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Atualizado: 36 minutos 8 segundos atrás

Todavía hay vida en vapuleado Órgano de Apelación de la OMC

sex, 14/12/2018 - 16:51

El embajador japonés Junichi Ijara, presidente del Consejo General, cuerpo supremo de la OMC durante los recesos de la conferencia ministerial, anunció el lanzamiento inmediato de discusiones informales para tratar de resolver la crisis del tribunal sobre diferencias del organismo. Crédito: OMC

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Dec 14 2018 (IPS)

El máximo tribunal de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Órgano de Apelación, amenazado con desaparecer ante los embates de Estados Unidos, dio muestras de su imparcialidad este viernes 14, al fallar a favor de Washington en una causa interpuesta por México.

La sentencia reconoció que Estados Unidos introdujo modificaciones en su política de etiquetado de los productos de atún mexicano. El diferendo se originó en descripciones impresas en los envases de atún que aludían a métodos de captura perjudiciales para los delfines.

El dictamen se conoció al concluir una semana de tensiones internas como probablemente nunca había atravesado la OMC en sus casi 24 años de vida.

La animadversión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump hacia la OMC y en particular a su Órgano de Apelación tuvieron eco en las sesiones de su Comité de Negociaciones Comerciales, el lunes 10, y del Consejo General, el miércoles 12.

El jefe de la misión negociadora de Estados Unidos, el embajador Dennis Shea, dejó en claro que su país mantiene el bloqueo al funcionamiento del esa instancia, al vetar el nombramiento de nuevos jueces para integrarla.

De un total de siete miembros, el tribunal solo cuenta en la actualidad con tres, el mínimo legal para asegurar su funcionamiento. El 10 de diciembre de 2019 quedará con solamente uno, al concluir el mandato de los otros dos, y de esa manera caerá en la parálisis total.

Tres de los principales actores de la escena comercial internacional, la Unión Europea, China e India, con el apoyo de otros países industrializados y en desarrollo, presentaron en esta segunda semana de diciembre un plan para asegurar la designación de nuevos jueces del máximo tribunal de la OMC.

Pero Washington rechazó la iniciativa e insistió en sus critica a los miembros del Órgano de Apelación por “no guiarse por las normas acordadas en 1995”, cuando se creó la OMC y reemplazó a un anterior organismo que atendía algunos de sus mandatos.

Sucesivos gobiernos estadounidenses mostraron disconformidad con los fallos del Órgano de Apelación y sugirieron que inclinaba la balanza en contra de la primera economía mundial.

Pero con el republicano Trump, aún antes de que asumiera la presidencia en enero de 2017, las amenazas se acentuaron y se extendieron a la misma OMC y la totalidad del sistema multilateral de comercio, recordó a IPS un negociador comercial latinoamericano que pidió reservar su identidad.

“La paralización y la posible desaparición del Órgano de Apelación serán un golpe fatal para la credibilidad de la OMC”, advirtió el embajador de India, J.S. Deepak, durante la sesión del Consejo General.

El jefe de la misión china, el embajador Zhang Xiangchen, recrimino a Estados Unidos por “airear sus críticas al proceso de apelación, pero sin aportar sugerencia concretas ni solución alguna”, dijo.

A la crisis del Órgano de Apelación se suma la mora de la OMC en el proceso de negociaciones comerciales. Desde 2001 arrastra sin lograr acuerdos los compromisos asumidos en la conferencia ministerial de la capital de Qatar, conocida como la Ronda de Doha.

Pero en este momento, “el nudo gordiano de la OMC es la situación de su tribunal de apelaciones”, dijo un representante mexicano.

Fuentes comerciales observaron que los países miembros de la OMC han asumido con suma seriedad la crisis que atraviesan la institución y su máximo tribunal.

El negociador japonés Junichi Ijara, presidente del Consejo General, cuerpo supremo de la OMC durante los recesos de la conferencia ministerial, anunció que lanzará de inmediato un proceso informal de discusiones para resolver la crisis del Órgano de Apelación.

El embajador Ijara evaluó que la opinión dominante entre los miembros de la OMC se inclina por un debate urgente del diferendo y con enfoques más concentrados en la esencia del problema.

A pesar del clima de incertidumbre inocultable en la OMC, los tres jueces del Órgano de Apelación siguen dictando justicia. Y en este viernes 14 fue a favor de Estados Unidos.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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El Tren Maya agita a comunidades locales en México

sex, 14/12/2018 - 14:20

El megaproyecto del Tren Maya, en el sur de México, afectará ecosistemas fundamentales de la Península de Yucatán, que alberga 25 áreas naturales protegidas, como podría suceder con esta laguna en la reserva comunitaria de Síijil Noh Há, contigua al área preservada de Sian Ka'an. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
FELIPE CARRILLO PUERTO, México, Dec 14 2018 (IPS)

“Si miles de personas llegan a este municipio, ¿cuál es su capacidad para atenderlos? Me da miedo ese crecimiento”, se sinceró Zendy Euán, vocera de una organización comunitaria respecto al proyecto del Tren Maya (TM), una red ferroviaria que recorrerá cinco estados del sur de México.

Euán, una indígena maya que reside en el municipio de Felipe Carrillo Puerto (FCP), aseguró a IPS que carecen de información detallada sobre el megaproyecto, una de las iniciativas estrella del flamante gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente por sus siglas AMLO, quien lo prometió durante su campaña.

“No lo tenemos claro. Desconocemos el proyecto”, dijo Euán, quien cuestionó también los beneficios prometidos por el presidente, quien inició su sexenio el 1 de diciembre,  para la población local, así como los mecanismos de participación en la obra y sus amenazas ambientales.“Violan nuestros derechos indígenas. No estamos de acuerdo con cómo se consulta ni vemos los beneficios para las comunidades (del Tren Maya). Está dirigido a los puntos turísticos. Los que se beneficiarán son los grandes empresarios”: Miguel Ku.

“¿Cuál será el beneficio para los ejidatarios, para las artesanas? Como comunidades ecoturísticas, ¿tendremos un espacio para la promoción?”, planteó la portavoz de la Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya de Quintana Roo, uno de los estados del sureste mexicano que comparten la Península de Yucatán, en la costa atlántica,  con 1,5 millones de habitantes.

La red, surgida en 2014, agrupa a 11 organizaciones comunitarias de tres municipios de Quintana Roo y ofrece recorridos ecoturísticos y culturales en la zona, su principal actividad económica.

En el municipio de FCP, habitado por más de 81.000 personas, existen 84 ejidos, sistemas tradicionales mexicanos de tierras de explotación colectiva que pueden venderse.

Uno de ellos, del mismo nombre que el municipio, con 47.000 hectáreas y 250 ejidatarios,  administra las reservas ejidales Síijil Noh Há (donde brota el agua, en lengua maya) y Much’Kanan K’aax (juntos cuidemos el bosque).

Las dudas de Euán son compartidas por miles de habitantes de la península, que recibe cada año casi siete millones de turistas.

IPS recorrió un tramo del trazado preliminar del TM por Quintana Roo y el vecino estado de Campeche y constató la falta generalizada de información precisa sobre proyecto y sus posibles consecuencias ecológicas, sociales y culturales, en una región con alta marginación social.

El gubernamental Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) promueve la obra, a un costo de entre 6.200 y 7.800 millones de dólares. El plan es que empiece a operar en 2022, con 15 estaciones a lo largo de 1.525 kilómetros por 41 municipios de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Sus locomotoras funcionarán con biodiesel –posiblemente elaborado con aceite de palma- y se proyecta que trasladen anualmente a unos tres millones de pasajeros, además de carga.

Zendy Euán, portavoz de una red de turismo comunitario, explica en el Museo Maya del municipio Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, el trazado del Tren Maya por áreas ambientalmente claves del sur de México. Organizaciones sociales e indígenas cuestionan los beneficios de esa megaobra, uno los proyectos estrella del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Emilio Godoy/IPS

El nuevo gobierno argumenta que el proyecto impulsará el desarrollo socioeconómico de la región, fomentará la inclusión social y la creación de empleo, resguardará las culturas indígenas, protegerá las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la península y fortalecerá la industria turística.

Milenarios ecosistemas

El tendido ferroviario morderá el corazón de la jungla maya y sus rieles atravesarán ese ecosistema milenario, escenario del imperio maya que dominó esa zona y toda la región mesoamericana desde el siglo VIII hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI.

Se trata del macizo selvático más importante de América Latina después de la región de la Amazonia y un área clave en la conservación de la riqueza natural en México, que ocupa el puesto 12 entre los países más megadiversos del planeta.

La región pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano, un puente de hábitats que conecta el sur mexicano con Panamá, el país más al sur de los siete centroamericanos, y alberga cerca de 10 por ciento de las especies conocidas del mundo.

En la Península de Yucatán, que conforman Campeche, Quintana Roo y Yucatán, hay 25 ANP, con una extensión total de 8,5 millones de hectáreas.

De hecho, dos estaciones del TM serán contiguas a las reservas de la biosfera de Calakmul, de 725.000 hectáreas, y de Sian Ka’an, de 650.000 hectáreas.

“¿Qué va a pasar? No conocemos el trazo, no tenemos información. Tenemos que analizarlo bien”, declaró a IPS el maya Luís Tamay, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del ejido Nuevo Becal, en el municipio de Calakmul (ciudad de s montículos contiguos), en Campeche.

Al igual que Euán, el dirigente teme el arribo multitudinario de turistas, para lo cual Calakmul “no está preparado, pues es un proyecto de alto impacto” para un municipio de solo algo más de 28.000 habitantes.

Nuevo Becal cuenta con 84 titulares de tierras, abarca 52.800 hectáreas y ejecuta seis proyectos de explotación maderera, agrosilvicultura, semillas y conservación ambiental.

Aunque el TM no pasará en sus inmediaciones, dejaría secuelas en la zona. En Calakmul, el gobierno realizará en 2019 estudios técnicos y de impacto ambiental, con la idea de iniciar la construcción al año siguiente en la localidad.

Para construir la red ferroviaria, el gobierno  debe negociar con los ejidatarios, propietarios de la mayoría de tierras en los cinco estados del tendido previsto, pues existen 385 en Campeche, 279 en Quintana Roo y 737 en Yucatán.

De hecho, el gobierno ya pidió en el ejido Felipe Carrillo Puerto 30 hectáreas para construir una estación,  como un aporte a la obra, un proyecto de viejo cuño, pues la entonces gobernadora de Yucatán, Yvonne Ortega, propuso el Tren Rápido Transpeninsular en 2007.

Poco después de asumir el poder, en diciembre de 2012, el antecesor de AMLO, el conservador Enrique Peña Nieto, lo adoptó como plan nacional para conectar la región.

Pero el recorte al gasto público de 2015 aparcó el proyecto, al que se sumarán más de 300 kilómetros de vías remanentes de la red ferroviaria que funcionó entre 1905 y 1957, primero como transporte militar y luego también de pasajeros.

El 24 y el 25 de noviembre, antes de tomar posesión, el equipo de AMLO obtuvo el apoyo  para la red ferroviaria, junto con una nueva refinería en el estado de Tabasco y la ejecución de otros proyectos, durante una llamada Consulta Nacional sobre 10 Programas Sociales Prioritarios.

Pero ese respaldo, en una consulta que solo se hizo en ciertas localidades mediante un proceso poco representativo, no apaciguó las críticas en la península al Tren Maya.

El 15 de noviembre, un grupo de académicos  pidió a López Obrador detener las obras por sus impactos ecológicos, sociales, culturales y arqueológicos.

Tres días después, un colectivo de organizaciones indígenas rechazó el proyecto, pidió respeto a sus bosques y selvas y demandó una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada.

“Violan nuestros derechos indígenas. No estamos de acuerdo con cómo se consulta ni vemos los beneficios para las comunidades. Está dirigido a los puntos turísticos. Los que se beneficiarán son los grandes empresarios” del sector, denunció a IPS ya en diciembre Miguel Ku, representante de la Red de Productores de Servicios Ambientales.

Esa organización aglutina a 3.756 ejidatarios de 33 núcleos agrarios en el municipio de José María Morelos, tres más en el municipio de FCP, todos en Quintana Roo. En conjunto, poseen 257.000 hectáreas que destinan al aprovechamiento forestal, agricultura, apicultura y ganadería.

Las organizaciones locales buscan otro modelo socioeconómico. “Hemos demostrado que la conservación permite un buen desarrollo. Tenemos recursos naturales, déjennos aprovecharlos, de ahí nos mantenemos”, planteó Tamay.

El maya Ku rechazó la repetición del esquema aplicado en otros proyectos. “Estamos hartos de ser los dueños de las tierras y sean otros los que se lleven los beneficios. El gobierno podría hacer otra cosa. Queremos que los ejidos desarrollen sus propios proyectos”, pidió.

Pero López Obrador parece tener prisa en avanzar con el Tren Maya, y este domingo 16 va a colocar su primera piedra en la ciudad de Palenque, en Chiapas, sin esperar a que Fonatur presente la evaluación sobre su impacto ambiental ante la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Conflictos en África vuelven inservible el pacto sobre migraciones

sex, 14/12/2018 - 13:13

Soldados del Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte limpian las armas que aseguran haber tomado a las fuerzas gubernamentales. Crédito: Jared Ferrie/IPS

Por Danielle Engolo
MARRAKECH, Dec 14 2018 (IPS)

El ya aprobado Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular sigue generando controversia. Evans Tekenge Manuika, jefe de Todos por la Integración de Migrantes en Marruecos, conversó con IPS y alertó sobre que el documento será letra muerta si no se logra la paz en África.

Tekenge Manuika conversó con IPS en el marco de la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración, que comenzó el lunes 10 en Marruecos.

La reunión de alto nivel se vio marcada desde el inicio por un hecho sin precedentes: la ausencia de por lo menos siete Estados miembro que cancelaron su participación casi a último minuto.

La comunidad internacional se esfuerza por resolver el agravamiento de las crisis humanitarias y por mejorar la aceptación de refugiados y migrantes, lo que redobla la importancia del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el que se volvió políticamente sensible.

Las ausencias llamaron la atención porque la implementación del pacto es voluntaria, a diferencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, suscrita y ratificada por los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pero no necesariamente implementada.

El pacto, adoptado el lunes 10, es el primer acuerdo intergubernamental negociado, que busca cubrir todas las dimensiones de las migraciones internacionales. Se trata de un documento proactivo que busca orientar a los Estados en todos los asuntos relacionados con las migraciones.

Cabe recordar que Estados Unidos fue el detractor más notable de la conferencia al condenar el pacto y tildarlo de violación a la soberanía nacional. Pero también hubo otros países que frenaron el pacto o se negaron a firmarlo como Hungría, Australia, Israel, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria, Suiza, Bulgaria, Letonia, Italia, Suiza y Chile.

El documento adoptado establece 23 objetivos que pretenden cubrir todos los aspectos relativos a las migraciones, y cada uno tiene un objetivo general y un abanico de posibles acciones para que implementen los Estados miembro del foro mundial.

El significado de la conferencia fue lo que atrajo, además de diplomáticos y funcionarios, a unas 400 organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, el sector privado y la academia, así como a más de 700 periodistas registrados. Y en ese contexto, IPS entrevistó a Tekenge Manuika.

IPS: Usted que trabaja para un organización que se preocupa por las migraciones, ¿qué opinión le merece el pacto?

EVANS TEKENGE MANUIKA (ETM): El Pacto Mundial será inútil mientras sigan habiendo zonas en conflicto en África. Vinimos aquí como parte de la sociedad civil para tomar medidas concretas, y no solo hablar. Hablamos mucho.

Ya es tiempo de que las migraciones sean seguras, ordenadas y regulares. Trajimos ideas para que las grandes potencias hagan campaña por la paz en zonas en conflicto de África. También tenemos que darle esperanza a la gente y estar a la altura de los países que expulsan gente.

IPS: ¿Cómo debe implementarse el pacto?

ETM: Le pedimos a la ONU que tomara medidas concretas, en vez de solo denunciar. Debemos hacer campaña por la paz en las áreas donde hay conflictos de interés entre las grandes potencias.

Debemos de promover el desarrollo y también pensar en el futuro de los jóvenes de África. También pedimos como solución a la cuestión migratoria, actuar a escala nacional en los países de origen y partida, y no solo en los países a los que llegan los migrantes.

Si atendemos la cuestión migratoria en los países de llegada, será una pérdida de tiempo. Debe atenderse en la fuente. Si en el país de partida todavía hay guerras, siempre habrán personas emigrando. Se sacrifican los jóvenes de África, su futuro no está claro, y por eso la gente sigue migrando.

IPS: ¿Cree que los Estados africanos, a los que se suele criticar por no respetar las leyes nacionales, puedan respetar las disposiciones del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular?

ETM: Es cierto que se suele criticar a los jefes de Estado africanos por ese asunto, pero tratemos esta vez de darles una oportunidad con el pacto y sentarnos a la misma mesa de negociaciones para encontrar soluciones adecuadas a la migración.

Démosle la oportunidad de realizar esfuerzos para implementar las disposiciones del pacto, y gestionar mejor las migraciones en nuestro continente. Esperemos a ver antes de juzgar.

* Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas IPS organizó talleres para medios sobre la temática en  en Marrakech.

Traducción: Verónica Firme

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La resistencia de las mujeres dejó su marca en este 2018

qui, 13/12/2018 - 13:19

ONU Mujeres organizó con sus socios en Colombia un concierto en noviembre de 2018 e iluminó un edificio público de anaranjado para reclamar una vida libre de violencia para las mujeres. A pesar del crecimiento de la resistencia, los derechos de las mujeres siguen marginados y vulnerados, denunció Amnistía Internacional. Crédito: Cortesía: ONU Mujeres.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Dec 13 2018 (IPS)

Crece la resistencia de las mujeres y, sin embargo, sus derechos siguen marginados y vulnerados, blanco de flagrantes ataques, denunció Amnistía Internacional, con sede en Londres.

Para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional lanzó su informe anual, que revisa el estado de los derechos humanos en el mundo, y no es nada bueno.

“En 2018, hemos sido testigos de líderes autoproclamados ‘duros’ que tratan de socavar el principio mismo de igualdad, los cimientos de los derechos humanos”, escribió Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, en el prólogo del informe.

“Piensan que sus políticas los vuelven duros, pero no son más que tácticas de hostigación que tratan de demonizar y perseguir a comunidades ya marginadas y vulnerables”, añadió.

La directora de Amnistía para género, sexualidad e identidad, Yamini Mishra, coincidió: “Esos líderes duros” llegaron al poder utilizando plataformas misóginas, xenófobas y homofóbicas. “Es muy inquietante”, subrayó, en diálogo con IPS.

Pero las esperanza está en los movimientos de mujeres, añadió Mishra.

El movimiento #MeToo (yo también), que nació en Estados Unidos y se expandió a otros países, concentró la atención internacional en los derechos de las mujeres a un grado nunca antes visto.

En Argentina, un millón de mujeres salieron a la calle a reclamar la legalización del aborto, mientras que en Nigeria, miles de mujeres desplazadas se movilizaron reclamando justicia por los abusos sufridos a manos de Boko Haram y de las fuerzas de seguridad nigerianas.

“La movilización viene de la gente”, dijo Mishra a IPS.

Algunos de esos movimientos surgieron como respuesta a nuevas formas de opresión, mientras otros lo hicieron como respuesta a viejas formas de discriminaciónm que no tienen lugar en la sociedad actual.

Mishra mencionó a India, donde a principios de este año, un grupo de activistas reclamaron su derecho a participar en un peregrinaje histórico al templo de Sabarimala, uno de los sitios sagrados del hinduismo, que ha prohibido la entrada a mujeres en edad fértil, cuando podrían estar menstruando.

El movimiento Derecho a Rezar logró que la Corte Suprema levantara la prohibición, un dictamen que derivó en protestas violentas en el sureño estado de Kerala, donde devotos prohibieron el ingreso de las mujeres al templo.

Es difícil celebrar el crecimiento del activismo de las mujeres cuando la cruda realidad es que muchos gobiernos y sociedades siguen apoyando políticas y leyes que las oprimen, concluyó el informe “Derechos Hoy”, de este año.

Eso se ve especialmente en lo que respecta a los derechos de salud sexual y reproductiva.

El Salvador tiene algunas de las políticas más estrictas en materia de aborto del mundo, pues las mujeres pueden terminar en la cárcel por haber interrumpido el embarazo de forma voluntaria.

Casi 30 mujeres podrían estar presas por esa causa y como resultado de esa política.

En febrero, Teodora del Carmen Vásquez salió de prisión después de una década tras las rejas por complicaciones relacionadas con su embarazo, que derivaron en la muerte fetal.

A pesar de las protestas contra la draconiana ley, El Salvador no logró aprobar en abril una reforma para despenalizar el aborto, lo que dejó a mujeres y niñas sin control sobre su salud sexual y reproductiva.

Mishra, en particular, se mostró preocupada por el incremento de ataques contra defensoras de derechos humanos.

Según la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, unas 44 activistas fueron asesinadas en 2017, un incremento con respecto a las 40 que perdieron la vida de 2016 y a las 30 de 2015.

Entre las personas asesinadas en 2018 estaba Marielle Franco, una dirigente política y defensora de los derechos humanos, que en marzo recibió un disparo desde un automóvil.

También muchas defensoras de derechos humanos cayeron presas en distintas partes del mundo como Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan y Aziza al-Yousef, activistas saudíes que encabezan el movimiento de lucha por los derechos de las mujeres.

Amnistía Internacional señaló también que varios activistas saudíes, entre ellos muchas mujeres, sufrieron acoso sexual y torturas en la cárcel.

Los ataques contra defensores de los derechos humanos no ocurren de la nada, sino se dan en un contexto en que el espacio de la sociedad civil se redujo, observó Mishra.

Pero “s importante reconocer que aun el menguante espacio de la sociedad civil no es neutral en lo que respecta al género; las defensoras de derechos humanos, a diferencia de los hombres, sufren vulnerabilidades específicas y mayores”, explicó.

Mishra subrayó la necesidad de acción en todos los niveles para lograr los derechos humanos para todos, pero la sociedad civil, en particular, debe dar un paso al frente.

“Todos estos años, las organizaciones de derechos humanos no han hecho lo suficiente con respecto a los derechos de mujeres. Siempre los tratamos como secundarios; ahora que ya pasaron 70 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es hora de que pensemos cómo ponemos a las mujeres en el centro de nuestro trabajo”, subrayó.

El informe urgió a la sociedad civil y a los gobiernos a elevar sus compromisos para proteger los derechos de las mujeres e implementar cambios a las leyes nacionales que son perjudiciales.

Naidoo se concentró en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que pronto celebrará su 40 aniversario y será “un logro importante que el mundo no puede permitirse pasar por alto”.

La Cedaw es el segundo tratado de derechos humanos más ratificado, con 189 Estados parte, aunque el documento no vinculante habilita a los Estados a rechazar sus disposiciones.

Por ejemplo, Kuwait se reservó el derecho de no implementar el artículo 9, que otorga los mismos derechos a hombres y mujeres en lo que respecta a la nacionalidad de sus hijos.

Níger expresó sus reservas por el artículo 2, que se refiere a la necesidad de abstenerse de participar en cualquier acto de discriminación contra mujeres y a modificar y derogar leyes y prácticas existentes, que constituyan ese tipo de discriminación.

“Los gobiernos deben dejar de hablar de la boca para afuera en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Si el innegable crecimiento del activismo de mujeres este año prueba algo, es que la gente no lo aceptará. Y tampoco debemos hacerlo nosotros”, escribió Naidoo.

Traducción: Verónica Firme

El artículo La resistencia de las mujeres dejó su marca en este 2018 fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Impotente contra inflación, gobierno argentino se cobija en la mano dura

qui, 13/12/2018 - 12:55

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante un acto con fuerzas policiales. Bullrich es una de las funcionarias mejor consideradas por el presidente Mauricio Macri y responsable de una polémica norma que permite a los agentes disparar a presuntos delincuentes, sin necesidad de dar la orden de alto. Crédito: Ministerio de Seguridad

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Dec 13 2018 (IPS)

En el cierre de un año de grave deterioro de la economía argentina, el gobierno del presidente Mauricio Macri optó por un endurecimiento de sus políticas de seguridad que parece satisfacer a buena parte de la sociedad, pero ha sido objetada por especialistas en Derecho y organizaciones de la sociedad civil.

Las fuerzas federales de seguridad fueron habilitadas a disparar con armas de fuego para detener a personas que representen un “peligro inminente”, incluso cuando estén huyendo.

Eso faculta la Resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad, publicada el 3 de este mes, que exime a los agentes de la obligación de identificarse y dar la voz de alto antes de disparar, “cuando ello resultara evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.“Una resolución emanada de un ministerio solo podría aplicarse si el Código Penal hubiera dejado un vacío legal, pero ese no es el caso. Por el contrario el artículo 34 del Código Penal establece muy claramente que los límites de un delito cometido en ejercicio de la legítima defensa, que no pueden ser modificados por una resolución”: Federico Carniel.

“Los policías pueden confundirse con esta norma, pero tienen que saber que si matan a una persona por la espalda, cuando está escapando, estarán cometiendo un homicidio agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad”, dijo a IPS el abogado penalista Federico Paruolo.

“Así lo establece el Código Penal, que tiene mayor jerarquía que esta reglamentación”, explicó Paruolo.

El penalista es miembro del Grupo de Litigio Estratégico, un colectivo de unos 25 abogados que brinda defensa gratuita a víctimas en el Gran Buenos Aires, en casos de importancia institucional. Últimamente el grupo ha intervenido en varios casos de violencia injustificada de las fuerzas de seguridad, que localmente se llaman “gatillo fácil”.

“Ha habido en los últimos años un claro mensaje político de protección del gobierno a los agentes de fuerzas de seguridad que mataron sin justificación. Esto  pone esa política en una norma”, agregó Paruolo.

La noticia sacudió también a Cambiemos, la coalición de centroderecha del gobierno. Es que una de las críticas más filosas la hizo la diputada Elisa Carrió, quien en 2017 le dio a esa alianza un triunfo arrasador en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principal vidriera política del país.

Carrió consideró que la reglamentación “viola los derechos humanos fundamentales” y exhortó a su espacio político: “Nosotros no vamos a ir al fascismo”.

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondió que la norma fue avalada por Macri. “Lo hemos hablado con el presidente durante más de un año y lo respalda”, aseguró.

La funcionaria, quien aseguró que la reglamentación “saca de la indefensión a las fuerzas de seguridad”, se ha convertido en una de las estrellas del gobierno.

De hecho, últimamente se hizo trascender que Bullrich podría ser la compañera de fórmula del presidente cuando este busque su reelección, en octubre de 2019.

En ese sentido, la cuestión de la mano dura contra la delincuencia podría ser uno de los ejes de la campaña electoral de Macri, y la repercusión de esta reglamentación parece confirmarlo.

De acuerdo a una encuesta de Management & Fit, una de las consultoras de opinión pública más reconocidas en el país, 60 por ciento de los argentinos está de acuerdo con la resolución ministerial.

El presidente argentino Mauricio Macri, en febrero, cuando tuvo un gesto de apoyo a Luis Chocobar, un policía procesado por matar a balazos a un joven que huía luego de presuntamente asaltar y apuñalar a un turista. Chocobar está procesado y será sometido a juicio oral por homicidio, pero el mandaaio reconoció su “valentía”. Crédito: Presidencia Argentina

La paradoja es que estas medidas se anuncian en un contexto de disminución de los delitos violentos, de acuerdo a los números oficiales. Pero pese a ese logro, el gobierno maneja el discurso de que es necesario endurecerse en el combate a la delincuencia.

El Ministerio de Justicia presentó en junio estadísticas según las cuales la tasa de homicidios intencionales cayó de seis cada 100.000 habitantes en 2016 (2.605 en números absolutos) a 5,2 (2.293) en 2017.

También hubo una bajada en los delitos contra la propiedad denunciados: 1.828 el año pasado contra 1.942 en 2016.

En cambio, en el área económica, nadie se anima a asegurar que 2019 traerá mejores noticias para el gobierno, luego de un 2018 que cerrará con una inflación cercana a 50 por ciento, que hizo más pobres a la enorme mayoría de los argentinos, y un derrumbe de la actividad.

Según una organización de derechos humanos que lleva un registro, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde que asumió Macri, en diciembre de 2015, hubo un fuerte aumento de los casos de gatillo fácil.

Esos excesos, precisa,  ya eran comunes durante las gestiones precedentes de los centroizquierdistas Néstor Kirchner (2003-2007) y su viuda, Cristina Fernández (2007-2015).

“Durante los 12 años de kirchnerismo contamos 3.100 muertes por gatillo fácil. Ahora estamos haciendo el registro y a comienzos de 2019 vamos a presentar el balance de los primeros tres años de Macri. Van a ser más de 1.000 casos. Es un crecimiento enorme”, dijo a IPS la abogada María del Carmen Verdú, responsable de Correpi.

“Estamos en un verdadero estado de suspensión de derechos y garantías, que esta resolución lleva a una fase superior. Viola las normas internacionales, que establece que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad es el último recurso y prohíbe disparar a quien está en fuga”, agregó Verdú.

En el último tiempo, fueron varios los casos en los que el gobierno reivindicó a miembros de fuerzas de seguridad imputados por la Justicia debido a supuestos delitos cometidos en el combate, precisamente, del delito.

El más emblemático ha sido el caso de Luis Chocobar, un policía que en diciembre de 2017 mató por la espalda, con dos tiros, a un joven que presuntamente acababa de asaltar y apuñalar a un turista estadounidense en el barrio de La Boca de esta capital.

Luego de que un tribunal lo procesara por homicidio, al considerar que había suficientes pruebas para someterle a juicio, Chocobar fue recibido en la Casa Rosada, la sede del gobierno, por Macri, quien manifestó que “confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”.

Sin embargo, otras instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmaron el procesamiento de Chocobar, quien será sometido a juicio oral en 2019.

Efectivamente, el endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno tendrá que superar el control judicial, cosa que no parece fácil.

Pocos días después del dictada la nueva resolución, otros dos miembros de seguridad que están a la espera de ser juzgados pidieron que el archivo de la causa, con el argumento de que debe aplicarse retroactivamente la norma, ya que resulta más benigna para ellos como imputados.

Se trata de un caso ocurrido en agosto de 2016 en la provincia de Chaco, en el norte del país: dos agentes confundieron con un narcotraficante a un hombre que regresaba de una tarde pesca en su automóvil, junto a su hija, y lo mataron a balazos.

El fiscal, Federico Carniel, se opuso a que los dos agentes sean exculpados.

“Una resolución emanada de un ministerio solo podría aplicarse si el Código Penal hubiera dejado un vacío legal, pero ese no es el caso”, explicó Carniel a IPS.

“Por el contrario el artículo 34 del Código Penal establece muy claramente que los límites de un delito cometido en ejercicio de la legítima defensa, que no pueden ser modificados por una resolución”, puntualizó.

El criterio de Carniel anticipa que el próximo campo de batalla en el que se dirimirá si es válido el endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno de Macri serán los tribunales.

Edición: Estrella Gutiérrez

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En Venezuela “el hambre te seca, te para el corazón y te quita la vida”

qua, 12/12/2018 - 14:39

La especialista en nutrición Susana Raffalli, durante su diálogo con periodistas en la sede del portal digital El Estímulo en Caracas sobre las consecuencias de la desnutrición en Venezuela. Crédito: Valeria Pedicini/Clímax

Por Manuel Tovar
CARACAS, Dec 12 2018 (IPS)

Susana Raffalli llora. Se permite llorar. Admite que la realidad venezolana la vence muy frecuentemente. Ver casos terribles de desnutrición, niños en los huesos, que ven su futuro comprometido o mueren porque simplemente no tienen fuerza para respirar, le cala en el alma. Ver a un niño de siete años con la talla de un niño de cinco y saber que estará afectado de por vida, la destroza.

Raffalli, junto a otras 14 personas en el planeta, fue galardonada con el premio Franco Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho, que recibió en Caracas el lunes 10 de diciembre. Es la tercera edición de un ejercicio de reconciliación de los dos países que hace 100 años eran enemigos irreconciliables. Las guerras así lo atestiguan.

“El premio es un símbolo entre gobiernos que estuvieron en guerra y hoy trabajan mancomunadamente. Yo creo en la coexistencia en hacer cosas, diciéndonos lo que debemos decir y denunciando los males”, dice la nutricionista y especialista en seguridad alimentaria.

A pesar de la distinción, la experta en gestión de riesgo afirma tajantemente que no quiere ser ensalzada como heroína. “La sociedad venezolana está ávida de tener héroes o de buscar alguien que la represente y al primero que desempeña bien su trabajo lo quieren proyectar como figura, cuando uno simplemente hace lo mismo a lo que se ha dedicado de por vida”.

La venezolana, que ha trabajado en territorios en crisis como Guatemala o Birmania, ahora dedica su labor a Venezuela, donde nunca pensó que le tocaría hacerlo. Y además con la particularidad de que es un país en tiempo de paz, sin que haya de por medio un conflicto o una emergencia natural a gran escala.“Así como puede tomar 20 o 30 años que el retardo del crecimiento se te exprese en un bajonazo de siete por ciento del PIB, con la anemia cobras inmediatamente. Si dejas de consumir hierro en los alimentos en dos o tres meses, se está con la hemoglobina en el piso y durmiéndose en todas partes. Los hombres y las mujeres que hacen trabajo físico bajan enormemente su productividad”: Susana Raffalli.

Por eso no duda en calificar el entorno como reversible mientras deja claro que las causas no son fortuitas. Se trata de la consecuencia de la equivocada administración de recursos que hace el gobierno para profundizar la dependencia de la población a sus designios y lograr la sumisión de la sociedad anclada a una caja de alimentos que llega de acuerdo al antojo de la cúpula.

Venezuela descendió a unos infiernos que solo eran comparables a los sufridos por las naciones africanas, devastadas por las guerras, arrasadas por la sequía y hambrunas. El país vive una “somalización”, de Estado fallido, fragmentado, dice.

“Tienen la gobernabilidad en cero y no se puede seguir dirigiendo el país con la población en contra, con la falta de confianza, con un estado de derecho que se perdió, aquí no hay una institucionalidad clara, aquí no se sabe quién gobierna, si son los ‘pranes’ (delincuentes que controlan las cárceles y desde ellas actividades delictivas) o el (colombiano) Ejército de Liberación Nacional, hay territorios enteros del país donde se perdió el control de la soberanía”, argumenta.

A Raffalli le cuesta creer que se trata de una crisis planificada, de hambre por diseño. Al contrario, sostiene que el Estado ha comenzado a aceptar la magnitud de la crisis, fuera de las cámaras y sin declaraciones sino con acciones.

“Hay ONG que reciben toneladas de medicinas mes a mes. Eso entra por aduana y sin ir más lejos las aprobaciones de los dos últimos fondos –el de Unicef y de la Unión Europea– lo dejan claro. Aunque el gobierno nacional se mantenga diciendo que no hay una emergencia humanitaria en el país, para poder recibir esos fondos deben admitir que tienen necesidades humanitarias en la población y que necesita esos recursos”, dice.

Los tres puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud establecen que la existencia de cinco por ciento de casos de desnutrición infantil aguda en un país es el nivel de alerta. A partir de 10 por ciento, la situación pasa a ser de crisis y de 15 por ciento en adelante se considera una emergencia. En Venezuela la crisis ya alcanzó 12 por ciento de este tipo de desnutrición, con momentos en que se ha superado la barrera de emergencia. Y puede volver a ocurrir, pues el sistema es muy inestable.

Asegura que el gobierno de Nicolás Maduro podría tomar medidas adecuadas y, “de hecho, cuando las ha tomado los resultados han sido buenos”. Recuerda por ejemplo que, “en febrero 2017 entramos en crisis, nunca bajó de 10 por ciento. Así fue hasta las presidenciales de mayo de 2018, cuando bajó a 7,8 por ciento”.

“La razón, fue la cobertura de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que se multiplicó y a que se dieron cuatro bonos que equivalían a seis salarios mínimos para la fecha”, señala. Por tanto, aduce, el Poder Ejecutivo sí puede bajar los niveles de malnutrición en el país. Ya lo ha hecho. Todo se reduce a voluntad política.

La desnutrición, explica, se divide en dos tipos. La aguda, “que te hace perder peso, te seca, te quita la vida, te para el corazón, no te deja seguir respirando. No te desgasta sino que simplemente si dejas de comer, una diarrea te puede matar”.

El otro tipo se define por privación alimentaria. “Puede no ser tan intensa, pero sí suficientemente grande y constante. En el caso de un niño, deja de crecer, de desarrollarse. Esa desnutrición se mide no por delgadez, sino por estatura. Si un niño en la etapa que tenía para crecer se quedó chiquito, puedes estar seguro que no sólo es un tema de estatura, y esto lleva tiempo en reflejarse”, detalla.

En Venezuela, el futuro no luce promisorio. “Es tan endeble la nutrición de un niño, es tan delicada, que un presidente puede cambiar y salvarlo o no. Imagina lo que se pudo haber hecho con dos medidas de protección social. ¿Cuántas vidas de niños nos habríamos ahorrado?”.

Explica la nutricionista que en Venezuela hay sectores de la población que comienzan a amortiguar la crisis nutricional gracias a las remesas que reciben desde el extranjero. “Según nuestros datos, 56 por ciento de la población de parroquias pobres tiene a alguien afuera. Sin embargo, este contrapeso de las remesas va a durar muy poco porque la economía se está dolarizando”.

Considera que desde el punto de vista humanitario y de protección social hay muchas tareas pendientes en el país. “Venezuela no puede seguir con una política de protección social dependiente y basada en misiones y bonos. Es una cosa tan perversa que ya se ha normalizado que se diga “me cayó el bono”. ¿Cómo que te cayó? Si tú aplicas el criterio de extrema pobreza en la población, ese grupo debe tener derecho a eso”.

Sigue criticando que la respuesta estatal sea repartir cajas de comida, sin tomar en cuenta el derecho a elegir qué comer, cuánto consumir o dónde adquirir los artículos, amén de los peligros de ingerir productos que no cumplen con estándares nutricionales, como ha sido denunciado. Aún con una distribución eficiente, se trata de una violación a los derechos humanos. “Es una aberración que decidan lo que vas a comer y en qué cantidad”.

Considera que la situación actual es producto del control físico del sistema alimentario. “Los CLAP no funcionaban si no confiscaban todo el sistema alimentario nacional, y para ello debían ser barridos y confiscados todos los alimentos. Afuera no se hacen esos análisis, lo reducen a que las cosas están caras y estamos empobrecidos pero no llegan a entender que es el secuestro alimentario de una nación”.

Los peor alimentados

Las noticias de personas que mueren por inanición se han hecho patentes a lo largo de 2018.

“La inseguridad alimentaria en Venezuela prospera en la medida que avanza el modelo de elaborar productos para los CLAP. Me angustia que ellos mismos saben que el CLAP no tiene 100 por ciento de eficiencia, Maduro lo dice a cada rato, que hay que aumentar la frecuencia, el número de cajas y la calidad”, explica sobre los alimentos básicos y subsidiados que entregan esos comités en cajas o bolsas.

Según los registros de Cáritas Venezuela a los que tiene acceso Raffalli, los estados más afectados por el hambre en Venezuela son Vargas, Zulia y Sucre. Los dos primeros suelen mantenerse al tope de la lista, y el tercero además sucumbe a la malaria. “Hay mucha desnutrición que tiene que ver con el hambre y las enfermedades”.

El estado Vargas, por si fuera, “nunca se terminó de recuperar por la falta de saneamiento ambiental”, tras el deslave de 1999. Allí aún se pagan las consecuencias, en especial por el agua contaminada que afecta mucho el tema de la alimentación. En Zulia, la zona más afectada es la de Machiques.

Cerca de la capital, en el estado Miranda, los registros han mejorado notablemente, excepto en la zona de Yare. “Allí hay mucha desnutrición, en parte porque hay cuatro cárceles. Hay mucha población que está allí porque tiene un preso y no tiene de qué vivir”.

Revela que en los estados fronterizos, a pesar de no haber podido constatar las tendencias, sabe que el gobierno desplegó, a través del Instituto Nacional de Nutrición, el programa PAN, muy parecido al de Cáritas, en el que van casa por casa e identifican a niños y adultos desnutridos. A esa familia, se le asigna una bolsa CLAP adicional o y alimentos terapéuticos que entrega Unicef.

“Esto es un claro reconocimiento del problema y de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional por parte del gobierno, pues existe el plan general de abordaje desde hace dos años”, afirma.

Un famélico PIB

La desnutrición no discrimina nada. La sociedad pierde en todos los aspectos cuando ve a sus ciudadanos enflaquecer por la falta de la ingesta de nutrientes. Los economistas han determinado por proyecciones que, por cada punto porcentual que aumenta la prevalencia de retardo de crecimiento de los ciudadanos de una nación se afecta al Producto Interno Bruto (PIB).

Cada punto porcentual que aumenta el retardo en talla de una población equivale a 11 por ciento de disminución del PIB.

“El niño que creció desnutrido va a tener problemas cognitivos, escolares y productivos que te van a llevar a la pobreza, y pasa a una o dos generaciones. Por lo menos una generación –aproximadamente 30 años– por no decir dos, está comprometida y tiene una anemia en potencia”, sentencia.

Recuerda Rafalli que en 2002, cuando la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) hizo este estudio, se señaló que la desnutrición crónica podía estar representando una disminución de 2,5 por ciento del PIB de Venezuela, y aunque no hay una cifra clara se calcula que hoy debe estar en siete por ciento aproximadamente, mientras que en África es de 11 por ciento.

A falta de hierro, anemia

“Me angustia el tema cárnico. Es gravísimo lo que sucede con los mataderos, hay la posibilidad de un problema de anemia generalizada por la falta de hierro. No estamos en situación de inventar o intentar sustituir la carne, por la parasitosis que tenemos y la pobre ingesta de alimentos. No podemos inventar ser vegetarianos. No estamos comiendo la combinación de nutrientes necesarios para obtener el hierro que necesitamos que no provenga de la carne roja”, apunta Raffalli.

Alerta que las cadenas de frío, el control de beneficio de los mataderos donde hay una buena disposición de la carcasa, de la sangre, el control de moscas y vacunas del animal antes de matarlo es vital para impedir una alerta sanitaria.

“Así como puede tomar 20 o 30 años que el retardo del crecimiento se te exprese en un bajonazo de siete por ciento del PIB, con la anemia cobras inmediatamente. Si dejas de consumir hierro en los alimentos en dos o tres meses, se está con la hemoglobina en el piso y durmiéndose en todas partes. Los hombres y las mujeres que hacen trabajo físico bajan enormemente su productividad”, puntualiza.

Raffalli habla con cifras en mano. En las parroquias pobres donde trabaja Cáritas, siete de cada 10 mujeres embarazadas tiene la hemoglobina baja.

Sin retorno ni respuesta

La experta considera que Venezuela ya tocó un primer punto de no retorno en la crisis humanitaria exactamente un año atrás, en diciembre de 2017. “Las remesas detuvieron, temporalmente, la caída”.

De igual forma considera que los dos fondos aprobados para Venezuela en la última semana por parte de Unicef y la Unión Europea es lo mejor que el país podrá estar como nación asistida con ayuda humanitaria.

“Esto es lo máximo que podíamos aspirar y que vamos a tener. Nos aprobaron los dos fondos, por encima de eso no vamos a tener nada. Cuando digo ‘empezó el principio del fin’ digo que o se acaba esta emergencia humanitaria y esto nos ayuda a mitigar la última fase de la crisis, o se acaba el dinero del socorro, que empezó a gestionarse hace casi tres años”, asegura la nutricionista.

Teme que se llegue a lo que llaman “fatiga del donante”, como ocurrió en Birmania, Sudán o Siria, donde la emergencia no encontró solución estructural. Se estabilizó. Por lo tanto, el dinero deja de fluir pues el objetivo es atacar una emergencia y no financiar un Estado fallido.

“Llegado a ese punto solo quedan dos cosas, que la sociedad civil se haya podido fortalecer junto a la diáspora para dar algún tipo de respuesta o que haya la instalación de una nueva normalidad. Así está Birmania, la precariedad es una forma de vida”, argumenta.

La pregunta que se plantea Raffalli es si es el proyecto del gobierno la reducción de la población a un estilo de vida similar al de esos países, pues el gobierno no rectifica sino que profundiza las causas que generan la emergencia humanitaria. “Estos son fondos de socorro de dos o tres años, puede haber extensiones pero no puede haber una emergencia permanente”, advierte la nutricionista.

Este artículo fue publicado originalmente por Clímax, del portal digital venezolano El Estímulo, y es fruto de una larga conversación con Susana Raffalli de su director, Omar Lugo, el editor de la revista Clímax, Víctor Amaya, y con el redactor Manuel Tovar. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con El Estímulo.

RV: EG

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Indonesia se compromete con un desarrollo verde en la COP24

qua, 12/12/2018 - 13:12

Embotellamiento en la capital de Indonesia. La contaminación del aire en Yakarta es el triple del máximo considerado "seguro" por la Organización Mundial de la Salud. Crédito: Alexandra Di Stefano Pironti/IPS.

Por Sohara Mehroze Shachi
KATOWICE, Polonia, Dec 12 2018 (IPS)

Indonesia logró un crecimiento económico de más de cinco por ciento en la última década, pero para asegurarse un crecimiento sostenible en el futuro será fundamental que explore las energías renovables, reconoció el propio gobierno.

“Si no nos concentramos en un desarrollo con pocas emisiones de carbono, no podremos continuar este crecimiento”, observó Bambang Brodjonegoro, ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, el 10 de este mes.

El ministro habló sobre un desarrollo que tenga en cuenta el cambio climático en un panel de alto nivel en el marco de la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se realiza en la ciudad polaca de Katowice del 3 al 14 de este mes.

Las reglas para la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático que se busca establecer en esta COP24 están en riesgo porque los países más ricos no terminan de anunciar sus compromisos económicos en estas negociaciones.

La organización del panel de alto nivel estuvo a cargo del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés), en colaboración con el ministerio de Indonesia.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) alertó sobre las consecuencias climáticas catastróficas si no se evita que el recalentamiento global supere un aumento de 1,5 grados centígrados, lo que impactará en la producción de alimentos y en un mayor riesgo de desastres.

“Estamos totalmente comprometidos con un desarrollo con bajas emisiones de carbono”, aseguró Brodjonegoro.

“Incorporaremos un marco con bajas emisiones de carbono en nuestro plan de desarrollo a mediano plazo”, indicó. En Indonesia, esto implicará mejorar la calidad ambiental, lograr la eficiencia energética, incrementar la productividad agrícola, mejorar la reforestación y, simultáneamente, reducir la deforestación.

Indonesia tiene un gran potencial para desarrollar las energías renovables.

Según un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables sobre las perspectivas de estas en ese país asiático, Indonesia tiene “un potencial de unos 716 gigavatios en teoría para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables”. Pero de su potencial de bioenergía de 32,7 gigavatios, solo desarrolló 1,8.

“A fin de llevar electricidad a zonas alejadas, es un buen momento para promover las energías renovables, pues aumentará la proporción de fuentes renovables en nuestra matriz”, explicó Brodjonegoro.

Según el ministro, una cuestión clave para expandir las fuentes renovables en su país depende de desarrollar la capacidad de los actores de cumplir las necesidades de diferentes tipos de inversores para acceder a recursos económicos.

Bambang Brodjonegoro, ministro de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia, dijo que el cambio hacia las energías renovables es fundamental para el crecimiento sostenible, en un panel en el marco de la COP24 de Katowice, Polonia. Crédito: Sohara Mehroze Shachi/IPS.

La clave para que la energía renovable prolifere en Indonesia es incorporar al sector privado, coincidió el director general del GGGI, Frank Rijsberman.

“Tanto el gobierno como el sector privado no incorporaron del todo la idea de que el crecimiento verde no solo es lindo, sino asequible”, puntualizó. “Las empresas deberían invertir en energías renovables porque es una oportunidad de negocios”, añadió.

La combinación de recursos financieros podría ser el camino por el que cada dólar invertido por los donantes se pueda catalizar a otras inversiones de fuentes privadas.

El secretario de Estado para Clima y Ambiente de Noruega, Sveinung Rotevatn, dijo que su país se siente inspirado por Indonesia y comprometió fondos sustanciales para reducir la deforestación en el territorio de ese país.

Según el Global Forest Watch, Indonesia experimentó una caída en la pérdida de cobertura arbórea en 2017, que incluye una disminución de 60 por ciento en la pérdida del bosque primario. La organización señaló que eso puede deberse, en parte, a la moratoria impuesta por el gobierno a la conversión de la turbera.

Noruega trabaja de forma conjunta con Indonesia desde 2010.

El futuro del petróleo no es maravilloso, y Rotevatn considera que el cambio en la producción de gas a partir del carbón podría ser un puente útil hacia las energías renovables a largo plazo. Es de esperar que haya resistencia a la transición de combustibles fósiles hacia energías renovables, añadió.

“En 1991, Noruega introdujo un impuesto al carbón. En la actualidad, lo consideramos como natural, pero la implementación siempre es difícil”, recordó. Hay estimaciones que indican que desde que ese país de Europa redujo las emisiones contaminantes, en 1991, siguió por la vía de un crecimiento verde”,

Pero a Indonesia le queda mucho por delante, pues 90 por ciento de su energía todavía procede de los combustibles fósiles. Pero el gobierno es optimista con respecto a las posibilidades de desarrollar las energías renovables.

“Nos concentramos en incentivar la producción de energías renovables y en aumentar la infraestructura para que ello suceda. Tenemos muchas islas alejadas y zonas de difícil acceso, que pueden utilizarse”, indicó Rida Mulyana, director general de Nueva Conservación de Energía y Energía Renovable del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia.

Quedan muchos desafíos por delante, como la aceptación pública, pues todavía se necesita educación sistemática en sostenibilidad para minimizar la resistencia de la comunidad a los proyectos con energías renovables.

Además, la asequibilidad de la energía limpia sigue siendo un problema, y es necesario reducir su costo para que las fuentes renovables sean una opción viable. Esto se exacerba debido al subsidio que todavía tiene el gas de petróleo licuado, lo que fomenta la dependencia de Indonesia en los combustibles fósiles.

Mulayana reconoció que la cuestión de los recursos económicos es clave, pero también dijo que el gobierno no dará subsidios a las energías renovables, por lo que tendrán que competir con otras alternativas.

“Las energías renovables avanzaron mucho con respecto a la situación que tenían antes. Y cuando la gente vea que es posible y es sencillo, el sector privado podrá comenzar a apostar por esos proyectos por su cuenta”, observó David Kerins, economista especializado en energía del Banco Europeo de Inversiones.

Por su parte, Glenn Pearce-Oroz, director de Políticas, Programas, Energía Sostenible para Todos (SEforAll, en inglés), explicó: “En parte, vemos que el sector privado se interesa cada vez más en hacer negocios en el ámbito de la economía verde. Pero lo que buscan es claridad de papeles y consistencia en términos de los mercados en los que se meten”.

“El desafío para los países en desarrollo es cómo demuestran ese tipo de consistencia y claridad, y cómo establecen reglas de juego claras, buenos marcos normativos que le den confianza al sector privado para meterse en esos mercados”, señaló.

Indonesia tiene el tamaño, el dinamismo de la economía y muchos elementos favorables para atraer la inversión del sector privado, indicó.

“El crecimiento verde como concepto comienza a despegar en diferentes países”, destacó Saleemul Huq, director del Centro Internacional para Desarrollo y Cambio Climático (ICCCAD), también participante de la COP24.

“Lo más importante de una estrategia de crecimiento verde es asegurarse de que esté determinada a nivel nacional y se apropien de la misma a nivel nacional”, puntualizó. La modalidad de crecimiento verde es particular a la política y a las condiciones socioeconómicas y culturales de un país.

“El crecimiento verde es más un proceso político que técnico. Hay intereses creados y cuestiones que hay que trabajar a escala nacional”, subrayó. “La buena noticia es que el crecimiento verde empezó a ocurrir”, añadió Saleemul Huq.

Traducción: Verónica Firme

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Costa Rica, primer país en proteger pesca sostenible de grandes pelágicos

qua, 12/12/2018 - 12:27

Dos pescadores costarricenses muestran un pez que acaban de atrapar. Crédito: PNUD Costa Rica

Por Kifah Sasa
SAN JOSÉ, Dec 12 2018 (IPS)

Hace 12 años, en un restaurante de Puntarenas, en la costa pacífica de Costa Rica, un grupo de pescadores de palangre se reunió con tres especialistas en conservación del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD).

Los conservacionistas querían entender mejor cómo evitar la pesca ilegal dentro del Área Marina Protegida de la Isla del Coco, ubicada en el litoral de Costa Rica y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Decididos a buscar su implicación en la problemática, decidieron reunirse con los pescadores de palangre para cenar. El resultado no fue el esperado y para cuando acabaron el postre las ganas de estrechar las manos habían desaparecido.

En la mesa se habían reunido dos perspectivas muy diferentes. El personal del PNUD estaba trabajando en un proyecto que consideraba la pesca ilegal en la Isla del Coco puramente como un problema de conservación.

Por otro lado, el grupo de empresarios locales de Puntarenas luchaba por sobrevivir a pesar del contexto de agotamiento de recursos y mercados cerrados.

Kifah Sasa, oficial de Desarrollo Sostenible de PNUD Costa Rica. Crédito: PNUD Costa Rica

Si bien algunos de ellos eran responsables de pesca ilegal, ninguno podía ser considerado un empresario con grandes ambiciones, sino dueños de un par de barcos de palangre que intentaban ganarse la vida con poco acceso a crédito y pagando los precios más altos de seguridad social en la región por cada uno de los miembros de sus expediciones.

No están solos. Según los datos estimados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el sector pesquero del país está compuesto por alrededor de 400 embarcaciones, cada una de las cuales transporta entre cinco y ocho personas, formando una población activa de aproximadamente 2.000 a 3.200 personas vinculadas directamente al sector.

Junto con las familias que dependen de esta actividad, la población afectada alcanza entre 10.000 y 16.000 personas,  esto es sin incluir las personas vinculadas a través de los miles de trabajos indirectos que aseguran la actividad de pesca como el transporte, los suministros de pesca, alimentos o mecánica.

Doce años después, la perspectiva tanto de los conservacionistas como de los pescadores ha cambiado. El 18 de noviembre de 2018, no lejos de ese restaurante en Puntarenas, Costa Rica fue el primer país del mundo en lanzar un Plan de Acción Nacional para la pesca sostenible de grandes especies pelágicas, usando la metodología del PNUD.

A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país presentó oficialmente un plan con tres áreas principales de trabajo: mejorar las pesquerías de grandes especies pelágicas en Costa Rica (como el atún, el pez espada y el mahi mahi); aumentar la oferta de productos del mar de fuentes sostenibles y garantizar el bienestar social de las personas vinculadas a la actividad pesquera.

Durante la presentación del plan, uno de esos mismos pescadores del restaurante aprovechó la oportunidad para acercarse al mismo miembro del personal del PNUD con el que se reunió hace tantos años y decirle:

“Quería agradecer al PNUD la confianza que nos ha brindado y por ayudarnos a construir un plan formal con instituciones”. Una clara victoria para el firme compromiso del PNUD en su apuesta por el diálogo democrático como elemento clave para lograr un cambio sistémico en la producción sostenible de materias primas.

Litoral del océano Pacífico de Costa Rica. Crédito: PNUD Costa Rica

En 2019 se celebrarán 10 años de apoyo del PNUD en la lucha contra los desafíos de sostenibilidad de productos altamente comercializadas en todo el mundo.

A través de su Programa de Productos Verdes, el PNUD ha buscado sido generar confianza entre las partes interesadas al facilitar espacios neutrales en los que puedan colaborar a través de una visión compartida y una agenda común.

El objetivo es llegar a un acuerdo colectivo sobre la raíz de los problemas de sostenibilidad de los productos básicos y sobre cómo se va a trabajar colectivamente para resolverlos.

Mediante las Plataformas Nacionales de Produtos, el programa está trabajando actualmente en aceite de palma, cacao, café, carne de res, soja, piña y pesca en República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Filipinas, Indonesia y Papua Nueva Guinea.

El Plan de Acción Nacional para la Pesca de Grandes Pelágicos en Costa Rica tendrá una duración de diez años y contribuirá directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país.

Presentado como un caso de éxito de colaboración entre las diferentes partes involucradas en la producción de una materia prima, el Plan es el resultado de un proceso de diálogo de doce meses de duración que involucró a más de cien representantes de gobierno, instituciones académicas, sociedad civil, cooperación internacional, pescadores, exportadores, restaurantes y supermercados.

Un grupo de personas que probablemente no hubieran estado cómodas compartiendo mesa hace unos años pero que ahora se han comprometido a trabajar juntas hacia un futuro más sostenible, inclusivo y prometedor para la pesca en Costa Rica.

RV:EG

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Brasil va a probar un gobierno en conexión directa con electores

qua, 12/12/2018 - 10:46

Jair Bolsonaro y su vicepresidente son militares retirados y el presidente electo incorporará a otros siete militares como ministros de su gobierno. Desde que es mandatario electo de Brasil, el político de extrema derecha ha mostrado su predilección por participar en ceremonias castrenses, como esta graduación de oficiales de la Marina, en Río de Janeiro. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil-Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Dec 12 2018 (IPS)

El gobierno que tomará posesión el 1 de enero en Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, pondrá a prueba a la extrema derecha en el poder, con creencias que suenan extemporáneas y una gestión basada en la conexión directa con la población.

“El poder popular ya no necesita intermediación, las nuevas tecnologías permiten una nueva relación directa entre el elector y sus representantes”, sostuvo Bolsonaro al recibir el diploma de presidente electo por el Tribunal Superior Electoral, el 10 de diciembre en Brasilia.

Ya se conoce el papel que tuvo la comunicación por redes sociales, especialmente la del teléfono celular por la aplicación de WhatsApp, en las elecciones brasileñas de octubre, que alzaron a la presidencia a un diputado nada destacado en sus 30 años como legislador.“La democracia no está en crisis a causa del WhatsApp, sino por falta de un pacto social, porque sindicatos y partidos ya no son representativos… Él (el presidente electo Jair Bolsonaro) supo usar las redes para presentarse como la solución (y) ellas podrán favorecerlo o no en el gobierno”: Giuseppe Cocco.

Ahora se trata de gobernar. Por su discurso y experiencia reciente, Bolsonaro, de 63 años, seguirá recurriendo a las redes como presidente y discípulo exitoso del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Pero son dos realidades muy distintas, las elecciones y el gobierno. El presidente electo ya dio muestras de que sigue en campaña permanente, pero ahora ya no se trata de promesas, hay que presentar resultados”, señaló Fernando Lattmann-Weltman, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).

“Sin resultados satisfactorios, el riesgo mayor es que el gobierno se inviabilice, ante el deterioro de sus relaciones con otros poderes, instituciones y grupos organizados”, y la frustración de fuertes expectativas de cambio creadas en las elecciones, acotó.

Bolsonaro adoptó también el discurso usual de que gobernará para todos, como “el presidente de los 210 millones de brasileños”. Pero los especialistas coinciden en que la comunicación directa con los electores es sesgada y tiende a alimentar la beligerancia más allá de las jornadas electorales, como ocurre en el Estados Unidos de Trump.

Las redes sociales amplían las posibilidades de diálogo entre las personas, como medios  interactivos y accesibles a crecientes parcelas de la población. Pero no son públicas como la prensa, radio y televisión abierta. Se limitan a círculos familiares o de algún interés común.

Como instrumento político, suelen formar grupos de afinidades, de opiniones y creencias comunes, o sectas digitales. No sirven al debate, a la argumentación y confrontación de ideas, incluso porque en general son usadas para mensajes cortos, consignas y noticias falsas.

En ese sentido, agravan las polarizaciones y antagonismos. Un gobierno basado en esas conexiones tendería a acentuar conflictos, crisis y amenazas a la democracia, se argumenta.

“La democracia no está en crisis a causa del WhatsApp, sino por falta de un pacto social, porque sindicatos y partidos ya no son representativos”, discrepó Giuseppe Cocco, profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Las redes sociales sí tienen un “efecto club”, pero son hoy “una condición de nuestras vidas” en sus varias dimensiones, sea la producción material, de comunicación, de servicios e incluso la política, argumentó a IPS.

Para el profesor, “su uso en la campaña electoral no explica el triunfo de Bolsonaro”, sino el deseo de la mayoría de los electores brasileños por un cambio contra la corrupción, el sistema político sin credibilidad, la crisis económica y la inseguridad ante la expansión de la criminalidad.

“Él supo usar las redes para presentarse como la solución”, consideró y añadió que “ellas podrán favorecerlo o no en el gobierno”, según el uso que les dé.

Jair Bolsonaro durante la recepción de su diploma como presidente electo de Brasil, con su mujer, dos de sus cinco hijos, uno diputado y otro senador, y sus esposas. Defensor acérrimo de la familia tradicional, la suya va a tener una fuerte presencia en su gobierno, lo que ya comenzó a provocar conflictos y escándalos, que involucran a alguno de sus vástagos. Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE-Fotos Públicas

 

Pero no son pocos los investigadores en el mundo que atribuyen a las redes de comunicación efectos negativos en la democracia, por su uso en la intensa difusión de noticias falsas, ahora conocidas también por la expresión inglesa “fake news”.

También se refieren a interferencias extranjeras en procesos electorales, como la que se sospecha haber sido practicada por rusos en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, y la presión ejercida por electores en conexión directa como si fuesen “la voz del pueblo”.

Por otra parte, el Whatsapp es el instrumento más usado últimamente para organizar  grandes movilizaciones sociales, como la huelga de camioneros que paralizó Brasil en mayo de 2018 y la rebelión de los “chalecos amarillos” en Francia, iniciada el 17 de noviembre contra el alza de precios de los combustibles y ampliada a otros reclamos.

Pero antes ese papel lo cumplió el teléfono fijo, hoy casi totalmente sustituido por el celular. Redes sociales como Twitter y el Facebook se volvieron decisivos en elecciones como la de Trump en 2016 y las movilizaciones de la llamada “Primavera Árabe”, en países del norte africano, recordó Cocco, un italiano residenciado en Brasil desde 1995.

Pero no es solo una evolución técnica, el WhatsApp es una “red cerrada” que no permite identificar el origen de los mensajes y, por lo tanto, tampoco el responsable cuando se diseminan mensajes que podrían tipificar delitos, en contraste con otros medios.

La advertencia es de Alessandra Aldé, profesora de posgrado en Comunicación de UERJ y coordinadora de un grupo de investigación sobre esa aplicación, que la ha repetido en entrevistas concedidas a medios locales tras las elecciones de octubre..

Bolsonaro empleó masivamente el WhatsApp en su campaña electoral.

Además, empresarios habrían invertido recursos propios para difundir por esa red acusaciones falsas contra el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, en violación de la legislación electoral, denunció el diario Folha de São Paulo el 18 de octubre, 10 días antes de la segunda vuelta presidencial.

Muchos analistas señalan similitudes entre Trump y Bolsonaro por el éxito electoral impulsado por las redes sociales y sus políticas de extrema derecha.

Pero el brasileño resultó elegido con “bases más frágiles”, sin el sostén de un partido como el Republicano, de Trump, ni parlamentarios experimentados, observó Lattman-Weltman a IPS.

Bolsonaro tiene formación militar. Interrumpió su carrera cuando era capitán del Ejército, en 1988, para convertirse en concejal de Río de Janeiro. Dos años después ascendió a diputado nacional y desde entonces fue reelegido seis veces. Nunca ejerció una función ejecutiva ni de liderazgo partidista.

El partido al que adhirió tan solo en mayo, el Social Liberal (PSL), obtuvo un único diputado en 2014 y  en las elecciones de octubre conquistó 52 de los 513 escaños. En el Senado logró sus primeros cuatro miembros, cinco por ciento del total. Gran parte del resultado se debió a la súbita popularidad del excapitán.

Otro riesgo, de consecuencias quizás más graves e inmediatas, son las creencias de los núcleos centrales del próximo gobierno, uno profundamente religioso y otro militar. “Dios por encima de todos” es la consigna de la campaña electoral y del gobierno que el 1 de enero iniciará su mandato de cuatro años.

Siete oficiales de las Fuerzas Armadas integrarán el gabinete ministerial de 22 miembros. A ellos se suman el mismo presidente y su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, en el gobierno más militarizado de la historia brasileña.

Bolsonaro rechazó, por ejemplo, la realización de la conferencia mundial sobre clima en Brasil en 2019 y amenaza con abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado en 2015, por considerarlo una amenaza a la soberanía brasileña sobre 136 millones de hectáreas de Amazonia que componen el llamado “Triple A” (AAA).

Ese tipo de temor es difundido entre los militares brasileños, que también sospechan que hay tierras reservadas a los indígenas que pueden pasar al dominio internacional o independizarse. Por eso se resisten a su demarcación.

Pero en realidad el AAA se refiere a un corredor ecológico, Andes-Amazonia-Atlántico, propuesto por una organización ambientalista de Colombia, Gaia Amazonas, que no se aprobó ni forma parte de las discusiones climáticas.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Perú abraza la ecoeficiencia para avanzar hacia un desarrollo verde

ter, 11/12/2018 - 19:20

Katherina Guevara (I) y Cristina Rentería, integrantes de la Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, junto a una de las 10 estaciones para el desecho segregado de los residuos que han gestionado para el personal administrativo. Otros 32 módulos ecoeficientes se instalaron para el uso general en el campus, a las afueras de Lima, en Perú. Crédito: Mariela Jara/IPS

Por Mariela Jara
LIMA, Dec 11 2018 (IPS)

Entidades públicas de Perú han fortalecido desde 2017 sus prácticas ecoeficientes con la aplicación coordinada de diversas medidas y el desarrollo de una cultura de gestión ambiental, para avanzar así en el uso adecuado de los recursos del Estado.

Ese conjunto de prácticas permitió ahorrar más de 19 millones de dólares en dos años, declaró Roxana Díaz, asesora en Gestión de Ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente (Minam) y encargada de un programa especial con ese fin.

Mediante la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes (EcoIP), desde 2017 el Minam brindó ya a 41 entidades estatales apoyo en el tema, con la asesoría del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés) y con el objetivo de mejorar la sinergia entre lo ambiental y lo económico en el desarrollo de sus actividades.“Es una iniciativa muy interesante considerando que uno de cada 10 trabajadores son servidores públicos en Perú y que el Estado es de los mayores consumidores de recursos naturales. Se están visibilizando prácticas estatales a corregir y a miles de personas involucradas en este esfuerzo por mejorar su desempeño”: Aaron Drayer.

El objetivo del proyecto EcoIP es otorgar asesoría a las instituciones públicas mediante la creación de capacidades a los gestores de ecoeficiencia de cada institución, a fin de que puedan emprender prácticas orientadas a un mejor uso del agua, energía, papel, combustible y residuos sólidos, explicó Díaz a IPS.

“La Iniciativa EcoIP parte de un diagnóstico que se hizo en el 2015 y que reveló oportunidades para la aplicación óptima de la normativa peruana para la ecoeficiencia”, indicó Aaron Drayer, el representante en el país del GGGI, una institución intergubermental creada en 2012 para impulsar el crecimiento verde en el mundo.

Es entonces que el GGGI se involucró para contribuir con el cumplimiento de la meta 57 de la Agenda de Competividad 2014-2018 del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya meta es que 30 por ciento de las instituciones públicas cuenten paulatinamente con programas de ecoeficiencia y reduzcan su consumo de energía y agua.

“Es una iniciativa muy interesante considerando que uno de cada 10 trabajadores son servidores públicos en Perú y que el Estado es de los mayores consumidores de recursos naturales. Se están visibilizando prácticas estatales a corregir y a miles de personas involucradas en este esfuerzo por mejorar su desempeño”, remarcó Drayer a IPS.

Perú cuenta con un grupo de Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, destinadas a una mejor gestión ambiental del Estado para impulsar un desarrollo sostenible en el país, que se plasman en el Decreto Supremo 009 de 2009 del Minam.

La ecoeficiencia  define desde los años 90 el buen uso de los recursos con fines ecológicos, mediante su eficaz aprovechamiento en los procesos y actividades de organizaciones tanto públicas como privadas, con miras a un desarrollo sostenible y con base en un cambio de actitud en sus miembros.

Con esa visión, el programa modelo implementado por el Minam con la colaboración del GGGI buscó fortalecer la institucionalidad existente, dotar de competencias a los servidores públicos para sostener el nuevo proceso y una cultura para el uso eficiente del agua, energía y papel, y la gestión de los residuos sólidos.

“Mi balance del proceso es positivo, hemos construido un programa replicable y formado capacidades, logrando que el 50 por ciento de las instituciones públicas involucradas consigan la meta de ser reconocidas como entidades ecoeficientes”, afirmó Díaz.

Paola Córdova (primera a la izquierda), oficial de Crecimiento Verde del GGGI en Perú, durante el cierre de la fase piloto de la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes, en que 41 organizaciones del Estado recibieron su reconocimiento como instituciones ecoeficientes por el Ministerio del Ambiente de Perú, en noviembre 2018. Crédito: Minam

Además caracterizó a una institución pública ecoeficiente como aquella que brinda un servicio público de calidad al ciudadano usando eficientemente sus recursos, reduciendo sus impactos ambientales y manteniendo las condiciones adecuadas para el personal.

Es la entidad que logra un equilibrio entre su gestión ambiental y la rentabilidad económica de la institución, puntualiza.

Paola Córdova, oficial de Crecimiento Verde del GGGI en Perú, acompañó la implementación inicial de la Iniciativa junto con el equipo del Minam, cuando se identificaron las necesidades esenciales del proyecto, como el involucramiento de la alta dirección, la asignación de personal, presupuesto y tiempo.

En los dos años en que EcoIP funcionó como modelo o proyecto piloto, asesorado por el GGGI, se recogieron frutos, entre ellos, el desarrollo de capacidades en servidores públicos de diferentes sectores, como ministerios, universidades y entidades autónomas, explicó.

Además, este año la EcoIP se extendió al gobierno del departamento de San Martín, en el centro del país, iniciando la fase de descentralización de la Iniciativa, que continuará el próximo año hacia otras zonas del interior, ahora que será un programa  estable dentro del Minam.

“Como GGGI hemos contribuido a la sistematización de esta experiencia y a identificar las lecciones aprendidas, que son insumos para que el Minam continúe replicando el modelo de entidades públicas ecoeficientes”, manifestó Córdova a IPS.

Para Díaz, del Minam, la medición realizada confirma que la metodología aplicada es replicable y por tanto un factor que permite superar el desafío de la alta rotación en el servicio público y potenciar su alcance, gracias al modelo establecido con las primeras 41 entidades públicas incluidas, de las más de 2.000 existentes en el país.

La funcionaria detalló que se estandarizaron metodologías de cálculo del uso de recursos que ofrecen datos confiables y validados, a partir de los cuales se reporta anualmente el consumo a manera de línea de base.

Carlos Llanos, responsable de la Oficina de Gestión Ambiental de la pública Universidad Nacional Agraria La Molina, en las afueras de la capital de Perú, e integrantes de su equipo muestran creaciones navideñas realizadas con material reciclado. Crédito: Mariela Jara/IPS

El nuevo sistema permite identificar medidas para corregir prácticas inadecuadas,  y así apoyar el cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas por el Estado peruano dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático. El país se comprometió a reducir en al menos 20 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

“El Estado ha ahorrado 66 millones de soles (más 19 millones de dólares) desde la implementación de la metodología, lo que podríamos transformar a cantidades de CO2 (dióxido de carbono) que se dejaron de emitir, porque es energía eléctrica que se dejó de consumir, así como agua y papel principalmente”, precisó.

Para la funcionaria de Minam, es muy importante que con esta metodología también se enseña a calcular la rentabilidad económica de las medidas.

Un ejemplo exitoso

Una de las experiencias exitosas es la protagonizada por la pública Universidad Nacional Agraria La Molina situada sobre 6.000 hectáreas a unos 18 kilómetros del centro de la capital.

Bajo el impulso de su Oficina de Gestión Ambiental (OGA) y su equipo técnico, se ha promovido la cultura ambiental, la ecoeficiencia, la fiscalización y manejo de residuos sólidos entre docentes, estudiantes y trabajadores administrativos del centro educativo.

Han instalado 32 puntos ecoeficientes, es decir, tachos de segregación para que las personas depositen los residuos en forma adecuada, además de 10 estaciones en los que personal administrativo coloca cartones, residuos generales, plástico y vidrio.

“Fue necesario sensibilizar a la comunidad educativa para su uso adecuado, al igual que sobre sustitución de papel por medios digitales y reducción del consumo de agua y energía eléctrica”, refirió a IPS el ingeniero ambiental Carlos Llanos, quien dirige la OGA.

El equipo expresa su satisfacción porque las diversas acciones emprendidas como visitas, carteles señalizadores y concursos, entre otras, han involucrado a 20 por ciento de las dependencias del campus, dentro de su objetivo de promover el desarrollo sostenible en el recinto.

Una de las ganadoras del concurso interno “Oficina Sostenible” es la Unidad de Innovación Educativa,  a cargo de la docente Elva Ríos y conformada por las psicólogas Silvia Morales y Karen Goycochea. Ellas llevan la ecoficiencia en las venas.

“Somos molineros, somos puntuales y ecoficientes” es el lema que identifica a la Unidad y que les acompaña en todas su actividades. “Capacitamos a docentes para que sean mejores profesores, pero en ese trabajo nuestra perspectiva ambiental está presente”, expresó Morales a IPS.

La asesoría de la OGA ha contribuido a que reduzcan el consumo de papel, energía, agua y al mejor anejo de los residuos.

“Aquí desenchufamos las máquinas cuando no las usamos, apagamos los focos y aprovechamos la luz natural para lo cual hemos despejado la zona de ventanas, hemos colocado botellas con arena al interior de los inodoros y apenas gotea un caño llamamos a Servicios Generales, y tenemos tachos separadores”, agregó Morales.

Karen Goycochea recuerda que hace cinco meses, cuando ingresó a la Unidad, como parte de su inducción le recalcaron las acciones ecoeficientes a mantener en la oficina y en la universidad. “Para mí fue muy alentador porque siempre he estado comprometida con la gestión ambiental”, dijo a IPS.

Edición; Estrella Gutiérrez

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¿Se escucha el reclamo popular en Cuba sobre trabajo privado?

ter, 11/12/2018 - 14:27

Un grupo de música tradicional cubana ameniza la terraza de un establecimiento estatal que ofrece servicios de gastronomía al turismo internacional, en un una calle de La Habana Vieja, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Dec 11 2018 (IPS)

Reajustes en normas para el trabajo privado a fin de tomar en consideración opiniones de especialistas y ciudadanos e inusuales explicaciones televisivas de altos dirigentes del gobierno de Cuba, dan un giro sin precedentes a la relación entre las autoridades y sociedad civil.

Los acontecimientos sucedidos la primera semana de diciembre son interpretados de diversas maneras por activistas y especialistas consultados por IPS, aunque coinciden en que la sociedad civil se perfila finalmente como una voz a tener en cuenta en el país de gobierno socialista, donde predominan el autoritarismo y la centralización.

“Siento que al menos hay una conciencia política. El cubano está entendiendo que hay una transición y no podemos dejar que los cambios pasen sin nuestra participación verdadera”, dijo a IPS la actriz Lynn Cruz, que en las redes sociales manifiesta su oposición al Decreto Ley 349, aprobado en julio junto con otras 19 normas, destinadas a regular la actividad privada.“Como en otras ocasiones, esta vez, el malestar social dio lugar a una contra-regulación, algo más ajustada, aunque quedan muchas discusiones de fondo en el tema”: Ovidio D’Angelo.

Todo comenzó el 5 de diciembre, cuando solo dos días antes de la entrada en vigor de ese decreto y las otras 19 normas,  las autoridades echaron atrás algunas de ellas, muy criticadas por sus implicaciones para el sector privado, conocido localmente como de cuenta propia.

En especial, enlentecieron la aplicación de la regulación del 349, que es el que norma desde ahora la comercialización y circulación de arte.

Con implicaciones para actores privados y entidades estatales donde se comercialice o circule arte en todas sus manifestaciones, esa norma se dio a conocer en julio entre las medidas para el trabajo privado, aunque su alcance es mayor porque regula cómo penalizar la infracción de la política cultural en lugares públicos.

Artistas de todos los signos políticos y afiliados o no a instituciones estatales u organizaciones gremiales criticaron con fuerza el decreto, en espacios virtuales y reales, sobre todo por la falta de claridad que observan en su redacción. Incluso algunos señalan que la ley limitaría la libertad artística en la isla caribeña.

“Las decisiones se toman sin tener en cuenta a todos los sectores implicados”, lamentó Cruz, quien no se siente satisfecha con las explicaciones sobre el decreto y su aplicación paulatina dadas por autoridades culturales en la televisión estatal, el 7 de diciembre.

“Se niega una buena parte del arte cubano actual hecho desde la autogestión”, apuntó la también escritora y directora de teatro, quien trabaja en forma autónoma al Estado y ha participado en campañas en contra del decreto 349.

A su juicio, “las respuestas que dieron siguen siendo vagas, porque enfocarse en el ruido o el mal gusto como parte de las aristas principales del decreto es evadir su razón principal”.

A Cruz le preocupa que no se mencionó cuánto afecta a los artistas autónomos, en un Estado socialista que subvenciona y promueve la cultura dentro de sus prioridades, pero a través de un sistema criticado por controlar la creación artística y cultural, sobre todo cuando aborda cuestiones políticas.

Dos empleadas preparan el local para la llegada de clientes en el bar de un restaurante de administración privada en el centro histórico de La Habana Vieja, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El Ministerio de Cultura informó que ya emprendió un proceso de debate con afiliados de la no gubernamental Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que va a llegar a las 15 provincias del país.

La discusión pretende elaborar de forma participativa la norma complementaria del Decreto Ley 349, para que establezca cómo se implementará de manera precisa.

También anunció el Ministerio que el decreto se aplicará de forma progresiva y no en todas las entidades implicadas. Pusieron como ejemplo que deben todavía establecer cómo se hará en las galerías de arte privadas y los estudios de grabación, que hoy operan en la ilegalidad.

“No regula ni limita la creación artística”, indicó Yudith Márquez, directora jurídica del Ministerio de Cultura, sobre el decreto de julio.

Remarcó que la norma “vela por  el cumplimiento de las normativas existentes sobre la comercialización del arte y combate la difusión de productos que promuevan el lenguaje sexista, la discriminación, la vulgaridad, la pornografía o utilicen injustificadamente la violencia”.

Otras infracciones tipificadas son “aprobar, permitir, pagar o facilitar con medios o instalaciones la realización de servicios artísticos sin que hayan sido aprobados y autorizados por la institución que representa a los artistas” y “que afecte el desarrollo de la sociedad cubana y la aplicación consecuente de la política cultural de la Revolución”.

Durante una noche lluviosa, varias personas intentan detener un viejo vehículo que opera como taxi privado, en una céntrica calle de La Habana Vieja, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Marquez también especificó que “la responsabilidad por la difusión de productos (penalizados) es de la autoridad de la entidad, estatal o privada, que los exhiba”.

Las respuestas de las autoridades en este tema sensible no parecen aliviar todavía las tensiones con el sector artístico y cultural, aunque algunas de las cuestiones a regular como el lenguaje sexista, discriminación y violencia son reclamos reiterados por activistas sociales por la equidad de género, el antirracismo y una cultura de paz.

“Como en otras ocasiones, esta vez, el malestar social dio lugar a una contra-regulación, algo más ajustada, aunque quedan muchas discusiones de fondo en el tema”, valoró el psicólogo Ovidio D’Angelo, que investiga a la sociedad civil cubana.

El especialista analizó que “podría verse como un hecho positivo la capacidad de replanteo de la situación (por parte de las autoridades) a partir del sentir popular”.

Pero alertó del efecto negativo de esas situaciones, “que quedan como huellas de desconfianza hacia las instituciones que no son capaces de propiciar a tiempo una auto-organización desde las relaciones con las bases de la sociedad”.

Aunque todas las inconformidades no fueron resueltas, los cambios introducidos el 5 de diciembre para el trabajo privado fueron bien recibidos, sobre todo el relacionado con la cantidad de comensales de los restaurantes, bares o cafeterías, que ahora pueden sobrepasar los 50, de acuerdo con el espacio disponible.

Otras modificaciones consideradas beneficiosas permiten al trabajador ejercer más de una actividad y aumentan el saldo en efectivo sin depositar en el banco a 35 por ciento del total.

En opinión de Ángel Marcelo Rodríguez, coordinador académico del proyecto Incuba Empresas del católico Centro Loyola, aún no existe en Cuba una “sociedad civil desarrollada, por lo tanto no es la causa por la que el gobierno modificó el marco regulatorio”.

“Existen múltiples factores”, dijo y mencionó como fundamentales el decrecimiento de la economía a un uno por ciento y la incertidumbre para el próximo año anunciada por el ministro de economía, Alejandro Gil, además de la presión internacional para que Cuba pague sus deudas externas.

Rodríguez consideró negativo el establecimiento de dos cuotas mensuales como saldo mínimo requerido en las cuentas bancarias fiscales que deberán operar los titulares  de licencias para servicios gastronómicos, transportistas y arrendadores de viviendas, entre otros, porque “controla y limita el crecimiento de los emprendimientos”.

“No se va a entregar la licencia de programador de equipos de cómputo hasta nuevo aviso, lo cual significa que hay temor al uso y desarrollo de las TIC” (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), consideró Rodríguez, sobre “una industria que puede relanzar la economía cubana y de la que se excluye al emprendedor nacional”.

Según las autoridades gubernamentales, las nuevas disposiciones buscan ordenar el trabajo privado, que ahora permite 123 actividades y en cuyo ejercicio se detectaron irregularidades como la subdeclaración de ingresos y el uso de materias primas de procedencia ilícita.

El empleo autónomo creció en los últimos años desde 157.000 trabajadores en 2010 hasta 588.000 en octubre, lo que representa 13 por ciento de la población en este país insular caribeño de 11,2 millones de personas. Incluso especialistas lo señalan como el área más dinámica de la sociedad civil intena.

Con aportes de Patricia Grogg, desde La Habana.

Editado por Estrella Gutiérrez

 

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Pacto sobre migraciones, un triunfo del multilateralismo

seg, 10/12/2018 - 20:06

El 10 de diciembre de 2018, 164 países adoptaron el primer acuerdo intergubernamental negociado que busca cubrir todas las dimensiones de las migraciones. Crédito: Cortesía: Steven Nsamaza.

Por Steven Nsamaza
MARRAKECH, Dec 10 2018 (IPS)

La migración segura, ordenada y regular logró finalmente el apoyo de 164 países, que este lunes 10 adoptaron el primer acuerdo intergubernamental negociado, que busca cubrir todas las dimensiones de las migraciones internacionales.

Después de los problemas que aparecieron a último minuto, más tensiones y disputas de las que se hubiera querido, la conferencia intergubernamental que se realiza en la ciudad marroquí de Marrakech acordó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, un documento proactivo que busca orientar a los Estados en todos los asuntos relacionados con las migraciones.

El documento se logró aprobar justo a tiempo para coincidir con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un encuentro presidido por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien urgió a los países a tratar el pacto como una obligación con los derechos humanos, que beneficiará a todos.

“No creamos un nuevo derecho a migrar. No”, precisó. “No hay un derecho para que todos vayan a cualquier lado en cualquier momento a su antojo”, acotó Guterres en la ceremonia oficial.

“Creamos la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes que, por supuesto, es absolutamente obvio cuando al mismo tiempo celebramos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, acotó.

“Sería inconcebible excluir a los migrantes del alcance de la Declaración Universal”, subrayó Guterres.

Antes del comienzo de la conferencia este lunes 10 había gran preocupación porque algunos Estados miembro no apoyaban el documento. Otros, directamente, decidieron no participar ni adoptar el pacto, mientras otros más señalaron que su decisión final requería mayor deliberación.

Estados Unidos fue el detractor más notable al condenar el pacto y tildarlo de violación a la soberanía nacional.

“Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción, incluida la Declaración de Nueva York, representa un esfuerzo de la ONU por promover la gobernanza global a expensas del derecho soberano de los Estados a gestionar sus propios sistemas migratorios de acuerdo a sus políticas, leyes e intereses nacionales”, señala la declaración de Washington divulgada en la víspera de la conferencia de Marrakech.

Otros países que frenaron el pacto o se negaron a firmarlo son Hungría, Australia, Israel, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria, Suiza, Bulgaria, Letonia, Italia, Suiza y Chile.

El documento acordado “tendrá un impacto enormemente positivo en las vidas de millones de personas, de los propios migrantes, de las que dejan atrás y de las comunidades que los van a recibir”, explicó Louise Arbour, representante especial para migración internacional de la ONU.

“Eso, por supuesto, dependerá de que se capture el espíritu del evento de (este lunes 10) de pasar a la implementación de las múltiples iniciativas que el pacto mundial habilita a los Estados a poner en práctica”, puntualizó.

“Estoy encantada de reflejar las palabras del secretario general: es una ocasión maravillosa, un momento realmente histórico y un logro enorme para el multilateralismo”, subrayó Arbour.

El pacto adoptado establece 23 objetivos que pretenden cubrir todos los aspectos relativos a las migraciones, y cada uno tiene un objetivo general y un abanico de posibles acciones para que implementen los Estados miembro del foro mundial.

La canciller alemana (jefa de gobierno) Angela Merkel fue muy criticada tras su decisión de abrir la frontera a cientos de miles de refugiados de países como Siria y Afganistán a su país.

La decisión podría haberle costado otro mandato si se presentara a la reelección, pero Merkel anunció hace poco que no lo hará. Sin embargo, subrayó que el pacto mundial “no es nada más que la fundación de nuestra cooperación internacional”.

El significado de la conferencia fue lo que atrajo, además de diplomáticos y funcionarios, a unas 400 organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, el sector privado y la academia, así como a más de 700 periodistas registrados.

La ceremonia en la que se adoptó el pacto mundial contó también con Cheryl Perera, conocida representante de comunidades migrantes, y fundadora de OneChild, una organización no gubernamental que busca eliminar la explotación sexual de menores en el extranjero.

Perera llamó a eliminar los factores responsables de la migración irregular a gran escala y a mejorar la protección de los migrantes a pequeña escala.

“Tenemos que actuar mejor juntos”, arengó. “Es importante que involucremos al sector privado, en especial a las aerolíneas y hoteles, entre otros, para proteger a los niños del tráfico”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Conferencia sobre migraciones comienza debilitada

seg, 10/12/2018 - 11:02

Refugiados de Sudán del Sur. Crédito: Will Swanson/UNHCR.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Dec 10 2018 (IPS)

Cuando la tan esperada Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración comenzó este lunes 10 en Marruecos, lo hizo con un hecho sin precedentes: la cancelación de su asistencia de por lo menos siete Estados miembro casi a último minuto. 

Cuando la comunidad internacional se esfuerza por resolver la propagación de una crisis humanitaria, y restringir la aceptación de refugiados y migrantes, la aprobación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, se vuelve un asunto políticamente sensible.

Estados Unidos, que se retiró de las prolongadas negociaciones en diciembre del año pasado, será una de los notables ausencias, junto a Austria, Hungría, Polonia, Israel, Suiza y Australia, todos con problemas relacionados con refugiados y migrantes.

Otros de los que pueden fallar podrían ser Bulgaria, República Checa y Eslovaquia.

No sorprende que esos países no quieran formar parte del pacto, que se espera se adopte en la ciudad de Marrakesh al concluir la Conferencia, el martes 11.

Incluso a pesar de que 192 Estados miembro, salvo Estados Unidos, finalizaron el Pacto Global en julio, tras años de negociaciones.

La renuencia a participar es por demás sorprendente ya que la implementación del pacto es voluntaria, a diferencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, suscrita y ratificada por los 193 estados miembros de la ONU, pero no necesariamente implementada.

Sobre los que no participan, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric declaró el 30 de noviembre: “Creo que lo lamentable, como vimos, es el número de países que se abrieron de lo que ya se había decidido en Nueva York cuando se adoptó el pacto”.

“Cabe recordar una y otra vez que no es un instrumento legal vinculante. Es una guía para que los países puedan manejar la migración”, acotó.

Justo antes del inicio de la conferencia de Marrakesh, Dinamarca anuncia sus planes de trasladar inmigrantes “no deseados” a la isla de Lindholm, a dos millas náuticas del territorio, otrora utilizada para estudiar animales enfermos,.

“Los crecientes sentimientos de extrema derecha y antiinmigración que se propagaron por Europa llegaron a las altas esferas del gobierno de Dinamarca”, han indicado fuentes periodísticas.

“Algunos de los legisladores dejaron claro que no tienen reparos en probar los límites de las convenciones de derechos humanos con el fin de preservar lo que consideran el estilo de vida danés. El controvertido acuerdo todavía debe ser aprobado por el parlamento”, informó la CNN.

Es muy posible que Dinamarca se una al resto del equipo de ausentes de la conferencia.

El demógrafo Joseph Chamie, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y consultor independiente, dijo a IPS que la conferencia sobre migración, a pesar de sus carencias, “es, por cierto, un logro”.

Pero una decena de países no participan, y otros más realizaron fuertes objeciones, procedentes de partidos que se oponen a la firma del Pacto Mundial sobre Migraciones, añadió.

Eso tendrá graves consecuencias negativas para el pacto, en especial si Estados Unidos, el país que más inmigrantes recibe, no forma parte de él.

“También será problemático para la Unión Europea (UE), pues esos países tienen posiciones divididas en cuanto al pacto, y otros no participan en la conferencia”, apuntó.

“Es inusual que tantos países renuncien a la conferencia de la ONU y debilitará la efectividad del Pacto Global”, reconoció.

La enviada especial para Migración Internacional, Louise Arbour, dijo antes de comenzar el encuentro que estaba “muy decepcionada” de que algunos países retiren su apoyo, y en algunas instancias por “extrañas” razones.

El Pacto Global “no era legalmente obligatorio” y “no hay ni un solo país que esté obligado a hacer nada que no quiera”, señaló.

“Algunos dijeron, por ejemplo, no vamos a firmar, lo que es bastante raro porque no hay nada para firmar. No es un tratado. Otros dijeron, ‘no iremos’. Otros, no apoyamos el pacto”, añadió.

Mientras, una de cada 70 personas queda atrapada en medio de una crisis, incluyendo la de refugiados, con más de 130 millones de personas que podrían necesitar asistencia humanitaria el año que viene.

La ONU y sus socios buscarán ayudar a más de 93 millones de personas en situación de mayor vulnerabilidad, según el Panorama Global Humanitario, presentado por el coordinador de emergencia, Mark Lowcock, en Ginebra en la primera semana de diciembre.

En una declaración divulgada el 5 de este mes, la Federación de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, señaló que la migración siempre fue un tema controvertido.

Pero en los últimos años, se volvió un asunto aún más controvertido, al punto de dominar las elecciones en muchos países.

La preocupación por el impacto de la migración en los estados receptores llevó a los gobiernos a adoptar estrategias diseñadas específicamente para reducir y disuadir las migraciones, llegando a restringir el acceso a servicios esenciales y vitales, incluida la atención de salud básica, refugio, alimentos y asistencia legal.

La Federación Internacional dijo que los gobiernos tienen derecho a fijar sus políticas migratorias. Pero a diferencia del saber convencional, todos los migrantes, aun los que no tienen derecho a solicitar asilo, tienen derechos en el marco de la legislación internacional. Esos derechos incluyen acceso a la salud, la seguridad y la protección.

Chamie dijo a IPS que si bien la implementación del pacto es voluntaria, el objetivo en sí mismo es crear normas relativas a las migraciones internacionales.

“Por supuesto, los países pueden no seguir las convenciones ni los pactos internacionales, y existen, por cierto, muchas instancias de violaciones en los últimos años”, acotó.

Los países son soberanos, sobre lo que hay un consenso universal, y promoverán sus intereses nacionales, aun cuando viola acuerdos que ya suscribieron, añadió.

Al ser consultado sobre los planes de Dinamarca, consideró que confinar inmigrantes “no deseados” a una isla remota generará problemas en muchos aspectos.

Además de la cuestión importante de los derechos humanos, será difícil desde el punto de vista logístico, y se será aún más problemático, en especial por los niños y a los que necesitan atención médica. Además, a medida que aumentan los números, las dificultades se exacerban, añadió.

Chamie también señaló un hecho simple: la llegada de posibles inmigrantes es mucho, mucho mayor que la demanda.

Además, los países receptores seleccionan inmigrantes y muchas de las personas que necesitan migrar, no serán seleccionadas.

“Por ello, muchos de los migrantes sin estatus legal solicitan asilo y buscan el estatus de refugiado cuando, de hecho, buscan oportunidades laborales y mejores condiciones de vida para ellos y sus familias”, añadió.

Por ello, Chamie señaló, la gente emigra de forma irregular y al llegar a su destino elegido tratarán de permanecer en el país por todos los medios posibles, incluso solicitando el estatus de refugiado.

Una vez más, uno tiene que hacer frente a hechos demográficos, algo que los dirigentes políticos suelen evitar. Muchas poblaciones en países de emigrantes aumentan rápidamente y en la mayoría de los países receptores con mayor desarrollo, crecen con lentitud.

Las presiones considerables y las fuerzas responsables de la inmigración irregular continuarán, por cierto, y los países receptores todavía carecen de políticas efectivas para hacer frente al fenómeno demográfico, declaró Chamie.

Traducción: Verónica Firme

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En norte de México inician desafiante ruta hacia crecimiento verde

sex, 07/12/2018 - 13:40

El estado de Sonora, el más extenso de México, pretende reducir sus emanaciones de gases de efecto invernadero entre 80 y 90 por ciento para 2050 y generar 43 por ciento de su energía de fuentes limpias para 2030, dentro de su Estrategia de Crecimiento Verde. Entre otros muchos beneficios, el plan reducirá la contaminación de su capital, Hermosillo, que se observa en la imagen. Crédito: Change.org

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Dec 7 2018 (IPS)

El norteño estado de Sonora busca posicionarse a la vanguardia en México en la transformación sostenible de su economía. Pero enfrenta retos mayúsculos, como reverdecer su matriz energética y depender menos de la minería, muy contaminante y que deja pocos beneficios a sus arcas públicas.

Ese territorio federal, uno de los 32 en que se divide administrativamente este país latinoamericano, ya cuenta con una Estrategia de Crecimiento Verde (ECV) y un Plan Estatal  de Acción ante el Cambio Climático para el Estado de Sonora, así como un atlas de riesgo local y un consejo consultivo multisectorial.

La ECV, lanzada en 2017, marcha “bastante bien, es una estrategia con una visión de crecimiento verde que busca crecimiento económico, potenciar desarrollo humano, inclusión social y productividad de recursos naturales y resilencia al cambio climático”, dijo Pablo Martínez, representante en México del intergubernamental Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés).

El especialista explicó a IPS que la descarbonización de la economía es el área que reporta más avances y resaltó el papel de las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible dentro del plan.

La Estrategia fue desarrollada a pedido del gobierno mexicano por el GGGI, instituido en 2012 con el objetivo de apoyar a los países del Sur en desarrollo a establecer un nuevo modelo económico, basado en el crecimiento verde, y con su sede central en Seul.

La ECV de Sonora, explicó Mártinez, incluye 33 líneas de acción y entre sus objetivos resaltan la descarbonización de la economía e independencia energética, la economía innovadora inclusiva, el uso responsable de materiales y recursos, así como calidad de vida resiliente.

Además, contiene 10 temas estratégicos, entre ellos la energía renovable, movilidad sostenible, gestión del agua y desarrollo rural y urbano sostenible.

Sonora, el segundo estado mexicano más extenso, con 189.055 kilómetros cuadrados repartidos entre 72 municipios habitados por 2,85 millones de personas, registró en 2016 una actividad económica por 30.000 millones de dólares.

Esa producción ha dejado su huella ecológica. En 2010, últimos datos disponibles,   implicó el lanzamiento a la atmósfera en 2010 de 23 millones de toneladas de dióxido de carbono, de los que los mayores emisores provinieron de la energía (7,5 millones), el transporte (6,5 millones), agricultura y ganadería (3,7 millones) y los procesos industriales (2,23 millones).

El enfoque de economía verde ha cobrado auge a lo largo de esta década. ONU Medio Ambiente la define como “aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica” y, por lo tanto, baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva.

Pablo Martínez, representante en México del Instituto Global para el Crecimiento Verde, durante un taller de socialización sobre la Estrategia de Crecimiento Verde del estado de Sonora, en el norte del país, celebrado este año en su capital, Hermosillo. Crédito: GGGI México

Dentro de su ECV, en noviembre de 2017, el gobierno de Sonora creó su Gabinete de Crecimiento Verde, que incluye a los secretarios de Agricultura, Desarrollo Social, de Economía y de Infraestructura y de Desarrollo Urbano.

El 4 de este mes, Sonora lanzó su programa Acelerador de Eficiencia en los Edificios, incluida en la ECV y con el propósito de introducir nuevas tecnologías en la planeación de inmuebles para construir de forma más eficiente y rebajar el dispendio energético. Por su clima seco, ese estado es el mayor consumidor de electricidad para calentamiento y enfriamiento del país.

Entre otros proyectos enmarcados en la ECV, Sonora está por recibir un apoyo de entre 568.000 y 1,13 millones de dólares de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) y el Fondo para Financiamiento de las Ciudades del C40, una red de 96 de las mayores urbes en el mundo para enfrentar el cambio climático, con el fin de estructurar un sistema de transporte multimodal que desestimule el uso del vehículo privado.

Además, detalló Martínez, prepara un estudio de prefactibilidad para la producción de biogás con residuos agroindustriales, patrocinado por la Agencia Danesa para la Cooperación Internacional y la Secretaría (ministerio) de Energía.

Finalmente, elabora también un estudio sobre rutas para una descarbonización profunda para 2050, el primer estado mexicano que lo realiza, con fondos del no gubernamental Instituto Mundial de Recursos, con sede en Washington. Para 2019 se prevé la constitución de un fondo ambiental estadal, que aún no tiene presupuesto.

Para Luis Carlos Romo, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), la nueva estructura institucional y los proyectos en marcha son “logros de la estrategia”.

El funcionario dijo a IPS desde Hermosillo, la capital del estado,  que “la estrategia trata de desarrollar nuevos motores de desarrollo. Lo principal es que mejore la calidad de vida de los sonorenses, que haya más inclusión (social) y menor impacto ambiental”.

El gobierno estadal, recordó, sometió en marzo y abril la ECV a una consulta pública, para así impulsar la participación ciudadana y mejorar y ampliar sus objetivos, pero su instrumentación enfrenta retos importantes.

Martínez, el representante del GGGI, mencionó el financiamiento, gobernanza, la inclusión social y la perspectiva de género como temas centrales.

Luis Carlos Romo, titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, durante la presentación en septiembre en la ciudad estadounidense de San Francisco de la Estrategia de Crecimiento Verde, en el marco de la Cumbre Global de Acción Climática. Crédito: Cedes

“Hay obstáculos para obtener financiamiento de la banca de desarrollo o gobiernos extranjeros. La estrategia debe involucrar más al sector privado. También se necesita de más coordinación institucional. Vemos una gran oportunidad para que se cumpla con la Estrategia, pues no queremos un plan que quede en la oscuridad”, enumeró.

La ECV, dijo, identifica desafíos como disminuir la intensidad energética y las emisiones contaminantes, robustecer la estructura económica, asegurar la integridad de los recursos naturales y disminuir la vulnerabilidad de la población a los efectos climáticos.

Abandonar la minería

Para el estado, uno de los retos primordiales es el abandono progresivo de la minería, ya que es el mayor productor mexicano de oro, cobre, molibdeno, grafito y wollastonita.

El Panorama minero del estado de Sonora, elaborado por el gubernamental Servicio Geológico Mexicano indica que en 12 municipios se explota oro, en seis cobre y en dos molibdeno.

Al finalizar 2017, el estado tenía 46 minas en operación y 96 proyectos en fase de exploración, con un total de 5.974 títulos de explotación minera por 5.55 millones de hectáreas, 29 por ciento de su territorio.

En 2014, un arroyo conectado a los ríos Bacanuchi y Sonora fue escenario de un derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico proveniente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del privado Grupo México, en el mayor ecocidio ocurrido en este país latinoamericano.

Transición energética

La sostenibilidad de la matriz energética se erige como otro desafío fundamental, pues operan 224 generadoras eléctricas con base en carburantes fósiles. El estado posee un alto potencial de energía fotovoltaica, por su alto nivel de irradiación solar, que recien comienza a aprovechar, con 11 campos solares en operación o construcción.

Al respecto, Romo, el titular de Cedes, dijo que “tampoco queremos satanizar ninguna actividad. La estrategia contempla para sectores tradicionales que, a través de la innovación, se transformen actividades productivas y que tengan menor impacto ambiental”

“Creemos que la palanca que va a apoyar la estrategia de manera muy importante es la inversión en renovables, para exportar energía en lugar de importarla. Si logramos esta transformación de desechar combustibles fósiles, vamos a poder cumplir los objetivos”, explicó.

El Atlas sonorense de Riesgo incluye siete municipios altamente vulnerables al cambio climático, por lo cual la reducción de emisiones y la adaptación al fenómeno son vitales.

Para 2030, Sonora se comprometió a reducir en 25 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes de vida corta, dentro de las metas  asumidas en septiembre ante la Coalición Bajo 2, un nombre que alude a la necesidad de contener el aumento de la temperatura global por debajo de dos grados centígrados para evitar cataclismos irreversibles.

Creada en 2015, en la coalación participan más de 220 gobiernos locales y regionales, entre ellos otros 15 estados mexicanos.

En esa línea, Sonora proyecta su pico de emanaciones de GEI en 2026, para acotarlas entre 80 y 90 por ciento en 2050. En el sector energético, aspira a generar 35 por ciento de energía limpia en 2024 y 43 por ciento en 2030.

Edición: Estrella Gutiérrez

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A la búsqueda de formas de reducir las emisiones contaminantes

sex, 07/12/2018 - 13:11

En 2017, Sri Lanka sufrió la peor sequía en 40 años, que obligó a miles de personas en Sri Lanka a abandonar su modo de vida para buscar trabajo en las ciudades. Crédito: Amantha Perera/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Dec 7 2018 (IPS)

En el marco de la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), muchos actores tratan de redoblar esfuerzos en la búsqueda de soluciones prácticas a la crisis climática, como es la propia tierra.

ONU Medio Ambiente presentó en la COP24, que se realiza del 3 al 14 de este mes en Katowice, un informe que alerta sobre que las promesas de la comunidad internacional bajo el Acuerdo de París, las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional, no bastan para mantener el aumento de temperatura global por debajo de los dos grados centígrados.

Las emisiones de gases invernadero ya tienen consecuencias visibles en todo el mundo, y se seguirán viendo en las próximas décadas, puntualizó Kelly Levin, especialista del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés) y principal autora del informe ONU Medio Ambiente.

“La ambición de los actuales compromisos por país no son acordes al espíritu del Acuerdo de París. Si seguimos haciendo lo que hacemos ahora, la temperatura puede llegar a aumentar tres grados”, observó.

“La urgencia y la necesidad de actuar nunca fueron tan grandes”, añadió Levin.

El jefe de economía de recursos naturales del Fondo de Defensa Ambiental, Ruben Lubowski, y también autor del informe de ONU Medio Ambiente, coincidió: “Ahora no estamos ni cerca de donde necesitamos estar y debemos mejorar, tanto en términos de acompasar las CDN y aumentarlas con el tiempo para avanzar más allá de eso”, añadió.

El Informe anual de Brecha de Emisiones de esa misma agencia, concluyó que los gobiernos deben triplicar esfuerzos, pues es necesario reducir una tercera parte de las emisiones contaminantes para 2030 para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados, y habrá que reducirlas a la mitad para alcanzar la meta de 1,5 grados.

No solo hay una brecha, sino que el informe también concluyó que hubo un aumento en las emisiones en 2017, a diferencia de los años anteriores.

Gran parte de la atención sigue estando en la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles, pero la recuperación y la reforestación suelen desestimarse como soluciones a la crisis.

“Creo que hay una falta de reconocimiento en la importancia que tiene la tierra, en particular; es una de las oportunidades disponibles de inmediato y a un costo relativamente bajo”, explicó Lubowski.

Según la CMNUCC, la tierra es responsable de entre 25 y 30 por ciento de las emisiones globales.

Y la deforestación tropical representa ocho por ciento de las emisiones de dióxido de carbono mundial emitidas al año. Si fuera un país, sería el tercer mayor emisor del mundo.

Las emisiones liberadas por el cambio en el uso de la tierra permanecen relativamente estables, pero las acciones que están al alcance de la mano pueden acortar la brecha de emisiones liberadas en hasta 30 por ciento, observó Lubowski.

“Reducir la deforestación ya resultó ser la solución a gran escala más viable. Lo que se necesita es ir más allá de esos mojones justos y tratar de introducir algunas zanahorias en términos de incentivos positivos. Y ni siquiera nos acercamos a agotar esa oportunidad”, añadió.

Moverse en torno al dinero

La reforma de la política fiscal está entre las herramientas más efectivas para crear incentivos para inversiones destinadas a iniciativas con bajas emisiones de carbono y reducir los gases contaminantes.

“Tanto las políticas fiscales tradicionales, así como la creación de esos mercados y programas de intercambio de emisiones tienen un gran papel que desempeñar en el uso de la tierra, en particular en la deforestación tropical”, dijo Lubowski a IPS.

También señaló la transferencia fiscal ecológica como una de esas políticas, pues permite que los gobiernos locales reciban ingresos impositivos y recursos en función de su rendimiento en la conservación.

La inclusión de índices de conservación como parte de las decisiones en torno a la asignación fiscal se vuelve un incentivo para que las municipalidades locales protejan la tierra y las selvas, así como los recursos para ampliar esas protecciones.

Sin recursos, los gobiernos locales podrían verse obligados a destinar tierras a la agricultura, la industria y la construcción a fin de generar ingresos.

Muy pocos países implementaron esa política; Brasil que fue el primero en aprovecharse de las oportunidades.

Esto llevó a un aumento de 165 por ciento en la extensión de áreas de conservación entre 1992 y 2000, equivalente a un aumento de más de un millón de hectáreas de áreas protegidas.

Por ejemplo, el sureño estado brasileño de Paraná destinó cinco por ciento de los impuestos municipales a la protección de áreas de conservación de la biodiversidad y a cuencas, y desde entonces logró ampliar las áreas protegidas.

Los esfuerzos de Brasil para reducir la deforestación llevaron a una disminución de casi 30 por ciento de las emisiones contaminantes.

Pero se teme que el presidente electo, Jair Bolsonaro, revierta la tendencia tras abogar por reducir las áreas de conservación, aumentar la minería en la Amazonia e, incluso, eliminar el Ministerio de Ambiente.

La vecina Colombia asumió un enfoque ligeramente diferente al de Brasil al implementar un impuesto por cada tonelada de dióxido de carbono emitida por una compañía.

Los ingresos de ese impuesto se destinaron a la preservación de la tierra y al desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

La política fiscal también representa un incentivo para las compañías, pues estas pueden exonerar impuestos al carbón si se vuelven carbono neutral o realizar actividades de compensación como proyectos ambientales.

También se diseña un enfoque similar para reducir y compensar emisiones para la industria de la aviación, que podría ser responsable de alrededor de cinco por ciento de las emisiones contaminantes del mundo para 2050.

El futuro son los árboles

Como el sector de la tierra representa alrededor de entre 20 y 25 por ciento de las CDN, es cada vez más importante implementar políticas que permitan la recuperación y la conservación, señaló Lubowski.

Levin y Lubowski coincidieron en que no será suficiente para reducir la brecha de emisiones y revertir la tendencia.

“Necesitamos acciones en cada sector. Necesitamos alejarnos de las fuentes de combustibles fósiles y de avanzar hacia fuentes de energías limpias, frenar la deforestación y recuperar tierras, reducir las emisiones de la agricultura, atender la situación del transporte y tener ciudades con energía cero”, subrayó Levin.

Según el informe de ONU Medio Ambiente, si todos los subsidios a los combustibles fósiles se retiran de forma progresiva, llevará a una reducción de las emisiones de 10 por ciento para 2030.

“Conocemos los ingredientes para el éxito, sabemos hacer esto. No va a costar mucho y tendrá, de hecho, beneficios significativos; solo es una cuestión de abocarse a ello”, añadió Levin.

“Me preocupa dónde estamos, en especial si pensamos en (no superar el aumento de) 1,5 grados, el sector de la tierra se vuelve cada vez más importante, no solo en términos de reducir las emisiones, que son esenciales, sino en pasar al negativo”, explicó Lubowski.

Reclamamos más cooperación internacional para reducir las emisiones y una mayor focalización en la silvicultura, como forma de mejorar la ambición de forma rentable, indicó.

Levin subrayó la necesidad de que los países redoblen sus compromisos para 2020 y que la COP redoble su esfuerzo.

La COP “será un momento importante para reafirmar el proceso para los países. Es la primera prueba sobre el espíritu del Acuerdo de París y necesita enviar un mensaje realmente clave sobre mejorar la ambición”, declaró.

Traducción: Verónica Firme

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Los indígenas montañeros que llegaron al mar en México

sex, 07/12/2018 - 11:13

Una escuela con estudiantes indígenas en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, en el suroeste de México. Crédito: Kau Sirenio Pioquinto

Por Kau Sirenio Pioquinto
ACAPULCO, México, Dec 7 2018 (IPS)

Caminar en las calles del barrio de Alborada 19, en la ciudad mexicana de Acapulco, es como recorrer los caminos agrestes de la región de La Montaña, en el mismo estado de Guerrero. Lodo, baches, arbustos, polvo, el zumbido de los enjambres de zancudos que vuelan a las orillas de las barrancas y la falta de servicios básicos, como médicos, agua potable, drenaje y transporte público.

Las casas de esta colonia (barrio) de la mayor ciudad del suroccidental estado son de madera, de palapa y de lámina de cartón y una que otra de material. Las familias comparten entre ellas el trabajo comunitario, la venta de artesanías, que les provee lo necesario para subsistir en la ciudad turística y violenta.

Pero más allá de la precariedad de este asentamiento indígena del puerto sobre el océano Pacífico — mayoritariamente del pueblo ñom’da nankue o amuzgo en castellano —, sus habitantes viven una constante discriminación por su forma de organizarse y hablar.

“Esos montañeros que hablan raro”, dicen en la Alborada sobre los indígenas de La Montaña, la región más pobre del estado de Guerrero, donde se ubica al igual que Acapulco, y una de las más marginadas de todo el país.

Para hacer frente a este problema, los migrantes indígenas de los cinco pueblos que habitan La Montaña — ñom’da nankue, me’phaa, ñuu savi, binizaa y nahuas — se organizaron para crear escuelas primarias bilingües, y para que así sus hijos tengan un espacio donde estudiar sin ser discriminados, donde ellos puedan hablar su lengua materna sin que nadie los menosprecie por ello.

“En nuestras escuelas tratamos de enseñar nuestra lengua, para que otros niños puedan hablarla, aunque sea para saludarse entre ellos, dice la directora de la escuela primaria bilingüe indígena Acamapichtli, Antonia Yeti Vázquez.

“Esta escuela es indígena y hablamos nuestra lengua materna, por eso les pedimos a los padres de familias no indígenas que nos ayuden enseñando a sus hijos el valor de la diversidad lingüística. Además, hemos hecho un esfuerzo para que todos entonemos nuestro himno nacional en lengua indígena”.

Nacida en el municipio de Zitlala, en la parte baja de La Montaña, la profesora explica que en la Alborada viven en su mayoría indígenas migrantes de los municipios Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Chilapa y Zitlala, en condiciones paupérrimas.

“El problema que enfrentan los paisanos es la discriminación por hablar su lengua materna. Por eso muchos de ellos ya no quieren enseñar a sus hijos su lengua, para no vivir la misma situación”, puntualiza.

La migración de indígenas hacia Acapulco comenzó en los años 60, la época de oro del puerto, y el empuje de la construcción de hoteles en la populosa avenida costera Miguel Alemán atraía población. A la par las comunidades de origen expulsaban a sus habitantes, por falta de servicios básicos como escuelas, centros de salud, agua potable, drenaje y empleos.

Los hombres llegaron primero al llamado Paraíso del Pacífico, a construir hoteles y viviendas de interés social en la colonia Alta Progreso e Infonavit; les siguieron las mujeres, quienes se emplearon de trabajadoras domésticas.

Ya con el boom del turismo se asomaron los artesanos; y a todos ellos les siguieron los maestros bilingües, para fundar escuelas primarias indígenas con el fin de fortalecer la ya menguada lengua materna.

En la lucha por sobrevivir en un entorno que no es el suyo, los migrantes indígenas fueron víctimas de la policía municipal de Acapulco, que se ensañó con los comerciantes ambulantes que vendían sus artesanías.

Los comerciantes que resistían al atraco policiaco eran enviados a los separos sin derecho a intérpretes. Las detenciones arbitrarias en contra de los vendedores ambulantes en la playa los llevó a organizarse en varios frentes, tanto para demandar servicios públicos para las colonias populares, como para exigir el cese al hostigamiento policiaco en contra de los comerciantes ambulantes.

Así, nacieron organizaciones como Unión de Indígenas Radicados de Acapulco (UIRA), Federación de Artesanos y Comerciantes Indígenas del estado de Guerrero (FACIEG), Fondo para Indígenas Migrantes de Acapulco (FIMA), Coordinadora de Indígenas Radicados en el Municipio de Acapulco (CIRMA) y la Unión de Vendedores de Grupos Étnicos (UVGE).

Varias de estas agrupaciones fueron utilizadas por los partidos políticos como el Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).

La organización que logró mayor penetración fue la UIRA, conformada por profesores y universitarios indígenas, al grado de que en 2002, los migrantes plantearon a los candidatos a la presidencia municipal de Acapulco la creación de una Dirección de Asuntos Indígenas para atender los problemas educativos y de salud en las colonias con población indígena.

En aquel entonces, durante el proselitismo electoral, la dirigencia se acercó más al candidato del PRD, Alberto López Rosas. Al triunfo del PRD, se creó la Unidad de Asuntos Indígenas (UAI) del Ayuntamiento de Acapulco, pero sin presupuesto de operación; además, estaba subordinada a la Secretaría de Desarrollo Social.

El primer jefe de la UAI, Regino Díaz López, organizó a los profesores bilingües con el fin de que encuestaran en sus centros de trabajo a los padres de familias, y así conocer la demografía indígena en Acapulco.

La encuesta de la UAI de 2003 arrojó los siguientes datos: se contabilizaron 10 mil 269 indígenas migrantes, distribuidos en las siguientes etnias: nahuas, 3 mil 805; ñuu savi (pueblo mixteco), 3 mil 100; me’phaa (tlapaneco), mil 310; ñom’daa nankue (amuzgo), mil 173; binizaa (zapoteco), 364. Y otros no identificados, 517.

A 15 años de distancia, el actual supervisor escolar de la zona 085, Rogelio Solano Lorenzo, cuestiona el censo realizado entonces: “En el puerto de Acapulco vivimos más de 30 mil migrantes. Que no nos quieran reconocer es porque así le conviene al actual gobierno municipal. Reconocernos implica presupuesto y política pública diseñada para atender las demandas históricas de los indígenas”.

Agrega: “En la colonia Ampliación Unidos por Guerrero, desde 2004 pedimos que nos reconocieran nuestra comisaría que impulsamos por usos y costumbres, y no lo hicieron. El actual senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, cuando fue candidato a la alcaldía hizo la promesa, pero no cumplió; lo que sí hizo fue dividir la colonia y el proyecto terminó en Comité Ciudadano Indígena, ahora controlado por mestizos”.

La “desindianización” educativa

Después de recorrer en su coche las calles angostas de la colonia Nueva Generación, por fin Rogelio Solano llega a la escuela primaria bilingüe indígena, Cuitláhuac. La fachada del plantel se ve como cualquier otra casa, ni siquiera el nombre la escuela aparece en la pared. Un policía solitario resguarda la puerta del edificio con un tolete.

“Como ves, esta colonia es parecida a la comunidad de Joya Real, municipio de Metlatónoc, por sus calles y la falta de servicios públicos”, suelta a bocajarro Rogelio Solano.

Un cuarto de hora después de que el supervisor ingresa al plantel, suena el timbre que anuncia el inicio del nuevo ciclo escolar. De inmediato, maestros y alumnos se organizan para los honores a la bandera.

La escuela carece de sanitarios dignos y de espacios para el deporte; tampoco tiene donde descansar en el recreo. El área donde hacen honores a la bandera es un pasillo que divide los dos edificios, y que apenas alcanza los tres metros.

Cuatro niñas y dos niños integran la escolta escolar de la Cuitláhuac; después de hacer malabares en el pequeño espacio que ocupan para homenajes, se entona el himno nacional en tres lenguas maternas y en español.

Ataviado con uniforme blanco, como si fuera su primera comunión, Alejandro García toma su posición y empieza a tres tiempos, para cantar la primera estrofa en náhuatl, la siguiente en me’phaa; de ahí sigue en tu’un savi. Al finalizar todos cantan en castellano.

Antes de la retirada del lienzo tricolor, una alumna de sexto grado repite el juramento a la bandera, también en cuatro lenguas: tres maternas y el español.

Cuando los alumnos de sexto grado terminan con el programa cívico, la directora de la escuela, Eliodora Rea Hilario interviene: “En esta escuela hablamos nuestra lengua materna; además, enseñamos a los no hablantes que quieran aprender nuestra lengua, como vieron en el homenaje se entonaron en cuatro lenguas. Esto nos hace diferentes a las demás escuelas, porque cuidamos nuestra identidad cultural”.

“Para nosotros –agrega–, es muy importante que ustedes nos ayuden con sus hijos en la casa, que les enseñen nuestra lengua. A los no hablantes les pedimos que no llamen dialecto a la lengua materna, porque ese lenguaje es racista y nos discrimina”, agrega.

En Acapulco, los niños prácticamente han perdido su lengua materna, que es parte de su identidad. Los padres ya no enseñan a sus hijos hablar su lengua, y las pocas escuelas bilingües indígenas que funcionan en las periferias están deterioradas por el abandono gubernamental.

Rogelio Solano dice que los padres dejaron de enseñar la lengua a sus hijos por el dolor que ellos sufrieron. “Los indígenas padres sufrieron muchas humillaciones hace tiempo, cuando ellos iban a una dependencia de gobierno no los atendían; cuando el gobierno se reía de ellos o cuando eran detenidos arbitrariamente, nadie los asesoraba ni los traducían a su lengua. Por eso no quieren que a sus hijos les pase lo mismo. Ese es el temor”.

Solano Lorenzo abrió la primera escuela primaria bilingüe indígena en Acapulco. Lo cuenta así: “El 28 de septiembre de 1994 la fundamos, en ese año se crearon escuelas bilingües para niños migrantes indígenas, con el fin de conservar y fortalecer nuestra lengua materna”.

Luego, hace una lista de las escuelas indígenas en Acapulco: “La primaria bilingüe Ve’e Savi en la colonia Ampliación Unidos por Guerrero es la escuela madre en Acapulco.

De ahí nacieron: la primaria bilingüe, la Telpochkal, en la colonia Hermenegildo Galeana y la primaria bilingüe Emperador Cuauhtémoc en la colonia Chinameca, ambas colonias se ubican en el mirador del puerto; la primaria bilingüe Cuitlahuac en la colonia Nueva Generación; la primaria Acamapichtli en Alborada 19; la primaria bilingüe Caritino Maldonado en la comunidad me’pha San Martín el Jovero; y la primaria bilingüe Othón Salazar en la colonia Alto Coloso.

Afirma que la educación es cada día más castellanizada, en lugar de promoverse el rescate de las lenguas indígenas, “porque la política educativa en México es para desindianizar el país”.

La tarea del Rogelio Solano como supervisor de la zona escolar 085 no es tan sencilla. No es porque deba supervisar 11 escuelas, el problema no es la cantidad sino la dispersión de éstas: en Acapulco debe visitar siete primarias; dos en Zihuatanejo; una en Chilpancingo; y una más en Marquelia.

La oficina de la supervisión de Rogelio se encuentra a dos cuadras de la escuela primaria bilingüe Cuitlahuac, pero el personal docente que tiene a su cargo de las otras escuelas no llega ahí, por la lejanía, la inseguridad y la falta de transporte público: “Nos reunimos en un Oxxo de Las Cruces.

Ahí nos citamos por la tarde para entregar o recibir documentación. Quisiéramos tener una oficina en la zona centro de la ciudad pero no tenemos dinero para la renta”.

Por su parte, la directora de la escuela primaria Ve’e Savi, de la colonia Ampliación Unidos por Guerrero, explica que los tres niveles de gobierno poco hacen por las escuelas indígenas: “Nos tienen en el abandono. No hay apoyo, las becas son escasas.

En esta administración que termina no recibimos nada. Lo único que hicieron fueron los bebederos, pero es una obra inconclusa; aun así, la estaban entregando; como no les firmé se fueron muy enojados”.

Agrega: “La obra, no me la presentaron como bebedero, cuyo costo es de 171.333 pesos (8.410 dólares); sin embargo, en el documento de entrega de recepción de la obra, aparece la construcción de un comedor escolar, por eso no les firmé. Es la ‘megaobra’ que hizo el ayuntamiento de Acapulco en esta escuela”.

Los oficios del puerto

Para autoemplearse, los indígenas de Acapulco se reparten el trabajo: mientras unos fabrican las artesanías en casa, otros recorren la costera y la playa ofreciendo los productos. Todos los integrantes de la familia trabajan, hasta los menores aprenden el oficio.

Los padres presumen que, en caso de quedar huérfanos, los niños ya saben cómo sobrevivir. Siempre se enorgullecen de que sus herederos no sean delincuentes y de ser, tal vez, el grupo social más limpio en problemas judiciales.

“Las primeras mujeres indígenas que llegaron a Acapulco se emplearon como trabajadoras domésticas. En muchos casos no recibían su salario porque los empleadores decían que las ‘chachas’, como les decían, no saben cocinar o hacer limpiezas”, contó Regino Díaz López antes de fallecer en Chilpancingo, la capital oficial de Guerrero.

“Otras mujeres no corrieron con la misma suerte por no hablar el español, cuando querían abandonar el trabajo sus patrones le sembraban alhajas en su maletas y luego llamaban a la policía, las trabajadores terminaban en el reclusorio de Acapulco; o eran violadas por los esposos e hijos de los ricachones”, añadió.

Los nahuas en su mayoría se dedican a las artesanías y la venta de flanes y gelatinas en las carreteras; lo mismo que los ñom’da nankue, recorren la Costera Miguel Alemán ofreciendo sus productos textiles, elaborados minuciosamente con algodón; mientras que las mujeres ñuu savi venden frutas, verduras, raspados y paletas en las principales avenidas y los hombres trabajan en la construcción.

Los me’phaa, por su parte, son jardineros o se emplean en los viveros de ornatos que inundan las poblaciones de Tres Palos, San Pedro las Playas y El Bejuco.

La mayoría de los que viven en las colonias indígenas vienen del Alto Balsas (nahuas), Copalillo, Zitlala y Chilapa; los ñuu savi son de los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Xalpatlahuac, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Tlapa, San Luis Acatlán, Ayutla e Igualapa; mientras que los me’phaa migraron de los municipios de Malinaltepec, Tlacopa, Iliatenco, Acatepec y Zapotitlán. Y los ñom’daa nankue provienen de los municipios de Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

Unos asentados en los barrios históricos como La Guinea, La Lima, La Pinzona y El Manzanillo; y en las colonias Chinameca, Hermenegildo Galeana, La Base, Ciudad Renacimiento, La Sabana, Nueva Generación, Ampliación Unidos por Guerrero, Sinaí, Jacaranda, Izazaga, la Frontera, Alborada 19, Coloso, Colosio, La Venta, La Parota y La Libertad. En El Treinta, El Bejuco, Tres Palos, 10 de Abril, San Pedro las Playas, Puerto Marqués, San Martín El Jovero y Los Órganos de Juan R. Escudero.

Conservan la lengua, sus fiestas comunitarias, como el Día de Todos los Muertos o el pedimento de lluvia, fechas en las que se regresan a sus comunidades para estar en las ceremonias; también conservan cierta forma de organización a través de las asambleas comunitarias. Pero han perdido cosas, como la vestimenta o las artes.

Viven entre la dispersión y carencias de servicios públicos que no llegan, y cuando se asoman una brigada de salud o el camión cisterna de agua es que llevan el color de los partidos políticos que hacen proselitismo todos los días en las colonias que conforman el cinturón de miseria del siglo XXI.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

El artículo Los indígenas montañeros que llegaron al mar en México fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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¿Los estados miembro de la ONU compensarán recortes de EEUU?

qui, 06/12/2018 - 13:14

La Asamblea General de la ONU decidirá sobre cualquier recorte propuesto de las contribuciones correspondientes de Estados Unidos a la ONU. Crédito: Cia Pak/UN Photo.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Dec 6 2018 (IPS)

La especulación sobre que el gobierno de Donald Trump pretende reducir su contribución económica obligatoria al presupuesto regular de la ONU se confirmó de forma implícita cuando el presidente de Estados Unidos dijo: Washington “trabaja para mover más fondos de contribuciones correspondientes a voluntarias, y así destinar recursos estadounidenses a los programas con mejores logros”.

Una reducción en la escala del aporte, definido según la “capacidad de pago” de cada país, no solo sufrirá un proceso de negociación interminable, sino también tendrá un impacto significativo en las operaciones diarias del foro mundial.

Pero la Asamblea General, de 193 miembros, podría llegar a adoptar una resolución de ese tipo si Estados Unidos recurre a iniciativas de mano dura, como cuando la representante estadounidense Nikki Haley amenazó con “anotar nombres” y recortar la asistencia estadounidense a los países que votaran una resolución de condena contra Washington por reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

En una conferencia de prensa en octubre, cuando anunció su decisión de renunciar como embajadora de Estados Unidos en la ONU, Haley declaró que en sus dos años de mandato se recortaron “1.300 millones de dólares del presupuesto de la ONU”.

“La hicimos más fuerte y más eficiente”, añadió.

Estados Unidos redujo su aporte al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de 69 millones de dólares, en 2016, a cero, en 2017, y 300 millones más a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo.

Además, Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos en junio, y amenazó con “desfinanciar” ese órgano con sede en Ginebra.

Scott Paul, encargado de la Política Humanitaria de Oxfam Estados Unidos, dijo a IPS que las últimas amenazas del gobierno de Trump de recortar sus contribuciones y la cooperación con la ONU socava el mecanismo más importante que tiene el mundo para reducir el riesgo de conflicto, atender las necesidades humanitarias y construir un mundo mejor y más seguro.

La respuesta a crisis olvidadas como la de República Centroafricana y República Democrática del Congo tienen menos de 50 por ciento de los fondos necesarios, “y probablemente veamos grandes crisis humanitarias con menos fondos de los que tienen ahora”, explicó Paul.

“Con menos fondos asegurados, cuando surjan nuevas crisis, la capacidad de respuesta será menor como para ayudar a la supervivencia de las personas más vulnerables del mundo y a que vivan con dignidad”, añadió.

“Esperemos que otros países redoblen esfuerzos para salvar vidas donde hay crisis humanitarias, pero Estados Unidos deja un gran vacío, y las familias atrapadas en conflictos pagarán el precio”, sentenció Paul.

Sin embargo, la reducción de sus contribuciones correspondientes propuesta por Estados Unidos tendrá que ser aprobada por la Comisión de Cuotas y la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la ONU y, finalmente, por la Asamblea General.

Estados Unidos realiza el mayor aporte individual a la ONU, al contribuir con 22 por ciento del presupuesto regular, lo que también le da influencia económica no solo para reclamar algunos de los cargos más altos, sino también dominar las discusiones sobre el presupuesto bienal, estimado en 5.400 millones de dólares entre 2018 y 2019.

El embajador Anwarul K. Chowdhury, ex secretario general adjunto, quien fuera presidente del Consejo de Seguridad, dijo a IPS que para acordar reducir la escala aprobada por la Asamblea General es un asunto muy complejo y un proceso complicado.

La propuesta para que un país reduzca la escala, en particular con un aporte considerable como el de Estados Unidos, significaría un aumento en el aporte de otros países, pues la escala de todos los países suma 100 puntos porcentuales.

“Es una situación de suma cero”, acotó

Los otros aportes importantes son de Japón, con 9,7 por ciento, China, 7,9 por ciento, Alemania, 6,4 por ciento, Francia, 4,9 por ciento, Gran Bretaña, 4,5 por ciento, Italia, 3,7 por ciento, y Rusia, 3,1 por ciento.

Los países pobres pagan 0,001 por ciento del presupuesto de la ONU, aunque los Países Menos Desarrollados, considerados los más pobres de los pobres, tienen un tope de 0,01 por ciento cada uno.

Chowdhury explicó que un estado miembro que propone la necesidad de reducir su aporte debe atravesar un proceso meticuloso y arduo de negociación. Requiere consistencia, experiencia y un enfoque colegiado para avanzar en las etapas hasta lograr su objetivo.

Y un elemento importante es que el representante permanente de ese estado debe involucrarse de forma personal y encabezar el proceso de punta a punta.

La última vez que hubo un ejercicio de ese tipo que redujo la escala de Estados Unidos de 25 a 22,5 por ciento, el embajador Chowdhury siguió el proceso muy de cerca, pues el embajador estadounidense Richard Holbrooke encabezó los esfuerzos de su país “de forma magistral utilizando todas las vías e influencias que tuvo a mano”.

En conferencia de prensa en octubre sobre este asunto, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró: “Hasta ahora, Estados Unidos no puso en duda su contribución a la ONU”.

Hubo decisiones de retirar el apoyo de diferentes agencias cuyo trabajo Estados Unidos no aprueba, pero no hubo una perturbación de las contribuciones correspondientes, tanto para el funcionamiento normal de la Secretaría como para el de las fuerzas de paz, precisó.

Por su parte, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, rechazó el argumento de que Washington no podrá recortar los fondos del Consejo de Derechos Humanos porque los gastos operativos se financian con las contribuciones correspondientes.

“En ese contexto, diría que no es nada nuevo que la ONU sufra por las acciones de Estados Unidos de no pagar su contribución anual a tiempo, reteniendo parte de la misma con alguna excusa, proponer una reducción de la escala”, de hecho, desde su fundación, la escala de ese país se redujo de 30 por ciento al actual 22 por ciento, recordó Chowdhury.

“Sería inteligente de parte de los estados miembro y de las autoridades que no cedan frente a tales eventualidades, cuando Estados Unidos decide reducir sus compromisos multilaterales”, observó.

“Sí, coincido en que el pago en tiempo y forma y sin condición es una obligación de la Carta de la ONU. Pero esta no ha hecho nada para hacer cumplir esa obligación”, añadió Chowdhury.

“La contribución o la falta de la misma” por el mayor contribuyente y país sede de la ONU no debe tener un impacto negativo en la dirección política ni en las actividades del foro mundial, alertó.

La ONU necesita internalizar la cultura de hacer más con menos; la motivación y la inspiración de hacer un servicio a la humanidad no debe depender solo de la disponibilidad de “fondos”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Cisternas de agua de lluvia apaciguan sed de Chaco argentino

qua, 05/12/2018 - 15:21

Por Daniel Gutman
LOS BLANCOS, Argentina, Dec 5 2018 (IPS)

En la provincia de Salta, en el norte de Argentina, está Los Blancos, un pueblo de 1.100 habitantes en cuyos alrededores viven comunidades rurales, tanto indígenas como criollas, que sobreviven sobre todo de la pequeña actividad agropecuaria.

Es una de las zonas más pobres de Argentina y forma parte del llamado Chaco americano, una ecorregión de más de un millón de kilómetros cuadrados que comparten también Bolivia y Paraguay, además de en menor proporción Brasil.

Aquí, sus habitantes deben lidiar cada año con unos seis meses de sequía: no llueve entre mayo y octubre, cuando las temperaturas llegan a alcanzar los 50 grados centígrados.

Los pozos en Los Blancos, que forma parte del municipio de Rivadavia Banda Norte, no son una solución para acceder a agua potable durante esos períodos, porque las napas están naturalmente contaminadas con arsénico y otras sustancias nocivas.

Durante muchos años, un tren pasaba una vez por semana por esta zona y dejaba agua potable a los pobladores.

Sin embargos, en los años 90, el servicio ferroviario se interrumpió y desde entonces la única solución que encontraron muchas comunidades rurales fue construir lo que llaman “represas”: estanques o pozas donde se acopia agua de lluvia.

Esa agua de lluvia, en la que los animales se abrevaban y hasta hacían sus necesidades, era también utilizada por las personas para beber y cocinar, con graves consecuencias sanitarias.

Pero en los últimos tres años, la Fundación para el Desarrollo en Paz y Justicia (Fundapaz) capacitó a indígenas y criollos para construir un sistema de cisternas de acopio de agua de lluvia que ha transformado sus vidas.

 

 

Sobre sus viviendas y otras edificaciones instalan techos de latón, recolectores de agua de lluvia.

Ese agua es canalizada por una cañería hasta una cisterna de cemento, que está cerrada herméticamente y que almacena 16.000 litros, la cantidad que se estima que necesita una familia de cinco personas para consumir durante los seis meses de sequía.

Las cisternas son construidas por equipos de tres personas, con la colaboración de las familias beneficiarias, que también deben brindar a los trabajadores alojamiento durante la semana que demora la construcción.

Se trata de una tecnología que Fundapaz “importó” de Brasil, en particular de la ecorregión del Semiárido, en el Nordeste del país, donde se han instalado cientos de miles de esas cisternas, apoyadas por organizaciones sociales con las que la fundación argentina mantiene continuos intercambios.

Las familias de Los Blancos y de otras localidades de Rivadavia Banda Norte que accedieron a las cisternas dejaron de depender para sus necesidades domésticas de las entregas de agua de la municipalidad, muchas veces condicionadas por las preferencias políticas de los usuarios.

Para mayor información, visite este reportaje de IPS.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

 

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Agua, producto ambiental de la agricultura en Brasil

qua, 05/12/2018 - 13:34

La jubilada Elizabeth Ribeiro planta el primer árbol de su vida, una especie de papaya silvestre, en una finca a unos 50 kilómetros de Brasilia. Plántulas donadas durante el Foro Mundial del Agua, realizado en la capital de Brasil en marzo, se sembraron en la cuenca del río Pipiripau para "producir agua", que abastece a dos ciudades cercanas. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
BRASILIA, Dec 5 2018 (IPS)

Solo ahora, ya jubilada como profesora de educación física, Elizabeth Ribeiro plantó el primer árbol de su vida, un jaracatia, también conocido como papaya silvestre, nativo en las sabanas centrales de Brasil.

La oportunidad le surgió el 28 de noviembre, cuando el Proyecto Productor de Agua de Pipiripau, que se desarrolla a unos 50 kilómetros de Brasilia, promovió la siembra de 430 plántulas donadas por participantes en el octavo Foro Mundial del Agua, celebrado en esta capital brasileña en marzo.

“Conocí el proyecto durante el Foro y me enamoré”, así explicó Ribeiro su donación del equivalente a 13 dólares para la adquisición de plántulas y la invitación al plantío. Igual comportamiento tuvo Vanira Tavares, una veterana traductora de inglés y también flamante plantadora de árboles.“Antes el 100 por ciento de la irrigación acá se hacía por surcos en la tierra. El agua que tenemos hoy no alcanzaría ni para cubrir 10 por ciento de las necesidades, porque esa manera de irrigar desperdicia mucha agua y ahora llueve menos, el índice bajó de 1.600 milímetros al año a 1.100”: Geraldo Magela Gontijo.

Reforestar, especialmente riberas, es solo una de las múltiples acciones que componen el Programa Productor de Agua (PPA) diseñado en 2001 por la Agencia Nacional de Aguas (ANA), el órgano regulador nacional de recursos hídricos.

Medidas de conservación del suelo, que retienen el agua, evitando la erosión y la sedimentación de los ríos, contribuyen también a la cantidad y calidad del agua disponible en cada sitio.

Recorrer las carreteras vecinales de la cuenca del Pipiripau es más cómodo que en otras áreas rurales. La ausencia de agujeros, surcos y charcos contrasta con zanjas laterales que conducen a hoyos excavados que acopian el agua de lluvia, llamadas localmente “barraginhas” (pequeñas presas).

Junto con las cunetas se construyen pequeñas elevaciones transversales para que el agua no escurra por la misma carretera, sino que vaya a las crateras laterales. Eso se menudea según se acentúa el declive.

Los torrentes de las lluvias dejan de anegar la tierra y arrastrar nutrientes y desechos. El agua retenida alimenta manantiales y siembras por más tiempo.

El agua también se siembra, es el concepto que trata de difundir y poner en práctica el PPA, que ya generó 60 proyectos diseminados por todo el Brasil, con el objetivo de recuperar subcuencas que abastecen grandes manantiales o ríos de los que dependen millones de personas.

Los agricultores que adhieren a sus proyectos reciben un pago por servicios ambientales, estimado según distintos criterios, como el posible aporte en agua o el valor de la cosecha a que se renuncia por destinar la tierra a la reforestación.

Ese pago es central para estimular la adhesión, pero su monto varía mucho en los contratos entre el ente pagador, en general la municipalidad, y los propietarios de la tierra. “Donde hay carencia de un producto, su precio aumenta”, subrayó a IPS el coordinador adjunto de Proyectos Inductores de la ANA, Ewandro Moreira.

Una terraza excavada en medio de un terreno dedicado a la siembra, con el fin de retener el agua y evitar la erosión que arrastra el suelo y sus nutrientes a los cursos de agua, debilitándolos. Esa es una de las técnicas difundidas por el Programa Productor de Agua que ya diseminó 60 proyectos en Brasil, como este en las cercanías de su capital. Crédito: Mario Osava/IPS

El Pipiripau, donde se ejecuta uno de los primeros proyectos del PPA, cruza el noreste del Distrito Federal y abastece gran parte de la población de Planaltina y Sobradinho, ciudades satélites de Brasilia que suman cerca de 260.000 habitantes, según la distrital Compañía de Planificación.

Ese proyecto nació en 2011 a causa de “la disputa entre abastecimiento público e irrigación por el agua del arroyo, acentuada en los momentos de escasez, entre agosto y octubre”, recordó Rafael Mello, superintendente de Recursos Hídricos de la Agencia Reguladora de Aguas, Energía y Saneamiento Básico del Distrito Federal (Adasa).

Adasa coordina la gestión del proyecto en que se asocian 17 entes, involucrando desde agencias gubernamentales de agua, agricultura y ambiente a organizaciones no gubernamentales, además del estatal Banco do Brasil y el órgano oficial que cuida carreteras.

Todos esos “socios” se juntan en la Unidad de Gestión del Proyecto para las decisiones colectivas, basadas en miradas diversas y articuladas, un factor de eficiencia.

“Solo reforestar riberas a veces no es solución”, si, por ejemplo, la agricultura sigue echando agroquímicos y muchos sedimentos al rio, matizó a IPS el especialista en recursos hídricos Rossini Matos Sena, que representa a ANA en la gestión de Pipiripau.

“Es necesario armonizar producción y recursos hídricos”, acotó Moreira. Eso exige técnicas como la siembra directa (que descarta la paja, aunque la deja cubriendo el suelo), seguir las curvas de nivel para frenar las torrentes, hacer “terrazas” (surcos más profundos que retienen agua en medio de las siembras.

Geraldo Magela Gontijo, técnico de extensión agrícola desde hace 32 años, ante el bosque que plantó hace tres años ribera adentro, en la finca donde cultiva diferentes frutas. Crédito: Mario Osava/IPS

Pipiripau se beneficia de los conocimientos de Geraldo Magela Gontijo, con una experiencia de 32 años como técnico agrícola y gerente local de la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural del Distrito Federal.

“Antes el 100 por ciento de la irrigación acá se hacía por surcos en la tierra. El agua que tenemos hoy no alcanzaría ni para cubrir 10 por ciento de las necesidades, porque esa manera de irrigar desperdicia mucha agua y ahora llueve menos, el índice bajó de 1.600 milímetros al año a 1.100”, destacó Gontijo a IPS.

La irrigación por goteo, usada “en 99 por ciento de la producción de hortalizas”, ahora muy extendida,  permitió la adaptación, según el técnico, que también se convirtió en agricultor y produce tomate, uva, maracuyá, pimientos y hasta pitajaya, una fruta poco conocida de un cactus, común en países andinos y América Central.

Además reforestó la orilla de riachuelo de la cuenca que baña sus 2,3 hectáreas de tierra. En tres años se hizo un bosque tupido con árboles de unos cinco metros de altura, un estímulo a los vecinos.

Pero la gran propagandista del Proyecto Productor de Agua de Pipiripau es Fátima Cabral, nacida en el sur de Brasil hace 59 años, con una vida totalmente urbana hasta que, al inicio de este siglo aceptó, por insistencia de su marido, adquirir una propiedad rural de 40 hectáreas.

La siembra convencional sufrió un vuelco a partir de 2012, cuando conoció el PPA. “Una conmoción, un escalofrío, y adherí”, recordó. También por aspiración de sus hijos, la finca, llamada Pie en la Tierra, se puso en transición a la agroecología.

Agricultores y representantes de organizaciones que promueven el Proyecto Productor de Agua de Pipiripau, junto a un naciente en la finca agrícola Pé na Terra, que va a protegerse con árboles plantados tierra adentro de su ribera a fines de noviembre. Crédito: Mario Osava/IPS

Activa y buena oradora, ella se unió a vecinos y agricultores del asentamiento Oziel Alves III, producto de la reforma agraria, para fundar en 2016 la Asociación de Productores Agroecológicos del Alto São Bartolomeu (Aprospera) y terminar elegida como su presidenta.

“Superé prejuicios hacia las personas de los asentamientos” creados por la reforma agrícola, confesó a IPS.

En ese asentamiento participan 168 familias pobres, con 7,5 hectáreas para cultivar.

El gran avance de Aprospera fue crear 13 grupos de Agricultura Sostenida por la Comunidad (CSA, en inglés), un nuevo modelo de asociación entre grupos de consumidores y de agricultores, para asegurar ingresos fijos a cambio de alimentos saludables en un acuerdo permanente.

En el Distrito Federal hay un total de 25 CSA.

“Es un matrimonio, que genera afecto y, para los consumidores urbanos, una reconexión con la tierra, resumió Cabral. “El CSA mejoró nuestra vida, estabilizó ingresos y nos permitió zanjar la sequía sin sufrir”, reconoció a IPS uno de los asentados, Sebastião dos Santos.

Aprospera ayuda a impulsar el Proyecto Productor de Agua de Pipiripau, que tiene 177 propiedades afiliadas, un tercio del total existente en la cuenca. “Allí plantamos más de 300.000 árboles, reforestando cerca de 200 hectáreas, e hicimos 1.200 ‘barraginhas”, según el balance de Rossini Sena.

Los 60 proyectos del PPA en todo el Brasil pagan servicios ambientales a unos 1.500 agricultores, estima Moreira, quien se lamenta de la dificultad de producir estadísticas confiables, ante la flexibilidad y evolución de los proyectos.

El Distrito Federal, con tres millones de habitantes, se abastece principalmente de agua del sistema de Descoberto, un río con un embalse. En esa cuenca empezaron algunas acciones, pero “no implantamos aún el pago de servicios ambientales”, según dijo Mello, de Adasa.

“El modelo de Pipiripau no le sirve, porque cada cuenca tiene características distintas. El embalse se protege con bosques ribereños más anchos”, concluyó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La resistencia a los antimicrobianos no conoce límites

qua, 05/12/2018 - 13:15

La trabajadora de la salud Urmila Kasdekar revisa a un recién nacido en la aldea de Berdaballa, en el oeste de India. Crédito: Stella Paul/IPS.

Por Ed Holt
BRUSELAS, Dec 5 2018 (IPS)

Funcionarios de la Unión Europea (UE) y de organismos internacionales reclaman ayuda para que los países más pobres puedan hacer frente a la creciente resistencia a los antibióticos, que amenaza con convertirse en una “tragedia de salud mundial” y en un riesgo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en algunas partes del mundo.

La resistencia a los antibióticos aumentó dos terceras partes en las últimas dos décadas, indican algunos estudios, y es responsable de la muerte de unas 700.000 personas al año en todo el mundo.

Pero se estima que aumentará a 10 millones de personas al año para 2050, lo que tendrá un costo de unos 100 billones (millón de millones) de dólares, a menos que los gobiernos redoblen esfuerzos para evitarlo.

Los antibióticos se usan cada vez más y de forma más frecuente, tanto en humanos como en animales, lo que hace que las bacterias generen resistencia y los antimicrobianos dejen de cumplir su función en algunos casos.

Los médicos alertan que la situación podría hacer que operaciones quirúrgicas de rutina se vuelvan más peligrosas y que ciertos tratamientos médicos, como el cáncer, desaparezcan del todo.

Además, cuando aparece una resistencia en un lugar, puede propagarse rápidamente a otro, lo que obliga a hacer frente al problema de forma global.

Los países miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se integraron a un Plan de Acción Global sobre la Resistencia a los Antimicrobianos multisectorial, en 2015, pero los avances han resultado irregulares.

Algunos países, en especial de Europa, lograron avances, pero en otras partes del mundo, estos son lentos, si es que hay, lo que hace temer que en las naciones más pobres, el problema empeore y no se logren los ODS.

El comisario de la UE para Seguridad Alimentaria y Salud, Vytenis Andriukalitis, dijo a IPS: “Necesitamos un marco global para hacer frente a la resistencia en todas las regiones, no solo en Europa. Es necesario hacerle frente porque, de lo contrario, algunos países no lograrán los ODS”.

En la Semana Mundial de Concienciación sobre los Antibióticos, en noviembre, se subrayó la dimensión que alcanza este problema en los países en desarrollo.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que la resistencia promedió 17 por ciento en los países de la OCDE en 2015, mientras que ascendió a 42 por ciento en India, China y Rusia y llegó a 90 por ciento para algunas combinaciones de antibióticos y bacterias.

La resistencia podría llegar a multiplicarse entre cuatro y siete por ciento en algunos países de bajos y medianos ingresos, con respecto a los estados de la OCDE, y en aquellos países con sistemas de salud frágiles, podría llegar a causar “un enorme” número de muertes, principalmente entre recién nacidos, menores de cinco años y adultos mayores.

Otro estudio de principios de año de ETH Zurich, la Universidad de Antwerp y la Universidad de Princeton, señala que el uso de antibióticos en humanos aumentó 65 por ciento entre 2000 y 2015, pero en los países de bajos y medianos ingresos fue 114 por ciento.

El desarrollo de nuevos antibióticos es complejo, pues ya pasaron décadas desde las últimas clases creadas, y el mayor esfuerzo en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos se concentra en la prevención.

El Plan de Acción Global se basa en un enfoque multisectorial y encarga a los gobiernos adoptar planes nacionales, que incluyen medidas de mayor concienciación, comprensión, vigilancia, administración, prevención y control.

Pero en muchos países en desarrollo, la falta de fondos en la industria de la salud y animal, así como la debilidad de las leyes y en el cumplimiento de las mismas son grandes barreras para una correcta implementación de medidas efectivas.

En India, por ejemplo, donde se estima que mueren unos 120.000 bebés al año por sepsis causadas por infecciones de bacterias resistentes, los médicos sostienen que los factores clave responsables de la resistencia son la venta libre de antibióticos sin receta y la falta de control de las infecciones en centros de salud sobrecargados.

Pero los defensores de la venta libre de antibióticos en farmacias sostienen que es fundamental que continúe así por la grave falta de médicos en muchas zonas.

El gobierno trató de limitar la venta libre, aunque sea de los antibióticos llamados de último recurso, usados cuando fallan los otros. Pero la medida, que incluye una línea roja en las cajas de medicamentos para alertar a la gente, no ha resultado efectiva.

En lo que se refiere al uso de antibióticos en la industria animal, la Comisión Europea señala que en Europa, 70 por ciento de los antimicrobianos se destinan a la producción animal. Una cifra similar se da en Estados Unidos, mientras que supera 50 por ciento en China.

Supervisar el uso de antibióticos en la industria animal en los países más pobres suele ser más difícil.

“Es extremadamente difícil hacer cumplir las leyes a menos que sean muy buenas y haya un sistema de control”, dijo a IPS la directora de programa de la OMS en Europa, Nedret Emiroglu.

El gobierno indio aprobó un plan de acción nacional para la resistencia de los antimicrobianos hace un año y medio, sin embargo, los críticos sostienen que las leyes y redes para controlar el uso de antibióticos para el crecimiento animal y rastrear la venta y el uso de los mismos en la producción de alimentos, en realidad, no existe o no es efectiva.

La OMS señaló que muchos países de bajos y medianos ingresos pueden llegar a necesitar una asistencia al desarrollo de largo plazo para implementar sus planes de forma efectiva y sostenible.

“Necesitamos apoyo económico para los países de bajos y medianos ingresos”, confirmó Emiroglu. Eso es fundamental para asegurarse de que el progreso en una región del mundo no se perjudique por la falta de avances en otra, acotó.

“Las medidas tienen que ser diferentes para los distintos países, en especial cuando hablamos de estados pobres. No se puede comparar India con Liberia”, ejemplificó Andriukalitis en diálogo con IPS.

“En algunos países tienen problemas para conseguir antibióticos simples, pero en otros hay problemas porque la gente se automedica sin un control adecuado”, explicó.

“En algunos lugares hay una falta de comprensión básica de cuestiones de higiene y salubridad. Necesitamos estrategias locales a largo plazo para los diferentes países”, añadió.

Las prolongadas estancias en hospitales por la lentitud con que se recuperan los pacientes y el mayor riesgo de complicaciones significaría un gran peso para sistemas de salud ya exigidos, mayor mortalidad y calidad de vida.

Las economías sufrirán el impacto por no haber hecho frente a los pronósticos de que la resistencia a los antimicrobianos implicaría un caída de 3,8 por ciento del producto interno bruto mundial para 2050.

Además, la resistencia encarece la atención de enfermedades y, como la cobertura de salud universal es limitada en muchos países pobres y la gente tiene que pagar de su bolsillo el tratamiento, el mayor costo, así como la pérdida de ingresos por morbilidad y mortalidad, podría agravar la pobreza de muchas personas y familias.

Por su parte, la directora del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, Andrea Ammon, dijo a IPS: “Para lograr (el tercero de los) ODS, la resistencia a los antimicrobianos no es el único asunto a atender, pero es un factor fundamental”.

“El alto grado de resistencia a los antimicrobianos indica que no funcionan de forma satisfactoria varios elementos de un sistema de salud debido a varios factores”, explicó.

“Los factores responsables podrían ser valores culturales, comportamientos de pacientes y proveedores de salud, cuestiones normativas, como la disponibilidad de medicamentos de venta libre en farmacias o el control de infecciones. Estos elementos también podrían impedir que se logren otras metas del tercer ODS”, alertó.

Traducción: Verónica Firme

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