paul.

En un momento en que una guerra de Estados Unidos con Irán está en el tapete y unas negociaciones secretas en la ONU sobre Irán podrían aliviar las tensiones, el acatamiento del acuerdo de la sede podría tener un gran impacto en la paz y la seguridad internacionales, mantuvo.

Hay un antecedente a ese respecto. Poco antes de anunciarse las sanciones en su contra, Zarif estuvo en Nueva York para participar el 17 de julio en el Foro Político de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces ya el Departamento de Estado restringió su viaje a esa actividad, pero el diplomático se reunió con miembros de Congreso estadounidense.

Estados Unidos rara vez ha denegado una visa a un jefe de Estado que visite las Naciones Unidas para dirigirse a la Asamblea General.

Pero lo hizo en noviembre de 2013, cundo negó la visa al entonces presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir (1989-abril 2019), lo que provocó la protesta de su país ante la ONU.

La negativa a la visa al ahora expresidente sudanés tuvo entre sus razones el abierto proceso en su contra en el CPI por crímenes de guerra y genocidio, por el que había una orden de captura internacional.

Eso planteó una pregunta legítima: ¿tiene Estados Unidos el derecho de actuar implícitamente en un fallo de la CPI cuando Washington no es parte del Estatuto de Roma que creó la CPI?

T: MF

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Las leyes de la guerra son ampliamente burladas 70 años después

qua, 14/08/2019 - 17:09

El primero de los cuatro Convenios de Ginebra, que compilan las leyes de la guerra y son la base del derecho humanitario, protege a los soldados heridos y enfermos durante los conflictos. Crédito: Cortesía del CICR

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Aug 14 2019 (IPS)

Los gobiernos del mundo no están haciendo lo suficiente para evitar que los grupos armados cometan violaciones masivas, torturas y otros crímenes de guerra, denunció la Cruz Roja.

Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), dijo el martes 13 que 70 años después de su adopción, los Convenios de Ginebra estaban siendo violados e instó a las potencias mundiales a reprimir a quienes cometen atrocidades en el marco de un conflicto.

Los Convenios de Ginebra, establecidos en 1949 bajo el impacto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y conocidos también como las leyes de la guerra, constituyen la base sobre la que se ha ido construyendo el derecho humanitario internacional y buscan proteger a los civiles inmersos en un conflicto.

Mientras el máximo funcionario del CICR hablaba, se libraron combates en Siria, Libia, Yemen, la República Democrática del Congo (RDC) y otros puntos críticos en los que los investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron sobre bajas civiles generalizadas y otros posibles crímenes de guerra.

“Está claro por el terrible y evidente sufrimiento (de la población) en los conflictos actuales que (los Convenios de Ginebra) no se respetan universalmente”, dijo Maurer al Consejo de Seguridad de la ONU a través de una videoconferencia desde Ginebra, en un acto para conmemorar su 70 aniversario.

“Con demasiada frecuencia, el CICR ve el impacto en las personas cuando se viola el derecho internacional humanitario: asesinatos indiscriminados, torturas, violaciones, ciudades destruidas, traumas psicológicos infligidos”, narró.

Los cuatro Convenios de Ginebra son tratados internacionales que establecen las reglas de tratamiento de soldados heridos en los campos de batalla, del trato al personal médico y humanitario y a los prisioneros de guerra, y la obligada protección a los civiles.

Fueron adoptados el 12 de agosto de 1949, luego de largas deliberaciones.

Para Maurer, son leyes cada vez más testadas por los conflictos de hoy en día, en los que las grandes potencias se asocian frecuentemente con grupos locales, los combates se concentran en pueblos y ciudades y se despliegan drones y otros equipos militares de alta tecnología.

“No hay duda de que el campo de batalla moderno es una arena compleja; la guerra urbanizada, un número cada vez mayor de grupos armados o los conflictos conjuntos están planteando dilemas nuevos y difíciles”, dijo Maurer.

Además, subrayó, “el rápido desarrollo de tecnologías están creando nuevos frentes en el ciberespacio, así como nuevas formas de combatir, por ejemplo, sistemas de armas autónomos y tecnologías remotas”.

Diplomáticos de la ONU señalaron como ejemplo de estas nuevas formas de guerra y de violaciones a sus leyes el caso de la guerra civil de ocho años en Siria, donde las fuerzas del presidente Bashar al Assad, respaldadas por el poder aéreo ruso, son acusadas de tortura, bombardeo de civiles y uso de gas venenoso, mientras recuperan el territorio controlado por grupos rebeldes.

En Yemen, informaciones recabadas en el terreno denuncian que tanto los grupos rebeldes hutíes respaldados por Irán como la coalición pro gobierno liderada por Arabia Saudita, han atacado a poblaciones civiles, escuelas y hospitales, mientras han reclutado a niños como soldados en el prolongado conflicto.

En otros lugares, los investigadores han comprobado las violaciones del derecho internacional humanitario en Libia, los territorios palestinos ocupados y en varios puntos críticos de África, incluida la RDC, Sudán del Sur y la República Centroafricana.

Los gobiernos deberían reforzar el cumplimiento de los tratados de derecho humanitario, aprobar legislaciones nacionales que los ratifiquen, mejorar la investigación y control de crímenes de guerra y elevar los estándares éticos de los soldados y otros participantes en los conflictos, dijo Maurer, un antiguo embajador suizo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Jacek Czaputowicz, dijo que los comandantes militares deben saber que iniciar una campaña de limpieza étnica, por ejemplo, podrá hacerlos terminar en un banquillo del Tribunal de La Haya.

Czaputowicz, un activista prodemocracia durante la extinta Unión Soviética, dijo que las leyes de la guerra “no se observaron suficientemente” en zonas de conflicto como Libia, Sudán del Sur y en Ucrania.

El “régimen sirio definitivamente usó armas químicas y debería rendir cuentas”, dijo Czaputowicz a IPS.

La Convención de Ginebra original, que cubría la “mejora de la condición de los heridos en los campos de batalla”, fue adoptada en 1864 después de una propuesta de Henry Dunant, quien fundó el CICR.

En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el CICR redactó tratados adicionales para ampliar las protecciones para los civiles que quedaban atrapados en los combates, pero los gobiernos no se comprometieron con las nuevas normas.

Los horrores de la Segunda Guerra Mundial impulsaron a los gobiernos a convenir en revisar y actualizar esos tratados en 1949, agregando un cuarto para proteger a los civiles y la propiedad en tiempos de guerra. En 1977 se agregaron dos protocolos adicionales.

Las Convenios son en gran medida universales, habiendo sido ratificadas por 196 países, incluidos todos los miembros de la ONU y observadores como Palestina, que suscribió los tratados en 2014.

T: MF

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Empresas contribuyen con detención de niños migrantes en México

ter, 13/08/2019 - 16:22

Una niña migrante, en un centro de detención de migrantes, en Chiapas, en el sur de México. Crédito: Ximena Natera/En el Camino

Por Arturo Contreras
MÉXICO, Aug 13 2019 (IPS)

Representantes de fundaciones de empresas como Telmex, Coppel, Volaris y organizaciones como la US-Mexican Foundation presumieron sobre la ayuda que están brindando para atender de manera “rápida y eficiente” las necesidades de niñas y niños migrantes en México.

Sin embargo, organizaciones civiles especializadas advierten que brindar atención en estancias va en contra del principio que dicta que niñas, niños y adolescentes migrantes no pueden estar detenidos.

“Quieren mandar bibliotecas para niños que están en centros migratorios, cuando para empezar no debería de haber siquiera niños en centros de detención”, advirtió en entrevista Melissa Vértiz, secretaria ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, una red de organizaciones que trabajan para incidir en las políticas migratorias del país.

Vértiz alude a la instalación de cuatro bibliotecas digitales con programas educativos para niños, niñas y jóvenes migrantes en el Centro Integrador del Migrante de Ciudad Juárez, en el extremo norte, en la frontera con Estados Unidos, y en las estaciones migratorias de Acayucan, Tenosique y Tapachula, en el sur del país.

“De acuerdo con las propias recomendaciones de Naciones Unidas y una clara obligación que tiene el gobierno mexicano de terminar la detención de niñas niños y adolescentes en estancias migratorias”, añade.

La Organización de Naciones Unidas ha señalado que retener a los niños y adolescentes migrantes contra su voluntad es violatorio de sus derechos humanos.

El representante de la empresa Volaris recordó que, como parte de su programa Reuniendo Familias, vende boletos de avión a un dólar (más impuestos) a migrantes centroamericanos que, con ayuda del Instituto Nacional de Migración, “pudieron volver a su hogar”.

Así hizo el sábado 3 de agosto con un avión lleno de personas originarias de El Salvador.

Vértiz explica, sin embargo, que este tipo de medidas podrían poner en mayor peligro a esta población, pues muchos de estos migrantes huyeron de sus países por cuestiones de seguridad, y regresar a ellos podría significar un enorme riesgo.

Estas empresas dieron sus testimonios en un acto llevado a cabo el día 7 de agosto en la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores, encabezado por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, quien dijo que estas acciones se desprendían del plan migratorio anunciado por el gobierno de México el pasado 17 de julio.

“Si ponen computadoras, bibliotecas y bonitas las áreas de niñez, en realidad eso no está solucionando el problema central, que es que la detención migratoria es una regla en el caso de niñas, niños y adolescentes”, critica Vértiz.

Este tipo de iniciativas deja ver un problema que el plan migratorio del gobierno de México: el distanciamiento que tiene su política migratoria de las organizaciones que históricamente han atendido a los migrantes en el país.

“Desconocíamos que iba a haber la implementación de estos nuevos acuerdos entre el Instituto Nacional de Migración junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con las procuradurías de atención a población migrante de cada estado”, asegura Brenda Ochoa, directora del centro de derechos humanos Fray Matías de Córdoba, basado en Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

“No tenemos ninguna idea de a dónde se va a dirigir el apoyo y la ayuda”, asegura Ochoa.

Fundamental, atender procuradurías

De acuerdo con Ochoa, es imposible pensar en este tipo de acciones si antes no se atiende el tema de las procuradurías (defensorías) de la infancia, que muchas ocasiones no cuentan con el personal adecuado.

El 5 de julio, funcionarios federales que atienden a población migrante denunciaron a Yolanda López Bravo, procuradora federal de Protección a niñas, niños y adolescentes, por haberse referido a los africanos que protestaban en un albergue en Chiapas como “caníbales”.

La denuncia fue recibida en el Sistema Nacional del Derecho Integral de la Familia, la gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“El tema de las procuradurías está muy mal. Lo de la procuradora federal es una sorpresa, pero a nivel local siempre se ha tenido el problema de que los procuradores locales no atienden las necesidades de la población migrante”. explica.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo Empresas contribuyen con detención de niños migrantes en México fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Macri se derrumba y el peronismo preparara su regreso en Argentina

ter, 13/08/2019 - 15:20

En la noche del domingo 11 se vendieron en Buenos Aires camisetas con el rostro de Cristina Fernández, presidenta entre 2007 y 2015, o con los dedos en "V" de victoría, propios del peronismo, que está otra vez cerca de gobernar Argentina. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Aug 13 2019 (IPS)

En medio de un crítica situación económica y social, Argentina parece a las puertas de ver el regreso al gobierno del peronismo, el heterogéneo movimiento que ha dominado la política nacional por buena parte de los últimos 70 años.

El presidente centroderechista, Mauricio Macri, depende de una hazaña o un milagro para ser reelegido en las elecciones del 27 de octubre. Así lo creen casi todos los analistas políticos después de su derrota por un margen inesperado de 15 puntos en las elecciones primarias del domingo 11.

La expresidenta centroizquierdista Cristina Fernández, quien dejó el poder muy desgastada en 2015 y hasta hoy es acosada por 11 investigaciones de presunta corrupción, ha sido la lideresa capaz de unificar al peronismo, que concurrió dividido hace cuatro años.“El resultado, por lo categórico, es extraordinariamente difícil que se modifique. Macri ya no cuenta con la confianza de los votantes, en el medio de una situación complicada que demanda una credibilidad que no tiene. Será necesario algún acuerdo con la oposición”: Marcelo Leiras.

Esta vez –en una jugada exitosa, aparentemente pensada para contrarrestar su fuerte imagen negativa-  lo hizo desde el segundo lugar de la fórmula y eligió como candidato a presidente a Alberto Fernández, un dirigente moderado y de escasa popularidad, que en los últimos años fue duramente crítico con la ahora senadora.

“Estas elecciones primarias funcionaron como un plebiscito, con una pregunta imaginaria que fue si los argentinos queremos seguir con Macri durante cuatro años más. La respuesta masiva fue no”, explicó a IPS Carlos de Angelis, director del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Los casi cuatro años de Macri en el gobierno vieron un aumento de la pobreza y la indigencia, mayor desempleo, cierre de empresas y comercios, una inflación galopante y un marcado deterioro del poder adquisitivo del salario.

El presidente, sin embargo, insiste en que su rumbo económico –de recorte del déficit fiscal y altas tasas de interés que asfixiaron la actividad económica- es “el único camino” y al que se vio forzado por el gasto excesivo de su predecesora y otras distorsiones de sus políticas populistas que llevaron al estancamiento.

En ese difícil contexto, el oficialismo hizo campaña con el discurso de que su derrota conduciría a un régimen autoritario, con un Alberto Fernández sin verdadero poder y manejado por la exmandataria.

Pero la expresidenta mantuvo su bajo perfil incluso en la noche del triunfo en las primarias: mientras los principales dirigentes de su espacio festejaban en Buenos Aires, ella mandó un sobrio video desde su casa en la patagónica ciudad de Río Gallegos, más cercana a la Antártida que a la capital argentina.

“Macri pidió aguante y la sociedad respondió que no puede aguantar más. Ahora lo problemático es cómo sigue, porque tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre y, en el medio, enfrentar una elección”, agregó De Angelis.

El presidente Mauricio Macri junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto, en conferencia de prensa el día después de las elecciones primarias, en que aseguró que la fuerte devaluación de la moneda local y el derrumbe de los activos bursátiles argentinos es “una muestra de lo que puede pasar”, si en octubre pierde la reelección y el peronismo regresa al gobierno. Crédito: Presidencia de la Nación

Argentina tiene un particular sistema electoral, en la cual los partidos políticos deben elegir sus candidatos en elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Pero esta vez ningún partido tuvo competencia interna, por lo cual las PASO sirvieron nada más –y nada menos- que como una gran encuesta nacional, en la que votó aproximadamente 75 por ciento de los casi 34 millones de habilitados para hacerlo.

El resultado fue de casi 48 por ciento para la fórmula Fernández-Fernández contra 32 por ciento de la de Macri, en un contexto de fuerte polarización que deja poco margen para que cualquiera de estos dos candidatos crezca de aquí a octubre.

Con cifras idénticas, Fernández ni siquiera necesitaría una segunda vuelta, ya que la Constitución Nacional consagra presidente a quien obtenga en el primer turno 45 por ciento de los votos, o solo más de 40 por ciento si le separa de su seguidor una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales.

“El resultado, por lo categórico, es extraordinariamente difícil que se modifique. Macri ya no cuenta con la confianza de los votantes, en el medio de una situación complicada que demanda una credibilidad que no tiene. Será necesario algún acuerdo con la oposición”, expresó a IPS Marcelo Leiras, director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés.

Este país del Cono Sur americano entró formalmente en una crisis financiera en abril de 2018, cuando su elevado endeudamiento y la desconfianza de los mercados internacionales de crédito produjo una devaluación de 50 por ciento de la moneda nacional en pocos días y aceleró la inflación.

Nada menos que 75 por ciento de los casi 34 millones de argentinos habilitados a votar participaron el 11 de agosto en las elecciones primarias, pese a que no se escogía nada porque los partidos presentaron una sola candidatura. En la práctica, la jornada se convirtió en una macroencuesta que evidenció que el presidente Mauricio Macri perdió la confianza de la mayoría de los argentinos. Crédito: Daniel Gutman/IPS

El golpe fue sentido especialmente por los pobres, que son un tercio de la población pero se elevan a la mitad en el universo de los menores de 18 años, en un país con una población total de 44 millones.

La situación llevó a Macri a buscar la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), que otorgó a Argentina un monumental préstamo de 57.000 millones de dólares pero impuso a cambio un severo programa fiscal.

La magnitud del préstamo fue leída por analistas como una apuesta del FMI por la continuidad de Macri. En la misma sintonía están los presidentes de derecha Donald Trump (Estados Unidos), Jair Bolsonaro (Brasil).

También el mundo de las finanzas internacionales, que el lunes 12 castigó al país por el resultado electoral con caídas de más del 50 por ciento del valor de las empresas argentinas en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

Hubo además una nueva devaluación de un 30 por ciento del peso argentino, que anuncia una mayor inflación para las próximas semanas, ya que en la frágil economía local el aumento del dólar se traslada a casi todos los precios locales.

¿Otra vez una presidencia recortada?

Así, en un clima enrarecido en el que distintos sectores del poder comenzaron a pedir a Macri que se olvide de la reelección y se concentre en llegar al final de su mandato de la manera más ordenada posible, el presidente prefirió redoblar su apuesta al miedo y dijo que los nuevos temblores financieros son “solo una muestra de lo que puede pasar. El mundo ve esto como el fin de la Argentina”.

Una mujer muestra una camiseta con el rostro de Alberto Fernández en la capital de Argentina, durante los festejos por el amplio triunfo del peronismo en las primarias del 11 de agosto, que lo convirtieron en amplio favorito para conquistar la presidencia en las elecciones del 27 de octubre. Crédito: Daniel Gutman/IPS

“Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. El kirchnerismo (por la línea política que conduce Cristina dentro del peronismo) tiene un problema de crebilidad en el mundo. Debería hacer autocrítica y resolverlo”, dijo Macri, quien prefirió dejar en segundo plano que su gobierno haya perdido legitimidad entre los argentinos.

Sus declaraciones recibieron un fuerte rechazo, incluso fuera de la política. El conductor más popular de programas de entretenimientos en la TV, Marcelo Tinelli, pidió al gobierno “reflexionar por qué la gente le da la espalda con su voto”.

Para el economista Martín Kalos, lo que pasó el día después de las PASO no debería sorprender: “Fue una reacción lógica del mundo económico y financiero ante el cambio que se avecina, que provoca incertidumbre en un contexto de crisis y volatilidad del cual tiene que hacerse cargo el actual gobierno”.

La situación de inestabilidad llevó a que muchos aquí recuerden los sucesos de 1989, cuando el peronista Carlos Menem (1989-1999) ganó las elecciones y se produjo una hiperinflación que llevó al presidente radical Raúl Alfonsín (1983-1989) a traspasarle el poder anticipadamente.

“Dependerá de la capacidad de liderazgo que tenga en estos meses fundamentalmente Macri, quien por supuesto no ayuda cuando echa todas las culpas hacia afuera”, agregó Kalos a IPS.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Bosques en llamas y otras catástrofes en tiempos de cambio climático

seg, 12/08/2019 - 15:35

Los campesinos que viven en las estribaciones del monte Kenia creen que la quema de los bosques provocará las lluvias. El nuevo informe del Grupo de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas alerta que la deforestación es uno de los principales impulsores del cambio climático. Crédito: Valéry Hugotte/Flickr

Por Miriam Gathigah
NAIROBI, Aug 12 2019 (IPS)

Los campesinos que viven en las estribaciones del monte Kenia tienen una creencia: si queman el bosque, vendrán las lluvias.

“En general, creemos que el cielo está cubierto por una gruesa capa de hielo y solo un incendio forestal puede elevarse lo suficiente como para derretir este hielo y darnos lluvia”, dijo a IPS Njoroge Mungai, un residente de la aldea de Kiamungo, en el condado de Kirinyaga, que se encuentra en lasestribaciones de esa montaña que es la más alta de Kenia y la segunda más elevada de África.

No es de extrañar entonces que Kirinyaga sea uno de los condados más afectados por los incendios forestales del país, según los Servicios Forestales de Kenia (KFS, en inglés).

Durante los primeros dos meses de este año, se registraron al menos 114 incendios forestales en Kenia y al menos cinco de sus mayores bosques se vieron afectados negativamente, según KFS.

Tan solo en unos días, en febrero un incendio forestal devastó un estimado de 80.000 acres de páramos forestales del monte Kenia. Los expertos en bosques y vida silvestre insisten en que las comunidades que viven alrededor de estas áreas forestales son responsables de los incendios.

La pérdida significativa de la cubierta forestal no ocurre solo en África, pese a que la deforestación es uno de los principales impulsores del cambio climático en el planeta, según un nuevo informe mundial.

Los científicos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas han señalado que el mundo está mirando una catástrofe climática.

Estas advertencias están contenidas en un nuevo Informe Especial del IPCC sobre Cambio Climático y Tierra, publicado el  8 de agosto en Ginebra.

En coautoría de 107 científicos, casi la mitad oriundos de países del Sur en desarrollo y 40 por ciento mujeres, el informe coloca frontalmente la gestión de la tierra en el centro del combate al cambio climático, afirmando que las estrategias efectivas para abordar el calentamiento global debe colocar los sistemas de uso sostenible de la tierra en su núcleo.

“El centro del informe del IPCC se encuentra el nexo entre el cambio climático y el uso insostenible de la tierra, incluidos los sistemas alimentarios mundiales insostenibles”, dijo a IPS Richard Munang, coordinador del subprograma sobre clima en la Oficina de África de ONU Medio Ambiente, cuya sede central y regional está en Nairobi.

Munang asegura que este nexo “ya está en primer plano en África, especialmente ahora que el continente está perdiendo la cobertura forestal a un ritmo mucho más alto que el promedio mundial”.

Además, explica que  África tiene el segundo costo más alto del mundo de degradación de la tierra, estimado en 65.000 millones de dólares anuales, lo que ejerce una presión negativa sobre el crecimiento económico.

“Si bien las pérdidas promedio resultantes de la degradación de la tierra en la mayoría de los países se estiman en nueve por ciento del producto interno bruto (PIB), algunos de los países más afectados están en África y pierden un asombroso 40 por ciento de su PIB”, dijo Munang.

Es un hecho, indica el IPCC, que el cambio climático en sí mismo puede aumentar la degradación de la tierra a través del aumento de la intensidad de la lluvia, las inundaciones, la intensidad de la sequía, el estrés por calor y los períodos secos.

Pero, de hecho, son las prácticas de gestión de la tierra las que han inclinado el equilibrio del aumento de la degradación de la tierra, subraya el informe

La agricultura, la producción de alimentos y la deforestación son los principales impulsores del cambio climático, alerta el IPCC.

Según el informe, la tierra es un recurso crítico y también parte de la solución al cambio climático. Sin embargo, a medida que se degrada más tierra, se vuelve menos productiva y al mismo tiempo reduce la capacidad del suelo para absorber carbono. Esto a su vez exacerba el cambio climático.

Como resultado de cambios significativos en el uso de la tierra, presiones de la actividad ganadera y una reducción sustancial en la fertilidad del suelo, los investigadores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) plantean ahora que un tercio de las emisiones totales de carbono provienen de la tierra.

Wilfred Subbo, profesor de recursos naturales en la Universidad de Nairobi, observa los hallazgos con preocupación: “La tierra está bajo una gran presión y estamos presenciando cada vez más cómo los cambios ambientales inducidos por los humanos contribuyen a las catastróficas emisiones de carbono”.

“De hecho, nos estamos dirigiendo directamente a un desastre climático y este informe ha resaltado cómo la tierra dañada ya no sirve como ese gran sumidero que absorbe las dañinas emisiones de dióxido de carbono”, dijo a IPS.

El informe también señaló que “el calentamiento global y la urbanización pueden incrementar el calentamiento en las ciudades y sus alrededores, especialmente durante eventos relacionados con el calor, incluidas las olas de calor”.

“El año pasado, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) indicó que la transición urbana de África no tiene precedentes en términos de escala y velocidad, y que el continente es 40 por ciento urbano ya hoy”, dijo Subbo.

El informe también destaca que el cambio climático está afectando los cuatro pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad (producción y rendimiento), acceso (precios y capacidad para obtener alimentos), utilización (nutrición y cocinado) y estabilidad (interrupciones en la disponibilidad).

“La seguridad alimentaria se verá cada vez más afectada por el cambio climático futuro a través de la disminución del rendimiento, especialmente en los trópicos, el aumento de los precios, la reducción de la calidad de los nutrientes y las interrupciones de la cadena de suministro”, dijo Priyadarshi Shukla, copresidente del Grupo de trabajo III del IPCC, durante el lanzamiento.

“Veremos diferentes efectos en diferentes países, pero habrá impactos más drásticos en los países de bajos ingresos en África, Asia, América Latina y el Caribe”, remarcó.

Sin embargo, Munang señala que no todo está perdido.

“Más de 90 por ciento de los países de África han ratificado sus compromisos de acelerar la acción climática para cumplir con el Acuerdo de París, alcanzado en 2015”, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Este acuerdo busca lograr un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.

Munang enfatiza que tales objetivos climáticos exigen que los países adopten prácticas ecológicas ambiciosas como la agroforestería, el uso de fertilizantes orgánicos y de energía limpia, entre otros.

El especialista considera que varios países africanos están en el buen camino.

“A Etiopía le ha ido muy bien y ha establecido un nuevo récord mundial no oficial al plantar más de 350 millones de árboles en solo 12 horas”, afirmó.

Kenia aspira a funcionar completamente con energía limpia para 2020 y tiene el récord de tener el parque eólico más grande de África, mientras que Marruecos cuenta con el parque solar más grande del mundo.

“La clave en el futuro es cambiar la perspectiva y considerar estas acciones dentro del objetivo más amplio de construir empresas competitivas a nivel mundial con cobeneficios de acción climática”, dijo Munang.

Mientras tanto, de vuelta a las estribaciones del monte Kenia, Mungai dice que hay esfuerzos para educar a la comunidad sobre los incendios forestales y el efecto que tiene tanto en la tierra como en el clima.

“Esta creencia (de que el fuego atrae la lluvia) tomará tiempo para cambiar porque fue transmitida por nuestros abuelos. Pero el gobierno del condado está enfocado en abordar estos problemas para que las generaciones futuras aprendan a hacer las cosas correctamente”, afirmó.

T: MF

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La mayor red comunitaria de Cuba lucha por sobrevivir

seg, 12/08/2019 - 11:41

Integrantes de Snet congregados en el Parque de Comunicaciones, el sábado 10 de agosto, posan luego de pedir a las autoridades el mantenimiento de la primera y mayor red inalámbrica de Cuba, en el municipio Plaza de la Revolución de La Habana. Crédito: Ivet González/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Aug 12 2019 (IPS)

La primera red comunitaria inalámbrica que surgió en Cuba, con 40.000 computadoras conectadas fuera de línea, creció con altas y bajas en la última década en su capital, donde sus integrantes protagonizan ahora un diálogo con las autoridades para seguir existiendo.

“Es completamente una iniciativa social, no tiene nada malo, no hay manera de verle un lado negativo”, dijo a IPS Luis Leonardo Hernández, que administra en un municipio periférico de La Habana un nodo con 900 usuarios de Snet, o la llamada red de la calle, de la que estiman se sirven al menos 120.000 personas en la capital.

El domingo 11 representantes de la red se reunieron con funcionarios del Ministerio de las Comunicaciones y a partir de este lunes 12 comienzan las pruebas técnicas para una posible legalización de la red metropolitana,  indicaron a IPS fuentes cercanas a la administración general de Snet.

Esta red y otras similares de menor alcance en otras ciudades -como Santa Clara Camagüey, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba-, resultan atípicas en el resto del mundo, pues fueron construidas con cables y transmisores punto a punto como alternativa a la limitada conectividad a Internet, sobre todo para jugar en red.

Sus integrantes más innovadores crearon además servicios propios como foros, bibliotecas, chats, sitios de clasificados y un grupo de desarrollo de programas, llamado Netlab, que convierten a la red en una comunidad compleja con identidad propia, forjada a partir de un proyecto colaborativo sustentado con fondos colectivos.

“¿Qué de malo tiene la forma en que hemos trabajado todos estos años?”, se preguntó Hernández, que pertenece al segmento partidario de mantener Snet “como hasta ahora”. Mientras el optometrista Jorge Luis Alfonso remarcó que “es un fenómeno social y como eso tienen que tomarnos en cuenta”.

A pesar de algunos decomisos de equipos de tenencia ilegal detectados por inspectores o debido a la venta ilícita de Internet, Snet evolucionó bajo la mirada mayormente tolerante de las autoridades, al punto que actualmente conecta hogares de las provincias de Artemisa y Mayabeque, que colindan con La Habana.

Pero todo cambió en mayo con la publicación de las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones, destinadas al ordenamiento del espacio radioeléctrico cubano y su uso por personas naturales, que entró en vigor el 29 de julio y establece 60 días para legalizar los equipos permitidos y respetar los límites impuestos.

La norma legalizó por primera vez las redes privadas, entre otros avances, aunque con parámetros incompatibles con Snet, que es la mayor de todas ellas.

“Cumplir la legislación a totalidad sería el fin de una organización que hemos ido creando, que tiene un ambiente sano para nosotros”, dijo a IPS el taxista Juan Durán, organizador de la red, sobre la norma que fija la potencia de irradiación hasta 100 milivatios y permite el uso de transmisores solo a las personas jurídicas.

Imagen del perfil de Facebook de Snet, la llamada red de la calle. Fue la primera red inalámbrica comunitaria que surgió en Cuba y se fue expandiendo los últimos 10 años por La Habana, sobre todo entre los jóvenes, hasta convertirse en la mayor independiente existente en el país. Crédito: Snet

Entonces administradores de la red comenzaron un diálogo con funcionarios de la cartera de comunicaciones, que tuvo un punto de cambio el sábado 10, cuando decenas de integrantes de Snet se congregaron en un parque frente a la sede, en señal de inconformidad por el anuncio la víspera de que la red debía desaparecer.

Con pulóveres con el logo Somos Snet, creado para una campaña en redes sociales a favor del proyecto, o carteles artesanales con el mensaje “Todo por Snet. Somos una familia”, sus integrantes fueron llegando al lugar hasta que dos funcionarios les informaron que retomarían las conversaciones con la administración de la red.

Sudoroso y con voz desgastada, Durán estuvo entre los concentrados e indicó a IPS que habían pasado por el lugar alrededor de 300 usuarios. Algunos permanecieron allí para informar a las otras personas que seguían llegando al parque.

“No va haber ningún cambio en la ley, solo algunas concesiones en la práctica”, explicó Durán sobre la alternativa propuesta por las autoridades en respuesta a la presión ciudadana y que deben poner a prueba técnica en lo adelante, además de conocer los detalles.

La solución consiste en una fusión de la red con los Joven Club de Computación, que son 600 centros estatales tecnológicos en el país. “Se planteó que se iban a mantener los servicios y tener flexibilidad para resolver los problemas que vayan apareciendo”, continuó.

“Estamos de acuerdo en unirnos siempre y cuando mantengan lo que logramos por 10 años, con sacrificios”, valoró un chico, que no quiso identificarse. “La parte positiva es podernos conectar con el resto del país, cosa que por nuestros medios no podemos lograr”, apuntó.

Jóvenes, en su mayoría varones, escuchan a los administradores de Snet congregados en un parque frente al Ministerio de las Comunicaciones, sobre la solución propuesta por las autoridades para mantener la existencia de la red comunitaria que abastece a unas 120.000 personas en La Habana, en Cuba. Crédito: Ivet González/IPS

Pero algunos se mostraron escépticos y reservados a la espera de más detalles sobre las garantías y tiempos dados por las autoridades para la fusión, que cuando de concretarse sentaría un precedente en el país todavía muy centralizado por el Estado.

El conflicto alrededor de la intranet pone al descubierto otros problemas del país caribeño de carácter interno y hasta externo.

“Yo no tengo dinero todos los meses para pagar Internet y conectarme a un servidor internacional”, contó Heidi Margarita Betancourt, alias Gipsi, que coordina un foro donde interactúan 300 personas cada día sobre temas de actualidad, a excepción de asuntos sensibles o prohibidos como política, religión, terrorismo o pornografía.

Aunque ya 56 por ciento de la población cubana se conecta a Internet, mayormente por teléfonos móviles, según el Informe Digital 2019 de la plataforma internacional Hootsuite, todavía constituye un algo prohibitivo y en muchos casos de uso limitado debido a los altos costos del servicio.

“Esto es nuestro, los creamos para nosotros, nuestra familias, es la manera de conectarnos”, continuó Betancourt, que asegura que en su hogar toda la familia se favorece de los servicios de Snet. “Hasta mi nieta, de nueve años, hace las tareas de la escuela con la Wikipedia”, puso como ejemplo.

Otra cara de la moneda expuso el joven informático Yosvani Pérez, con el sobrenombre de Vano. “A muchos juegos en Internet, por la cuestión del bloqueo (que Estados Unidos impone a Cuba desde 1962), no podemos acceder porque somos cubanos, por eso en la red hemos creado juegos similares”, explicó.

“Snet viene a suplir todas esas cosas: es una plataforma creada por nosotros para no tener dependencia de nadie”, resumió otro informático, que se identificó solo como Luis, en respuesta al pronóstico de especialistas de que la red comunitaria desaparecería por sí sola cuando Internet sea un servicio asequible en el país.

Las redes comunitarias, que cuentan con amparo en muchos países de América Latina para ampliar el acceso a Internet, suelen constituirse de forma espontánea y colaborativa a partir de la necesidad de reducir la brecha digital, sobre todo en zonas alejadas de los centros urbanos adonde los operadores tradicionales no ofrecen servicios.

Edición: Estrella Gutiérrez

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¿Pagarán los refugiados palestinos el costo de los errores de UNRWA?

sex, 09/08/2019 - 14:03

Un camión con ayuda para los refugiados palestinos, de Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente. Crédito: UNRWA

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Aug 9 2019 (IPS)

Se teme que la crisis que amenaza el futuro de la UNRWA tenga un impacto devastador para la credibilidad de las Naciones Unida y, peor, para la vida de cinco millones de refugiados palestinos cuya supervivencia depende de los servicios humanitarios proporcionados por esa agencia de la ONU con sede en Ammán y Gaza.

Mouin Rabbani, investigador principal del Instituto de Estudios de Palestina, dijo a IPS que “esta crisis debe resolverse en forma veloz, de acuerdo con los procedimientos organizativos adecuados”.

Algo imperioso, subrayó, por el propio bien de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente), como para garantizar que esos refugiados no paguen “el costo de lo que es indiscutiblemente una campaña política dirigida por Estados Unidos e Israel para eliminar a los refugiados palestinos y sus derechos de la agenda internacional”.

Rabbani dijo que la crisis de UNRWA se debe mirar desde una doble perspectiva: organizativa y política.

Visto desde el lado organizativo, consideró, el comisionado general de la UNRWA, Pierre Krahenbuhl, está formalmente acusado de concentrar ilegítimamente poder para restringir la toma de decisiones en un pequeño círculo de colaboradores cuidadosamente seleccionados y poder cometer así abusos de autoridad extremadamente graves.

Significativamente, señaló Rabbani, estas acusaciones han emanado desde dentro de UNRWA, y también desde la Oficina de Ética de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que afirma tener evidencia “creíble y corroborada” sobre las irregularidades.

Esa Oficina presentó un detallado informe al secretario general de la ONU, António Guterres, que lo consideró lo suficientemente sólida como para pedir una investigación formal por parte de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OSSI).

Mientras continúan las investigaciones, Bélgica, Holanda y Suiza suspendieron sus contribuciones a UNRWA, después que ya, desde enero de 2018, la administración estadounidense de Donald Trump decidió, principalmente por razones políticas, retener un aporte a la Agencia de 65 millones de dólares, de un paquete de ayuda 125 millones, lo que desencadenó su crisis financiera.

Un exalto funcionario de la ONU, que habló bajo condición de anonimato, expresó su alarma por el hecho de que algunos Estados miembros se apresuraron a suspender sus contribuciones, vitales para UNRWA, con lo que castigan a palestinos inocentes, con lo que decenas de miles de niñas y niños serán víctimas de nuevas privaciones.

“Dar un paso tan drástico, con base en la cobertura mediática de un informe interno confidencial que no está disponible para los Estados miembros y que ellos saben que la OSSI todavía está investigando, es demasiado duro, especialmente en un momento en que incluso la separación de un solo niño refugiado de sus padres es considerado inaceptable “, declaró a IPS.

El diplomático manifestó su alarma por la demonización de los altos funcionarios de la UNRWA sobre la base de las filtraciones a los medios del informe confidencial de la Oficina de Ética, que son necesariamente selectivas pero también podrían ser erróneas, engañosas o francamente maliciosas, al ser un asunto que incluye a Palestina e Israel.

Puntualizó que la Oficina de Ética es una unidad clave de la ONU diseñada para verificar los abusos, y sus informes se toman en serio.

Pero acotó que no tiene el mandato ni los recursos para realizar investigaciones definitivas, por lo que reúne y presenta información y evidencia a la OSSI para su verificación.

El diplomático enfatizó que incluso si la OSSI encontrara graves fallas e irregularidades de los directivos de la UNRWA, los refugiados palestinos no deberían sufrir las consecuencias.

A su juicio, UNRWA recibió un golpe catastrófico cuando Trump canceló la contribución anual de 360 ​​millones de dólares de Estados Unidos. Pero una intensa y continua campaña de UNRWA había recaudado el mes pasado más 110 millones de otros países.

“Si UNRWA estuviera plagado de graves disfunciones en la parte superior, no puedo imaginar que los Estados miembros no estuvieran totalmente conscientes y hubieran sido tan excepcionalmente solidarios”, declaró el antiguo alto funcionario del foro mundial.

Según la UNRWA, su financiamiento proviene casi en su totalidad por contribuciones voluntarias. La única excepción es un subsidio muy limitado del presupuesto ordinario de la ONU, que se utiliza exclusivamente para gastos administrativos.

“El trabajo de UNRWA no podría llevarse a cabo sin contribuciones sostenidas de los gobiernos de los Estados y las regiones, la Unión Europea (UE) y otros socios gubernamentales, que representaron  93,28 por ciento de todas las contribuciones en 2018”, indicó la Agencia.

En 2018, añadió en un informe, 50 por ciento de los compromisos totales de aportes, de unos 1.270 millones de dólares, provino de los Estados miembros de la UE, que contribuyeron con 643 millones de dólares, incluida la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque.

La UE (incluida la Comisión Europea), Alemania y Arabia Saudita fueron los principales donantes individuales, aportando acumuladamente 40 por ciento de la financiación total de la Agencia. Gran Bretaña y Suecia también se encontraban entre los cinco principales donantes.

E l investigador Rabbani planteó a IPS que lo correcto para Krahenbuhl es renunciar de inmediato si sabe que estas acusaciones tienen fundamento.

O separarse temporalmente de su cargo de comisionado general hasta que concluya la investigación de la OSSI, si considera que son acusaciones falsas o interesadas de un entorno hostil, en vista de su gravedad.

Si se niega a hacerlo, como parece ser el caso, Guterres debería ejercer su responsabilidad y colocar a Krahenbuhl en licencia administrativa con efecto inmediato hasta que se resuelva el asunto.

“Esto es lo que cabría esperar que suceda, y de hecho a menudo se hace, tanto en el sector público como en el privado”, planteó.

A su juicio la renuncia de varios subordinados de Krahenbuhl y el nombramiento de un director adjunto interino para la UNRWA “es una respuesta insuficiente que podría decirse que solo sirve para profundizar la crisis y aumentar el daño tanto a UNRWA como a la ONU”.

Además, no favorece a la imagen de la ONU y de su Secretaria General que se haya sabido que el informe de la Oficina de Ética y las acusaciones contra Krahenbuhl se le comunicaron en diciembre de 2018 y que, desde entonces, no se adoptó ninguna medida relevante hasta el que documento se filtró a los medios en julio.

Es este punto el que más subrayan los donantes que suspendieron sus contribuciones a la Agencia y otros Estados que anunciaron que estudian medidas similares.

Desde una perspectiva política, dijo, es vital tener en cuenta que esta crisis ha estallado en un momento crítico para la UNRWA, cuando la administración Trump ataca la existencia misma de la Agencia y se prevé que usará la crisis para liquidar la asistencia a los refugiados palestinos.

Además, el mandato de UNRWA debe renovarse en los próximos meses y son muchos los que recelan de la confluencia de las filtraciones sobre su irregular manejo y la intensificación de la campaña de Estados Unidos y su aliado Israel contra la Agencia y los refugiados a los que asiste.

El contexto político es el que hace aún más urgente una actuación de la ONU sobre la permanencia de Krahenbuhl como comisionado general, cargo que ejerce desde 2014.

Para Rabbani, la prioridad tiene que ser la de los refugiados palestinos, que son el sector más vulnerable de un pueblo en permanente crisis.

“Esta crisis, y la respuesta ante su estallido, es la prueba definitiva de su compromiso (de Krahenbuhl) con este mandato, y si falla, los altos cargos de la ONU deben intervenir en forma clara y sin más demoras, para preservar los intereses de la propia ONU, de la UNRWA y de los refugiados palestinos a los que sirve”, subrayó.

Sin perjuicio de la gravedad de las acusaciones, el especialista en asuntos palestios dijo que es importante tener en cuenta cuatro elementos:

a) Las acusaciones se han dirigido contra individuos dentro de UNRWA y no contra la agencia misma.

b) El propio informe de ética de UNRWA señala que la decisión de Estados Unidos de terminar las contribuciones a UNRWA y hacer campaña para la eliminación de la Agencia, así como la crisis resultante dentro de la Agencia, forman el contexto en el que ocurrieron los presuntos abusos de autoridad.

c) Los abusos de autoridad y otras conductas inapropiadas que se detallan en el informe no son exclusivos de UNRWA, y se han documentado abusos similares y más discutibles en otras agencias de la ONU a lo largo de los años.

d) Las acusaciones se refieren principalmente a altos funcionarios ajenos al personal palestino (Krahenbuhl es suizo y su asistente principal estadounidense). El único miembro del personal palestino implicado ya ha sido despedido.

T: MF

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Mujeres mexicanas sacan la cocina al sol

sex, 09/08/2019 - 11:04

Reyna Díaz revisa la cocción de cerdo marinado en una olla solar, en su vivienda en un barrio popular de Vicente Guerrero en el municipio de Villa de Zaachila, en el estado de Oaxaca, en el suroeste de México. El uso de estas cocinas ya permite a 200 mujeres ahorrar combustible y dejar de usar leña, con beneficios ambientales y de salud. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
VILLA DE ZAACHILA, México, Aug 9 2019 (IPS)

Reyna Díaz cocina frijoles, pollo, cerdo y postres en su olla solar, que instala en el patio abierto de su casa, en un barrio pobre de la periferia de este municipio del suroeste de México.

“A mi familia les gusta cómo quedan. La uso a casi diario, me ha beneficiado mucho”, dijo Díaz a IPS, mientras mezclaba los ingredientes de cochinita pibil (tradicional platillo de cerdo marinado con especias y achiote, un colorante natural), que luego colocó sobre las láminas de aluminio del horno, alrededor de la olla, que reflejan la radiación que calienta el receptáculo.

Antes de recibir en marzo esta cocina u olla solar, esta vendedora de atole (tradicional bebida caliente mexicana a base de masa de maíz o trigo) y jefa en solitario de un hogar con un hijo y una hija, descreía de la posibilidad de cocinar con los rayos del sol.“Fui aprendiendo con las señoras. Fue difícil, nos tocó picar piedra, era totalmente desconocido. Ahora hay más apertura de la gente, porque hay más información sobre el potencial solar. En las áreas rurales, la gente lo entiende más”: Lorena Harp.

“No sabía que se podía, me preguntaba si se iba a cocer la comida. Cosa más admirable”, relató esta pobladora de la colonia (barrio) popular Vicente Guerrero, en  Villa de Zaachila, este municipio con  unos 43.000 habitantes, situado en el estado  de Oaxaca, a unos 475 kilómetros al sur de Ciudad de México.

A los habitantes de Vicente Guerrero les une la pobreza, con viviendas que cuentan  con electricidad y agua potable y donde las mujeres que alternan sus trabajos informales con el cuidado de sus familias.

Antes, Díaz guisaba con leña y gas licuado de petróleo (GLP), cuyo consumo ahora ha limitado y le dura más tiempo. “He ahorrado bastante”, aseguró.

Vecinas de este barrio, donde abundan las casas de chapas de latón y las calles sin pavimentar y sin alcantarillado, recibieron capacitación sobre la cocina, su utilización y sus beneficios, y al obtenerlo, se convirtieron en sus promotoras. También organizan demostraciones en sus casas para intercambiar recetas, degustar sus platillos y difundir los cambios positivos que le han aportado los aparatos.

Las cocinas solares son dispositivos que permiten preparar alimentos con la radiación como fuente de energía, pues funcionan como un invernadero que, al concentrar el calor, cuecen la comida. Disponen de un hueco u olla rodeada de unos alerones, captura lo radiación solar con su forma parabólica y la refleja hacia el recipiente con la comida.

Entre sus ventajas figuran ser otra alternativa para la cocción rural, porque permite guisar sin necesidad de electricidad o combustibles sólidos o fósiles; pasteurizar agua para potabilizarla; evitar la tala y contaminación; respirar humo del fogón y utilizar energía renovable.

Pero estas cocinas no funcionan en días lluviosos o nublados, el proceso de cocción es largo, comparado con las estufas tradicionales, y se tienen que utilizar al aire libre.

En México, un país con 130 millones de habitantes, unos 19 millones utilizan combustibles sólidos para cocinar, hábito que ocasionó unas 15.000 muertes prematuras en 2016 por la ingestión de partículas nocivas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lorena Harp (I), responsable de promover las cocinas solares en México, muestra cómo armar el dispositivo a la maestra jubilada Irma Jiménez, en el barrio popular de Vicente Guerrero, en el municipio de Villa de Zaachila, en el sureño estado de Oaxaca. Crédito: Emilio Godoy/IPS

El principal material consumido por 79 por ciento de esos hogares es el GLP, seguido por la leña o carbón (11 por ciento) y gas natural (siete por ciento).

En Oaxaca, el gas y la leña representan cada uno 49 por ciento del consumo familiar, mientras que el resto recae en otros combustibles.

De los más de cuatro millones de habitantes del estado, 70 por ciento vivía en pobreza en 2016 y casi 27 por ciento sufría pobreza extrema, según el Inegi. El 26 por ciento padecía carencia por calidad y espacios en la vivienda y 62 por ciento, por acceso a servicios básicos.

Asimismo, aparece entre los tres estados mexicanos con mayor pobreza energética, cuando un hogar destina más de 10 por ciento de su ingreso a la compra de insumos energéticos.

Un proceso cocinado lentamente

La olla solar puede combatir algunos de esas precariedades.

En 2004 arrancaron los primeros intentos por repartirlas en Oaxaca. En 2008, activistas crearon la iniciativa “Energía solar para puestos de comida móviles en México”, con patrocinio de tres instituciones suizas: la ciudad de Ginebra, la cooperativa SolarSpar y la no gubernamental GloboSol.

Así nació en 2009 Cocina Solar México, un colectivo dedicado al aprovechamiento y uso de energía solar en la cocina y procesos alimentarios. Con el apoyo de la no gubernamental Solar Household Energy (SHE en inglés), con sede en Washington, se construyó un prototipo, económico y elaborado con materiales ligeros.

En 2016, SHE inició un proyecto piloto en comunidades indígenas para evaluar el grado de adopción.

“Fui aprendiendo con las señoras. Fue difícil, nos tocó picar piedra, era totalmente desconocido. Ahora hay más apertura de la gente, porque hay más información sobre el potencial solar. En las áreas rurales, la gente lo entiende más”, expresó a IPS la responsable de la iniciativa, Lorena Harp.

La olla, de cuatro litros de capacidad y cuya vida útil oscila entre cinco y 10 años, cuesta unos 25 dólares, de los cuales SHE aporta la mitad. En 10 comunidades ha entregado unas 200 de estas estufas.

Para Harp, es un tema de género, porque “la mujer se empodera, en sus familias han ganado respeto”.

El estado de Oaxaca desaprovecha su gran potencial para generar electricidad con la radiación solar. En la imagen, un techo solar en una fábrica de paneles fotovoltaicos en la ciudad de Oaxaca, capital del estado del suroeste de México. Crédito: Emilio Godoy/IPS

A pesar de su potencial, Oaxaca no aprovecha su óptima radiación solar. A junio pasado, el estado aparece entre los 10 estados mexicanos con menor generación distribuida (descentralizada), menor a 500 kilovatios, conectada a la red eléctrica nacional, según datos de la gubernamental Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En el primer semestre, Oaxaca tuvo una capacidad instalada fotovoltaica de 6,69 megavatios con 747 contratos de interconexión, en un país donde es solo fotovoltaica la generación distribuida.

Este país latinoamericano registró 17.767 contratos por casi 125 megavatios (Mw), casi el mismo volumen que en el mismo lapso de 2018 -cuando totalizaron 35.661 por 233,56 Mw, aunque con más permisos. Desde 2007, CRE ha inscrito 112.660 contratos por 817,85 Mw solares.

Para Luís Calderón, presidente del Clúster de Energía de Oaxaca, la evolución ha sido positiva en poco tiempo.

Pero “falta información precisa y confiable y certeza sobre los ahorros que se logran con la generación distribuida, que se genera para el autoconsumo y suministro del remanente a la red. Además, no hay política” estadal, aclaró a IPS el también integrante de la Asociación Nacional de Energía Solar.

En 2018, México registró una capacidad instalada total de 70.000 Mw, tres por ciento más que el año precedente. Las plantas de ciclo combinado alimentadas con gas contribuyeron con 36 por ciento, la térmica convencional, 17 por ciento; la hidroeléctrica, 18 por ciento; el carbón, casi ocho por ciento; eólica, casi siete por ciento, y la solar fotovoltaica solo 2,6 por ciento.

Pero el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre, promueve la explotación fósil y frena la expansión renovable.

En ese contexto, modificará la iniciativa del Ecocrédito Empresarial, dirigido por el gubernamental Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica a micro, pequeñas y medianas empresas para la adquisición de aparatos eficientes. Las medidas incluyen eliminar el subsidio de 14 por ciento y un límite de unos 20.000 dólares de financiamiento, pero el gobierno aún no define su futuro.

Además, el plan del gobierno de Oaxaca, de crear dos cooperativas de energía para riego agrícola, aún no cuenta con los 1,75 millones de dólares de recursos requeridos para dos plantas solares de 500 kilovatios cada una en el municipio de San Pablo Huixtepec, para atender a 1.200 agricultores de 35 unidades de riego.

Las cocineras solares no miran atrás, en un barrio ideal para desplegar paneles y calentadores de agua solares. “Vamos a seguir usándola, ya vimos que funciona. Vamos a promoverla”, adelantó Díaz, mientras revisaba que su guiso no se quemase.

La evaluación de SHE halló buena adopción e impacto entre las usuarias, pues casi la mitad redujo el uso de cocinas contaminantes en más de 50 por ciento. Algunas utilizaron la olla hasta seis veces por semana, les ahorró tiempo y ha probado ser un utensilio de alta calidad, poderoso, duradero y accesible.

Para Harp, se requiere de socios y de apoyo gubernamental. “Falta mucho, hay muchas carencias. Algo falta para generar un uso masivo, quizás una política integral”, analizó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El cambio climático pondrá en riesgo el agua y la comida del planeta

qui, 08/08/2019 - 10:07

Hay riesgos muy altos de escasez de agua y de inestabilidad en el sistema alimentario, incluso con un aumento de temperatura de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. Crédito: PNUD Somalia

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Aug 8 2019 (IPS)

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático publicó este jueves 8 su informe sobre La Tierra y el Cambio Climático, en el que destaca, entre otras cosas, cómo el clima está afectando la disponibilidad, el acceso, la nutrición y la estabilidad de los alimentos.

La seguridad alimentaria se verá cada vez más afectada por el cambio climático futuro a través de la disminución del rendimiento agrícola, especialmente en los trópicos, con el aumento de los precios, la reducción de la calidad de los nutrientes y las interrupciones de la cadena de suministro”, asegura Priyadarshi Shukla, una de las autoras del informe.

“Veremos diferentes consecuencias en diferentes países, pero habrá un impacto más drástico en los países de bajos recursos en África, Asia, América Latina y el Caribe”, añade.

Comer más verduras y desperdiciar menos

El estudio del Grupo, conocido por su sigla en inglés, IPCC, destaca que actualmente alrededor de un tercio de la comida se pierde o se desperdicia. Las causas difieren entre países desarrollados y en desarrollo, pero reducir su ocurrencia disminuiría las emisiones de gases de efecto invernadero y la inseguridad alimentaria.

“Algunas dietas requieren más agua y más tierra, y causan más emisiones de gases que aumentan el calentamiento global. Las dietas balanceadas con más alimentos a base de granos, legumbres, frutas y verduras y con alimentos animales producidos de manera sostenible, presentan oportunidades para limitar el cambio climático”, revela la experta Debra Roberts.

Las industrias y la ganadería generan gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Crédito: Banco Mundial/John Hogg

El informe también asegura que hay maneras de abordar los riesgos y reducir las vulnerabilidades en los sistemas de producción y distribución de la comida y de gestión de la tierra.

La reducción de riesgos puede aumentar la resiliencia de las comunidades ante eventos extremos, lo cual tiene un impacto en la seguridad alimentaria. Un ejemplo puede ser cambios en la dieta y en los alimentos que se cultivan para prevenir la degradación de la tierra.

Reducir la desigualdad, aumentar los salarios y asegurar el acceso a la comida en regiones donde la tierra ya no produce también influyen en adaptarse a los impactos negativos del cambio climático.

La tierra como un recurso crítico en la lucha contra el cambio climático

La tierra ya está bajo una presión humana creciente y el cambio climático se está sumando, mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados solo se puede lograr reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores, incluidos la tierra y los alimentos.

La tierra juega un rol muy importante en el sistema climático. La agricultura, la silvicultura y otros tipos de uso representan 23% de las emisiones de efecto invernadero. Al mismo tiempo los procesos naturales de la tierra absorben dióxido de carbono equivalente a casi un tercio del emitido por los combustibles fósiles y las industrias”, asegura el experto Hans-Otto Portner.

Una mujer agricultora de la India. Crédito: Ray Witlin/Banco Mundial

Manejar los recursos de manera sostenible puede ayudar a abordar el cambio climático. “Las elecciones que hacemos en este manejo pueden ayudar a reducir y en algunos casos hasta reversar los impactos”, expresa el científico del Grupo Kiyoto Tanabe, quien añade que la tierra que ya está siendo usada puede alimentar a la población mundial y al mismo tiempo proveer biomasa para la energía renovable, pero se necesita acción temprana y extensa para lograrlo.

La degradación de la tierra y los riesgos añadidos al calentamiento global     

Cuando la tierra se degrada se hace menos productiva y se reduce su capacidad para absorber carbono, lo que influye en el cambio climático, que en retorno contribuye más a su degradación.

“En un futuro, con lluvias más intensas, aumentará el riesgo de erosión del suelo en las tierras de cultivo. La gestión sostenible de la tierra es una forma de proteger a las comunidades de los efectos perjudiciales de la erosión del suelo y deslizamientos de tierra. Sin embargo, hay límites para lo que se puede hacer, por lo que en otros casos la degradación puede ser irreversible “, añade Tanabe.

Aproximadamente 500 millones de personas viven en áreas que experimentan la desertificación. Las áreas secas son más vulnerables al cambio climático y a los eventos extremos, incluidos la sequía, las olas de calor y las tormentas de polvo, con una creciente población mundial que proporciona más presión.

El informe establece opciones para abordar la degradación de la tierra y también examina los impactos de los diferentes niveles de calentamiento global.

Vista aérea del Lago Chad que muestra claramente los efectos de la desertificación. En los últimos 50 años, la cuenca del Lago Chad se ha reducido de 25.000 kilómetros cuadrados a 2.000. Crédito: Jea Damascene Hakuzim/PNUD Chad

Hay riesgos muy altos de escasez de agua, riesgos por incendios, degradación del permafrost y de inestabilidad en el sistema alimentario, incluso con un aumento de temperatura de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. El riesgo se hace mucho más intenso con un aumento de 2 grados, aseguran los expertos.

Recomendaciones

Un enfoque general en sostenibilidad combinado con acciones tempranas ofrece las mejores oportunidades para luchar contra el cambio climático. Esto incluye, un menor crecimiento de la población, la reducción de desigualdades, una mejor nutrición y un menor desperdicio de comida.

Si se logra un sistema alimentario más resiliente se puede tener más tierra disponible para crear energías limpias, y al mismo tiempo proteger los bosques y los ecosistemas naturales. Sin embargo, si no se actúa pronto, más tierra podría necesitarse para generar energía y esto conduciría a desafiantes decisiones sobre su uso y el sistema alimentario.

“Las políticas que apoyan la gestión sostenible de la tierra, aseguran el suministro de alimentos para personas vulnerables y mantienen el carbono en el suelo mientras reducen las emisiones de gases de efecto invernadero son importantes”, agrega Eduardo Calvo, coautor del informe.

Otras políticas fuera del sector alimentario y de los suelos, como el transporte y en medio ambiente, también hacen una diferencia crítica en la lucha contra el cambio climático. “Actuar rápidamente costará menos, ya que evitará más perdidas”, advierte el informe.

“Hay cosas que ya estamos haciendo, utilizando tecnología y buenas prácticas, pero hay que aumentarlas y usarlas donde no se están aplicando”, afirma Panmao Zhai, presidente de un grupo de trabajo del IPCC.

“Hay un gran potencial a través del uso sostenible de la tierra, reducir el consumo excesivo y el desperdicio de comida, evitar que los bosques sean quemados, prevenir el cultivo excesivo de madera para combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, concluye

El informe fue preparado por 107 expertos de 52 países, y se trata del primero en que la mayoría de los científicos son de países en desarrollo y hay una participación de un 40% de mujeres.

El documento será un aporte científico clave en las próximas negociaciones sobre el clima y el medio ambiente, como el de Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP14) en Nueva Delhi, en septiembre, y la Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Santiago, Chile, en diciembre.

El informe concluye que una mejor gestión de la tierra puede contribuir a combatir el cambio climático, pero no es la única solución.

En 2015, los gobiernos respaldaron el objetivo del Acuerdo de París de fortalecer la respuesta global a cambio climático al mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2 grados por encima de los niveles pre-industriales y perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

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Sanciones de EEUU afectan ayuda a víctimas de inundaciones en Irán

qua, 07/08/2019 - 17:25

El Consejo Noruego para los Refugiados y la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní (IRCS) alertaron que las sanciones estadounidenses contra Irán están paralizando asistencia clave a las víctimas de las inundaciones y a los refugiados en el país. Crédito: Cortesía de IRCS

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Aug 7 2019 (IPS)

Dos importantes grupos humanitarios alertan que las sanciones de Estados Unidos contra Irán están deteniendo los flujos de efectivo para el trabajo humanitario vital en el país, lo que suma otra complicación a la creciente brecha entre Washington y Teherán.

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní (IRCS) se quejaron de que la llamada campaña de “máxima presión” sobre Irán del presidente de  Estados Unidos, Donald Trump, está paralizando en ese país del Medio Oriente la asistencia clave para las víctimas de las inundaciones y los refugiados.

Jan Egeland, secretario general del NRC y exfuncionario de las Naciones Unidas, advirtió que el apoyo a unas 82.000 personas en Irán podría interrumpirse a mediados de agosto porque su grupo no puede ingresar fondos a la república islámica.

“Hemos intentado, durante un año completo, encontrar bancos que puedan y estén dispuestos a transferir dinero de donantes occidentales para apoyar nuestro trabajo para los refugiados afganos y las víctimas de desastres en Irán, pero estamos golpeando paredes de ladrillo por todos lados”, dijo Egeland

A su juicio, “las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán son tan amplias que los bancos no están dispuestos a facilitar las transferencias para el trabajo humanitario”.

“Si todos los canales bancarios están bloqueados, entonces también lo está la entrega de ayuda crítica a las personas vulnerables”, insistió el directivo del NRC.

Mientras tanto, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (FICR) y de la Media Luna Roja, con sede en Ginebra, ha recaudado fondos para atender las consecuencias de las inundaciones en el mundo, que no puede transferir a su equipo local, el IRCS.

“Debido a las sanciones de Estados Unidos, el IRCS no ha podido recibir contribuciones en efectivo de tres millones de euros” que “la  Cruz Roja y de la Media Luna Roja han donado a las personas afectadas por las inundaciones de Irán”, explicaron  la FICR y la Media Luna Roja en un comunicado.

En 2018, Trump retiró a Estados Unidos de un acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales clave, suscrito en 2015, y luego aumentó las sanciones para presionar a Teherán mediante su estrangulación económica.

Trump dijo que el acuerdo histórico negociado por su predecesor, Barak Obama,  no fue lo suficientemente lejos para evitar que Irán construya armas nucleares o ni estableció medidas para detener su apoyo a las milicias extranjeras y el desarrollo de misiles balísticos.

Funcionarios de la Casa Blanca defienden que las sanciones están dirigidas al sector energético de Irán y a la cúpula del régimen de los ayatolás, y no se aplican a artículos esenciales como alimentos, medicinas y ayuda humanitaria, aun cuando estos hayan sido afectados indirectamente.

Alemania y Francia y Gran Bretaña han tomado medidas para contrarrestar las restricciones de Washington, como el establecimiento de un instrumento financiero de apoyo al intercambio comercial (Intex), destinado a facilitar el comercio y los negocios entre Irán y los países europeos, soslayando al sistema financiero estadounidense.

Sin embargo, los informes indican que los temores sobre sobre el alcance de las sanciones estadounidenses han provocado que los agentes financieros occidentales no utilicen el Instex, por lo que el instrumento solo ha atraído a una pequeña cantidad de recursos de las empresas europeas, dejando a Irán sin recursos.

Según Egeland, los banqueros de Europa están demasiado asustados para mover dinero a Irán a pesar de las exenciones al régimen de las propias sanciones.

“Los bancos noruegos, europeos y de otro tipo tienen demasiado miedo de las sanciones de Estados Unidos para transferir el dinero que los gobiernos europeos han dado para nuestro trabajo de ayuda vital”, dijo Egeland en otro comunicado.

“Nos quedaremos sin efectivo en dos semanas y ya no podremos brindar ayuda a las familias afganas pobres”, agregó, en referencia a los más de tres millones de afganos que huyeron al vecino Irán de los conflictos, pobreza y desastres naturales en su país.

El posible cierre de las operaciones de ayuda en Irán es solo el último derrame de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán, en medio de los temores generalizados de que podría convertirse en un enfrentamiento militar.

En medio de la crisis, Trump suspendió los ataques aéreos contra Irán en el último minuto de junio después de que las fuerzas de la república islámica derribaron un avión no tripulado de vigilancia militar estadounidense en el Golfo con un misil tierra-aire.

Trump ha reiterado públicamente que está dispuesto a mantener conversaciones con las autoridades iraníes, pese a sus críticas sobre su incompetencia, el peligro que representan para su aliado, Israel, la seguridad regional y los intereses estadounidenses.

T: MF

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Riesgos ambientales presionan a agricultores cubanos

qua, 07/08/2019 - 15:39

El agricultor Joel Fernández recolecta zanahorias cultivadas en su finca Soledad III, en Las Caobas, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en la oriental provincia cubana de Holguín. Por tradición y por necesidad, en esta y otras fincas del área se práctica la agricultura ecológica. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LAS CAOBAS, Cuba, Aug 7 2019 (IPS)

El viento que sopla desde la costa se cuela por las puertas y ventanas abiertas de las humildes casas del barrio rural de Las Caobas, en el este de Cuba, donde sus habitantes dependen de una agricultura en condiciones climáticas adversas.

Como banderolas, las cortinas a flores se agitan dentro de algunas viviendas, la mayoría de madera o ladrillos al descubierto con techos ligeros. Una chica transporta hierba en un carro a caballo y se tapa los ojos por la nube de polvo que provoca el paso de un automóvil por el único camino, sin pavimentar, del lugar, donde el Estado anunció la construcción de una carretera que no termina de llegar.

En esta comunidad del municipio de Gibara, de 71.000 habitantes, vive Maité Sarmiento, que guarda en el cobertizo botellas con jalea de mango. “En 2007, aprendí a hacer conservas y hoy abastecemos el hogar y vendemos en la ciudad”, explicó a IPS en la finca familiar Soledad III, de 3,3 hectáreas.

“Este año no se pudo hacer puré (pulpa en conserva) porque el tomate salió malo por las plagas”, lamentó Joel Fernández, que el esposo de Sarmiento y dueño de la finca asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicio Abel Santamaría, que suma 514 hectáreas entre sus 137 integrantes, de las cuales apenas 160 son cultivables.

Con su familia arraigada en el lugar y productor desde los 17 años, Fernández describió que este “es un lugar seco, el agua disponible para riego no es buena de acuerdo con los análisis realizados, aplicamos hasta 60 por ciento de materia orgánica por encima de la media del país y las plagas han aumentado y son más agresivas”.

El cambio climático resulta cada vez más un riesgo evidente para el sector productivo de este país insular caribeño, en especial las pequeñas fincas establecidas en lugares vulnerables como Las Caobas.

Aquí, las familias campesinas tienen la tradición, en parte por necesidad, de producir ecológicamente, con prácticas como mejorar los pedregosos suelos con toneladas de estiércol y acopiar agua en cavernas subterráneas naturales.

“Antes sembrábamos maíz y había que fumigar, si acaso, una vez”, ejemplificó Fernández. “Ahora hay que fumigar tres o cuatro veces. Usamos productos ecológicos para las plagas, pero en otras ocasiones hay que recurrir a químicos, que están escasos y caros”, describió sobre la finca que cosecha pequeños volúmenes de vegetales y frutas.

Maité Sarmiento muestra las conservas que elaboras a partir de mangos cultivados en la finca familiar Soledad III, en el barrio rural Las Caobas, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en el este de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Pese a todos los esfuerzos, reconoció que  “en los últimos cinco años hemos perdido varias producciones, ha sido un desastre”.

“Gracias al Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) aprendimos a probar y comparar, buscar nuevas semillas y diversificarnos”, explicó Fernández.

El agricultor se refiere a una iniciativa que comenzó en 2000, gracias al esfuerzo conjunto de entidades cubanas con la cooperación internacional, sobre todo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, que hoy llega a 75 de los 168 municipios cubanos con propuestas de innovación y empoderamiento de jóvenes y mujeres.

“Muchos productores están conscientes de que es real la situación del cambio climático”, compartió la agrónoma Miriam Rojas, sentada en la sala del hogar de la familia de Fernández y Sarmiento. Ella brinda asistencia científico-técnica a las 79 entidades productivas de Gibara, de las cuales siete cooperativas integran el PIAL.

“Pero resulta más lento el proceso de conversión y concientización de los productores, que el impacto del cambio climático”, valoró la especialista en extensión agraria, que ayuda a aplicar los conocimientos técnicos a los productores.  “Debemos desarrollar una labor más fuerte”, propuso.

En medio de su maizal, con las plantas mecidas por el viento que llega del mar, el campesino Alexis Bauta, presidente de la cooperativa Abel Santamaría, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en el este de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Investigaciones cubanas señalan que las variabilidades del clima como las cada vez más frecuentes y severas sequías y el aumento de la temperatura mínima del aire y del nivel del mar, presionan al sector productivo.

El estudio “Propuesta de medidas de adaptación al Cambio Climático en el sector agropecuario local en Cuba”, publicado en 2017 en la revista Ingeniería Agrícola, identifica nueve medidas como reforestación, conservación de suelos, modernizar las tecnologías de riego, cultivares más tolerantes y enfrentar las plagas con bioproductos.

“El tema ambiental juega un papel importante”, sostuvo el ingeniero en mecanización agropecuaria Norge Díaz, que coordina el PIAL en la provincia de Holguín, donde se sitúa Gibara. “A los productores hay que hablarles de diversidad, porque si falla algo, se continúa con otro cultivo y la economía de la casa no decae”, apuntó.

Justamente, el PIAL es pionero en organizar las llamadas Ferias de la Diversidad, donde las y los productores se reúnen para intercambiar semillas, experiencias y otras mercancías más elaboradas como los alimentos en conservas y artesanías, de modo que la familia campesina tenga ingresos sostenibles.

“Tenemos varias experiencias en adaptabilidad al cambio climático, manejo integrado de cultivos  y el trabajo con las fincas agroecológicas, entre otras”, continuó Díaz, sobre el proyecto que en Holguín llega a 25 cooperativas de siete municipios. “Y estamos haciendo sinergia con las acciones de la Tarea Vida”, amplió.

Tarea Vida es el nombre más conocido del primer plan del Estado cubano para afrontar el cambio climático, que fue aprobado por el gobierno en 2017 y establece medidas a corto, mediano y largo plazo, con especial énfasis en las zonas costeras del archipiélago.

Un hombre conduce una carreta tirada por caballo por el camino sin pavimentar que une las pequeñas parcelas agrícolas de Las Caobas, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en la oriental provincia de Holguín, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Semillas de cebollín (Allium schoenoprasum) se secan al sol sobre los techos de la vivienda y otras precarias instalaciones de la finca El Mirador, también en Las Caobas, donde los sembradíos reverdecen a pesar de la sequía gracias a la dedicación y experiencia del productor Alexis Bauta, que junto a sus dos hermanos trabaja una parcela de 8,5 hectáreas de tierra.

“Los campesinos tenemos que buscarle alternativas a esta situación de la sequía, y el cambio climático en general, con cultivos que sean de ciclo corto, aplicar mucha materia orgánica para no erosionar el suelo, poner barreras vivas y muertas para minimizar los daños al suelo”, propuso el campesino, que preside la cooperativa Abel Santamaría.

Con una fuerte brisa proveniente del mar donde termina la finca, Bauta detalló a IPS que apuestan por el plátano (banano para cocinar) para sembrar “por ser más resistente a la sequía, pero no a gran escala”, junto a yuca, boniato (batata), frijol, pepino y ajíes, que en conjunto suman en el año hasta 12 toneladas de cosecha.

“Las autoridades deben apoyar más al campesino, con recursos y capacitación, ya que cada año es más difícil lograr las cosechas”, agregó Bauta, que identifica otras limitantes como la ausencia o pésimo estado de las carreteras y acceso a medios de transporte.

Economistas consultados por IPS señalan que el sector agropecuario cubano debe considerar cada vez más los riesgos ambientales en su planificación, sobre todo los pequeños productores. Junto a las medidas de adaptación, recomiendan mejorar otros mecanismos existentes como el aseguramiento de ganado y cosechas.

Las cooperativas gestionan 67 por ciento de las tierras cultivables en Cuba y logran  80 por ciento de la producción de leche, tubérculos, hortalizas, maíz, frijol y frutales, en un país donde todavía se importa cada año hasta 70 por ciento de los alimentos para la población de 11,2 millones de habitantes.

Edición: Estrella Gutiérrez

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De cerdos, aves y excrementos energéticos en el suroeste de Brasil

ter, 06/08/2019 - 16:34

Romário Schaefer, de 65 años, entre el biodigestor negro enterrado en la tierra, el depósito azul del suero lácteo que se mezcla con excrementos de los cerdos que ceba en una hilera de pocilgas (arriba a la izquierda) para producir biogás, en el municipio de Entre Rios do Oeste, en el sur de Brasil. Al fondo su fábrica de ladrillos, que consume el combustible y con el que ahorra unos 6.500 dólares mensuales de electricidad. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
ENTRE RIOS DO OESTE, Brasil, Aug 6 2019 (IPS)

El brasileño Romário Schaefer ceba 3.300 cerdos que no son suyos. Los recibe como lechones de cerca de 22 kilos y los devuelve con 130 a 160 kilos, un gran incremento en carne y ganancias para su propietario, un frigorífico local.

A Schaefer no le interesa el negocio de la proteína animal, sino un desecho incómodo de la porcicultura, los excrementos, con los que produce el biogás y la electricidad que impulsan su industria de ladrillos.

“No soy agricultor”, aclara al presentar su Cerámica Stein en medio de una propiedad rural de 38 hectáreas, en las afueras de Entre Rios do Oeste, una municipio rural de 4.400 habitantes del occidente de Paraná, uno de los tres estados de la región del Sur de Brasil, en la frontera con Paraguay.

Trata de distinguirse de sus vecinos porcicultores que producen el biogás y lo venden a la Minicentral Termoeléctrica inaugurada el 24 de julio para generar la energía que sirve a la prefectura municipal (alcaldía) de Entre Rios y todas sus instalaciones en el centro urbano y el resto del municipio.

Para ellos se trata de un nuevo producto agrícola, así reconocido en Paraná para fines comerciales y tributarios, para Schaefer es un insumo para su propia industria, que actualmente produce solo ladrillos.

Los desechos animales, que contaminan el suelo y los ríos, se van convirtiendo en un subproducto importante en el suroeste de Brasil, donde la cría porcina y avícola registró una fuerte expansión en las últimas décadas.

La Granja Haacke, en el municipio de Santa Helena, al sur de Entre Rios, aprovecha las materias fecales de sus decenas de miles de gallinas y centenares de vacunos para producir biogás, electricidad y biometano.

Su biometano, combustible derivado del refino del biogás y que sustituye el gas natural, es usado en vehículos de Itaipú Binacional, la gigantesca central hidroeléctrica compartida por Brasil y Paraguay en el fronterizo río Paraná.

En Mariscal Cándido Rondon, algunos kilómetros al norte, la familia Kohler, pionera en el uso del biogás en su hacienda, asumió otro papel en la cadena de esa energía más que limpia, limpiadora.

Parte de Cerámica Stein, cuya prosperidad y producción ecológica se debe al biogás que produce con los excrementos de 3.300 cerdos. La fábrica produce mensualmente ladrillos suficientes para construir 200 viviendas de 60 metros cuadrados, en el estado de Paraná, en la frontera de Brasil con Paraguay. Crédito: Mario Osava/IPS

Creó una industria de biodigestores, la BioKohler, presente en muchos proyectos que se multiplican en Paraná y en otros estados brasileños, también como portadora de equipos y conocimientos traídos de otros países.

La nueva iniciativa familiar que puede orientar nuevos proyectos es una central eléctrica a biogás con capacidad instalada de 75 kilovatios, construida en la hacienda en asociación con la empresa alemana Mele, con muchas innovaciones tecnológicas “tropicalizadas”.

“Una unidad así solo es viable a partir de 150 kilovatios de potencia, escala que permite diluir el costo de la inversión”, concluyó para IPS Pedro Kohler, quien lidera la rama industrial de la  familia.

Schaefer mira la cuestión por el ángulo del consumidor que genera su propia energía. “Sin el biogás mi fábrica no sería viable, no lograría competir y sobrevivir en el mercado”, admitió.

En los últimos años muchas fábricas de productos cerámicos, incluidos ladrillos, quebraron en Brasil y eso pasó también en el oeste del estado de Paraná, tras la recesión económica nacional de 2015 y 2016, que afectó especialmente el sector de construcción y que agravó el alza del costo energético.

El contrato con el frigorífico para el engorde porcino le permitió evitar la quiebra, evaluó el empresario.

Pedro Kohler, quien lidera la empresa de biodigestores en el oeste del estado brasileño de Paraná, posa entre un biodigestor y depósitos de biogás y biofertilizantes de la central termoeléctrica que instaló en la hacienda de su familia, en el municipio de Cándido Rondon. Innovadoras tecnologías y equipos, aportados por su socia alemana, la empresa Mele, modernizarán el sector de biogás en Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

“El frigorífico provee todo, alimentación, medicamentos y asistencia técnica. Mi contrapartida es el local y la mano de obra, una pareja (de trabajadores) es suficiente porque todo es automático, y me quedo con el estiércol”, explicó a IPS en su establecimiento.

Eso le permite depositar 1,8 millones de litros de desechos porcinos en el biodigestor, un gran balón cerrado de lona negra, semienterrado en una excavación de unos 10 metros de diámetro, donde se procesa la fermentación por bacterias anaeróbicas.

De allí salen el biogás que alimenta un generador que le aporta 23.000 megavatios/hora al mes, suficiente para ahorrar 25.000 reales (6.500 dólares, al cambio actual), casi la mitad de su factura eléctrica.

En realidad, su microcentral opera solo cuatro a cinco horas al día. Lo hace en las horas punta del consumo, al comienzo de la noche, el período en que es más cara la electricidad suministrada por la compañía distribuidora.

En los próximos meses Schaefer espera añadir 2.000 cerdos a su cabaña de ceba, para lo que construye nuevas pocilgas, y así ampliar la producción de biogás, tanto para generar más electricidad como para alimentar los hornos, en sustitución de la quema de briquetas y residuos de madera.

El empresario acumula 19 años de experiencia con el biogás, inicialmente centrada en su quema como sustituto de la leña,  que escaseó un tiempo, y para evitar la contaminación. Mientras lo explica, apunta con orgullo a su chimenea “sin humo”.

En 2013, el alza de costos prácticamente lo forzó a ampliar el biodigestor e instalar la generadora eléctrica.

De la misma forma tuvo que automatizar su fábrica para sobrevivir. “En el pasado empleaba hasta 90 trabajadores, hoy son solo 20 y se triplicó la producción”, destacó.

Largas pocilgas para el engorde de miles de cerdos comienzan a ser parte habitual del paisaje de las áreas rurales de Entre Rios del Oeste, en el suroeste de Brasil, donde se inauguró el 24 de julio una Minicentral Termoeléctrica. Su combustible es el biogás producido por una red de 18 fincas porcicultoras y abastece a las instalaciones pertenecientes a su alcaldía. Crédito: Mario Osava/IPS

Mucha persistencia, correcciones de fallos y asistencia de terceros están detrás de sus avances. A veces estuvo a punto de desistir, confesó. Algunas soluciones le llegaron casualmente, como el mezclador para biodigestión recomendado por un funcionario de la embajada alemana en Brasil, durante una visita a su empresa.

De forma similar conoció las ventajas de incorporar suero lechero desechado en la producción de quesos. Su aprovechamiento ofreció un descarte seguro a la industria láctea y evita contaminaciones.

La principal fuente de aprendizaje, apoyo técnico y empuje de los variados proyectos en el oeste de Paraná es el Centro Internacional de Energías Renovables-Biogás (CIBiogás), instalado en el Parque Tecnológico Itaipú.

Fundado en 2013 como una asociación sin fines de lucro de 27 instituciones nacionales, locales e internacionales, CIBIogás cuenta con un laboratorio especializado e implantó 11 proyectos de biogás en propiedades agrícolas y agroindustrias.

Se trata de una fuente energética de usos e insumos variados que exige un largo aprendizaje y con modelos de negocios y mercados aún por definir, no consolidados como ocurre con otras fuentes, observó Rafael González, director de Desarrollo Tecnológico de CIBiogás.

Cada proyecto tiene sus singularidades. Alteraciones en la alimentación animal, que prioritariamente buscan mejorar la producción de carne o huevos, por ejemplo, pueden afectar de forma negativa la producción de biogás.

“Las hormonas en los puercos cambian sus desechos y el biogás”, ejemplificó González en diálogo con IPS.

Hay diferencias entre los desechos animales, los de vacunos son más productivos, pero contienen mucho ácido sulfhídrico (H2S) que provoca corrosión, exigiendo más refino, acotó Daiana Martinez, analista de Informaciones de CIBiogás.

El biometano es actualmente el combustible de 82 automóviles de Itaipú y ya fue aprobado en pruebas con tractores, autobuses y otros vehículos grandes, es mejor producirlo a partir de los excrementos de las aves, que facilitan la retirada del ácido sulfhídrico y el gas carbónico, detalló el director de Desarrollo Tecnológico.

El biogás puede atender hasta 36 por ciento del consumo de electricidad de este país sudamericano de dimensiones continentales y 210 millones de habitantes, estima CIBiogás.

Ese potencial se divide básicamente entre los residuos agrícolas, en que se destacan la ganadería y la vinaza de caña de azúcar, y los desechos urbanos, sumando el desagüe y los depósitos de basura.

Además de evitar la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero, la experiencia local comprueba que el biogás promueve el desarrollo local, agregando proyectos energéticos y una cadena de negocios, como industria de equipos, servicios y arreglos productivos, concluyó González.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Niñas del lago Chad requieren especial apoyo y empoderamiento

ter, 06/08/2019 - 14:45

Las niñas están entre las mayores víctimas de los 10 años de conflicto en la región de la cuenca del lago Chad, con el permanente riesgo de abuso sexual y explotación de todo tipo. Crédito: Plan International

Por Lakshi De Vas Gunawardena
NACIONES UNIDAS, Aug 6 2019 (IPS)

A medida que la región de la cuenca del lago Chad entra en su décimo año de conflicto, millones de niñas son utilizadas y maltratadas de muchas maneras.

MariaSole Fanuzzi, especialista en protección infantil del lago Chad de  la organización Plan International, recordó que “La ciudad de Nueva York tiene 8,25 millones de personas, así que cuando hablamos de las niñas en la crisis del lago Chad, hay que imaginar que toda la ciudad donde estamos ahora estuviese completamente llena de niños, y la mitad  fuesen niñas”.

Ella participó en un foro organizado conjuntamente a fines de julio por la Misión Permanente de Bélgica ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el gobierno de Níger y Plan International, que promueve los derechos de las niñas en las diferentes regiones del mundo.

En Nigeria, Camerún, Níger y Chad, los cuatro países que comparten la cuenca del lago, la crisis es compleja, atribuida a la pobreza extrema, el cambio climático, el subdesarrollo y los ataques del grupo yihadista radical Boko Haram, que en 2014 despertó la atención internacional con el secuestro de 276 niñas de una escuela nigeriana.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés) asegura que parte de la región, en particular el noroeste de Nigeria, Camerún, Chad y Níger, está luchando con “el impacto compuesto del cambio climático, la pobreza profunda y el extremismo violento”.

Un informe de Plan International reveló que más de 15 por ciento de las niñas de entre 10 y 19 años habían estado casadas al menos una vez o lo estaban en la actualidad. Como resultado, los niveles de educación de las niñas en la región cayeron drásticamente.

Además, hay una grave falta de información sobre la salud sexual y reproductiva. La cuenca del lago Chad tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna del mundo, con alrededor de 773,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

“Los conflictos y los desastres amplifican esta relativa impotencia de las niñas”, dijo Fanuzzi, para quien la crisis afecta a las niñas de manera desproporcionada. Se enfrentan a situaciones, como la privación de las necesidades básicas, la violencia sexual y de género, la trata, el ser forzadas a actuar como terroristas suicidas o a matrimonios infantiles.

Las que sobreviven y logran regresar a sus hogares se enfrentan a la discriminación y la estigmatización de sus comunidades e incluso son acusadas ​​de brujería, dijo.

“Se considera que de alguna manera han absorbido al demonio del enemigo, que de alguna manera han dado su consentimiento para lo que las pasó”, explicó. “Y los hijos que podrían haber concebido durante su cautiverio no son deseados, no son reconocidos y alejados”, añadió.

Fanuzzi narró, como ejemplo, la historia de una niña de Camerún que declaró que “si una niña queda embarazada fuera del matrimonio, y no importa si lo consentimos o no, es un signo de fatalidad terrible, que caerá en sobre su casa y su familia”.

Pero también consideró que “se han tomado algunas iniciativas importantes” para romper con la realidad que soporta la población infantil femenina en la conflictiva región.

Estas iniciativas incluyen el fortalecimiento del aprendizaje social y emocional de las niñas; la construcción de confianza; la creación de entornos seguros para ellas en sus comunidades, el empoderamiento económico y educación adecuada.

Para la especialista, esas iniciativas educativas deben incluir también a los niños.

“La participación de hombres y niños es crucial para abordar las normas sociales de género. El cambio no puede suceder si la masculinidad continúa siendo vista como la afirmación de un predominio sobre el otro género”, dijo Fanuzzi a IPS.

Los derechos de los  niños y los hombres también son violados constantemente en el mundo, y los conflictos exasperan aún más su explotación de una manera u otra, se indicó durante el foro.

“Son explotados como niños trabajadores, son traficados, y cuando se les priva de los derechos de salud sexual y reproductiva también se les priva de su propio derecho a una paternidad positiva”, afirmó a IPS la especialista de Plan International.

“Los niños y niñas comparten un destino común y por mucho que reconozcamos las diferentes perspectivas de uno y otro, nuestro objetivo final es empoderarlos a ambos para que vivan libres de la opresión y libres para expresar su propia personalidad humana al máximo y más grande extensión “, declaró.

Cuando se le preguntó qué papel tendrá Plan International en el futuro, Jessica Malter, asesora sénior de Comunicaciones y Defensa de Plan International, dijo a IPS que esta organización “está comprometida en trabajar junto con socios internacionales y entidades locales para promover los derechos de las niñas en la cuenca del lago Chad y en todo el mundo ”

También señaló que se están desarrollando programas integrales “que aborden los problemas complejos e interconectados que afectan a los adolescentes, como la falta de educación, el matrimonio infantil, el embarazo temprano, el trabajo infantil y la explotación sexual”, entre otros aspectos.

“No podemos seguir abordando estos problemas con respuestas de un solo sector o intervenciones ad hoc”, insistió.

También enfatizó la importancia de incorporar a la generación joven, afirmando que “incluir a las jóvenes en la toma de decisiones que impactan sus vidas es absolutamente crítico”.

“Todavía no escuchamos lo suficiente a la las jóvenes, y particularmente a las adolescentes que a menudo son invisibles”, dijo Malter, quien subrayó que es raro que las niñas tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista.

Pero hay maneras de abordar el problema.

Malter dijo que “una forma de abordar esto es con la campaña ‘Girls Get Equal’, que tiene alcance mundial y brinda a las niñas y adolescentes las herramientas y los recursos que necesitan para exigir poder, libertad y representación. También los datos desglosados ​​por edad, para fortalecer la evidencia y mejorar informar a los programas”.

“Las niñas y las mujeres no pueden limitarse al papel de las víctimas y deben desempeñar un papel importante en la reconstrucción de sus propias vidas siempre que los conflictos hayan interrumpido el flujo de su existencia y sacudido sus cimientos anteriores”, subrayó Fanuzzi por su parte.

Con esto en mente, será una victoria observar el crecimiento y el éxito de estas niñas si esto sucede.

“Son el principio y el fin de su propia historia”, insistió.

T: MF

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